El plan del gobierno electo para alcanzar la “paz total”

¿Sometimiento o acogimiento? Esa fue la pregunta que hizo Álvaro Leyva, canciller designado, durante un encuentro que se realizó el miércoles y que fue convocado por la plataforma Defendamos la Paz. Leyva, es un estandarte de varios procesos de paz del país. Por ejemplo, fue clave en la mediación durante el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc, y ha tenido participación en casi todos los procesos de paz que el Estado intentó adelantar con grupos al margen de la ley. Incluso en el Acuerdo de Paz con las Farc, Leyva tuvo un papel vital en la estructuración de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Por eso su experimentada voz es una de las que más se escuchan ahora que el gobierno electo, que encabezarán Gustavo Petro y Francia Márquez, plantea una nueva política de paz que se ha bautizado como “paz total”. Palabras más, palabras menos, este concepto significa la búsqueda de una paz completa y no parcial, como según el gobierno entrante ha ocurrido con todos los procesos de paz que ha adelantado el Estado.

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Un ejemplo de eso es lo ocurrido con el Acuerdo de Paz con las Farc que está en un lentísimo proceso de implementación, y que por eso mismo ha derivado en el surgimiento de disidencias, asesinato de excombatientes y ocupación de los territorios que antes fueron ocupadas por la extinta guerrilla. “Volvemos a las disidencias de las disidencias, y tenemos ya organizaciones como el llamado Clan del Golfo que es una sumatoria de disidencias. No podemos seguir por ese camino. A pesar de que el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC ha significado enormes avances, el modelo que hay que aplicar es diferente y es un modelo totalizante”, dijo hace unas semanas a El País el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico), otro de los promotores de la paz total y conocido por su apoyo a diferentes procesos de paz.

Desde el gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto trabajan en estructurar y explicar lo que será esa nueva política en la que estarán incluidos grupos como el Clan del Golfo y otras estructuras con las que, consideran, se debe negociar para evitar rebrotes de violencia. Durante el encuentro convocado por Defendamos la Paz, Leyva tomó como ejemplo lo acordado entre el Estado y las Farc para explicar la ruta que se podría seguir con el Eln, el Clan del Golfo y las demás estructuras criminales con las que se pretende negociar.

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“En los acuerdos de La Habana se habla de acogimiento. ¿Eso qué es? Puede haber beneficios, porque el sometimiento es el sometimiento al Código Penal. Pero si hay delación implica que hay una posibilidad de sanciones en atención a lo que puedan aportar a la paz total, así vayan a ser objeto de normas penales”, señaló el canciller designado.

De acuerdo con Leyva, la idea es reemplazar el concepto de “sometimiento a la justicia” por el de “acogimiento”, como se contempló con las Farc, pues la idea es que se reincorporen a la sociedad a cambio de información que conduzca al desmantelamiento total de su actividad criminal. Por supuesto eso implicaría beneficios jurídicos para los integrantes de esos grupos criminales, en línea con la noción de paz del nuevo gobierno que se basa en “abrir puertas” y no cerrárselas a los miembros de las organizaciones al margen de la ley, aclarando que ninguno de estos procesos significará “la ausencia de justicia”

Leyva ha sido el encargado de empezar a explorar el tema mediante reuniones con los obispos de la Conferencia Episcopal y con el monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia para las relaciones Iglesia-Estado. Con ellos, Leyva extendió a la Iglesia la invitación de Gustavo a que se vincule a la búsqueda de una paz total.

También ha tenido encuentros con José Miguel Vivanco, exdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch; con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina; con el canciller venezolano Carlos Faría y el gobernador de Táchira (Venezuela), Freddy Bernal, entre otros, con quienes también ha sondeado su apoyo a la búsqueda de una paz más amplia que la que se podría negociar con uno u otro grupo armado.

¿Sometimiento o acogimiento? Esa fue la pregunta que hizo Álvaro Leyva, canciller designado, durante un encuentro que se realizó el miércoles y que fue convocado por la plataforma Defendamos la Paz. Leyva, es un estandarte de varios procesos de paz del país. Por ejemplo, fue clave en la mediación durante el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc, y ha tenido participación en casi todos los procesos de paz que el Estado intentó adelantar con grupos al margen de la ley. Incluso en el Acuerdo de Paz con las Farc, Leyva tuvo un papel vital en la estructuración de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Por eso su experimentada voz es una de las que más se escuchan ahora que el gobierno electo, que encabezarán Gustavo Petro y Francia Márquez, plantea una nueva política de paz que se ha bautizado como “paz total”. Palabras más, palabras menos, este concepto significa la búsqueda de una paz completa y no parcial, como según el gobierno entrante ha ocurrido con todos los procesos de paz que ha adelantado el Estado.

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Un ejemplo de eso es lo ocurrido con el Acuerdo de Paz con las Farc que está en un lentísimo proceso de implementación, y que por eso mismo ha derivado en el surgimiento de disidencias, asesinato de excombatientes y ocupación de los territorios que antes fueron ocupadas por la extinta guerrilla. “Volvemos a las disidencias de las disidencias, y tenemos ya organizaciones como el llamado Clan del Golfo que es una sumatoria de disidencias. No podemos seguir por ese camino. A pesar de que el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC ha significado enormes avances, el modelo que hay que aplicar es diferente y es un modelo totalizante”, dijo hace unas semanas a El País el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico), otro de los promotores de la paz total y conocido por su apoyo a diferentes procesos de paz.

Desde el gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto trabajan en estructurar y explicar lo que será esa nueva política en la que estarán incluidos grupos como el Clan del Golfo y otras estructuras con las que, consideran, se debe negociar para evitar rebrotes de violencia. Durante el encuentro convocado por Defendamos la Paz, Leyva tomó como ejemplo lo acordado entre el Estado y las Farc para explicar la ruta que se podría seguir con el Eln, el Clan del Golfo y las demás estructuras criminales con las que se pretende negociar.

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“En los acuerdos de La Habana se habla de acogimiento. ¿Eso qué es? Puede haber beneficios, porque el sometimiento es el sometimiento al Código Penal. Pero si hay delación implica que hay una posibilidad de sanciones en atención a lo que puedan aportar a la paz total, así vayan a ser objeto de normas penales”, señaló el canciller designado.

De acuerdo con Leyva, la idea es reemplazar el concepto de “sometimiento a la justicia” por el de “acogimiento”, como se contempló con las Farc, pues la idea es que se reincorporen a la sociedad a cambio de información que conduzca al desmantelamiento total de su actividad criminal. Por supuesto eso implicaría beneficios jurídicos para los integrantes de esos grupos criminales, en línea con la noción de paz del nuevo gobierno que se basa en “abrir puertas” y no cerrárselas a los miembros de las organizaciones al margen de la ley, aclarando que ninguno de estos procesos significará “la ausencia de justicia”

Leyva ha sido el encargado de empezar a explorar el tema mediante reuniones con los obispos de la Conferencia Episcopal y con el monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia para las relaciones Iglesia-Estado. Con ellos, Leyva extendió a la Iglesia la invitación de Gustavo a que se vincule a la búsqueda de una paz total.

También ha tenido encuentros con José Miguel Vivanco, exdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch; con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina; con el canciller venezolano Carlos Faría y el gobernador de Táchira (Venezuela), Freddy Bernal, entre otros, con quienes también ha sondeado su apoyo a la búsqueda de una paz más amplia que la que se podría negociar con uno u otro grupo armado.