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La Procuraduría General de la Nación y la Vicepresidencia de la República aceptaron la solicitud hecha por el gobernador encargado del departamento de La Guajira, Jhon Fuentes Medina, para que se hiciera un acompañamiento preventivo especial dentro del proceso de adjudicación de un multimillonario contrato para garantizar el transporte escolar de 7.900 niños.
En ese sentido, el Ministerio Público y la Vicepresidencia delegaron a un grupo de funcionarios para que sigan de cerca el proceso de contratación en el que se ejecutarán $ 27.926. 662 millones, el cual hace parte de uno de los compromisos firmados por el Gobierno Nacional tras el paro indígena que se desarrollo en junio pasado.
“Las presiones que he recibido desde que se abrió el proceso el pasado 11 de octubre han sido claras. A muchas personas no les ha gustado que hubiera pedido acompañamiento de los entes de control y están buscado a como dé lugar que este proceso no continúe, por ello buscan que me aparte de este o se suspenda”.
Según Fuentes, las decisiones que ha tomado durante el encargo en la gobernación de ese departamento, sobre todo en lo que tiene que ver con ese contrato, no han caído muy bien en muchos sectores y esa es una de las razones por las que pidió la intervención de ambas entidades dentro del proceso que cierra la recepción de proponentes el próximo 22 de octubre.
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Cabe recordar que sobre el contrato de prestación del servicio de transporte escolar en La Guajira hay serias denuncias que se hicieron públicas en 2018 por parte de Unión Temporal Guajira 2018, uno de los proponentes y que involucran a la empresa Transportes Relaturg, que obtuvo el anterior contrato y que podría quedarse con el que se está licitando.
Entre las denuncias está que los vehículos que se propusieron en el anterior contrato, que supuestamente eran buses con aire acondicionado, no fueron los que prestaron el servicio y que para este se habrían utilizado, incluso, camionetas convencionales traídas desde Venezuela. Además, se señaló que Relaturg presentó certificaciones de experiencia de varios conductores, dentro de los que había menores de edad, inlcuso un niño de 12 años.
De acuerdo con la denuncia, que publicó en su momento la revista Semana, eso “indicaría una de dos situaciones: o las certificaciones son falsas y solo fueron elaboradas para cumplir con lo establecido en el pliego, o la empresa de transporte Relaturg, de manera contraria a la norma, vincula ilegalmente menores de edad para desempeñarse como conductores”.
Según la revista, Relaturg pertenece a Édgar Acosta Romero, excandidato a la Alcaldía de Riohacha por el Partido Conservador y primero hermano del exminsitro Amílkar Acosta. Para el actual gobernador encargado, Fuentes, la contratación del servicio de transporte es urgente porque se generaría deserción escolar.