“Signos de alarma”, en la próxima jornada electoral

A una semana de la primera vuelta presidencial, se siente un clima de peligrosa tensión. ¿Esta es solo efecto de la confrontación verbal usual entre campañas rivales o el país podría pasar a hechos violentos?

A una semana de la primera vuelta presidencial, se siente un clima de peligrosa tensión. ¿Esta es solo efecto de la confrontación verbal usual entre campañas rivales o el país podría pasar a hechos violentos?

En momentos de polarización política y de fácil salto de la violencia verbal a la violencia asesina, vuelven a la mente las imágenes del 9 de abril (de 1948, asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán). El inconsciente de la violencia no deja de acecharnos. Pero Colombia debe liberarse de la idea fatalista de repetición del pasado y tiene que aprender de sus grandes tragedias. Por tanto, más que pensar en el vértigo de la repetición de un 9 de abril, habría que preguntarse cuánto se hubiera ahorrado el país sin el asesinato de Gaitán, sin ese 9 de abril y sin la violencia. Y sin todo lo que vino después.

Sin embargo, leyendo las declaraciones y los trinos de unos incendiarios muy conocidos, se diría que hay quienes juegan a eso. A menos que no se hayan dado cuenta del riesgo que conlleva la exacerbación de las pasiones políticas.

No hay que descartar el peligro de los fanáticos “sicarizados”, frente a los cuales el Gobierno no puede hacerse el de la vista gorda. Pero estoy convencido de que ni siquiera a la derecha más incivilizada le interesa una tragedia como la del 9 de abril. Y el contexto internacional tampoco está para ese tipo de sobresaltos: los Estados Unidos quieren y necesitan estabilizar a América Latina, en un momento de profundos reajustes mundiales. Desde esta perspectiva, jugamos más como parte de América Latina que como rueda suelta o piedra en el zapato.

Colombia también es diferente, aunque haya muchos elementos de violencia en nuestra realidad actual. ¿Está de acuerdo?

La Colombia de hoy está mucho más informada y conectada, mucho más avisada y más madura que la de la época de Gaitán. Y es más consciente de lo que puede perder con una ruptura institucional o con un magnicidio. Debe recalcarse, además, que, al igual que en los viejos tiempos de la violencia bipartidista, unas elecciones no se pueden sabotear, hoy, si no es con el concurso abierto del Gobierno. Hemos retrocedido mucho, pero me niego a pensar que lleguemos a la situación que usted sugiere en sus preguntas.

El próximo domingo, una vez se conozca el nombre de quien ganó la elección presidencial, es, a mi juicio, el momento más crítico. ¿Deberíamos temer la reacción de los perdedores?

No creo; pero, para evitarlo con certeza, hay que generar confianza estos días. La primera responsabilidad recae sobre el Gobierno y los organismos encargados del proceso electoral. Unos y otros saben que hay un país vigilante y que el mundo observa. Aunque, en la práctica, no es fácil convencer a la gente cuando la administración gubernamental ha dejado ver, de manera tan grosera, sus preferencias. También es necesario que las distintas fuerzas políticas se comprometan, públicamente, con el respeto por los resultados electorales.

El registrador ha tenido fallas evidentes y las elecciones legislativas le salieron mal. No hay duda. Pero que dos expresidentes enciendan la hoguera en contra de ese funcionario y que la Fiscalía inicie una investigación penal en su contra, a ocho días de las elecciones, no es precisamente síntoma de respeto electoral, sino de lo contrario: de desestabilización. ¿Qué opina?

Ese es un signo de alarma porque poner en entredicho, anticipadamente, al notario de las elecciones, metiéndole ruido innecesario a la jornada de las votaciones, es “bombardear” la confianza ciudadana. Si hay indicios serios de sospecha criminal, hubieran podido tramitarse judicialmente antes o hacerlo después. No en la semana electoral.

La alta probabilidad de que el candidato de izquierda supere al aspirante que representa el “statu quo” constituye, en todo caso, un reto y un examen para la democracia nacional. ¿Qué le conviene más a Colombia para tranquilidad de todos: el triunfo del candidato de los partidos tradicionales o el de los grupos sociales nuevos?

