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En un país diverso y complejo como el nuestro, pocas veces vemos converger intereses tan dispares en una causa común. Sin embargo, la sustitución de cultivos de uso ilícito ha logrado precisamente eso: unir en un acuerdo nacional a actores que parecían estar en orillas opuestas del espectro político, económico y social.
En territorios como Alto Tamaná, Chocó, a donde llegaron oleadas de colonos del sur del país que huían de las fumigaciones con glifosato en Nariño y Putumayo, los campesinos cocaleros ven en la sustitución una oportunidad para abandonar la economía ilícita y buscar alternativas sostenibles para una vida digna. Durante décadas, muchos de estas personas se han visto obligados a cultivar coca debido a la falta de opciones rentables y seguras.
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El Gobierno Nacional ha asumido un compromiso sin precedentes al establecer políticas públicas y destinar recursos significativos para apoyar la sustitución de los cultivos de uso ilícito. Ejemplo de esto es la Política Nacional de Drogas y los Pactos por la Sustitución, los cuales tienen como fin implementar estrategias intersectoriales para el tránsito de economías ilícitas a lícitas, incluyendo la transformación agroindustrial y el acceso a mercados nacionales e internacionales. Con estos pactos no solo se busca abordar el fenómeno de los cultivos, sino también promover la paz en áreas históricamente marginadas y afectadas por el conflicto armado.
En este proceso, el sector privado ha jugado un papel crucial. Grandes empresas como Nutresa, que hasta hace poco estuvo liderada por los Gilinski, han comprendido la importancia de apoyar iniciativas de desarrollo sostenible en las comunidades que han dependido de las economías ilícitas. A través de alianzas estratégicas con el gobierno, empresas como esta han contribuido con recursos financieros, apoyo técnico y compras garantizadas a precios justos que benefician directamente a los campesinos cocaleros. La sustitución ha juntado a dos mundos que difícilmente se cruzarían en otras circunstancias.
Además del compromiso nacional, la comunidad internacional ha respaldado con entusiasmo estos esfuerzos. Organismos multilaterales, países donantes y agencias de cooperación han brindado apoyo técnico y financiero al gobierno para sacar adelante la sustitución de cultivos. Este respaldo es, además, una muestra de que internacionalmente se ha entendido con cada vez más fuerza que el campesino cocalero no debe ser objeto de estrategias militares, sino sujeto de reforma agraria.
Ahora bien, no podemos ignorar que el camino hacia la sustitución de cultivos presenta dificultades y retos. Persisten obstáculos como la seguridad en las zonas rurales, la estabilidad de los precios de los productos y la necesidad de fortalecer la institucionalidad local para garantizar la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo. Estos desafíos requieren un compromiso continuo y coordinado de todos los sectores involucrados. Además, será crucial reconocer que mientras el mercado de la cocaína sea ilícito y tenga una alta demanda, siempre habrá oferta. Sin embargo, la sustitución es un camino que, indudablemente, conduce hacia un mayor bienestar para los territorios más afectados por la violencia.
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En resumen, un acuerdo nacional en torno a la sustitución de cultivos es un ejemplo claro e inspirador de cómo es posible construir consensos y trabajar en conjunto hacia un objetivo compartido, incluso cuando los intereses y las realidades parecen divergentes. Más allá de las diferencias ideológicas y políticas, este esfuerzo conjunto demuestra que la colaboración entre diferentes actores puede generar resultados positivos y transformadores en una sociedad, especialmente cuando se prioriza el bienestar de las comunidades más vulnerables en los territorios.
Es por eso que quisiera concluir esta columna afirmando que la sustitución de cultivos no solo es una política pública, sino un catalizador para la reconciliación nacional y la construcción de un futuro más próspero para todos los colombianos, especialmente para aquellos que viven donde no hay carreteras ni servicios públicos y donde la presencia del Estado ha sido históricamente escasa. Por eso, a medida que avanzamos en este camino, es fundamental mantener el impulso y el compromiso para asegurar que los beneficios de la sustitución lleguen a las comunidades, consolidando así un verdadero cambio hacia la paz y el desarrollo rural de Colombia.
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