“Una democracia que claudica ante los violentos se debilita”: mindefensa en moción de censura
Diego Molano fue citado para que responda ante la corporación por las más de 40 muertes en el marco del paro nacional, los casos de abuso policial, entre otros hechos reportados durante las movilizaciones.
Este lunes, el ministro de Defensa, Diego Molano, asistió al Congreso para enfrentar su primer debate de moción de censura, citado por la oposición en Senado al considerarlo como el responsable político del “tratamiento de guerra que (se) le ha dado a la movilización social” en el marco del paro nacional. Igualmente, mañana (25 de mayo), también deberá volver al Capitolio para darle respuestas a la Cámara por el mismo tema.
Desde el principio y hasta el final de la transmisión de más de seis horas, un promedio de 15.000 personas estuvieron conectadas a YouTube para observar el debate de moción de censura.
El debate comenzó con el senador Iván Cepeda (Polo Democrático), quien es uno de los citantes, y antes de tomar la palabra se cercioró que Molano estuviera en el recinto de la plenaria. “(Lo hemos convocado al considerarlo) uno de los máximos responsables político de la cadena de crímenes de lesa humanidad que ha perpetrado la Fuerza Pública desde el pasado 28 de abril en todo el país”.
Lea: Mociones de censura: el calvario del Ministerio de Defensa de Duque en el Congreso.
El senador, luego de sintetizar el por qué de la moción de censura contra Molano, inició enumerando los argumentos por los cuales la oposición afirma que el ministro ha sido la cabeza del erróneo tratamiento que se le ha dado a la protesta social. En ese sentido comentó: porque los hechos no se concentran en un solo lugar, sino en varios municipios y ciudades del país; porque han ocurrido de forma simultánea y por diferentes unidades de la Policía; porque, según dijo, fueron acciones ordenadas, por lo tanto, no fueron espontáneas; y porque los uniformados han cubierto su identificación.
“Estamos ante actos de violencia organizada que han convertido a los jóvenes en el enemigo interno del país”, insistió Cepeda. Por lo anterior mencionado, el senador lo señaló de diseñar la política del tratamiento de las movilizaciones, la estigmatización de estas, la estimulación de las violaciones y la exaltación de la violencia, el silencio ante acciones parapoliciales y paramilitares, el consentimiento de los hechos por no condenarlos, el uso militar y policial de instalaciones públicas y privadas.
“Ha sido indolente con las víctimas que ha ocasionado la Fuerza Pública, no ha tenido un solo gesto contra ellas, no ha perdido perdón, en cambio, sí ha tenido el gesto ofensivo de traer al Congreso el ascenso del general Vargas que es responsable de toda la cadena de hechos contra usted”, continuó diciendo el senador del Polo.
En medio de su intervención, le concedió tiempo para que familiares de las víctimas hablaran ante la plenaria y le reclamaran al ministro de Defensa por no condenar los hechos por los cuales sus seres queridos perdieron la vida y, en otro caso, un joven perdió su ojo derecho.
“A nuestro hermano lo mataron muchas personas, no solo una. Mi hermano fue asesinado en el marco de sus órdenes”, dijo la hermana de Lucas Villa, Zitzi, quien pidió una reforma a la Policía y la salida de Molano como ministro de Defensa. “(Molano) ha estimulado la agresión por parte de las fuerzas policiales, qué preparación tienen la Fuerza Pública, dónde está la preparación humana del personal con acceso al armamento”.
Le siguió la voz de Milena Meneses, madre de Santiago Murillo: “Hay bastante evidencia probatoria donde se evidencia, videos y testimonios y pruebas físicas, que mi niño fue impactado por el mayor Jorge Mario Molano Bedoya, no representaba peligro para nadie, estaba a escasos 300 m de su casa, venia de donde su novia, no estaba en frente del mayor, el tiro vino del costado (...) No es justo que un oficial le haya puesto pena de muerte a un ser indefenso”, destacó Meneses del caso de su hijo.
Por último, habló una víctima de agresión, Juan Pablo Fonseca, quien perdió su ojo derecho tras ser impactado durante una movilización. Además de dar un pormenor de su estado de salud, las cirugías a las que ha sido objeto y los efectos que le ha traído dicha agresión, manifestó que “es frustrante como el Gobierno nos mata, así esté vivo es como estar muerto por dentro, es un dolor impresionante, no es el físico, es el mental, el que vas a vivir por toda la vida, espero algún día quiten las armas y no ataquen a la población como manifestantes y personas que necesitamos una vida digna”.
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Cepeda concluyó rechazando los hechos de violencia contra la Fuerza Pública y lamentando las muertes de dos uniformados de la Policía. Le recordó a Molano que su actuación fue denunciada ante la Corte Penal Internacional y que “es posible que esta cámara no vote favorablemente su moción de censura, pero ni la opinión pública nacional e internacional ni la historia lo va absolver. Usted debe irse”, concluyó.
Continuó el debate, el también senador del Polo, Wilson Arias, concentrándose en los hechos ocurridos en Cali, donde es oriundo y ha venido acompañando las movilizaciones. Comenzó diciendo que en la ciudad “nos han instalado un laboratorio de guerra”, haciendo a los hechos más cruentos vistos durante el paro nacional.