Hay muchas cosas para tener en cuenta. Primero, la presencia de la guerrilla, por décadas dominando las agendas electorales, ha hecho que, hoy, por contraste, se valore mucho más la divergencia en democracia. Segundo, el país lleva, también, décadas viendo a figuras de izquierda en alcaldías y corporaciones públicas, incluida la capital del país. En otras palabras, la izquierda democrática es parte del paisaje político y electoral colombiano. Por eso, ya no asusta: la que asusta es la derecha. Y lo más desestabilizador, hoy, en Colombia, es el continuismo. En tercer lugar, el país está en mejores condiciones para desnudar las trampas a la democracia. El anhelo reformista de las mayorías no se contiene “tercerizando” las amenazas y orquestando planes de desestabilización electoral...

Antes de que continúe, ¿a qué se refiere con eso de la “tercerización”?

El paro armado del clan Golfo (el quinto de este tipo de organizaciones) fue alentado por la pasividad gubernamental. Como ensayo, salió muy mal porque desató el repudio ciudadano contra ambos: el clan y el Gobierno. Ir más allá, bloqueando expectativas y procesos institucionales, sería, como dije antes, un “bombazo” social que ninguna fuerza política, ninguna, insisto, estaría en capacidad de contener. En cuarto lugar, no hay ningún proyecto de oposición desestabilizador: si se miran seriamente los programas, no hay motivos de preocupación para el mundo empresarial ni para las clases medias. La situación exige concesiones razonables a la población empobrecida. Ni las élites pueden ganar tanto, en tiempos de crisis, ni los sectores populares pueden aguantar tanto, en tiempos de crisis.

Entonces, siga, por favor, con su respuesta anterior: ¿el país está listo para una transición tranquila del Gobierno, con independencia de la ideología política que represente el ganador?

Le respondo con otra pregunta: ¿Colombia prefiere el cambio democrático o la revuelta? Al país lo desvelan, hoy, grandes cambios programáticos: 1. Los prometidos y negociados en los Acuerdos de Paz. 2. Los que visibilizó la protesta social. 3. Los que impone el tiempo muerto de la pandemia. El mejor nuevo gobierno será el que tenga la capacidad de cumplir esa agenda trinitaria. Aquí lo revolucionario será lo elemental.

Por buena voluntad que tenga el próximo presidente, no podrá atender ninguno de esos cambios sin un factor esencial: dinero. Y Duque entrega, por la pandemia y su pobre gestión, un país en bancarrota.

Claro. Alguien tiene que pagar y no pueden ser los más pobres. Le voy a dar un dato que le escuché a un economista serio, exdirector del DANE y líder de una de las grandes firmas encuestadoras: César Caballero. Hablando de la inevitable reforma tributaria que tendrá que afrontar el próximo gobierno, Caballero diagnosticó, en una reunión cuasiprivada, que afectando solo a las 2.000 personas más pudientes del país en proporciones que no lesionarían sus negocios, habría una salida tributaria sin provocar un remezón social. El asunto, entonces, es de enfoque.

Aunque usted se niegue a pensar en una ruptura de la democracia, el interrogante sigue latente: ¿las tentaciones extraconstitucionales se abrirían paso, llegado el caso?

La pregunta ni siquiera se debería hacer, pero reconozco que es absolutamente pertinente. La fragmentación de la sociedad en la política, en los grupos armados e, incluso, en las fuerzas estatales, hace que nadie esté en capacidad real de llevar a cabo una aventura que no sería de un día (un 9 de abril), sino de años o décadas de desestabilización. Esto, por el lado de las capas dirigentes. Por el lado popular, se vive un momento de enormes expectativas tras largas frustraciones con la paz, la miseria subsiguiente a la pandemia y las demandas aplazadas después de una protesta social de dimensiones desconocidas. El anhelo reformista de las mayorías no se contiene lanzando irresponsablemente el país al caos.

¿Qué opina del papel que están desempeñando la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría en la situación de riesgo en que se encuentra Colombia?

