Sin nuevo juez, tribunal ni garantía de no extradición: detalles de la ley de sometimiento

El presidente Gustavo Petro dio el visto bueno al proyecto con el que se busca establecer el marco normativo para un eventual sometimiento de bandas criminales bajo lo que se ha denominado “la paz total”. En los próximos días se radicará. En entrevista con El Espectador, el senador Ariel Ávila, uno de los que participó en la redacción del texto y que será ponente del proyecto , habló sobre los principales puntos del articulado y sus aspectos más polémicos. Reiteró que solo se está articulando el marco normativo que actualmente hay y que la intención es evitar cualquier negociación o reconocimiento político a los que se sometan a esta ley.

El presidente Gustavo Petro dio el visto bueno al proyecto con el que se busca establecer el marco normativo para un eventual sometimiento de bandas criminales bajo lo que se ha denominado “la paz total”. En los próximos días se radicará. En entrevista con El Espectador, el senador Ariel Ávila, uno de los que participó en la redacción del texto y que será ponente del proyecto , habló sobre los principales puntos del articulado y sus aspectos más polémicos. Reiteró que solo se está articulando el marco normativo que actualmente hay y que la intención es evitar cualquier negociación o reconocimiento político a los que se sometan a esta ley.

Entre los puntos a destacar están las penas de 6 a 8 de cárcel para los que se sometan a esta ley y posteriores penas de 2 a 4 años de trabajo restaurativo, además de un compromiso con la verdad para las víctimas. Asimismo, ante la entrega de bienes, se permitiría que los que entreguen dineros, propiedades y otros recursos puedan mantener el 6% del total. No se entra a hablar de un nuevo tribunal  o instancia que asuma estos procesos. Tampoco se tocaría el tema de la extradición.

¿Quiénes podrán acogerse a la ley de sometimiento?

Esta ley, que la hemos llamado de la justicia y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto, tiene 54 artículos y está hecha para desestructurar los factores organizados de la criminalidad. Se pueden desmantelar una veintena de organizaciones criminales y en esta ley queda explícito que no se reconoce estatus político o de beligerancia.

¿En cuál categoría quedaría la Segunda Marquetalia de Iván Márquez?

Hay una comisión de alto nivel que evaluará el caso de Mordisco, el autodenominado estado mayor central, y el caso de la segunda marquetalia. En este momento hay dos leyes. La de orden público, aprobada el año pasado, y la de sujeción a la justicia. En esta ley no hay reconocimiento de estatus político o beligerancia.

Puede ver: El próximo reto de la paz total: el proyecto de sometimiento para grupos criminales

¿No está igualando estructuras grandes, como las AGC, con unas menores?

Se reconocen unos criterios para que las organizaciones entren: mando jerarquizado, estructura visible, utilización de uniformes y demás. Quienes cumplan esos requisitos pueden entrar. No podemos hacer leyes a la medida de organizaciones grandes o pequeñas.

¿Pero eso no implica que una macroorganización como las AGC tenga los mismos beneficios y procedimientos que una organización sin tanto impacto criminal?

En la vida real, Colombia tiene 52 organizaciones criminales, unas 23 cumplirían los requisitos de entrada y solo 7-8 han manifestado su intención de someterse a la justicia. Entre esos están las autodefensas conquistadoras de la sierra nevada, las AGC, y otras. Será una vez la Fiscalía y el alto  comisionado lo determinen.

¿Cómo harán con las AGC, que han hecho tanto énfasis en una supuesta expresión política?

Yo lo que siento es que todos quieren declararse agente político. Nosotros lo que ofrecemos es una salida digna sociojurídica. Jurídica por las penas y social por la reincorporación. Vamos a trabajar para que en los territorios no se vuelvan a generar estos fenómenos.

Son muchos los rumores sobre este proyecto, como que se crean nuevas instancias judiciales...

Quiero aclarar rumores que son falsos y han sido usados por la oposición para engañar: primero, no hay un nuevo juez, no hay un procedimiento distinto y no hay impunidad. Lo único que hay es sustitución de la pena si ayudan a desmantelar una organización de alto impacto. Segundo, no hay nuevo tribunal o JEP. Se irá a la justicia ordinaria y serán la Fiscalía y los jueces los que lleven estos procesos. Tercero, habrá cárcel de 6 a 8 años de privación efectiva de la libertad y 4 años de justicia restaurativa. Hablamos de penas de entre 10 y 12 años. Los años en cárcel no tienen subrogados o redenciones. Por ejemplo, Justicia y Paz tenía penas de solo 8 años. Cuarto, en cuanto a la riqueza, hay una ley de extinción de dominio y esa ley habla de 6% de devolución a quien entregue bienes y así se mantiene en este texto. No va a ser el 10%.

