Tierras de buena y de mala fe

Un fallo del Tribunal Superior de Cúcuta acaba de ordenar que más de 63 hectáreas, donde hoy se encuentra un sembrado de palma africana, fueran devueltas a Pedro Arturo Jáuregui Toloza, un campesino que en 2003 fue desplazado por grupos paramilitares de la finca La Esmeralda, ubicada en la vereda Campo Yuca Oru 5, municipio de Tibú (Norte de Santander). Se trata del primer falló que, en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, toca los intereses de empresarios que reclamaron como opositores en el proceso. Pero además, la sentencia establece un precedente que dará de qué hablar: señala que a pesar de que los actuales poseedores de la tierra no fueron culpables del desplazamiento ni de pertenencia o colaboración con grupos al margen de la ley, deben devolver el predio pues éste fue adquirido por un valor mucho menor al comercial, aprovechándose del contexto de violencia de la época en la región.

El documento judicial resuelve también que las 43 hectáreas de palma que hoy están sembradas sean entregadas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, para que las explote “a través de terceros y se destine el producido del proyecto a programas de reparación colectiva para víctimas en las vecindades”. En esencia, la sentencia señala que si bien las personas que hoy tienen el predio no son despojadores, tampoco son terceros de buena fe, ya que les fue vendido por tan sólo $7 millones, cuando el valor real, en 2004, era de $48 millones, y se desatendió una anotación que prohibía cualquier negociación del terreno por tratarse de un predio del que se había desplazado a su propietario. Incluso, hasta el momento sólo han pagado $4 millones de los 7 acordados en la promesa de compraventa.

La historia de la finca La Esmeralda se remonta a febrero de 2003, cuando Pedro Arturo Jáuregui la adquirió con su familia. En su declaración, cuenta que tenía sembrados de yuca, maíz y pasto; 28 reses, ocho cerdos, tres caballos y entre 30 y 40 gallinas. En ese entonces, los grupos paramilitares empezaban a rondar la región del Catatumbo y el ambiente de violencia crecía noche a noche. El mismo Jáuregui narró la manera como fue desplazado: “Me encontraba desayunando en un restaurante, como en agosto de 2003, cuando llegaron unos señores, me abordaron y me dijeron que me subiera a un carro. Yo les dije que por qué, que yo no debía nada. Me subieron a la fuerza y me llevaron a una casa sola, me metieron a una pieza atado de pies y manos (...) entonces me dijeron: a usted lo trajimos acá porque es colaborador de la guerrilla. Yo les dije que no tenía nada que ver y que antes había tenido problemas con esa gente por no colaborarles. Me dijeron que eso es lo que dicen todos y que me iba a morir. Después llegó otro señor y dijo ‘ese señor no debe nada’ y me soltaron”.

En su historia, cuenta que las mismas personas le pedían insistentemente que fuera al pueblo a hablar con ellos. Como Jáuregui nunca fue, lo buscaron en su finca. “Como a los dos meses y medio me llegaron a la finca a eso de las 7:00 de la noche. Cuando los vi venir salí hacia unos potreros. Llegaron y le preguntaron a mi esposa que dónde estaba yo, ella dijo que yo había salido a trabajar y que no había llegado y después la amenazaron con unas armas y le dijeron que me traían en lista, luego se llevaron a mi esposa y a mis hijos para donde la vecina, que según ellos también tenían a su esposo en lista. Los retuvieron como una hora hasta que se fueron. Yo decidí sacar a mi familia de ahí y dejé la finca abandonada. Me fui para Valledupar y mandé a vender los animales que tenía. Como estaba sin plata y sin nada, me dijeron que vendiera la finca y yo la di por lo que me dieron”.

