“Sigue siendo peligroso hablar del Palacio de Justicia”: Helena Urán

Recientemente le solicitó a la JEP ordenar medidas cautelares para la protección y conservación, como lugares de memoria histórica, para la Casa del Florero, el Cantón Norte —en el área de sus caballerizas— y el Cementerio del Sur. ¿Por qué y para qué?

Recientemente le solicitó a la JEP ordenar medidas cautelares para la protección y conservación, como lugares de memoria histórica, para la Casa del Florero, el Cantón Norte —en el área de sus caballerizas— y el Cementerio del Sur. ¿Por qué y para qué?

Para que una sociedad logre pasar a la era del posconflicto debe hacer ostensible que no se puede volver normal la naturalización del horror. La arquitectura y los espacios oficiales guardan la memoria de todo, incluyendo los horrores ocurridos en ellos. Es esencial que esos espacios sean transformados en lugares de memoria y que sirvan para la pedagogía democrática. En el caso del Cantón Norte, no debemos seguir actuando como si nunca hubiera sucedido nada, como fueron los hechos ocurridos con ocasión de la toma y retoma del Palacio de Justicia, en donde desaparecieron y, después de muchos años, aparecieron los restos de varias personas. Allí, por ejemplo, debería fijarse una placa en que se consigne que en esas instalaciones se cometieron crímenes de lesa humanidad y que un número importante de víctimas fueron torturadas. El Museo del Florero tendría que dedicar un espacio importante a exposiciones y otras tareas pedagógicas para que se explique que fue usado como centro de operaciones adonde llevaban a quienes salían vivos del Palacio para después trasladarlos y desaparecerlos.

Suponga que es concedida su petición. ¿De qué manera se honraría, con esas medidas, el recuerdo de su padre y de las otras víctimas del Palacio de Justicia?

Sería gratificante que el país entendiera que las Fuerzas Militares, en ese caso, no actuaron con grandeza; que cometieron crímenes horrendos con inocentes, como mi padre, que fue torturado, ejecutado y desaparecido (según la sentencia de la CIDH); y que le mintieron al país. Y que nosotros pidamos recordar no nos hace enemigos de la fuerza pública o de la patria. Si se llegara a concretar mi petición, se honraría la vida de mi padre, de los demás hombres de leyes y de paz y de todas las personas que murieron en esas horas tenebrosas.

Usted, sus hermanas y su madre han vivido fuera de Colombia todos estos años. Es comprensible porque, además del dolor padecido, han sido amenazadas. ¿Por qué regresó y decidió vivir aquí, ahora?

De todos modos, siento que Colombia ha cambiado. Muchos sectores quieren acabar con la guerra, están cansados de sentir el miedo que antes desmoralizó y derrotó a tantos que estaban silenciados y en casa. Pero, hoy, son muchos más los que reman para fortalecer procesos democráticos, entendiendo que la vida libre de violencia es un derecho, no un lujo ni un privilegio. Es en este aspecto de la sociedad en que me siento a gusto y por lo que encuentro sentido estar aquí. La democracia también es el reconocimiento de que todos somos socialmente responsables de los demás. Y, pues, aquí estoy.

Esta semana un juzgado ordenó las capturas del coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano y de otro militares que intervinieron en la retoma del Palacio, en 1985. ¿Qué opina sobre la toma de decisiones, como estas órdenes de detención, solo 38 años después de los hechos? ¿La justicia colombiana sigue “subyugada al poder político, económico y militar” (como usted sostiene en su libro “Mi vida y el palacio”)?

Nadie se atrevería a negar que tomarse 38 años para hacer un pronunciamiento de la importancia histórica de los hechos del Palacio es una burla para la sociedad. En cambio, sí refleja una justicia que no ha estado a la altura de los requerimientos de paz del país y que no ha mostrado su compromiso con las víctimas y el derecho. Por el contrario, deja constancia del sistema de impunidad que ha operado en Colombia. Por casos como este se justifica la creación del nuevo tribunal de la JEP con la expectativa de que resuelva procesos de violencia política, enmarcados en el conflicto armado, que la justicia ordinaria no quiso o no pudo resolver.