Que todo pasa, está pasando, mientras los organismos de control miran para otro lado. Hasta son parte de la corruptela que se ha agravado impunemente. El partido de Gobierno nos regresó a épocas de un despótico Estado-hacienda. No hemos medido, aún, lo que hemos perdido en democracia en solo cuatro años.

El poder criminal del denominado clan del Golfo que usted ha mencionado, fue desplegado en el reciente paro armado, que afectó a más de cien municipios en siete departamentos. ¿Se trata de bandas de narcos puros o de narcoparamilitares que nunca desaparecieron pese al proceso de desmovilización del gobierno Uribe, conocido como Justicia y Paz?

Hay de todo, de lo viejo y de lo nuevo. Hay muchas bandas y siglas en los territorios, pero las unifica una tarea común: si antes, a los paramilitares en sus diversas expresiones se les entregaba el país para contrarrestar a la guerrilla, ahora se lo entregan para bloquear el cambio democrático.

¿Cree que la exhibición del poderío narcoparamilitar del clan del Golfo, más allá de protestar por la extradición de alias “Otoniel”, trataba de posicionar a ese grupo criminal como un actor que debería tener en cuenta el nuevo gobierno?

Parecería haberse sentido invitado, más bien. Señalé, en una red social, hace unos días y me reafirmo, que una de las dificultades del combate a las bandas criminales tipo clan del Golfo no era tanto la debilidad del Estado sino, en gran medida, que esas agrupaciones también son parte del Estado y de la economía. Era lo que ya estaba contando Otoniel cuando se apresuraron a sacarlo del país. Colombia se ha venido paramilitarizando, de nuevo, a ritmos inauditos. Este es uno de los costos más serios, en el largo plazo, de estos cuatro años de vacaciones de las mafias.

¡Uy! ¿A qué se refiere con la expresión “cuatro años de vacaciones de las mafias”?

A que el Gobierno “dispara” para donde no es: “disparó” contra la protesta social y, en cambio, ha sido notoriamente complaciente o pasivo frente a la criminalidad organizada. La frase es dura, pero es una manera de significar que hay pasividad selectiva. Fue evidente para todos cómo actuó el Gobierno esos días del paro del clan: las Fuerzas Armadas hicieron presencia cuando ya se había levantado.

¿Cómo se puede comprender que reaparezca el narcoparamilitarismo rural mientras en el país urbano crece electoralmente un político de izquierda, al punto de ser el primero en favorabilidad en las encuestas?

El poblador urbano tiene, por lo general, mayores libertades para moverse, incluso políticamente, con independencia de las ataduras y presiones criminales. La sociedad urbana es decididamente antiparamilitar. Pero el fenómeno del candidato a que usted alude es también un reconocimiento a quien fuera adalid del destape de la parapolítica desde el parlamento.

¿Está de acuerdo con la afirmación de Alejandro Gaviria de que “Colombia duerme en la cima de un volcán, por lo que sería mejor tener una explosión controlada (con Petro) que embotellar el volcán”?

Estoy de acuerdo. Lo que expresó Alejandro Gaviria es que aquí hay una necesidad de cambio y que hay que tramitarla si no queremos que, como él dijo, la olla a presión explote. El Eln y las disidencias de las Farc parecen haberse fortalecido en ciertos territorios durante el gobierno Duque. ¿Ese fenómeno se puede entender como el fracaso de este Gobierno en el manejo del orden público o como el fracaso del Acuerdo de Paz?

No estamos frente al fracaso de los Acuerdos de Paz, sino frente al fracaso de la hostilidad gubernamental hacia ellos. Una actitud militante del Gobierno por la paz hubiera podido reducir, enormemente, el tamaño de las disidencias que siempre se presentan en estos procesos. Y en cuanto al fortalecimiento militar, no político, del Eln, este esperó a ver qué pasaba con el acuerdo con las Farc y quedó con la sensación generalizada en las filas guerrilleras de que el Gobierno incumplió. Históricamente, nuestra tradición de negociaciones y violencias ha demostrado que el incumplimiento de un acuerdo es la fase anterior al siguiente ciclo de guerra.

Entonces, el cumplimiento del Acuerdo de Paz habría podido ser carta de presentación para la desactivación del Eln o de otros grupos guerrilleros...

