Suspensión de bombardeos: así se pronunciaron los diferentes sectores políticos

“Los bombardeos deben ser suspendidos, vamos a evaluar el momento específico en el que como una directriz específica se pueda disponer, pero hacia allá es a donde debemos tender”. Con esas palabras, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ordenó a las fuerzas armadas el cese de los bombardeos a los campamentos de grupos armados ilegales, en especial en los que haya certeza que se encuentran menores de edad. De acuerdo con el ministro Velásquez, la orden se sintoniza con las banderas del Gobierno Petro de que “hay que preservar siempre la vida por encima de la muerte”.

Y aunque el ministro recalcó que esto no se traducirá en una disminución de la capacidad de operación de la fuerza pública, una vez hecho el anuncio recibió una lluvia de críticas por parte de la oposición y otros sectores. También hubo quienes aplaudieron la decisión, como el senador Alexánder López (Pacto Histórico), quien dijo que tras este anuncio “se acaba la doctrina de muerte” que a su juicio impulsaron los ministros de Defensa del Gobierno Duque (Diego Molano y Guillermo Botero), quienes “justificaron el asesinato de niños llamándolos ‘máquinas de guerra’ y ‘objetivos legítimos’”.

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En ese mismo sentido la senadora Martha Peralta, también del Pacto Histórico, aplaudió la suspensión de los bombardeos y señaló que es un paso más para avanzar en los diálogos con los diferentes actores armados para alcanzar la paz total. “Los niños y niñas no son ‘máquinas de guerra’, son víctimas y es un crimen de guerra asesinarlos en bombardeos. Buena decisión del gobierno”, expresó.

El presidente de la Comisión de Paz del Congreso, Iván Cepeda, recalcó por su parte que el anuncio es una forma de cumplir los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Coincidió con Peralta en que la determinación abre la puerta a seguir buscando la forma de acabar el conflicto armado. Ante los micrófonos de W Radio, el senador afirmó que “es posible prevenir estas situaciones, se pueden cometer errores y equivocaciones, pero hay manera de prevenir y respetar el principio de la distinción. Los menores de edad, si no participan en combates, no pueden ser considerados combatientes”.

Para la representante Carolina Giraldo (Alianza Verde), la decisión tiene cosas buenas y otras no tanto. Por un lado destacó que el país requiere una fuerza pública que respete los derechos humanos. “No cabe duda de que es es el compromiso del Gobierno”, dijo. No obstante, también señaló que anunciar ese tipo de tácticas públicamente podría ser contraproducente. “Le daría una recomendación respetuosa al ministro: no revelar estrategias de seguridad públicamente. Esto puede terminar dándole una ventaja comparativa a grupos armados”, añadió.

“La prudencia es buena consejera”, dijo Giraldo sobre este tipo de anuncios que a su modo de ver podrían derivar en que los grupos criminales recluten a más menores “para usarlos como escudos humanos”. Esa, de hecho, es la principal tesis que se lanzó desde la derecha, que considera que este cambio será un “incentivo” para el reclutamiento infantil.

“Su medida no protege a los menores”, le dijo el senador Miguel Uribe (Centro Democrático) al ministro Velásquez. “Por el contrario, los convierte en carne de cañón para que se dispare el reclutamiento forzoso. La prioridad debe ser proteger a los menores, pero es irresponsable lo que usted hace y pone en riesgo las operaciones estratégicas de seguridad y protección de todos los colombianos”, dijo Uribe, quien pidió reconsiderar la decisión y continuar con los bombardeos con los que “se han dado golpes certeros al terrorismo”.

También desde el Centro Democrático, el representante Andrés Forero calificó la decisión como “un tiro en el pie” que bajo su óptica va a servir de aliciente para los grupos al margen de la ley. “Con esto nuestra fuerza pública pierde capacidad operativa y los grupos armados se oxigenan. Adicionalmente, constituye un incentivo para que estos grupos sigan reclutando a menores de edad, porque los van a utilizar como escudos humanos”.

Francisco Santos, exvicepresidente durante los dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe, no distó mucho de la posición del uribismo y señaló que la decisión “pone en más peligro a los menores que van a ser reclutados como escudos”, además de “paralizar la fuerza pública”.