El congresista, así mismo, rechazó a la comunidad de caleños que ha venido apoyando la acción policial y militar, así como la voz que muchos han alzado en contra la minga indígena que hizo presencia en la capital vallecaucana. Señaló de xenófobos y racistas a quienes han señalado a los indígenas de vándalos y hostigadores de la violencia en Cali, entre ellos, al representante uribista Christian Garcés.
Así mismo, compartió que antes del paro nacional el Gobierno expidió un Conpes para la reactivación económica. “(Una de las) instrucciones es la de fortalecer el pie de fuerza de la Fuerza Pública en Colombia, aumentar porque se preveían efectos negativos en la convivencia ciudadana relacionados con la disminución de la confianza institucional. Lo que nos dice el documento es que, dada la situación de la pandemia, al término de ella, en lugar de soluciones, se debe de tener aceitado el aparato represivo de Colombia”, opinó sobre el aparte del Conpes, cuestionando, a la vez, por qué se pronosticó situaciones de orden público.
“Los gobiernos se mantienen por represión, pero también por consenso, por acuerdo y consentimiento social. Cuando se da el consenso, la confianza legítima, la esperanza de la gente, se afinca en la represión y, como estaba previsto en el documento Conpes, no habían ocurrido estallidos y ya este lo estaba estimando (...) Con todo lo que significa el hambre políticamente hablando no hay que ser un genio para lo que se venía”, complementó.
Criticó, además, que para conjurar la situación en Cali, el Gobierno haya suplantando la autoridad civil del alcalde, Jorge Iván Ospina. “Hay una apropiación de las funciones de la autoridad civil, especialmente a las que no son disciplinadas por el partido de gobierno”, dijo, criticando el presidencialismo que, como lo comentó, vive el país desde la emergencia por la pandemia.
Terminó cuestionando por qué la ausencia de la Policía en la toma de la Plaza de Caycedo en Cali, una de las principales de la ciudad y donde, aseguró, hay permanente presencia de uniformados. Pero no solo eso, sino también la irrupción del Esmad en los barrios de Cali y el lanzamiento de gases lacrimógenos que le ha cobrado la vida a personas, entre ellos, una mujer mayor de 70 años que, tras aspirar el gas lanzado dentro de su casa, le produjo dos paros respiratorios.
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El senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, al igual que Cepeda, trató de enumerar las razones por las que, a su juicio, sustentan la moción de censura contra Molano. En principio, su consideración se basa en el desconocimiento del ministro en todo lo relacionado con DD.HH. y derecho internacional humanitario. “Un funcionario con esas características no puede ser el responsable de la seguridad nacional y de los colombianos”, señaló.
Como segundo argumento, Sanguino esgrime que Molano “reprime y criminaliza la protesta social”, a la vez que justifica la violación de los DD.HH., porque, a diferencia de lo que se espera de él, de rechazar los hechos de violencia, el ministro, en cambio, ha insistido en su apoyo al accionar policial y militar, como recordó el senador. “La responsabilidad no descansa en el uniformado, sino en Diego Molano que ha dado las órdenes para que esto ocurra”, insistió sobre las más de 40 personas fallecidas desde que inició el paro, así como los otros casos de violencia.
Sanguino terminó pidiéndole al presidente que acelere la negociación con el Comité del Paro: “Negocie el pliego del paro, pare la masacre, no convierta las calles en paredones de fusilamiento de nuestros jóvenes”.
El último de los citantes en tomar los micrófonos fue el senador Armando Benedetti, quien no escatimó en ilustrar a quienes ve el debate desde una pantalla que en el recinto del Senado abundan los uniformados sobre los mismos congresistas. “¿Por qué lo acompañan cuanto esto es un tema político y está en la Constitución que los militares no tienen nada que ver con lo político?”, polemizó.
Siguió cuestionando acerca del uso de la palabra enemigo para tratar hechos que, a sus ojos, se trata de delincuencia y no una situación que atenta contra toda la población, como sí lo fue en su momento el enfrentamiento frontal entre el Estado y las Farc.
En otras intervenciones, el senador del MAIS, Feliciano Valencia, quien representa a las poblaciones indígenas, repudió la estigmatización que se le ha hecho a la minga con tendencias como #MingaTerrorista y #NarcoMinga, por mencionar algunas. Para él, esto se trata de una “narrativa (que) a todas luces (es) racista y orientada por un pensamiento colonial de segregación”.
Aída Avella, de la Unión Patriótica, se concentró en los desaparecidos y en las víctimas de violencia sexual. “El ministro de Defensa reconoce que hay más de 100 personas desaparecidas, nos tiene que decir dónde están los detenidos, a dónde se los llevaron, ¿a un sitio de reclusión legal o ilegal?, se los llevaron vivos y vivos los queremos”, comentó, señalando que esto repercute en el desconocimiento de la Convención para la Protección contra la Desaparición Forzada.
