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El articulado del Plan Nacional de Desarrollo (PND) ofrece toda la gama de combinaciones entre la zanahoria y el garrote en relación con la reforma agraria.
Trae, en efecto, desde la vía más benevolente con los terratenientes: un procedimiento sencillo y prudente para la compra de tierras a valor comercial, que prometió el Gobierno y ha tenido por ahora a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) como su contraparte más visible (artículos 48 y 49).
Luego el Plan incorpora un garrote en pro de la compra de tierras a través de la puesta en marcha de un modelo más eficiente de catastro multipropósito (artículos 30 a 37) y el aumento de los avalúos catastrales de todos los inmuebles del país en 2023 (artículo 36). Estas medidas deberían empujar la oferta de tierras ante la amenaza de impuestos modernos sobre la tierra.
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Finalmente, lanza una amenaza más creíble de garrote mediante la reforma agraria por vía administrativa prevista en la ley, que se fortalece con la modernización del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino (artículo 39). Recordemos que la Ley 160 de 1994 habilita al Estado para adquirir mediante negociación directa o decretar la expropiación de predios para comunidades étnicas, campesinos en zonas de calamidad o en zonas de programas especiales y por razones ecológicas.
Quienes estudian reformas agrarias encuentran exótico que en Colombia se plantee una reforma vía “compra comercial de tierras”, pues estas se suelen hacer por vía administrativa, casi nunca al valor comercial; al menos eso sugiere la experiencia positiva de Japón y Corea del Sur, o la menos exitosa de México, entre otras.
Sin embargo, el presidente Petro imagina posible vincular su estrategia de paz total y de reforma agraria por medio de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán —el gremio ganadero más grande del país—, quien funge como negociador de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facilitador del proceso de compra de tierras. Es una propuesta interesante, para la que el PND incorpora mecanismos suficientes y creíbles.
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Preocupa hasta ahora que nuestro mercado de tierras pareciera funcionar de tal forma que solo se le quiera vender al Gobierno en donde la guerra arrecia; en todas las demás partes, los terratenientes prefieren la tierra a la plata. En todo caso el plan parece anticipar que, ante un escenario de fracaso en la compra de tierras, el Estado dispone de instrumentos administrativos importantes y modernizados para promover el acceso a la tierra.
Por último, buena idea crear concesiones para el uso forestal y de la biodiversidad en zonas de reserva de Ley 2 de 1959 y baldíos de la nación (artículo 41). Lamentablemente sigue el Ministerio de Ambiente fungiendo más como regulador de actividades que como promotor de la transición hacia una verdadera bioeconomía. Para lograr esto el Ministerio necesita una agencia ejecutora de servicios y oportunidades ambientales.
*Profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Especial para El Espectador.