“Somos lideresas en temas de seguridad y defensa”: Katherine Aguirre

¿Qué comentario le suscita el impresionante caso de asesinato de una joven, a bala, por su pareja, en un concurrido centro comercial de Bogotá, justo el día en que el país celebraba una fecha simbólica de homenaje a las madres?

Ese doloroso caso evidencia los riesgos que se enfrentan en un sistema patriarcal que hace que los hombres crean que tienen la propiedad y el control sobre las mujeres, quienes se encuentran atrapadas en medio de unas relaciones abusivas y violentas. Se evidencia, también, la inoperancia del Estado en la prevención de ese caso que fue anticipado y reportado, y la falta de coordinación de las agencias oficiales para proteger a la víctima. Además, es necesario reparar en el cruce del fenómeno de la masculinidad violenta con la presencia de armas de fuego. Y, en particular, me llama la atención el bajo nivel del debate público y la ausencia de enfoque de género en los medios de comunicación, que continúan cubriendo este tipo de situaciones de un modo que conduce a responsabilizar a la víctima por lo que le sucedió.

¿Por qué cree que hay bajo nivel de debate en redes y medios si este y muchos casos más reciben amplio cubrimiento? ¿Tal vez se refiere a la calidad de la información?

Sí. La cantidad de informaciones no es tan relevante como su calidad. Se reproducen imaginarios del pasado que terminan justificando los actos violentos de los hombres con la disculpa, por ejemplo, de que amaban mucho a la mujer que atacaron. Terminan, así, concediéndoles a los victimarios una especie de licencia para atacar a su pareja, perseguirla, destruir su autonomía y hasta matarla. El nivel de cubrimiento de los medios sin enfoque de género se nota, también, en el escaso conocimiento de las definiciones penales y en el uso ligero de categorías como “crimen pasional” e “ira e intenso dolor” que no responden a las graves responsabilidades de los perpetradores de feminicidios. Esos términos tienden a justificar, en alguna medida, la conducta del agresor.

En el caso de la joven asesinada en el centro comercial, ¿cuáles mensajes o noticias de las difundidas terminan responsabilizando a la víctima?

Lo primero que se me viene a la mente es la revictimización que sufrió la joven cuando la alcaldesa López declaró que la víctima denunció tarde a su pareja y no quiso aceptar vivir en una casa refugio. De este modo, puso la responsabilidad de su asesinato en la mujer y no en el asesino. De otra parte, nadie se preguntó —públicamente, al menos— cómo era posible que el victimario hubiera podido ingresar con un arma a un sitio que se supone que tiene alto nivel de seguridad; cómo pudo transportarla por toda la ciudad sin control ni cómo la adquirió en un mercado ilegal. Y cuando se reportó la noticia, los medios enmarcaron el hecho como un crimen “pasional”. De ahí, se pasó a “analizar” la relación del asesino con la víctima para llegar a la conclusión de que él sentía mucho dolor. Es decir, la imagen del victimario terminó siendo la de una víctima.

¿Las denuncias, los informes, foros y artículos periodísticos sobre la violencia contra las mujeres no son suficientes para crear una cultura contraria a la machista?

Es claro que las estrategias de protección y sanción de la violencia contra la mujer no han funcionado y que falla la cadena de responsabilidades en el monitoreo de mujeres en riesgo. Los cuerpos estatales de investigación y protección —comisarías de familia, fiscalías, Policía— no son suficientes ni eficientes. En el caso ocurrido esta semana se evidencian, además de falencias en prevención de violencias de género, fallas en la seguridad ciudadana, pues todas las personas que estaban en ese lugar estuvieron expuestas a un grave riesgo. La deconstrucción de masculinidades violentas y posesivas es absolutamente indispensable.

En general, hay confusión sobre el concepto de feminicidio. ¿Cuáles crímenes constituyen feminicidio y cuáles no siendo la víctima una mujer?

Los feminicidios en Colombia fueron definidos por la ley “Rosa Elvira Cely” como la muerte violenta de una mujer por su condición de tal o por motivos de su identidad de género. En general, se habla de homicidio de mujeres cuando el crimen se produce en otros contextos como los de crimen organizado o crímenes patrimoniales, por ejemplo, hurtos callejeros. En los conflictos armados hay una complejidad particular, dado que los cuerpos de las mujeres han sido considerados como “botín de guerra”. Sobre este último fenómeno, Colombia es el primer país que le ha puesto un foco de análisis dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición del Acuerdo de Paz. Allí se incluyó el enfoque diferencial y de género para poner especial atención a la victimización sufrida por las mujeres en el conflicto armado.

