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La senadora Claudia López realizó una dura denuncia sobre el modelo de contratación de Registraduría, donde pese a los altos montos se estaban entregando a dedo o con licitaciones que favorecen a un conglomerado empresarial.
Pero, lo que más sorprendió, fue que la parlamentaria reveló el presunto favorecimiento para la empresa Thomas Greg de la cual el presidente Juan Manuel Santos fue miembro de su junta directiva, renunció cuando asumió como ministro de Defensa en 2006, pero que, al llegar a Presidencia de la República en 2010, registró un crecimiento vertiginoso de sus millonarios contratos.
La situación denunciada por la senadora López deja en evidencia cómo la contratación de la Registraduría, que para elecciones de 2014 y 2015 alcanzó un monto cercano a los $80 mil millones, tuvo un especial favorecimiento para el conglomerado de Thomas Greg que ganó el 86%, un total de más de $690 mil millones.
Señala López “esto no es delito, pero sí fueron entregadas a dedo, con pliegos amañados y es evidente que la contratación, desde que llegó Santos a la presidencia, pasó de $88 mil millones a $690 mil millones. Eso tienen que explicarlo, más si se trata de los amigos de Santos, con los que juega golf”.
De acuerdo con la denuncia, el conglomerado de empresas de Thomas Greg ganó los contratos de logística electoral en cuanto a papelería, lo que se denomina el kit electoral, en 2014 y 2015 que sumados dan más de 370 mil millones. Lo que es curioso, señala López, es que son licitaciones que favorecen a un solo proponente.
Pero hay más, en preconteo y digitalización, que es el momento del escrutinio, las empresas beneficiadas fueron Thomas Greg & Sons Colombia y Thomas Greg & Sons Limited, el monto de estos contratos en las elecciones de 2014 y 2015 es de $234.336 millones.
Además, está el contrato de inscripción de cédulas en el que el favorecido fue el consorcio Unión Temporal Disproel, que en su composición cuenta con las empresas Thomas Greg and Sons Limited, Thomas Greg and Sons Colombia y Thomas Greg Express. En este caso suman más de 60 mil millones.
La senadora Claudia López insiste en que hay un direccionamiento de la contratación en favor de amigos del Gobierno y que esto se está dando en diferentes sectores. En el caso de la Registraduría advierte que esta entidad, de acuerdo con la Constitución, tiene autonomía. Sin embargo, el presupuesto para su funcionamiento, en especial en épocas electorales, depende del presupuesto que entregue el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda.
Además, en esta millonaria contratación estaría la explicación del por qué la Registraduría Nacional, durante la administración de Carlos Ariel Sánchez, no dio ni un paso adelante en la implementación del voto electrónico que por Ley debió darse desde 2011. A juicio de López, los contratos del papel y kit electorales son un jugoso botín.