Por otro lado, Gustavo Petro, de la Colombia Humana, se dedicó a hablar de los principios para dignificar la Fuerza Pública, para evitar violencias como hemos visto desde el 28 de abril. “El ministro debe salir porque permitiría una discusión pertinente, sobre cómo redignificar la Fuerza Pública de Colombia. Redignificar la Fuerza Pública significa no se puede convertir una manifestación en un acto de guerra”.
Otras voces diferentes a la oposición, como la de Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), se unieron a los congresistas que votarán la moción. Sus argumentos se centraron en las acciones y omisiones de Molano que, a su juicio, son suficientes para exigir su salida. De acuerdo con él, el ministro ha enviado mensajes erróneos no solo a los uniformados sino a la ciudadanía, al hablar de infiltración de terrorismo. Con eso, señaló, “no se quiere reconocer un estallido social”.
También le criticó que no haya ni una sola palabra de parte del jefe de la cartera de defensa con relación a la presencia de civiles armados actuando junto a Policías y soldados. “Debe de aceptar que se ha perdido el control de las armas”, solicitó. “Su salida es un mensaje a quienes están en la calle, es un mensaje político poderoso”, concluyó.
Igualmente, Carlos Antonio Lozada, de Comunes, también previó que la moción de censura iba a ser aplastada por la bancada de gobierno, “puede que lo salven, pero (eso) no hará que las personas dejen de exigir un cambio en este país”.
Angélica Lozano, de la Alianza Verde, se concentró en argumentar por qué fracasó la política de seguridad del Gobierno. “Usted es el tercer ministro de Defensa del presidente Duque, es la cuarta moción de censura a un ministro de Defensa. El problema de pronto no son los ministros, es la política de seguridad. No es un problema de seguridad, es un problema político y social. Por eso, además de cambiar al ministro, hay que cambiar la política de seguridad”, comentó.
Se sumaron a las voces en rechazo de la gestión del ministro y el Gobierno en general la del senador Rodrigo Lara: “Este gobierno merece una moción de censura, porque en el momento de las manifestaciones genuinas estigmatizó a los ciudadanos y la única respuesta fue enviar a la Policía, que su misión es perseguir delincuentes no manifestantes”.
Como voz defensora del ministro, habló el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, quién apeló al discurso de la oposición trasladándolo a los uniformados. “¿Dónde están los derechos humanos de los policías y soldados?”, se preguntó. En esa misma línea dijo que a la Fuerza Pública se le están violando sus derechos al ser señalados de homicidio y agresiones contra manifestantes. “La presunción de inocencia no existe, el debido proceso no existe”, insistió.
“Indigna la indignación selectiva”, continuó diciendo Macías, quien catalogó el debate de moción de censura como una estrategia preelectoral con miras a 2022. “No incendien más al país, no he escuchado una invitación a la calma, a que busquemos salida a una situación delicada, dejen trabajar al ministro, a un hombre honesto que protege la constitución y la ley”, finalizó.
En ese mismo tono habló María Fernanda Cabal (Centro Democrático), quien afirmó que a la oposición no le importa la vida de los uniformados porque defienden la proporcionalidad. “¿Cómo responde un policía a la proporcionalidad cuando le explotan una bomba molotov?”, cuestionó. A diferencia de la posición señalando al Gobierno de culpable, la senadora señaló como responsables a los partidos de izquierda sobre la situación actual del país. “Los del golpe de Estado son ustedes, los que suplantaron las reglas de juego de la democracia y de la mayoría”, concluyó.
Desde la U, el senador Juan Felipe Lemos rechazó los actos de violencia de lado y lado, saludó la protesta social y reconoció que la mayoría de las expresiones de movilización han sido pacíficas. “Solamente en 847 actos de manifestación, de 7531, se ha registrado disturbios. ¿Qué significa eso? Que hay una acción colectiva y planeada de los GAOS residuales”, señaló sin explicar los argumentos por los cuales sostiene dicha premisa, y que va en la línea del discurso del Gobierno de señalar la violencia y vandalismo como “terrorismo urbano de baja intensidad”.
En ese sentido, manifestó que la salida del ministro no soluciona nada, sino que se debe de insistir en el diálogo social. La senadora conservadora, Esperanza Andrade, también rechazó la moción de censura contra el ministro, al considerar que es seguirle el juego al terrorismo y el vandalismo instigado por organizacionales marginales.
“No es coincidente que los principales de actos de violencia estén ocurriendo en departamentos azotadas por los cultivos de uso ilícito, la presencia del Eln y disidencias de las Farc. No es coincidente que este estallido social haya explotado cuando el Gobierno se estaba preparando para comenzar la fumigación con glifosato”, señaló Andrade en su intervención, reiterando en su creencia que la movilización está infiltrado por esos grupos armados.
La respuesta del ministro Molano
Diego Molano, ministro de Defensa, comenzó su intervención enviando un mensaje a los manifestantes pacíficos y a la Policía que acompaña las movilizaciones del mismo orden, es decir, pacíficas. Seguido, Molano reconoció el derecho constitucional de la protesta social, y a la vez, insistió, sobre la función que le confiere la Constitución a él y la Fuerza Pública para la protección y la seguridad de todas las personas.