Alirio Suescún Gómez compró la finca en 2004, pero le quedó debiendo a Jáuregui $3 millones. Cuatro años después vendió el predio por $8’700.000 a cuatro señores de apellido Ramos, quienes a su vez alquilaron la tierra a una señor de su mismo apellido para echar a andar un proyecto de palma africana. La sentencia concluye que “aunque ninguno de los opositores, ni el señor Alirio Suescún Gómez, quien les transfirió el bien, tienen relación alguna —directa o indirecta— con los grupos ilegales causantes del conflicto interno que vivió el municipio de Tibú, y que ocasionó el desplazamiento forzado del señor Pedro Arturo Jáuregui y su núcleo familiar, la buena fe simple con la que intervinieron los primeros en el negocio jurídico que se celebró sobre el predio La Esmeralda no es suficiente para generar a favor de ellos la compensación que el legislador únicamente estableció para los adquirentes de buena fe exenta de culpa, cualificada o creadora de derechos”.

En su defensa, Alexánder Ramos Remolina, una de las partes opositoras, expresó que no sabía de la medida de protección sobre el predio y que “todo pareció normal”. También sostuvo que no conoce a Jáuregui y frente a la situación de orden público en el municipio contestó: “De ahí no puedo decir nada, porque yo salí de La Gabarra desplazado en 2003, me vine a vivir a la Don Juana y para 2005 me fui a prestar servicio militar”. Sobre las condiciones en las que encontró el predio señaló que tenía una cerca y pasto para 10 reses y “le metimos 20 hectáreas de palma ya produciendo y 10 hectáreas de plantaciones de palma africana, una hectárea de yuca y dos potreritos que se han mantenido”. La apoderada de los opositores explicó que en conversación con el señor Alirio Suescún, éste le manifestó que a mediados de junio de 2004 se enteró de que “La Esmeralda estaba en venta y se encontraba desocupada porque el propietario se había trasladado a Valledupar”. Y según el mismo Suescún, para la fecha en que adquirió el bien “vendían muchas fincas” y la mayoría estaban en rastrojos. Un pulso que al final perdieron y que sienta un precedente en el proceso de restitución de tierras.

Un fallo del Tribunal Superior de Cúcuta acaba de ordenar que más de 63 hectáreas, donde hoy se encuentra un sembrado de palma africana, fueran devueltas a Pedro Arturo Jáuregui Toloza, un campesino que en 2003 fue desplazado por grupos paramilitares de la finca La Esmeralda, ubicada en la vereda Campo Yuca Oru 5, municipio de Tibú (Norte de Santander). Se trata del primer falló que, en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, toca los intereses de empresarios que reclamaron como opositores en el proceso. Pero además, la sentencia establece un precedente que dará de qué hablar: señala que a pesar de que los actuales poseedores de la tierra no fueron culpables del desplazamiento ni de pertenencia o colaboración con grupos al margen de la ley, deben devolver el predio pues éste fue adquirido por un valor mucho menor al comercial, aprovechándose del contexto de violencia de la época en la región.

El documento judicial resuelve también que las 43 hectáreas de palma que hoy están sembradas sean entregadas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, para que las explote “a través de terceros y se destine el producido del proyecto a programas de reparación colectiva para víctimas en las vecindades”. En esencia, la sentencia señala que si bien las personas que hoy tienen el predio no son despojadores, tampoco son terceros de buena fe, ya que les fue vendido por tan sólo $7 millones, cuando el valor real, en 2004, era de $48 millones, y se desatendió una anotación que prohibía cualquier negociación del terreno por tratarse de un predio del que se había desplazado a su propietario. Incluso, hasta el momento sólo han pagado $4 millones de los 7 acordados en la promesa de compraventa.