De acuerdo con usted, pero hay que rescatar la valentía de algunos operadores judiciales, aunque también hay que aceptar que parecen ser minoría…

Sí, es cierto: ha habido funcionarios muy valiosos en el aparato judicial. No obstante, y precisamente por su compromiso con el derecho y la justicia, han sufrido consecuencias injustas y graves. Es el caso, por ejemplo, de la fiscal Ángela María Buitrago y de su fiscal auxiliar José Darío Cediel, que investigaron y abrieron el proceso del Palacio de Justicia, en 2005, en la Fiscalía; o de la jueza María Stella Jara, que dictó sentencia de primera instancia en contra del coronel Alfonso Plazas Vega. Ellos padecieron efectos negativos en su vida laboral y personal porque quisieron esclarecer la verdad judicial.

¿Qué les sucedió?

A Ángela María Buitrago se le pidió la renuncia pocos días después de que llamara a indagatoria a tres generales y, tras su renuncia, el caso quedó estancado; a José Darío Cediel lo rechazaban internamente y lo tachaban de fiscal “guerrillero”. A la jueza Jara la amenazaron y tuvo que irse a vivir a Alemania con su hijo, con todas las implicaciones personales y profesionales de un desarraigo de esa magnitud. Y cuando regresó, le asignaron tareas judiciales que no estaban a la altura de sus capacidades. El costo, para sus vidas, fue muy alto, además de injusto y, tal vez, ilegítimo.

Algunos juristas de renombre opinan que la justicia colombiana se partió en dos con la toma y retoma del Palacio y que no ha podido recuperarse. ¿Está de acuerdo?

La justicia quedó gravemente rota desde cuando el Ejército atacó a la rama Judicial el 6 y el 7 de noviembre de 1985. No hay argumentos para excusar la forma como actuó, mucho menos el de que la guerrilla ingresó primero al Palacio. No se puede justificar la decisión de disparar rockets contra un edificio en donde se encontraban civiles. No hay explicación que pueda hacer comprensible que un gran número de civiles hubiera sido rescatado vivo del edificio en llamas; que hubiera sido escoltado por militares a otros lugares y que, después, no se tuviera noticia de su paradero. Lo que pasó esos dos días en el Palacio fue un golpe de Estado del Ejército contra la justicia, con el aval del Ejecutivo. Es la peor tragedia que, en términos institucionales, ha sufrido el país en su historia reciente.

Para usted, que ha estudiado tan detenidamente los sucesos del Palacio, ¿Belisario Betancur fue responsable de la masacre ocurrida o fue otra víctima?

Él tuvo responsabilidad, si no directa en los hechos de la retoma, sí por haber permitido que ocurrieran y por haberse quedado callado mientras sucedían. Él era jefe de Estado y, como tal, hubiera podido exigir mayores controles. Tampoco hizo aportes a la verdad. En definitiva, para mí, él no estuvo a la altura de un presidente. Es irónico que quien tanto apostó a la paz y a las propuestas humanitarias que expuso en su campaña hubiera terminado cediéndoles su espacio a hombres que, evidentemente, no respetaban la democracia.

El general Jesús Armando Arias Cabrales fue encontrado, en 2019, máximo responsable del delito de desaparición forzada como comandante que fue de la retoma, fue condenado a 35 años, se acogió a la JEP en el 2020 y obtuvo libertad condicional casi por tres años, pero fue expulsado de esa jurisdicción especial por “no realizar aportes plenos” a la verdad. ¿Cree que la JEP ha sido la vía de escape de la cárcel de unos condenados?

Desde la JEP se han hecho avances de extrema importancia para que el país elimine el negacionismo y transite hacia la paz. Pero debo admitir que esperaba mucho más de ella con relación a los crímenes del Palacio de Justicia, tratándose de un proceso tan emblemático. Las investigaciones sobre la retoma no se han priorizado en la JEP y su actuación en este tema ha sido deficiente. Es inaceptable que la JEP le hubiera concedido libertad condicional a Arias Cabrales, quien ya había sido condenado por crímenes de guerra y lesa humanidad en la justicia ordinaria. Y que se la hubiera sostenido, porque en esos casi tres años libre mantuvo la versión negacionista. En los hechos de la retoma del Palacio, la JEP sacrificó lo poco que habían logrado las víctimas en la justicia ordinaria y priorizó los beneficios para el perpetrador.