Sí. Este Gobierno se inventó crisis donde había oportunidades: puso en crisis los Acuerdos de Paz, puso en crisis las relaciones con el vecindario por ir a la zaga de Estados Unidos. Ahora que Washington está en lo suyo, normaliza relaciones con Venezuela y nosotros pagamos los daños del comercio binacional; y a esa dos crisis inventadas les cayó otra: la de la pandemia, que nos sorprendió muy mal parados. Al inicio del gobierno Duque, hace tres años y medio, usted se retiró de la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH): el tiempo transcurrido le da libertad para hablar del tema ¿El Centro avanzó en la construcción de la verdad histórica, tan importante para la paz?

Usted sabe que he sido reacio a hablar del tema. En materia de investigación, que era el corazón del Centro, se llevaron a término los informes que dejamos en marcha, especialmente los relacionados con las contribuciones a la verdad de exparamilitares. Pero hay muy pocas investigaciones nuevas. La idea de “tercerizar” la investigación, delegándosela al Ministerio de Ciencias, fracasó. Ninguna de las 21 investigaciones delegadas a esa institución, extrañamente delegadas, a su vez, a 17 universidades, ha sido terminada. Pero lo más significativo es que el Centro perdió el reconocimiento público que tenía.

¿Cuál es el futuro del CNMH?

A las puertas de la cesación de funciones de la Comisión de la Verdad, tras la entrega de su informe final en junio, el Museo y el Centro Nacional de Memoria Histórica tienen que recuperar su vocación de plataforma permanente para la voz de las víctimas y el diálogo con la sociedad en torno al trípode museo-archivo-investigación. Aquí, como en casi todo lo relacionado con este Gobierno, la consigna inicial de la próxima administración, cualquiera que sea, tiene que ser “en busca del tiempo perdido”, para poder dar un salto adelante. La sociedad tiene que reapropiarse y sentir como suyo este patrimonio cultural, que es de la nación, no de ninguna fuerza política en particular.

“Las elecciones más violentas en una década”

Según la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), del 13 de marzo pasado a esta semana se presentaron 222 actos violentos en el territorio nacional, entre estos, 29 asesinatos. Para usted, ¿esta ola trágica reciente se relaciona con la época electoral?

Es innegable. La Misión de Observación Electoral, MOE es aún más categórica: estas son las elecciones más violentas en más de una década. Permítame ir más allá sobre los factores de constreñimiento, violencia, corrupción y riesgo electoral que tanto tienen que ver con el momento presente: robarse las elecciones no es solo hacer fraude en el conteo el día de los escrutinios; robarse las elecciones es propiciar la compra previa y masiva de votos; es utilizar los recursos del Estado como “fondos reservados” que se ponen a discreción de núcleos poblaciones específicos para condicionar su voto, al igual que pasa con el sufragio de los funcionarios; robarse las elecciones es utilizar la jerarquía en las empresas o instituciones para poner a trabajadores y empleados en el chantaje de “el voto o el puesto” que, en tiempos de crisis y desempleo, es como un tiro a la cabeza del sufragante. Las elecciones se las están robando antes de que hayan ocurrido.

Un intelectual de tiempo completo

Gonzalo Sánchez, entrevistado en este espacio, es un reputado intelectual colombiano cuya tarea como líder de la construcción del Centro Nacional de Memoria Histórica, durante una década, ha sido reconocida aquí e internacionalmente. El profesor Sánchez estudió derecho y filosofía en la Universidad Nacional. Posteriormente obtuvo título de maestría en historia, en la Universidad de Essex, Inglaterra, e hizo un doctorado en sociología política en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales, de París. Ha sido investigador y catedrático, durante muchos años, en su alma mater, la Nacional, en donde también dirigió el Departamento de Historia y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI. Es el autor de exhaustivas investigaciones sobre la guerra interna que ha padecido Colombia. Ha escrito varios libros con el resultado de sus hallazgos, el más reciente, Caminos de guerra, utopías de paz, Colombia 1948 -2020, “una reflexión urgente en un momento en que el país necesita entender por qué hemos sido incapaces de resolver en paz nuestros conflictos”, como indica su reseña.