¿Qué ha encontrado como coordinadora de la red Amassuru Mujeres en Seguridad, que se ha ocupado del impacto de la presencia de armas de fuego en la vida de las mujeres?

En un informe con varios artículos de nuestras expertas, encontramos que debe analizarse el rol de la masculinidad en la cultura de las armas, para poder diseñar medidas efectivas de reducción de la violencia. El uso de las armas y su propiedad se encuentran estrechamente vinculados a expresiones específicas de masculinidad como el control, el poder, la dominación y la fuerza. El orden patriarcal determina que el hombre fuerte y armado se protege a sí mismo, a su familia y a su comunidad, y tiene capacidad para disuadir el crimen mediante un arma de fuego. Este elemento (masculinidad y cultura de armas) ha sido capitalizado, recientemente, por Trump y Bolsonaro que han abogado por el acceso libre a las armas por parte de los ciudadanos.

Aun cuando suene brutal decirlo, con la lógica cultural machista, ¿se puede concluir, entonces, que la población masculina armada es la dominante y que la población femenina desarmada es la dominada?

En Colombia no existen datos públicos sobre cuántos permisos legales a hombres ha dado el Departamento de Comercio de Armas del Comando General de las Fuerzas Armadas y cuántos de esos permisos se han concedido a mujeres. Se sabe, por ejemplo y de manera indicativa, que en México, solo un 0,62 % (o sea, menos del 1 %) de esas licencias fueron otorgadas a mujeres. También es claro que aunque el arma de fuego no sea el único objeto violento presente en los ataques de género, es utilizada en todo el continuo de violencias incluyendo las sexuales y psicológicas.

¿Qué se ha encontrado en específico sobre la relación entre violencia armada y feminicidio?

Como dije, las armas de fuego se encuentran en el continuo de las violencias domésticas: se usan para amenazar, ejercer coerción y herir psicológica, sexual, emocional y físicamente con lesiones que pueden llegar o no a ser letales. Evidencia de Estados Unidos demuestra que las personas que llevan armas de fuego a su casa las utilizan, con igual o mayor frecuencia, como instrumento para ejercer violencia doméstica como para enfrentar a un delincuente. También se ha demostrado en ese país que la tenencia de armas de fuego aumenta, en 41 %, el riesgo de feminicidio en el hogar. De la misma manera, la mujer está expuesta en el espacio público. De nuevo, estudios en México muestran que, en contextos públicos violentos, el uso de armas de fuego impacta más a las mujeres que a los hombres.

Eso que usted dice pone en duda la creencia de que la seguridad ciudadana se incrementa cuando la gente posee armas de fuego para su uso personal.

Sí, se rompe uno de los mitos más sonados. Hay amplia evidencia en el mundo según la cual, en ningún contexto, tener un arma de fuego es seguro. La realidad es que tener arma de fuego en el hogar aumenta las probabilidades de que se presenten accidentes (11 % de posibilidad de ser víctima con su propia arma), suicidios, violencia doméstica y de pareja, como ya anoté. En segundo lugar, también hay comprobación acerca de que las armas de fuego no sirven para disuadir ni prevenir el crimen y, en cambio, crea riesgos, también, en el espacio público.

¿Qué es y cuáles son los objetivos de la red Amassuru Mujeres en Seguridad que usted fundó?

Se trata de una red de mujeres que trabajamos en temas de seguridad y defensa en Latinoamérica y el Caribe (LAC). Fue creada para promover el trabajo de las mujeres en esta área, además de facilitar la visibilidad y los espacios de discusión en la región. Iniciada en 2019, la red se ha establecido en toda América Latina con más de 700 participantes que tenemos espacios de trabajo conjunto para debatir, difundir y colaborar en este campo. La palabra “amassuru” proviene del idioma tupi y se refiere a las mujeres Amazonas fuertes y valientes que encontraron los españoles al llegar a Latinoamérica y el Caribe.

¿Qué porcentaje de las mujeres de la red son profesionales de áreas relacionadas?

De las mujeres que conforman la red, el 49 % tiene maestría en curso o ya terminados los estudios, el 29 % cuenta con doctorado en curso o completo, el 41 % tiene más de 10 años de experiencia en su campo y el 17 % están comenzando su carrera profesional.