Hace poco, el general Arias Cabrales reafirmó que no cometió ningún delito y asegura que es “otra víctima” del Palacio. Usted ha sido declarada como tal por cuanto es hija de un magistrado que salió vivo del edificio, perdió la vida después y cuyo cuerpo fue ocultado por años. ¿Acepta esa calificación que el general se da?

Que el victimario se declare víctima es una estrategia que suelen usar los criminales. Lo hizo Pinochet y también Fujimori. Lo que es increíble es que la JEP le brindara a Arias Cabrales la oportunidad de hacer algo por el país y de cambiar su rol en la historia, pero que prefiriera limitarse al regalo de libertad condicional que obtuvo mientras mantenía el ocultamiento de los hechos y mostraba poca dignidad como comandante de la XIII Brigada del Ejército que fue, y que estuvo a cargo de las operaciones militares. Su actitud es reflejo de su convencimiento de que él y la fuerza pública poseían el derecho a masacrar sin tener que rendir cuentas por ello.

En su libro, usted afirma que, al menos en una época, ha sido seguida por los servicios de inteligencia de Colombia. ¿Su persistencia en examinar, descubrir, revelar y recordar lo sucedido la ha puesto en riesgo?

Es lamentable que, aun hoy, la búsqueda de justicia y verdad en sucesos en los que altos cargos de la Fuerzas Militares han estado implicados implique un riesgo enorme para las víctimas, sus representantes y los administradores de justicia. Acabamos de ser testigos de las amenazas a los magistrados de la JEP en el caso de Dabeiba. En el Palacio de Justicia se siguen teniendo altas dosis de resistencia en contra de acciones que permitan que la verdad salga a la luz. Y respondiendo su pregunta: sí, sigue siendo peligroso investigar los sucesos del Palacio.

¿Quién podría estar detrás de la intimidación en esas investigaciones? Diría uno que, por los años transcurridos, los actores de esa masacre ya no tendrían poder... ¿O sí?

Evidentemente, lo tienen. El hecho de que la justicia no haya operado en todos estos años, significa —para mí— que cuentan con la capacidad de impedir que el caso avance. Además, su poder no se limita al campo militar y judicial: también se encuentra en el campo político, en donde concretan sus propósitos. Recuerde que, además, han empezado a integrarse a los grupos de ultraderecha, aunque los tiempos cambian y es notorio que se les va cerrando el cerco. El mundo de los derechos avanza en todo el planeta.

En su libro, reeditado recientemente, usted añade unas páginas sobre la participación de Estados Unidos en la retoma del Palacio. ¿Qué encontró sobre trabajos conjuntos entre el Gobierno estadounidense y el colombiano en los dos días de la toma y retoma? ¿En qué se tradujo la ayuda?

Investigué los cables desclasificados de Estados Unidos entre los que había información de la Defense Intelligence Agency (DIA), de la CIA, y reportes del agregado militar de la Embajada de esa época, de Estados Unidos en Bogotá, entre otros; pude constatar que Washington no fue un observador pasivo de lo sucedido durante el ataque al Palacio de Justicia y que, se podría, incluso, asegurar que actuó de manera encubierta. Por eso me pareció importante develarlo en este nuevo capítulo. Las acciones encubiertas tienen una característica siniestra: garantizan la impunidad de los autores materiales e intelectuales y crean confusión sobre hechos que costaron muchas vidas, además de que dividen al país que es víctima de esas acciones y, da paso, a recriminaciones mutuas muy hirientes.

¿Qué hallazgos notables se pueden destacar?

Encontré que desde el Comando Sur se envió apoyo militar con el envío de un avión AC-130 con explosivos, con expertos en esos artefactos y en comunicaciones. También pude deducir que no solo aquí, en Colombia, Inteligencia sabía que la toma iba a ocurrir sino también allá, en Estados Unidos, y que ambos lo permitieron. La comunicación a nivel militar y de Inteligencia entre los dos países fue constante. Me surgen preguntas: ¿quién solicito ese avión, los explosivos y demás para una operación tan macabra y antidemocrática como esa? ¿Supo el Ejecutivo (Presidencia) de ello? ¿Por qué nunca se ha ventilado este tema? Y, al mismo tiempo, si Estados Unidos ya ha desclasificado una parte de sus archivos ¿qué está esperando para hacerlos públicos, por completo, si se supone que, ahora, vivimos bajo otros paradigmas?