“Los bombardeos deben ser suspendidos, vamos a evaluar el momento específico en el que como una directriz específica se pueda disponer, pero hacia allá es a donde debemos tender”. Con esas palabras, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ordenó a las fuerzas armadas el cese de los bombardeos a los campamentos de grupos armados ilegales, en especial en los que haya certeza que se encuentran menores de edad. De acuerdo con el ministro Velásquez, la orden se sintoniza con las banderas del Gobierno Petro de que “hay que preservar siempre la vida por encima de la muerte”.

Y aunque el ministro recalcó que esto no se traducirá en una disminución de la capacidad de operación de la fuerza pública, una vez hecho el anuncio recibió una lluvia de críticas por parte de la oposición y otros sectores. También hubo quienes aplaudieron la decisión, como el senador Alexánder López (Pacto Histórico), quien dijo que tras este anuncio “se acaba la doctrina de muerte” que a su juicio impulsaron los ministros de Defensa del Gobierno Duque (Diego Molano y Guillermo Botero), quienes “justificaron el asesinato de niños llamándolos ‘máquinas de guerra’ y ‘objetivos legítimos’”.

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En ese mismo sentido la senadora Martha Peralta, también del Pacto Histórico, aplaudió la suspensión de los bombardeos y señaló que es un paso más para avanzar en los diálogos con los diferentes actores armados para alcanzar la paz total. “Los niños y niñas no son ‘máquinas de guerra’, son víctimas y es un crimen de guerra asesinarlos en bombardeos. Buena decisión del gobierno”, expresó.

El presidente de la Comisión de Paz del Congreso, Iván Cepeda, recalcó por su parte que el anuncio es una forma de cumplir los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Coincidió con Peralta en que la determinación abre la puerta a seguir buscando la forma de acabar el conflicto armado. Ante los micrófonos de W Radio, el senador afirmó que “es posible prevenir estas situaciones, se pueden cometer errores y equivocaciones, pero hay manera de prevenir y respetar el principio de la distinción. Los menores de edad, si no participan en combates, no pueden ser considerados combatientes”.

Para la representante Carolina Giraldo (Alianza Verde), la decisión tiene cosas buenas y otras no tanto. Por un lado destacó que el país requiere una fuerza pública que respete los derechos humanos. “No cabe duda de que es es el compromiso del Gobierno”, dijo. No obstante, también señaló que anunciar ese tipo de tácticas públicamente podría ser contraproducente. “Le daría una recomendación respetuosa al ministro: no revelar estrategias de seguridad públicamente. Esto puede terminar dándole una ventaja comparativa a grupos armados”, añadió.

“La prudencia es buena consejera”, dijo Giraldo sobre este tipo de anuncios que a su modo de ver podrían derivar en que los grupos criminales recluten a más menores “para usarlos como escudos humanos”. Esa, de hecho, es la principal tesis que se lanzó desde la derecha, que considera que este cambio será un “incentivo” para el reclutamiento infantil.

“Su medida no protege a los menores”, le dijo el senador Miguel Uribe (Centro Democrático) al ministro Velásquez. “Por el contrario, los convierte en carne de cañón para que se dispare el reclutamiento forzoso. La prioridad debe ser proteger a los menores, pero es irresponsable lo que usted hace y pone en riesgo las operaciones estratégicas de seguridad y protección de todos los colombianos”, dijo Uribe, quien pidió reconsiderar la decisión y continuar con los bombardeos con los que “se han dado golpes certeros al terrorismo”.

También desde el Centro Democrático, el representante Andrés Forero calificó la decisión como “un tiro en el pie” que bajo su óptica va a servir de aliciente para los grupos al margen de la ley. “Con esto nuestra fuerza pública pierde capacidad operativa y los grupos armados se oxigenan. Adicionalmente, constituye un incentivo para que estos grupos sigan reclutando a menores de edad, porque los van a utilizar como escudos humanos”.

Francisco Santos, exvicepresidente durante los dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe, no distó mucho de la posición del uribismo y señaló que la decisión “pone en más peligro a los menores que van a ser reclutados como escudos”, además de “paralizar la fuerza pública”.