Si bien Duque ordenó militarización, uribismo le pide ahora declarar conmoción interior

Aunque el presidente Iván Duque ordenó recientemente militarizar las ciudades para hacerle frente a los hechos de violencia y las alteraciones del orden público desatadas en el marco del Paro Nacional, este martes algunos congresistas del Centro Democrático –partido con el que el mandatario llegó a la Casa de Nariño–, le pidieron que, para atender la situación, declare la denominada conmoción interior.

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La figura, que otrora se conocía como el Estado de sitio, está contemplada en la Constitución en caso de una grave perturbación del orden público o institucional que no pueda ser superada con “el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía”.

Bajo esta figura, el primer mandatario puede asumir poderes que pueden llegar hasta suspender mandatarios regionales, restringir manifestaciones y tomar control de radio y televisión. Adicionalmente, le da la potestad para dictar decretos con fuerza de ley. Según establece la Constitución, la conmoción interior podrá declararse hasta por 90 días, prorrogables por otros dos períodos, es decir, 270 días.

A menos de 24 horas de otra jornada de manifestaciones a nivel nacional, y mientras permanecen las protestas en ciudades como Cali –donde se han denunciado excesos por parte de la Policía–, el uribismo le propuso al Gobierno acudir a la conmoción interior.

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Una de esas voces es la del senador Carlos Felipe Mejía, alegando que detrás de los hechos de violencia durante las protestas “están los tentáculos del narcocomunismo: (Nicolás) Maduro, Cuba, ELN, Farc y sus cómplices”, alegó.

Recientemente, el congresista aseguró que está en juego “la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, la convivencia ciudadana, además de la salud y la vida de miles de inocentes”.

A su turno, el senador Nicolás Pérez calificó como urgente acudir a la figura de la conmoción interior, señalando que no se puede permitir que “continúen desestabilizando el país ejerciendo el terrorismo y perpetrando la violencia. Hay que ejercer toda la legítima autoridad del Estado para restablecer el orden”.

Álvaro Hernán Prada, que recién renunció a su curul en el Congreso, también abogó por la figura y manifestó que “todo el peso de la ley” debe caer “contra el vandalismo infiltrado en la protesta”.

En septiembre pasado, también en medio de protestas, el senador Iván Cepeda denunció en la plenaria del Senado un supuesto plan desde el Ejecutivo para recurrir a la figura “con el fin de tomar medidas que pueden afectar la independencia judicial, limitar la protesta social e intentar amordazar la oposición política”. A través de una constancia, el senador del Polo cuestionó al primer mandatario si realmente tenía intención de decretar la conmoción interior.

Lea también: Iván Cepeda denuncia supuesta intención del Gobierno de decretar conmoción interior

“En Colombia estamos enfrentando un régimen cada vez más autoritario y militarista, en el cual el presidente de la República viene adoptando formas propias de gobiernos dictatoriales, pretendiendo controlar o destruir el poder judicial para garantizar la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad, e impedir un ejercicio esencial en la sociedad democrática: la protesta social”, expresó Cepeda en su momento.

Aunque el presidente Iván Duque ordenó recientemente militarizar las ciudades para hacerle frente a los hechos de violencia y las alteraciones del orden público desatadas en el marco del Paro Nacional, este martes algunos congresistas del Centro Democrático –partido con el que el mandatario llegó a la Casa de Nariño–, le pidieron que, para atender la situación, declare la denominada conmoción interior.

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La figura, que otrora se conocía como el Estado de sitio, está contemplada en la Constitución en caso de una grave perturbación del orden público o institucional que no pueda ser superada con “el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía”.

Bajo esta figura, el primer mandatario puede asumir poderes que pueden llegar hasta suspender mandatarios regionales, restringir manifestaciones y tomar control de radio y televisión. Adicionalmente, le da la potestad para dictar decretos con fuerza de ley. Según establece la Constitución, la conmoción interior podrá declararse hasta por 90 días, prorrogables por otros dos períodos, es decir, 270 días.

A menos de 24 horas de otra jornada de manifestaciones a nivel nacional, y mientras permanecen las protestas en ciudades como Cali –donde se han denunciado excesos por parte de la Policía–, el uribismo le propuso al Gobierno acudir a la conmoción interior.

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Una de esas voces es la del senador Carlos Felipe Mejía, alegando que detrás de los hechos de violencia durante las protestas “están los tentáculos del narcocomunismo: (Nicolás) Maduro, Cuba, ELN, Farc y sus cómplices”, alegó.

Recientemente, el congresista aseguró que está en juego “la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, la convivencia ciudadana, además de la salud y la vida de miles de inocentes”.

A su turno, el senador Nicolás Pérez calificó como urgente acudir a la figura de la conmoción interior, señalando que no se puede permitir que “continúen desestabilizando el país ejerciendo el terrorismo y perpetrando la violencia. Hay que ejercer toda la legítima autoridad del Estado para restablecer el orden”.

Álvaro Hernán Prada, que recién renunció a su curul en el Congreso, también abogó por la figura y manifestó que “todo el peso de la ley” debe caer “contra el vandalismo infiltrado en la protesta”.

En septiembre pasado, también en medio de protestas, el senador Iván Cepeda denunció en la plenaria del Senado un supuesto plan desde el Ejecutivo para recurrir a la figura “con el fin de tomar medidas que pueden afectar la independencia judicial, limitar la protesta social e intentar amordazar la oposición política”. A través de una constancia, el senador del Polo cuestionó al primer mandatario si realmente tenía intención de decretar la conmoción interior.

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“En Colombia estamos enfrentando un régimen cada vez más autoritario y militarista, en el cual el presidente de la República viene adoptando formas propias de gobiernos dictatoriales, pretendiendo controlar o destruir el poder judicial para garantizar la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad, e impedir un ejercicio esencial en la sociedad democrática: la protesta social”, expresó Cepeda en su momento.