Ya son tres los proyectos que buscan combatir las altas tarifas de energía

Aunque ya han transcurrido diez días desde que un grupo de congresistas de la costa caribe los pegaron, en las paredes del Capitolio aún se ven algunos letreros que dicen “Comemos o pagamos la luz”. Se refieren a los de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Cesar, Magdalena, Sucre, La Guajira, que cada mes ven reflejados los altos precios de la energía en su factura.

Aunque ya han transcurrido diez días desde que un grupo de congresistas de la costa caribe los pegaron, en las paredes del Capitolio aún se ven algunos letreros que dicen “Comemos o pagamos la luz”. Se refieren a los de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Cesar, Magdalena, Sucre, La Guajira, que cada mes ven reflejados los altos precios de la energía en su factura.

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Por eso, los senadores y representantes a cargo de los carteles y que dijeron en medio de las primeras plenarias de 2024 que la gente de la costa ya no aguanta más calor, y menos pagar facturas que han aumentado hasta en un 40 %, radicaron un proyecto de ley que busca regular el costo de la energía eléctrica. Esa misma semana, desde la Alianza Verde también se vio un intento para disminuir las tarifas, pero, en todas las zonas calurosas de Colombia, donde un ventilador o un aire acondicionado “no es un lujo sino una necesidad”.

Aunque las dos propuestas buscan ganarse el apoyo del presidente Gustavo Petro, el Gobierno tiene entre sus planes radicar un proyecto de su autoría para reformar los servicios públicos, en el que el mandatario tendría toda la potestad de regularlos directamente y se crearía un mínimo vital para acueducto, energía eléctrica y gas natural.

Este sería otro intento de Petro por tener la capacidad de regular las tarifas, pues lo buscó mediante el decreto 227 de 16 de febrero de 2023, pero el Consejo de Estado suspendió provisionalmente sus efectos jurídicos y aseguró que el presidente no estaría facultado, solo las comisiones reguladoras: Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA).

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El texto de la bancada costeña, de autoría del senador del Partido de la U Antonio José Correa, contó con las firmas de sus compañeros de bancada Julio Elías Chagüi, Julio Elías Vedal, y de las senadoras liberales Karina Espinoza, Laura Fortich, Claudia Pérez. Este, indicaron, busca que se modifiquen las fórmulas tarifarias para que se llegue a un punto de equilibrio a favor de las empresas y los usuarios, y en el que las pérdidas técnicas y no técnicas no impacten el bolsillo de los colombianos, pues deberían ser asumidas por el operador.

“En el caribe, son los costos del servicio de energía los que disparan la inflación y el costo de vida, por eso se necesita que la CREG genere una nueva fórmula tarifaria que no sea lesiva con los usuarios de la región Caribe”, indicó el senador Correa.

Actualmente, las fórmulas tarifarias tienen una vigencia de cinco años, pero pueden ser modificadas si la empresa argumenta fallas en su cálculo o lesiones en sus intereses o los del usuario. Según el proyecto, el operador ya no podría argumentar lesiones en su contra para el cambio de la tarifa. Esta podrá modificarse por el incumplimiento en el plan de inversiones de la empresa de servicios públicas o por fuerza mayor en la capacidad financiera de la empresa.

“En todo caso, será prevalente el bien común por encima del particular. Las modificaciones dispuestas no podrán generar compromisos del Estado por posibles pérdidas en las utilidades de las empresas de servicios públicas”, menciona el proyecto de ley.

El no hacer responsable al Gobierno por las pérdidas de las empresas operadores, es una de las maneras, de acuerdo con los legisladores, de decirle al presidente Petro que buscan su guiño. Algunos incluso consideran que este proyecto puede favorecerle al mandatario en la percepción que tienen los habitantes de la región Caribe, que en las elecciones presidenciales de 2022 le dieron casi 3 millones de votos.

El representante conservador Wadith Manzur fue una de las voces en recomendarle al Gobierno Nacional darle el visto bueno al proyecto. “La solución no la tiene el Congreso, la tiene el Gobierno Nacional. El presidente podría recuperar popularidad”.

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La frase que lanzó en medio de la plenaria de la Cámara del 16 de febrero, cuando el Congreso regresó del receso legislativo, fácilmente se podría relacionar con el malestar que tiene la bancada de la costa, especialmente la del Atlántico, tras la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027, un hecho que impactará en el trámite de las reformas y proyectos de Petro.

En todo caso, la iniciativa llama a que se vincule la CREG, entidad que también ha planteado cambiar la forma en que se calcula el precio de la energía en el país, pero, que no pasa por su mejor momento y se quedó, nuevamente, sin tres de los cuatro comisionados expertos al habérseles vencido la semana pasada el nombramiento que les hizo el presidente Petro por tres meses.

En realidad, el comité de expertos debería ser conformado por seis, pero con cuatro se conforma el quórum suficiente para adoptar medidas. Algunos sectores han cuestionado que las personas nombradas no han sido de manera permanente y que tampoco han tenido independencia, pues mientras cumplían funciones en la CREG, también lo hacían en entidades como el ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

Entre los cuestionamientos estaría el del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el 25 de enero le dio un plazo de un mes a Petro para que nombrara los seis comisionados permanentemente. El Gobierno respondió con un recurso de apelación, pidiéndole al Consejo de Estado que revocara el fallo.

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De otro lado, el senador Gustavo Moreno radicó una iniciativa: “Proyecto de Energía Limpia”, que busca la creación de un tercer piso térmico para garantizar una distribución equitativa del consumo mínimo de algunos colombianos.

“Es injusto que hoy la energía en Colombia se cobre bajo dos pisos térmicos: los municipios que están ubicados en los 0 a 1.000 metros sobre el nivel del mar y los que están por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar”, sostuvo el senador.

De contar con el respaldo del Congreso y la sanción presidencial, los pisos térmicos para efectos de consumo quedarían de la siguiente manera:

-Alturas inferiores a los 500 metros sobre el nivel del mar.

-Alturas entre los 500 y los 1.000 metros sobre el nivel del mar.

-Alturas iguales o superiores a los 1.000 metros sobre el nivel del mar.

Moreno ya se reunió, para explicarle el proyecto, con el ministro de Minas, Omar Andrés Camacho, quien manifestó que el gobierno Petro tiene toda la intención, como lo estipula el Plan Nacional de Desarrollo, de seguir una ruta hacia la transición energética justa, logrando consensos con el Congreso y las administraciones locales para alcanzar unas tarifas de energía más justas.

Lo incierto es si la búsqueda de esas tarifas justas la hará a través de alguno de estos intentos de los legisladores o con su reforma a los servicios públicos, que, además de las facultades especiales al presidente y la creación del mínimo vital, contempla endurecer las sanciones y acciones contra las prestadoras de servicios.

A pesar de estos acercamientos y mensajes que buscan el apoyo del Ejecutivo, para esta semana, fueron citados el Minminas y la CREG a un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara para abordar la problemática de las altas tarifas, especialmente, con la influencia del Fenómeno del Niño y la volatilidad de los precios de la energía.

Lea los dos proyectos radicados completos:

Proyecto para regular fórmulas tarifarias, bancada de la costa caribe:

Proyecto de Energía Limpia del senador Gustavo Moreno

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