¿Por qué es útil el enfoque de género para abordar la seguridad y la defensa en el continente?

Porque permite una comprensión más amplia de ese concepto que la de una visión patriarcal de seguridad estatal y del abordaje de la criminalidad. El enfoque de género rompe la creencia común de que la violencia contra la mujer se limita a casos domésticos y sexuales, cuando la realidad es que padece, de una manera muy diferente, las violencias urbanas, las violencias políticas y los conflictos. Si no se atiende esta diferenciación, ninguna política tradicional de defensa y seguridad tendrá éxito porque ignora —y por tanto, excluye— la problemática de más de la mitad de las poblaciones de cada nación latinoamericana que está compuesta por mujeres. Nuestro liderazgo en temas de seguridad garantiza la inclusión de estrategias más centradas en visiones locales y de beneficio de la comunidad; potencia habilidades respecto a la mediación y resolución de conflictos e incorpora estrategias de interrupción y contención de la violencia.

Entonces, ¿intentan modificar lo que llaman enfoque patriarcal en este campo y por qué tales cambios significarían mejoras en la vida cotidiana de la gente?

En lo que se refiere a políticas de seguridad para mujeres, el enfoque tradicional patriarcal parte de dos elementos: primero, la consideración de que el espacio de la mujer es principalmente su casa —en actividades de cuidado—, por lo cual estar en la calle, por ejemplo, de noche, es riesgoso e inadecuado. Segundo, como su lugar no se encuentra en el espacio público, su presencia en debates, en escenarios de liderazgo y en tomas de decisión queda excluida. Por el contrario, en la red contamos con análisis, argumentos y evidencias sobre las violencias a las que está expuesta la mujer y las estrategias eficaces para prevenirla, que no están contempladas en esa visión tradicional patriarcal.

En términos generales, ¿cuáles son las fallas más graves que ustedes han encontrado en las políticas públicas sobre seguridad y defensa trazadas con base en una mirada exclusivamente masculina?

La ausencia de enfoques con diferenciales esenciales como los de género, etnia y clase social no permite identificar las violencias en el hogar, la ciudad, los conflictos armados y la criminalidad organizada, entre otros contextos; lo cual conduce a políticas públicas ineficientes e incompletas, además de machistas, racistas y clasistas que se basan no en el conocimiento de las realidades, sino en estereotipos que reproducen la desigualdad, la exclusión y las violencias.

La creación de la red Amassuru indica, por sí misma, un fenómeno de exclusión de género en estas políticas. ¿Cuántas y cuáles mujeres en los países analizados han ocupado cargos oficiales de incidencia pública en los últimos años?

En Colombia solo hemos tenido una ministra de Defensa: Marta Lucía Ramírez que, para ser franca, no hizo aportes significativos para visibilizar ni abordar la problemática de la violencia contra las mujeres. En general, las mujeres han estado ausentes, en nuestro país, en cargos estatales de dirección en las secretarías de seguridad, en el Ministerio de Defensa o en puestos significativos en la materia concreta de seguridad y defensa, en la fuerza pública. Sin embargo, no hay que desconocer que, aunque sean movimientos lentos, las cosas han ido cambiando.

¿En cuáles casos?

La alcaldesa Claudia López trinó, hace unas horas, que por primera vez Bogotá contará, al tiempo, con tres mujeres lideresas en los campos de justicia (Fiscalía), seguridad (Policía) y gobierno (ella). Imagino que esa realidad deberá tener implicaciones en la perspectiva de políticas públicas para la capital. Destaco, además, el reciente nombramiento de la primera mujer, de la Policía, que dirigirá el antiguo ESMAD, que hoy se llama Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), lo cual también debe incidir en la transformación en la manera de operar de sus miembros. Por otro lado, mujeres activas en nuestra red han sido nombradas recientemente en cargos de alto nivel en este campo: la secretaria de Seguridad de Quito y la directora de Seguridad Pública del Ministerio de Defensa de Colombia. Otros casos regionales notables incluyen a Lucía Dammert, exjefa de asesores del gabinete del presidente chileno Gabriel Boric.

Mujeres expertas en seguridad y defensa pero, ¿excluidas del poder?

¿Por qué decidieron crear su propia red latinoamericana, con enfoque de género, en el área de seguridad y defensa?