“Respetamos la protesta pacífica, pero también somos contundentes contra la violencia y todas las vías de hecho que afectan a todos los colombianos”, repitió la frase que no ha dejado se pronunciar el Gobierno en el marco del paro nacional.
Ante los señalamientos de la oposición sobre casos de presuntos homicidios, agresiones, detenciones y violaciones sexuales, pidió que se respetara el debido proceso. “Se nos ha prejuzgado de todo tipo de delitos y a nosotros nos corresponde respetar ese debido proceso”, señaló.
Para su defensa de la protesta pacífico, apeló a su pasado y su juventud, comentando que él participó de la Séptima Papeleta y las movilizaciones tras el asesinato de Luis Carlos Galán y todo el movimiento social que exigió un nuevo pacto social para darle un freno al desangre que vivía el país a finales de los 80. “No se derribaron monumentos y logramos un cambio a través de la manifestación pacífica”, sacó a relucir.
“Reconocemos el momento que atraviesa el país, afuera hay manifestaciones que expresan unas inconformidades sociales”, dijo para luego compartir los datos de actos de manifestación con relación a los actos de violencia y vandalismo, que son una cifra muy inferior. Al rescatar que son más las movilizaciones pacíficas desarrolladas desde el pasado 28 de febrero, argumentó que “no se puede tildar que estamos estigmatizando la protesta”.
Además de rechazar el rótulo con el que han descrito al Gobierno, pidió que no se hablara de incumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional de septiembre de 2020, que ordenó al Gobierno a tomar cartas en el asunto en el manejo de la protesta, luego de los hechos presentados en el paro nacional de noviembre de 2019, donde el alto tribunal evidenció estigmatización y el no apego a los protocolos del uso de la fuerza legítima y las armas no letales. “Ningún juez ha dicho que estamos incumplimiento”, reiteró.
En ese sentido, enumeró las tareas que se vienen cumpliendo en el marco de esa sentencia: instalaciones de puestos de mando unificados en todos los territorios con presencia de todas las autoridades de orden civil, estatal y policial, la revisión de la Defensoría de la visibilidad de la identificación de los uniformados, armamento que usa, entre otros elementos. Por ejemplo, sobre esta explicación en redes le reclamaron al ministro de por qué si se cumple con esta actividad en la protesta se ha encontrado gases accionados vencidos o se han visto videos de policías con su indumentaria al revés que no permita ver su número de identificación.
Prosiguió en su discurso sobre cuándo, a su consideración, se pasa de acto pacífico a violencia: “las manifestaciones por lo general se acaban muy bien, con actos artísticos, pero cuando se lanza la primera piedra, se acaba la manifestación pacífica, cuando se ataca a la estación de Transmilenio o una estación de gasolina (...) No se puede justificar que una pedrada no afecta al otro, del vidrio pasamos a estaciones de Transmilenio, luego a la Gobernación, Alcaldía, Defensoría, DIAN, como pasó en Cali. Destruir una institución pública no es un hecho violento, puede clasificarse como terrorismo”, aseveró.
A la vez buscó instalar la duda sobre, lo que dijo, la coincidencia en algunos hechos en diferentes ciudades, es decir, sostuvo que unos días se ataca al transporte público, otro a entidades bancarias y otro a estaciones de Policía. “Una democracia que claudica ante los violentos se debilita”, repitió más de una vez.
No dejó de referirse a los bloqueos: “Nunca he dicho que los bloqueos es terrorismo, pero los bloqueos no están en la Constitución. Es un delito que afecta a derechos de terceros y que todos deben rechazar”, puntualizó.
En otro punto, explicó que la asistencia militar convocada por el presidente para ayudar en el orden público de alguna ciudades no significa la suplantación de la autoridad civil de la ciudad y, a su vez, le tiró la pelota al Congreso: “La asistencia militar la aprobaron ustedes cuando se aprobó la ley de asistencia militar, no es militarización, sino un apoyo a graves condiciones de seguridad”.
También cerró filas sobre el Esmad y rechazó las tendencias de #EsmadAsesino, sostuvo que en más de 20 años de la institución solo se le han comprobado tres hechos de homicidio. “No es un invento nuestro, es uno de los mejores (grupos antimotines) calificados”, agregó.
A modo de información y para responder ante los señalamientos de desconocer los DD.HH. Molano dijo que desde que llegó a la cartera se aprobó la política de DD.HH. y derecho internacional humanitario para todas las fuerzas de la Fuerza Pública, se aprobó el protocolo de asuntos de género, la radicación de dos proyectos de ley ante el Congreso, uno para la profesionalización y otro para crear un nuevo régimen disciplinar. Y dijo estar dispuesto si es necesario hacer un debate sobre el Esmad. “Nos interesa una mejor Policía”, apuntó.