La historia de la finca La Esmeralda se remonta a febrero de 2003, cuando Pedro Arturo Jáuregui la adquirió con su familia. En su declaración, cuenta que tenía sembrados de yuca, maíz y pasto; 28 reses, ocho cerdos, tres caballos y entre 30 y 40 gallinas. En ese entonces, los grupos paramilitares empezaban a rondar la región del Catatumbo y el ambiente de violencia crecía noche a noche. El mismo Jáuregui narró la manera como fue desplazado: “Me encontraba desayunando en un restaurante, como en agosto de 2003, cuando llegaron unos señores, me abordaron y me dijeron que me subiera a un carro. Yo les dije que por qué, que yo no debía nada. Me subieron a la fuerza y me llevaron a una casa sola, me metieron a una pieza atado de pies y manos (...) entonces me dijeron: a usted lo trajimos acá porque es colaborador de la guerrilla. Yo les dije que no tenía nada que ver y que antes había tenido problemas con esa gente por no colaborarles. Me dijeron que eso es lo que dicen todos y que me iba a morir. Después llegó otro señor y dijo ‘ese señor no debe nada’ y me soltaron”.

En su historia, cuenta que las mismas personas le pedían insistentemente que fuera al pueblo a hablar con ellos. Como Jáuregui nunca fue, lo buscaron en su finca. “Como a los dos meses y medio me llegaron a la finca a eso de las 7:00 de la noche. Cuando los vi venir salí hacia unos potreros. Llegaron y le preguntaron a mi esposa que dónde estaba yo, ella dijo que yo había salido a trabajar y que no había llegado y después la amenazaron con unas armas y le dijeron que me traían en lista, luego se llevaron a mi esposa y a mis hijos para donde la vecina, que según ellos también tenían a su esposo en lista. Los retuvieron como una hora hasta que se fueron. Yo decidí sacar a mi familia de ahí y dejé la finca abandonada. Me fui para Valledupar y mandé a vender los animales que tenía. Como estaba sin plata y sin nada, me dijeron que vendiera la finca y yo la di por lo que me dieron”.

Alirio Suescún Gómez compró la finca en 2004, pero le quedó debiendo a Jáuregui $3 millones. Cuatro años después vendió el predio por $8’700.000 a cuatro señores de apellido Ramos, quienes a su vez alquilaron la tierra a una señor de su mismo apellido para echar a andar un proyecto de palma africana. La sentencia concluye que “aunque ninguno de los opositores, ni el señor Alirio Suescún Gómez, quien les transfirió el bien, tienen relación alguna —directa o indirecta— con los grupos ilegales causantes del conflicto interno que vivió el municipio de Tibú, y que ocasionó el desplazamiento forzado del señor Pedro Arturo Jáuregui y su núcleo familiar, la buena fe simple con la que intervinieron los primeros en el negocio jurídico que se celebró sobre el predio La Esmeralda no es suficiente para generar a favor de ellos la compensación que el legislador únicamente estableció para los adquirentes de buena fe exenta de culpa, cualificada o creadora de derechos”.

En su defensa, Alexánder Ramos Remolina, una de las partes opositoras, expresó que no sabía de la medida de protección sobre el predio y que “todo pareció normal”. También sostuvo que no conoce a Jáuregui y frente a la situación de orden público en el municipio contestó: “De ahí no puedo decir nada, porque yo salí de La Gabarra desplazado en 2003, me vine a vivir a la Don Juana y para 2005 me fui a prestar servicio militar”. Sobre las condiciones en las que encontró el predio señaló que tenía una cerca y pasto para 10 reses y “le metimos 20 hectáreas de palma ya produciendo y 10 hectáreas de plantaciones de palma africana, una hectárea de yuca y dos potreritos que se han mantenido”. La apoderada de los opositores explicó que en conversación con el señor Alirio Suescún, éste le manifestó que a mediados de junio de 2004 se enteró de que “La Esmeralda estaba en venta y se encontraba desocupada porque el propietario se había trasladado a Valledupar”. Y según el mismo Suescún, para la fecha en que adquirió el bien “vendían muchas fincas” y la mayoría estaban en rastrojos. Un pulso que al final perdieron y que sienta un precedente en el proceso de restitución de tierras.