Surgió con la queja por la ausencia de mujeres, primero, en mi ciudad, Cali, y después en otras ciudades y países latinoamericanos, en el desarrollo de políticas en materia tan vital para la vida de nuestras sociedades como seguridad y defensa. Quienes conformamos la red Amassuru somos profesionales con especializaciones, doctorados y maestrías. Estamos altamente calificadas y nos unimos para visibilizar la exclusión sistémica en este campo, de las mujeres. La Red cuenta con la dirección de Nidia Beltrán, economista colombiana; Carolina Sampó, politóloga argentina y profesora visitante de la Universidad de Maryland y Adriana Erthal Abdenur, politóloga brasilera, experta en Relaciones Internacionales y cooperación continental, actualmente, asesora del presidente Lula. Se nos han unido, como coordinadoras, Carolina Duque, abogada colombiana, mentora en la Iniciativa Global contra el crimen organizado; Alessandra Jungs de Almeida, internacionalista brasilera y Julia Arcieri, argentina vinculada al Ministerio de Defensa de Chile.

Seguridad ciudadana con enfoque de género, un derecho civil

Deme un ejemplo sobre un cambio fundamental, en materia de seguridad pública, que podría incidir positivamente en las poblaciones si se aplican políticas de defensa con enfoque de género.

La seguridad en las ciudades tendría cambios profundos en sus estrategias. La forma como las mujeres viven en el ambiente urbano, pasa prácticamente desapercibida en el enfoque patriarcal. Por ejemplo, los funcionarios tradicionales no se dan cuenta de que las mujeres suelen tomar rutas y transportes más largos y costosos. No lo hacen porque ellas decidan vivir de manera más difícil sino para evitar riesgos puesto que se encuentran más expuestas en los accesos disponibles. El urbanismo con enfoque de género rompe la idea de que las mujeres pertenecen a la casa y al encierro y la de que si salen al espacio público se exponen por su propia culpa y bajo su responsabilidad, como si no fuera deber del Estado su protección. Desde luego, este cambio pasa, también, por derrotar la creencia de que la mujer, por norma, debe permanecer en casa, sobre todo de noche. La ciudad y su disfrute pertenecen a todos, sin distingo de género.

¿Qué comentario le suscita el impresionante caso de asesinato de una joven, a bala, por su pareja, en un concurrido centro comercial de Bogotá, justo el día en que el país celebraba una fecha simbólica de homenaje a las madres?

Ese doloroso caso evidencia los riesgos que se enfrentan en un sistema patriarcal que hace que los hombres crean que tienen la propiedad y el control sobre las mujeres, quienes se encuentran atrapadas en medio de unas relaciones abusivas y violentas. Se evidencia, también, la inoperancia del Estado en la prevención de ese caso que fue anticipado y reportado, y la falta de coordinación de las agencias oficiales para proteger a la víctima. Además, es necesario reparar en el cruce del fenómeno de la masculinidad violenta con la presencia de armas de fuego. Y, en particular, me llama la atención el bajo nivel del debate público y la ausencia de enfoque de género en los medios de comunicación, que continúan cubriendo este tipo de situaciones de un modo que conduce a responsabilizar a la víctima por lo que le sucedió.

¿Por qué cree que hay bajo nivel de debate en redes y medios si este y muchos casos más reciben amplio cubrimiento? ¿Tal vez se refiere a la calidad de la información?

Sí. La cantidad de informaciones no es tan relevante como su calidad. Se reproducen imaginarios del pasado que terminan justificando los actos violentos de los hombres con la disculpa, por ejemplo, de que amaban mucho a la mujer que atacaron. Terminan, así, concediéndoles a los victimarios una especie de licencia para atacar a su pareja, perseguirla, destruir su autonomía y hasta matarla. El nivel de cubrimiento de los medios sin enfoque de género se nota, también, en el escaso conocimiento de las definiciones penales y en el uso ligero de categorías como “crimen pasional” e “ira e intenso dolor” que no responden a las graves responsabilidades de los perpetradores de feminicidios. Esos términos tienden a justificar, en alguna medida, la conducta del agresor.

En el caso de la joven asesinada en el centro comercial, ¿cuáles mensajes o noticias de las difundidas terminan responsabilizando a la víctima?