Ya que menciona que no se va a crear una nueva instancia como lo fue Justicia y Paz, ¿no saturarán el sistema judicial ante la gran cantidad de personas que dejarían las armas?

Lo que estamos previendo es que la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado de la Fiscalía tendría que entrar a fortalecerse, al igual que más jueces. Seguramente habrá un fortalecimiento, pero lo que es claro es que no estamos creando un nuevo tribunal, jueces o procedimiento. Estamos ante la justicia ordinaria que podrá contratar más personal.

Además: Este es el proyecto para el sometimiento de grupos criminales y de narcotráfico

¿Justicia y Paz no demostró la necesidad de un ente por aparte de la Fiscalía?

Esta instancia tenía varios problemas, entre ellos que no había mecanismo de contrastación. Nosotros en esta ley metemos el concepto de contrastación, que es verificar lo que diga el procesado. Tampoco había centralidad de las víctimas y ahora lo dejamos consignado. Tercero, había muy poca información de los grupos paramilitares. Yo creo que en este caso habrá baja información, pero por eso hacemos concurrir a la inteligencia de la Policía y del Ejército, Dirección Nacional de Inteligencia y Fiscalía para que al menos haya lo suficiente para el proceso de contrastación.

Bueno, ¿y cómo van a hacer para que no se desborde el sistema judicial cuando tiene que asumir el compromiso de verdad, pena restaurativa y pena privativa de la libertad?

Esta ley tiene unos tiempos. Son al menos dos años, prorrogables por un año más, para que una organización criminal comience el proceso de sujeción a la justicia. Además, se estará estudiando si esta ley tendrá una duración de 9 o 10 años y no como Justicia y Paz, que lleva 16 años y no hemos acabado. Hay que meterle fecha límite.

¿Por qué meter una fecha máxima?

Para que sea ágil y así las víctimas reciban reparación y verdad.

¿Qué responde a los que dicen que no se necesita un nuevo marco de sometimiento?

Que no han leído la ley que dejó el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Esta se hizo para que no existiera sometimiento. Aquí hay gente, actores legales y hasta funcionarios públicos que se oponen a esta ley porque siempre han sido socios de organizaciones criminales y tienen miedo de que los señalen. Lo que nosotros decimos es que esta ley sí va a funcionar y no restringe el uso de la fuerza: organización criminal que no se quiera someter va a ser perseguida y sus miembros van a ser judicializados.

¿Cómo hacer para que no ocurra lo de los paramilitares que ahora quieren entrar a la JEP?

Lo que hemos dicho es que no hay estatus político o beligerancia para estos grupos Cualquier organización de bandidos pueden pedir ese estatus. Pero aquí es claro que no lo son. No vamos a abrir puertas nuevas de negociación. Estamos claros que los que entren por esta ley no tendrán estatus político. No pueden reclamar entrar a la JEP y no tendrán curules.

Por lo que usted cuenta, se le dará un papel muy amplio a la Fiscalía...

El ente acusador es el eje central de esta ley, lo que deja sin fundamento las opiniones del fiscal Barbosa y deja en evidencia todas las mentiras que dijo el Centro Democrático.

A Barbosa le queda solo un año en la Fiscalía, pero ha mostrado sus reparos a estos acercamientos con grupos armados. ¿No es peligroso que quede con un papel tan amplio cuando aún le queda un año de administración?

Nosotros creemos en las instituciones. Y no puedo negar que hubo debate sobre las personas, pero al final Barbosa se va y después habrá otro. Esperamos que los fiscales de aquí en adelante contribuyan a la paz y no a sabotear.

¿Pero no podría ocurrir que el nuevo fiscal sea contrario al sometimiento, como ocurrió Néstor Humberto Martínez con la JEP?

No creo que de aquí en adelante nominen a alguien tan cuestionado y con tantos conflictos de intereses como Néstor Humberto. Obvio que puede pasar cualquier cosa, pero no solo correría peligro esta ley sino todo el aparato judicial, como ocurrió en época de Néstor Humberto.