Y respondiendo casi a la intervención de Gustavo Petro, que hablaba sobre cómo devolverle la dignidad a la Fuerza Pública, Molano dijo: “La dignidad se logra con más aprecio, cuando a ellos se les respeta y no prejuzga como masacradores. La dignidad de la Policía son pilar de la democracia y no para discursos que buscan generar otras apreciaciones contra nuestra Fuerza Pública”, concluyó-
Este lunes, el ministro de Defensa, Diego Molano, asistió al Congreso para enfrentar su primer debate de moción de censura, citado por la oposición en Senado al considerarlo como el responsable político del “tratamiento de guerra que (se) le ha dado a la movilización social” en el marco del paro nacional. Igualmente, mañana (25 de mayo), también deberá volver al Capitolio para darle respuestas a la Cámara por el mismo tema.
Desde el principio y hasta el final de la transmisión de más de seis horas, un promedio de 15.000 personas estuvieron conectadas a YouTube para observar el debate de moción de censura.
El debate comenzó con el senador Iván Cepeda (Polo Democrático), quien es uno de los citantes, y antes de tomar la palabra se cercioró que Molano estuviera en el recinto de la plenaria. “(Lo hemos convocado al considerarlo) uno de los máximos responsables político de la cadena de crímenes de lesa humanidad que ha perpetrado la Fuerza Pública desde el pasado 28 de abril en todo el país”.
Lea: Mociones de censura: el calvario del Ministerio de Defensa de Duque en el Congreso.
El senador, luego de sintetizar el por qué de la moción de censura contra Molano, inició enumerando los argumentos por los cuales la oposición afirma que el ministro ha sido la cabeza del erróneo tratamiento que se le ha dado a la protesta social. En ese sentido comentó: porque los hechos no se concentran en un solo lugar, sino en varios municipios y ciudades del país; porque han ocurrido de forma simultánea y por diferentes unidades de la Policía; porque, según dijo, fueron acciones ordenadas, por lo tanto, no fueron espontáneas; y porque los uniformados han cubierto su identificación.
“Estamos ante actos de violencia organizada que han convertido a los jóvenes en el enemigo interno del país”, insistió Cepeda. Por lo anterior mencionado, el senador lo señaló de diseñar la política del tratamiento de las movilizaciones, la estigmatización de estas, la estimulación de las violaciones y la exaltación de la violencia, el silencio ante acciones parapoliciales y paramilitares, el consentimiento de los hechos por no condenarlos, el uso militar y policial de instalaciones públicas y privadas.
“Ha sido indolente con las víctimas que ha ocasionado la Fuerza Pública, no ha tenido un solo gesto contra ellas, no ha perdido perdón, en cambio, sí ha tenido el gesto ofensivo de traer al Congreso el ascenso del general Vargas que es responsable de toda la cadena de hechos contra usted”, continuó diciendo el senador del Polo.
En medio de su intervención, le concedió tiempo para que familiares de las víctimas hablaran ante la plenaria y le reclamaran al ministro de Defensa por no condenar los hechos por los cuales sus seres queridos perdieron la vida y, en otro caso, un joven perdió su ojo derecho.
“A nuestro hermano lo mataron muchas personas, no solo una. Mi hermano fue asesinado en el marco de sus órdenes”, dijo la hermana de Lucas Villa, Zitzi, quien pidió una reforma a la Policía y la salida de Molano como ministro de Defensa. “(Molano) ha estimulado la agresión por parte de las fuerzas policiales, qué preparación tienen la Fuerza Pública, dónde está la preparación humana del personal con acceso al armamento”.
Le siguió la voz de Milena Meneses, madre de Santiago Murillo: “Hay bastante evidencia probatoria donde se evidencia, videos y testimonios y pruebas físicas, que mi niño fue impactado por el mayor Jorge Mario Molano Bedoya, no representaba peligro para nadie, estaba a escasos 300 m de su casa, venia de donde su novia, no estaba en frente del mayor, el tiro vino del costado (...) No es justo que un oficial le haya puesto pena de muerte a un ser indefenso”, destacó Meneses del caso de su hijo.
Por último, habló una víctima de agresión, Juan Pablo Fonseca, quien perdió su ojo derecho tras ser impactado durante una movilización. Además de dar un pormenor de su estado de salud, las cirugías a las que ha sido objeto y los efectos que le ha traído dicha agresión, manifestó que “es frustrante como el Gobierno nos mata, así esté vivo es como estar muerto por dentro, es un dolor impresionante, no es el físico, es el mental, el que vas a vivir por toda la vida, espero algún día quiten las armas y no ataquen a la población como manifestantes y personas que necesitamos una vida digna”.
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Cepeda concluyó rechazando los hechos de violencia contra la Fuerza Pública y lamentando las muertes de dos uniformados de la Policía. Le recordó a Molano que su actuación fue denunciada ante la Corte Penal Internacional y que “es posible que esta cámara no vote favorablemente su moción de censura, pero ni la opinión pública nacional e internacional ni la historia lo va absolver. Usted debe irse”, concluyó.
Continuó el debate, el también senador del Polo, Wilson Arias, concentrándose en los hechos ocurridos en Cali, donde es oriundo y ha venido acompañando las movilizaciones. Comenzó diciendo que en la ciudad “nos han instalado un laboratorio de guerra”, haciendo a los hechos más cruentos vistos durante el paro nacional.
