Idárraga pidió a la SIC revisar caso Thomas por “prácticas restrictivas de competencia”

La Secretaría de Transparencia, en cabeza de Andrés Idárraga, pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) revisar la contratación con Thomas Greg & Sons. El Gobierno de Gustavo Petro mantiene una rencilla con la empresa, que inició con la pelea por la expedición de los pasaportes y a la que señala de tener un monopolio sobre algunos contratos públicos.

De acuerdo con el secretario, los hallazgos de su despacho llevan a indicar que la compañía habría incurrido en “prácticas restrictivas de la competencia”. Así, Idárraga pidió a la SIC que se investigara si efectivamente en la contratación se habría fijado directa o indirectamente los precios e influenciado “a una empresa para que incremente los precios de sus productos o servicios o para que desista de su intención de rebajar los precios”.

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“[Se] tuvo conocimiento de conductas presuntamente constitutivas de hechos de corrupción, que podrían tener incidencia penal, fiscal, disciplinaria y administrativa relacionadas con la celebración de contratos por la Registraduría Nacional del Estado Civil (...), que presuntamente no cumplirían con los requisitos legales”, se lee en el documento.

En el texto que envió el despacho del secretario al Grupo de Prácticas Restrictivas de la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC se explica que “los plazos tan cortos para la ejecución del objeto del proceso de selección no permiten garantizar de forma adecuada la ejecución de las actividades de que se pretenden contratar”. Además, apunta que el pliego de condiciones “evidentemente está cerrando las condiciones de acceso”.

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Este jueves, Idárraga anunció que instauraría una denuncia penal contra la Registraduría por la contratación con esta empresa. Especialmente, por el contrato que se firmó la semana pasada, en el que, de acuerdo con el secretario, se habría violado el principio de economía.

“El pasado viernes, la Registraduría, pese a las alertas de la Secretaría de Transparencia, y frente al Ministerio Público, la Procuraduría, decidió adjudicar un nuevo contrato [de] $41 mil millones para seguir haciendo lo que pareciera que en Colombia nadie más puede hacer”, dijo Idárraga.

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De acuerdo con el secretario, los hallazgos de su despacho llevan a indicar que la compañía habría incurrido en “prácticas restrictivas de la competencia”. Así, Idárraga pidió a la SIC que se investigara si efectivamente en la contratación se habría fijado directa o indirectamente los precios e influenciado “a una empresa para que incremente los precios de sus productos o servicios o para que desista de su intención de rebajar los precios”.

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En el texto que envió el despacho del secretario al Grupo de Prácticas Restrictivas de la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC se explica que “los plazos tan cortos para la ejecución del objeto del proceso de selección no permiten garantizar de forma adecuada la ejecución de las actividades de que se pretenden contratar”. Además, apunta que el pliego de condiciones “evidentemente está cerrando las condiciones de acceso”.

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Este jueves, Idárraga anunció que instauraría una denuncia penal contra la Registraduría por la contratación con esta empresa. Especialmente, por el contrato que se firmó la semana pasada, en el que, de acuerdo con el secretario, se habría violado el principio de economía.

“El pasado viernes, la Registraduría, pese a las alertas de la Secretaría de Transparencia, y frente al Ministerio Público, la Procuraduría, decidió adjudicar un nuevo contrato [de] $41 mil millones para seguir haciendo lo que pareciera que en Colombia nadie más puede hacer”, dijo Idárraga.

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