Conciliación entre Cancillería y Thomas Greg se definirá el 15 de diciembre

Pasaportes - Oficina en el centro de Bogotá

Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

Aunque en un principio se dijo que el canciller Álvaro Leyva y el presidente Petro no apoyaban la opción de conciliar con Thomas Greg, por el caso de la licitación de pasaportes, todo indica que, finalmente, adoptarían la recomendación de negociar. Así se conoció este jueves, tras la primera audiencia de conciliación, en la Procuraduría.

La sesión solo duró una hora y se suspendió tras conocerse que el comité de conciliaciones de la Cancillería acogió la solicitud de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado de alcanzar un acuerdo extrajudicial. Además, según lo confirmó el abogado de Thomas Greg, Juan Pablo Estrada, la empresa planteó renunciar a la exigencia de $10.000 millones y ofrecer servicios adicionales por $4.000 millones.

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Al conocer la postura de las dos partes, la Procuraduría suspendió la audiencia y la citó nuevamente para el viernes 15 de diciembre, después de las 9:00 de la mañana.

El presidente Petro se refirió al tema este miércoles y aunque no habló directamente de la decisión de conciliar, se mostró firme en la decisión de declarar como desiertas ese tipo de licitaciones. “Las licitaciones de un solo proponente no van en mi administración. Si alguien gana que sea por competencia, en esta administración no hay derechos heredados”, dijo.

Según el mandatario, la orden es abrir un nuevo proceso licitatorio “limpio y sin fórmulas que lleven a un solo proponente predeterminado”. Según la Cancillería, ya hay 19 firmas que buscan participar en el proceso, las cuales debieron entregar sus cotizaciones el 28 de noviembre.

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Entre las empresas interesadas están Sonda, Sertacen, Graphic Security Systems Corporation, Imprimarie Nationale, FMA Secure Limitada, INCM, Cadena, Thales Colombia, Rolland Impresores, Intexus, Data File, Veridos, Muehlbauer, Accesos, Holográficos, la Imprenta Nacional de Colombia y Thomas Greg. Esta última, además de sus pretensiones económicas, que serían de $117.000 millones, busca extender el manejo que actualmente tiene sobre la producción y distribución de los pasaportes.

Fuentes de la firma aseguran que estarían dispuestos a reducir las pretensiones de la eventual demanda y que, si la Cancillería les adjudica el contrato, solo pedirían tres años de ejecución y ofrecerían varios puntos de valor agregado.

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