El congresista, así mismo, rechazó a la comunidad de caleños que ha venido apoyando la acción policial y militar, así como la voz que muchos han alzado en contra la minga indígena que hizo presencia en la capital vallecaucana. Señaló de xenófobos y racistas a quienes han señalado a los indígenas de vándalos y hostigadores de la violencia en Cali, entre ellos, al representante uribista Christian Garcés.
Así mismo, compartió que antes del paro nacional el Gobierno expidió un Conpes para la reactivación económica. “(Una de las) instrucciones es la de fortalecer el pie de fuerza de la Fuerza Pública en Colombia, aumentar porque se preveían efectos negativos en la convivencia ciudadana relacionados con la disminución de la confianza institucional. Lo que nos dice el documento es que, dada la situación de la pandemia, al término de ella, en lugar de soluciones, se debe de tener aceitado el aparato represivo de Colombia”, opinó sobre el aparte del Conpes, cuestionando, a la vez, por qué se pronosticó situaciones de orden público.
“Los gobiernos se mantienen por represión, pero también por consenso, por acuerdo y consentimiento social. Cuando se da el consenso, la confianza legítima, la esperanza de la gente, se afinca en la represión y, como estaba previsto en el documento Conpes, no habían ocurrido estallidos y ya este lo estaba estimando (...) Con todo lo que significa el hambre políticamente hablando no hay que ser un genio para lo que se venía”, complementó.
Criticó, además, que para conjurar la situación en Cali, el Gobierno haya suplantando la autoridad civil del alcalde, Jorge Iván Ospina. “Hay una apropiación de las funciones de la autoridad civil, especialmente a las que no son disciplinadas por el partido de gobierno”, dijo, criticando el presidencialismo que, como lo comentó, vive el país desde la emergencia por la pandemia.
Terminó cuestionando por qué la ausencia de la Policía en la toma de la Plaza de Caycedo en Cali, una de las principales de la ciudad y donde, aseguró, hay permanente presencia de uniformados. Pero no solo eso, sino también la irrupción del Esmad en los barrios de Cali y el lanzamiento de gases lacrimógenos que le ha cobrado la vida a personas, entre ellos, una mujer mayor de 70 años que, tras aspirar el gas lanzado dentro de su casa, le produjo dos paros respiratorios.
Más: ‘Cada declaración del mindefensa sobre el paro significa una licencia para matar’: César Gaviria.
El senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, al igual que Cepeda, trató de enumerar las razones por las que, a su juicio, sustentan la moción de censura contra Molano. En principio, su consideración se basa en el desconocimiento del ministro en todo lo relacionado con DD.HH. y derecho internacional humanitario. “Un funcionario con esas características no puede ser el responsable de la seguridad nacional y de los colombianos”, señaló.
Como segundo argumento, Sanguino esgrime que Molano “reprime y criminaliza la protesta social”, a la vez que justifica la violación de los DD.HH., porque, a diferencia de lo que se espera de él, de rechazar los hechos de violencia, el ministro, en cambio, ha insistido en su apoyo al accionar policial y militar, como recordó el senador. “La responsabilidad no descansa en el uniformado, sino en Diego Molano que ha dado las órdenes para que esto ocurra”, insistió sobre las más de 40 personas fallecidas desde que inició el paro, así como los otros casos de violencia.
Sanguino terminó pidiéndole al presidente que acelere la negociación con el Comité del Paro: “Negocie el pliego del paro, pare la masacre, no convierta las calles en paredones de fusilamiento de nuestros jóvenes”.
El último de los citantes en tomar los micrófonos fue el senador Armando Benedetti, quien no escatimó en ilustrar a quienes ve el debate desde una pantalla que en el recinto del Senado abundan los uniformados sobre los mismos congresistas. “¿Por qué lo acompañan cuanto esto es un tema político y está en la Constitución que los militares no tienen nada que ver con lo político?”, polemizó.
Siguió cuestionando acerca del uso de la palabra enemigo para tratar hechos que, a sus ojos, se trata de delincuencia y no una situación que atenta contra toda la población, como sí lo fue en su momento el enfrentamiento frontal entre el Estado y las Farc.
En otras intervenciones, el senador del MAIS, Feliciano Valencia, quien representa a las poblaciones indígenas, repudió la estigmatización que se le ha hecho a la minga con tendencias como #MingaTerrorista y #NarcoMinga, por mencionar algunas. Para él, esto se trata de una “narrativa (que) a todas luces (es) racista y orientada por un pensamiento colonial de segregación”.
Aída Avella, de la Unión Patriótica, se concentró en los desaparecidos y en las víctimas de violencia sexual. “El ministro de Defensa reconoce que hay más de 100 personas desaparecidas, nos tiene que decir dónde están los detenidos, a dónde se los llevaron, ¿a un sitio de reclusión legal o ilegal?, se los llevaron vivos y vivos los queremos”, comentó, señalando que esto repercute en el desconocimiento de la Convención para la Protección contra la Desaparición Forzada.