¿Hay algún comentario de las organizaciones armadas sobre el articulado?

El alto comisionado para la Paz conoció esta ley hace un par de días y hasta participó de su discusión. No estuvo siempre, pero está socializando esto con las estructuras. Lo que digo es que esta ley es bastante benevolente, pero al mismo tiempo bastante fuerte. Igual queda todo un trámite para ingresar los cambios que sean necesarios. En general, no habrá problemas.

Más allá de penas de 6 a 8 años de prisión. ¿Lleva el articulado una distinción entre líderes y rasos de estas organizaciones?

No, sean mandos bajos, medios o altos, todos deben ser procesados. Puede ser que a un muchacho recién entrado en la estructura se le aplique el principio de oportunidad. Pero toda persona que haya cometido un delito de lesa humanidad va a ser procesada. Eso quiero que quede claro.

Normalmente, en otros procesos, se ha emitido una amnistía casi que automática a los mandos bajos, ¿qué pasa acá con este proyecto?

La palabra amnistía aplica para procesos de paz. Aquí para los combatientes rasos, que ni siquiera tienen un proceso judicial, se les aplica el principio de oportunidad.

¿En qué consistiría?

El principio de oportunidad es de forma individual y ya existe desde muchos años. Una persona entrega bienes, cuenta la verdad y recibe una reducción de la pena. Lo que hace la ley es pasar de eso individual a colectivo. No hay nada nuevo. Aquí lo que se espera es que un combatiente raso entregue toda la información que pueda tener disponible, ayude en lo que pueda y así sale libre. Si no tiene una masacre encima, líder social asesinado o similar, pues no tendría a ser procesado.

Pero, ¿cómo hacer entonces para que esos sin proceso judicial se vinculen al sometimiento y no ocurra como con los paramilitares que simplemente abandonaron la organización secretamente?

Hay muchos miedos que entiendo y uno de esos es que quede mucha gente por fuera. Pero si se llega a encontrar esos casos en el proceso, la gente pierde sus beneficios.También tenemos dos candados para que no haya colados. El primer candado es que el alto comisionado y los órganos de inteligencia revisen los listados de sometidos y depuren. El segundo candado es la revisión de la Fiscalía.

Ante ese gran caudal de sometidos que entrarían a la justicia ordinaria, ¿el proyecto plantea una orden al sistema judicial para asumir esta carga?

Entiendo que esto se recarga sobre la justicia ordinaria, que fue lo que muchos nos pidieron. El Estado tendrá que dar nuevos recursos de funcionamiento y la rama debe estar a la altura del reto. Los detalles de cuántos fiscales y jueces nuevos se necesitan se tendrá que discutir, pero eso no es competencia de la ley.

En el trámite de la ley de paz total hubo controversia por las facultades extraordinarias que se le buscaban entregar al presidente, ¿pasa algo similar en este proyecto?

En los 54 artículos de esta ley no hay facultades extraordinarias, no hay nuevos tribunales y no hay nada raro. Lo que está es la justicia ordinaria. No hay ninguna facultad extraordinaria. Solo creamos una ruta de sometimiento para que alrededor de 20.000 personas se salgan del conflicto y haya 10 grupos menos. Espero que de 320 municipios afectados por la violencia se pasa 150. No estamos diciendo que vamos a acabar el narcotráfico, pero esto va a construir paz.

¿Cómo va a jugar el narcotráfico?

En esta ley está claro que los beneficios se mantienen siempre y cuando ayuden al desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto. Esto implica dar información sobre el negocio, no solo víctimas. Ahí vamos a dar con esos socios, que muchos de ellos son los que se opondrán a esta ley.

¿Y la extradición?

No se toca. No se cambia nada del acuerdo de extradición. Estos serán temas entre los ejecutivos colombiano y estadounidense. Fuimos muy cuidadosos en decir que el tratado de extradición no se toca.

¿No hay beneficio de no extradición?

El tema de extradición solo lo tocarán los gobiernos de Colombia y Estados Unidos

¿Cómo ve el ambiente en el Congreso?

Quien crea en la paz, la lucha contra la corrupción e impunidad aprobará esta ley sin problema.

Vienen al Congreso muchos temas controvertidos como este proyecto, la reforma política y la reforma a la salud. ¿No cree que se tendrá que sacrificar alguno de ellos?

Le hemos pedido al presidenteque esta ley tenga mensaje de urgencia para evitar ese colapso legislativo.