Lo primero que se me viene a la mente es la revictimización que sufrió la joven cuando la alcaldesa López declaró que la víctima denunció tarde a su pareja y no quiso aceptar vivir en una casa refugio. De este modo, puso la responsabilidad de su asesinato en la mujer y no en el asesino. De otra parte, nadie se preguntó —públicamente, al menos— cómo era posible que el victimario hubiera podido ingresar con un arma a un sitio que se supone que tiene alto nivel de seguridad; cómo pudo transportarla por toda la ciudad sin control ni cómo la adquirió en un mercado ilegal. Y cuando se reportó la noticia, los medios enmarcaron el hecho como un crimen “pasional”. De ahí, se pasó a “analizar” la relación del asesino con la víctima para llegar a la conclusión de que él sentía mucho dolor. Es decir, la imagen del victimario terminó siendo la de una víctima.

¿Las denuncias, los informes, foros y artículos periodísticos sobre la violencia contra las mujeres no son suficientes para crear una cultura contraria a la machista?

Es claro que las estrategias de protección y sanción de la violencia contra la mujer no han funcionado y que falla la cadena de responsabilidades en el monitoreo de mujeres en riesgo. Los cuerpos estatales de investigación y protección —comisarías de familia, fiscalías, Policía— no son suficientes ni eficientes. En el caso ocurrido esta semana se evidencian, además de falencias en prevención de violencias de género, fallas en la seguridad ciudadana, pues todas las personas que estaban en ese lugar estuvieron expuestas a un grave riesgo. La deconstrucción de masculinidades violentas y posesivas es absolutamente indispensable.

En general, hay confusión sobre el concepto de feminicidio. ¿Cuáles crímenes constituyen feminicidio y cuáles no siendo la víctima una mujer?

Los feminicidios en Colombia fueron definidos por la ley “Rosa Elvira Cely” como la muerte violenta de una mujer por su condición de tal o por motivos de su identidad de género. En general, se habla de homicidio de mujeres cuando el crimen se produce en otros contextos como los de crimen organizado o crímenes patrimoniales, por ejemplo, hurtos callejeros. En los conflictos armados hay una complejidad particular, dado que los cuerpos de las mujeres han sido considerados como “botín de guerra”. Sobre este último fenómeno, Colombia es el primer país que le ha puesto un foco de análisis dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición del Acuerdo de Paz. Allí se incluyó el enfoque diferencial y de género para poner especial atención a la victimización sufrida por las mujeres en el conflicto armado.

¿Qué ha encontrado como coordinadora de la red Amassuru Mujeres en Seguridad, que se ha ocupado del impacto de la presencia de armas de fuego en la vida de las mujeres?

En un informe con varios artículos de nuestras expertas, encontramos que debe analizarse el rol de la masculinidad en la cultura de las armas, para poder diseñar medidas efectivas de reducción de la violencia. El uso de las armas y su propiedad se encuentran estrechamente vinculados a expresiones específicas de masculinidad como el control, el poder, la dominación y la fuerza. El orden patriarcal determina que el hombre fuerte y armado se protege a sí mismo, a su familia y a su comunidad, y tiene capacidad para disuadir el crimen mediante un arma de fuego. Este elemento (masculinidad y cultura de armas) ha sido capitalizado, recientemente, por Trump y Bolsonaro que han abogado por el acceso libre a las armas por parte de los ciudadanos.

Aun cuando suene brutal decirlo, con la lógica cultural machista, ¿se puede concluir, entonces, que la población masculina armada es la dominante y que la población femenina desarmada es la dominada?

En Colombia no existen datos públicos sobre cuántos permisos legales a hombres ha dado el Departamento de Comercio de Armas del Comando General de las Fuerzas Armadas y cuántos de esos permisos se han concedido a mujeres. Se sabe, por ejemplo y de manera indicativa, que en México, solo un 0,62 % (o sea, menos del 1 %) de esas licencias fueron otorgadas a mujeres. También es claro que aunque el arma de fuego no sea el único objeto violento presente en los ataques de género, es utilizada en todo el continuo de violencias incluyendo las sexuales y psicológicas.

¿Qué se ha encontrado en específico sobre la relación entre violencia armada y feminicidio?