Por otro lado, Gustavo Petro, de la Colombia Humana, se dedicó a hablar de los principios para dignificar la Fuerza Pública, para evitar violencias como hemos visto desde el 28 de abril. “El ministro debe salir porque permitiría una discusión pertinente, sobre cómo redignificar la Fuerza Pública de Colombia. Redignificar la Fuerza Pública significa no se puede convertir una manifestación en un acto de guerra”.
Otras voces diferentes a la oposición, como la de Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), se unieron a los congresistas que votarán la moción. Sus argumentos se centraron en las acciones y omisiones de Molano que, a su juicio, son suficientes para exigir su salida. De acuerdo con él, el ministro ha enviado mensajes erróneos no solo a los uniformados sino a la ciudadanía, al hablar de infiltración de terrorismo. Con eso, señaló, “no se quiere reconocer un estallido social”.
También le criticó que no haya ni una sola palabra de parte del jefe de la cartera de defensa con relación a la presencia de civiles armados actuando junto a Policías y soldados. “Debe de aceptar que se ha perdido el control de las armas”, solicitó. “Su salida es un mensaje a quienes están en la calle, es un mensaje político poderoso”, concluyó.
Igualmente, Carlos Antonio Lozada, de Comunes, también previó que la moción de censura iba a ser aplastada por la bancada de gobierno, “puede que lo salven, pero (eso) no hará que las personas dejen de exigir un cambio en este país”.
Angélica Lozano, de la Alianza Verde, se concentró en argumentar por qué fracasó la política de seguridad del Gobierno. “Usted es el tercer ministro de Defensa del presidente Duque, es la cuarta moción de censura a un ministro de Defensa. El problema de pronto no son los ministros, es la política de seguridad. No es un problema de seguridad, es un problema político y social. Por eso, además de cambiar al ministro, hay que cambiar la política de seguridad”, comentó.
Se sumaron a las voces en rechazo de la gestión del ministro y el Gobierno en general la del senador Rodrigo Lara: “Este gobierno merece una moción de censura, porque en el momento de las manifestaciones genuinas estigmatizó a los ciudadanos y la única respuesta fue enviar a la Policía, que su misión es perseguir delincuentes no manifestantes”.
Como voz defensora del ministro, habló el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, quién apeló al discurso de la oposición trasladándolo a los uniformados. “¿Dónde están los derechos humanos de los policías y soldados?”, se preguntó. En esa misma línea dijo que a la Fuerza Pública se le están violando sus derechos al ser señalados de homicidio y agresiones contra manifestantes. “La presunción de inocencia no existe, el debido proceso no existe”, insistió.
“Indigna la indignación selectiva”, continuó diciendo Macías, quien catalogó el debate de moción de censura como una estrategia preelectoral con miras a 2022. “No incendien más al país, no he escuchado una invitación a la calma, a que busquemos salida a una situación delicada, dejen trabajar al ministro, a un hombre honesto que protege la constitución y la ley”, finalizó.
En ese mismo tono habló María Fernanda Cabal (Centro Democrático), quien afirmó que a la oposición no le importa la vida de los uniformados porque defienden la proporcionalidad. “¿Cómo responde un policía a la proporcionalidad cuando le explotan una bomba molotov?”, cuestionó. A diferencia de la posición señalando al Gobierno de culpable, la senadora señaló como responsables a los partidos de izquierda sobre la situación actual del país. “Los del golpe de Estado son ustedes, los que suplantaron las reglas de juego de la democracia y de la mayoría”, concluyó.
Desde la U, el senador Juan Felipe Lemos rechazó los actos de violencia de lado y lado, saludó la protesta social y reconoció que la mayoría de las expresiones de movilización han sido pacíficas. “Solamente en 847 actos de manifestación, de 7531, se ha registrado disturbios. ¿Qué significa eso? Que hay una acción colectiva y planeada de los GAOS residuales”, señaló sin explicar los argumentos por los cuales sostiene dicha premisa, y que va en la línea del discurso del Gobierno de señalar la violencia y vandalismo como “terrorismo urbano de baja intensidad”.
En ese sentido, manifestó que la salida del ministro no soluciona nada, sino que se debe de insistir en el diálogo social. La senadora conservadora, Esperanza Andrade, también rechazó la moción de censura contra el ministro, al considerar que es seguirle el juego al terrorismo y el vandalismo instigado por organizacionales marginales.
“No es coincidente que los principales de actos de violencia estén ocurriendo en departamentos azotadas por los cultivos de uso ilícito, la presencia del Eln y disidencias de las Farc. No es coincidente que este estallido social haya explotado cuando el Gobierno se estaba preparando para comenzar la fumigación con glifosato”, señaló Andrade en su intervención, reiterando en su creencia que la movilización está infiltrado por esos grupos armados.
La respuesta del ministro Molano
Diego Molano, ministro de Defensa, comenzó su intervención enviando un mensaje a los manifestantes pacíficos y a la Policía que acompaña las movilizaciones del mismo orden, es decir, pacíficas. Seguido, Molano reconoció el derecho constitucional de la protesta social, y a la vez, insistió, sobre la función que le confiere la Constitución a él y la Fuerza Pública para la protección y la seguridad de todas las personas.