¿Cree que lo sucedido fue compartido por los dos Estados en cuanto a las decisiones militares sobre la retoma, a sangre y fuego, y pasando por encima de las vidas humanas?

Pues, quien investiga bien estos hechos no tiene dificultad en llegar a la pronta conclusión de que, para el Ejército, lo importante era demostrar que conservaba el poder y que, en su ejercicio, todo era válido, incluso, incurrir en una masacre; o, quizá, la masacre era, precisamente y, desde su lógica, la mejor demostración de poder frente al grupo guerrillero derrotado, frente a la justicia que sería doblegada y frente al grueso de la sociedad para romper cualquier voluntad democrática y autónoma.

Usted ha dedicado la mayor parte de su adultez a escrutar los hechos del Palacio. ¿Se siente gratificada con lo que ha avanzado o frustrada por lo que falta por resolver?

Siento que han querido silenciarnos porque nuestras palabras y nuestros muertos son reales; pero quedarme quieta no es una opción para mí. En el sistema de impunidad que ha regido en Colombia, el proceso por los crímenes que se cometieron contra mi padre no ha avanzado: permanece abierto en los anaqueles mugrientos de la Fiscalía desde 2010, a pesar de que la investigación concluyó y podría haber sido resuelta hace tiempo. Sin embargo, a través de los símbolos y la memoria, como la solicitud de medidas cautelares o la solicitud del retiro de medallas otorgadas a Arias Cabrales, es como, de alguna manera, resuelvo este enigma trágico.

Su trabajo es en el Palacio de San Carlos, a pocos metros del Palacio de Justicia. Cuando recorre esas calles, recordará a su padre quien tenía su despacho en el edificio incendiado ¿Cómo ha asimilado el hecho de tener que seguir rutinas como las del magistrado Urán?

No es la primera vez que la vida me pone en lugares que me confrontan con mi propio pasado. Cuando trabajaba en el Parlamento Alemán (Bundestag) y atravesaba sus pasillos, las fotos, allí expuestas, del incendio de esa edificación, en 1933, me recordaban los hechos del ataque al Palacio de Justicia, en Colombia. Y, ahora, trabajo a dos cuadras del lugar en donde pasó sus últimas horas mi padre. A veces, cuando paso por ahí, pienso en su oficina de la esquina del tercer piso, y en la brutalidad del Ejército al romper con un tanque de guerra ese edificio; también en la nueva construcción que ha servido para borrar lo sucedido y responder a las políticas de olvido.

Entonces, trabajar cerca del Palacio de Justicia, ¿es una tortura psicológica para usted?

No. estar cerca al Palacio, de otro lado, me acerca a la vida de mi padre y a los lugares importantes para él. Como me lo diría mi amiga Laura Restrepo: al estar ahí, trazo una línea de concordancia entre la trayectoria de mi padre y la mía.

Usted trabaja con el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva ¿Cuáles son sus tareas oficiales?

Me encargo de la agenda de no repetición, en la Cancillería. Es un gran reto porque no existe absolutamente ningún precedente en esta materia, en el ministerio, y porque hay que sortear todo tipo de barreras. Algunos, desde dentro, apoyados en el relato oficial de siempre, cuestionan si estoy entrando en contradicción con la institución por practicar el ejercicio de pensar. Y, otros más, en vez de apoyar este y cualquier esfuerzo de paz, se concentran en criticar si es o no un asunto de cancillería. En realidad, desarrollar esta labor tiene todo el sentido pues ha sido la comunidad internacional quien ha acompañado todos los esfuerzos de paz del país.

¿Hay algún avance traducido en hechos?

Sí. Algunos proyectos ya han arrojado resultados, como el acto de reconocimiento extrajudicial con Salvatore Mancuso, que conllevó a la negociación de un acuerdo bilateral con Venezuela para la búsqueda de personas desaparecidas. Eso me llena de satisfacción. Hay otros proyectos que son de más largo aliento. Ojalá tuviera más recursos para poder avanzar a la velocidad que quisiera.

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