Como dije, las armas de fuego se encuentran en el continuo de las violencias domésticas: se usan para amenazar, ejercer coerción y herir psicológica, sexual, emocional y físicamente con lesiones que pueden llegar o no a ser letales. Evidencia de Estados Unidos demuestra que las personas que llevan armas de fuego a su casa las utilizan, con igual o mayor frecuencia, como instrumento para ejercer violencia doméstica como para enfrentar a un delincuente. También se ha demostrado en ese país que la tenencia de armas de fuego aumenta, en 41 %, el riesgo de feminicidio en el hogar. De la misma manera, la mujer está expuesta en el espacio público. De nuevo, estudios en México muestran que, en contextos públicos violentos, el uso de armas de fuego impacta más a las mujeres que a los hombres.

Eso que usted dice pone en duda la creencia de que la seguridad ciudadana se incrementa cuando la gente posee armas de fuego para su uso personal.

Sí, se rompe uno de los mitos más sonados. Hay amplia evidencia en el mundo según la cual, en ningún contexto, tener un arma de fuego es seguro. La realidad es que tener arma de fuego en el hogar aumenta las probabilidades de que se presenten accidentes (11 % de posibilidad de ser víctima con su propia arma), suicidios, violencia doméstica y de pareja, como ya anoté. En segundo lugar, también hay comprobación acerca de que las armas de fuego no sirven para disuadir ni prevenir el crimen y, en cambio, crea riesgos, también, en el espacio público.

¿Qué es y cuáles son los objetivos de la red Amassuru Mujeres en Seguridad que usted fundó?

Se trata de una red de mujeres que trabajamos en temas de seguridad y defensa en Latinoamérica y el Caribe (LAC). Fue creada para promover el trabajo de las mujeres en esta área, además de facilitar la visibilidad y los espacios de discusión en la región. Iniciada en 2019, la red se ha establecido en toda América Latina con más de 700 participantes que tenemos espacios de trabajo conjunto para debatir, difundir y colaborar en este campo. La palabra “amassuru” proviene del idioma tupi y se refiere a las mujeres Amazonas fuertes y valientes que encontraron los españoles al llegar a Latinoamérica y el Caribe.

¿Qué porcentaje de las mujeres de la red son profesionales de áreas relacionadas?

De las mujeres que conforman la red, el 49 % tiene maestría en curso o ya terminados los estudios, el 29 % cuenta con doctorado en curso o completo, el 41 % tiene más de 10 años de experiencia en su campo y el 17 % están comenzando su carrera profesional.

¿Por qué es útil el enfoque de género para abordar la seguridad y la defensa en el continente?

Porque permite una comprensión más amplia de ese concepto que la de una visión patriarcal de seguridad estatal y del abordaje de la criminalidad. El enfoque de género rompe la creencia común de que la violencia contra la mujer se limita a casos domésticos y sexuales, cuando la realidad es que padece, de una manera muy diferente, las violencias urbanas, las violencias políticas y los conflictos. Si no se atiende esta diferenciación, ninguna política tradicional de defensa y seguridad tendrá éxito porque ignora —y por tanto, excluye— la problemática de más de la mitad de las poblaciones de cada nación latinoamericana que está compuesta por mujeres. Nuestro liderazgo en temas de seguridad garantiza la inclusión de estrategias más centradas en visiones locales y de beneficio de la comunidad; potencia habilidades respecto a la mediación y resolución de conflictos e incorpora estrategias de interrupción y contención de la violencia.

Entonces, ¿intentan modificar lo que llaman enfoque patriarcal en este campo y por qué tales cambios significarían mejoras en la vida cotidiana de la gente?

En lo que se refiere a políticas de seguridad para mujeres, el enfoque tradicional patriarcal parte de dos elementos: primero, la consideración de que el espacio de la mujer es principalmente su casa —en actividades de cuidado—, por lo cual estar en la calle, por ejemplo, de noche, es riesgoso e inadecuado. Segundo, como su lugar no se encuentra en el espacio público, su presencia en debates, en escenarios de liderazgo y en tomas de decisión queda excluida. Por el contrario, en la red contamos con análisis, argumentos y evidencias sobre las violencias a las que está expuesta la mujer y las estrategias eficaces para prevenirla, que no están contempladas en esa visión tradicional patriarcal.

En términos generales, ¿cuáles son las fallas más graves que ustedes han encontrado en las políticas públicas sobre seguridad y defensa trazadas con base en una mirada exclusivamente masculina?