“Respetamos la protesta pacífica, pero también somos contundentes contra la violencia y todas las vías de hecho que afectan a todos los colombianos”, repitió la frase que no ha dejado se pronunciar el Gobierno en el marco del paro nacional.
Ante los señalamientos de la oposición sobre casos de presuntos homicidios, agresiones, detenciones y violaciones sexuales, pidió que se respetara el debido proceso. “Se nos ha prejuzgado de todo tipo de delitos y a nosotros nos corresponde respetar ese debido proceso”, señaló.
Para su defensa de la protesta pacífico, apeló a su pasado y su juventud, comentando que él participó de la Séptima Papeleta y las movilizaciones tras el asesinato de Luis Carlos Galán y todo el movimiento social que exigió un nuevo pacto social para darle un freno al desangre que vivía el país a finales de los 80. “No se derribaron monumentos y logramos un cambio a través de la manifestación pacífica”, sacó a relucir.
“Reconocemos el momento que atraviesa el país, afuera hay manifestaciones que expresan unas inconformidades sociales”, dijo para luego compartir los datos de actos de manifestación con relación a los actos de violencia y vandalismo, que son una cifra muy inferior. Al rescatar que son más las movilizaciones pacíficas desarrolladas desde el pasado 28 de febrero, argumentó que “no se puede tildar que estamos estigmatizando la protesta”.
Además de rechazar el rótulo con el que han descrito al Gobierno, pidió que no se hablara de incumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional de septiembre de 2020, que ordenó al Gobierno a tomar cartas en el asunto en el manejo de la protesta, luego de los hechos presentados en el paro nacional de noviembre de 2019, donde el alto tribunal evidenció estigmatización y el no apego a los protocolos del uso de la fuerza legítima y las armas no letales. “Ningún juez ha dicho que estamos incumplimiento”, reiteró.
En ese sentido, enumeró las tareas que se vienen cumpliendo en el marco de esa sentencia: instalaciones de puestos de mando unificados en todos los territorios con presencia de todas las autoridades de orden civil, estatal y policial, la revisión de la Defensoría de la visibilidad de la identificación de los uniformados, armamento que usa, entre otros elementos. Por ejemplo, sobre esta explicación en redes le reclamaron al ministro de por qué si se cumple con esta actividad en la protesta se ha encontrado gases accionados vencidos o se han visto videos de policías con su indumentaria al revés que no permita ver su número de identificación.
Prosiguió en su discurso sobre cuándo, a su consideración, se pasa de acto pacífico a violencia: “las manifestaciones por lo general se acaban muy bien, con actos artísticos, pero cuando se lanza la primera piedra, se acaba la manifestación pacífica, cuando se ataca a la estación de Transmilenio o una estación de gasolina (...) No se puede justificar que una pedrada no afecta al otro, del vidrio pasamos a estaciones de Transmilenio, luego a la Gobernación, Alcaldía, Defensoría, DIAN, como pasó en Cali. Destruir una institución pública no es un hecho violento, puede clasificarse como terrorismo”, aseveró.
A la vez buscó instalar la duda sobre, lo que dijo, la coincidencia en algunos hechos en diferentes ciudades, es decir, sostuvo que unos días se ataca al transporte público, otro a entidades bancarias y otro a estaciones de Policía. “Una democracia que claudica ante los violentos se debilita”, repitió más de una vez.
No dejó de referirse a los bloqueos: “Nunca he dicho que los bloqueos es terrorismo, pero los bloqueos no están en la Constitución. Es un delito que afecta a derechos de terceros y que todos deben rechazar”, puntualizó.
En otro punto, explicó que la asistencia militar convocada por el presidente para ayudar en el orden público de alguna ciudades no significa la suplantación de la autoridad civil de la ciudad y, a su vez, le tiró la pelota al Congreso: “La asistencia militar la aprobaron ustedes cuando se aprobó la ley de asistencia militar, no es militarización, sino un apoyo a graves condiciones de seguridad”.
También cerró filas sobre el Esmad y rechazó las tendencias de #EsmadAsesino, sostuvo que en más de 20 años de la institución solo se le han comprobado tres hechos de homicidio. “No es un invento nuestro, es uno de los mejores (grupos antimotines) calificados”, agregó.
A modo de información y para responder ante los señalamientos de desconocer los DD.HH. Molano dijo que desde que llegó a la cartera se aprobó la política de DD.HH. y derecho internacional humanitario para todas las fuerzas de la Fuerza Pública, se aprobó el protocolo de asuntos de género, la radicación de dos proyectos de ley ante el Congreso, uno para la profesionalización y otro para crear un nuevo régimen disciplinar. Y dijo estar dispuesto si es necesario hacer un debate sobre el Esmad. “Nos interesa una mejor Policía”, apuntó.
Y respondiendo casi a la intervención de Gustavo Petro, que hablaba sobre cómo devolverle la dignidad a la Fuerza Pública, Molano dijo: “La dignidad se logra con más aprecio, cuando a ellos se les respeta y no prejuzga como masacradores. La dignidad de la Policía son pilar de la democracia y no para discursos que buscan generar otras apreciaciones contra nuestra Fuerza Pública”, concluyó-