La ausencia de enfoques con diferenciales esenciales como los de género, etnia y clase social no permite identificar las violencias en el hogar, la ciudad, los conflictos armados y la criminalidad organizada, entre otros contextos; lo cual conduce a políticas públicas ineficientes e incompletas, además de machistas, racistas y clasistas que se basan no en el conocimiento de las realidades, sino en estereotipos que reproducen la desigualdad, la exclusión y las violencias.

La creación de la red Amassuru indica, por sí misma, un fenómeno de exclusión de género en estas políticas. ¿Cuántas y cuáles mujeres en los países analizados han ocupado cargos oficiales de incidencia pública en los últimos años?

En Colombia solo hemos tenido una ministra de Defensa: Marta Lucía Ramírez que, para ser franca, no hizo aportes significativos para visibilizar ni abordar la problemática de la violencia contra las mujeres. En general, las mujeres han estado ausentes, en nuestro país, en cargos estatales de dirección en las secretarías de seguridad, en el Ministerio de Defensa o en puestos significativos en la materia concreta de seguridad y defensa, en la fuerza pública. Sin embargo, no hay que desconocer que, aunque sean movimientos lentos, las cosas han ido cambiando.

¿En cuáles casos?

La alcaldesa Claudia López trinó, hace unas horas, que por primera vez Bogotá contará, al tiempo, con tres mujeres lideresas en los campos de justicia (Fiscalía), seguridad (Policía) y gobierno (ella). Imagino que esa realidad deberá tener implicaciones en la perspectiva de políticas públicas para la capital. Destaco, además, el reciente nombramiento de la primera mujer, de la Policía, que dirigirá el antiguo ESMAD, que hoy se llama Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), lo cual también debe incidir en la transformación en la manera de operar de sus miembros. Por otro lado, mujeres activas en nuestra red han sido nombradas recientemente en cargos de alto nivel en este campo: la secretaria de Seguridad de Quito y la directora de Seguridad Pública del Ministerio de Defensa de Colombia. Otros casos regionales notables incluyen a Lucía Dammert, exjefa de asesores del gabinete del presidente chileno Gabriel Boric.

Mujeres expertas en seguridad y defensa pero, ¿excluidas del poder?

¿Por qué decidieron crear su propia red latinoamericana, con enfoque de género, en el área de seguridad y defensa?

Surgió con la queja por la ausencia de mujeres, primero, en mi ciudad, Cali, y después en otras ciudades y países latinoamericanos, en el desarrollo de políticas en materia tan vital para la vida de nuestras sociedades como seguridad y defensa. Quienes conformamos la red Amassuru somos profesionales con especializaciones, doctorados y maestrías. Estamos altamente calificadas y nos unimos para visibilizar la exclusión sistémica en este campo, de las mujeres. La Red cuenta con la dirección de Nidia Beltrán, economista colombiana; Carolina Sampó, politóloga argentina y profesora visitante de la Universidad de Maryland y Adriana Erthal Abdenur, politóloga brasilera, experta en Relaciones Internacionales y cooperación continental, actualmente, asesora del presidente Lula. Se nos han unido, como coordinadoras, Carolina Duque, abogada colombiana, mentora en la Iniciativa Global contra el crimen organizado; Alessandra Jungs de Almeida, internacionalista brasilera y Julia Arcieri, argentina vinculada al Ministerio de Defensa de Chile.

Seguridad ciudadana con enfoque de género, un derecho civil

Deme un ejemplo sobre un cambio fundamental, en materia de seguridad pública, que podría incidir positivamente en las poblaciones si se aplican políticas de defensa con enfoque de género.

La seguridad en las ciudades tendría cambios profundos en sus estrategias. La forma como las mujeres viven en el ambiente urbano, pasa prácticamente desapercibida en el enfoque patriarcal. Por ejemplo, los funcionarios tradicionales no se dan cuenta de que las mujeres suelen tomar rutas y transportes más largos y costosos. No lo hacen porque ellas decidan vivir de manera más difícil sino para evitar riesgos puesto que se encuentran más expuestas en los accesos disponibles. El urbanismo con enfoque de género rompe la idea de que las mujeres pertenecen a la casa y al encierro y la de que si salen al espacio público se exponen por su propia culpa y bajo su responsabilidad, como si no fuera deber del Estado su protección. Desde luego, este cambio pasa, también, por derrotar la creencia de que la mujer, por norma, debe permanecer en casa, sobre todo de noche. La ciudad y su disfrute pertenecen a todos, sin distingo de género.