“Todo el mundo quiere que no le roben sus votos”: Alexánder Vega

¿Qué tan prioritario es reformar el actual Código Electoral?

Es absolutamente necesario. Desde 1986 se mantiene vigente el actual código; es decir, desde antes de la Constitución de 1991, por lo que no se acopla al sistema político colombiano de hoy, que es el de una democracia participativa. Es un código obsoleto que incluso está basado en el bipartidismo del Frente Nacional. Por eso, la iniciativa de la Registraduría, con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de Estado, es presentar un código que esté vigente en el tiempo y en el que se puedan aplicar las tecnologías al sistema democrático. Es una propuesta desligada de una reforma política, es una reforma únicamente electoral. La reforma política la hará el Congreso directamente.

Van varios intentos de reforma electoral. ¿Por qué cree que no ha sido posible sacarla adelante? ¿Será que a algunos no les conviene?

Más que no les convenga a algunos, creo que es porque siempre se unía la reforma política con la electoral, y cuando se discutía y no se llegaba a acuerdos, se hundía.

¿Cuáles son los cimientos de esta nueva reforma?

El uso de las tecnologías en el proceso electoral. Vamos a tener biometría e identificación en mesa para que no haya suplantaciones ni más votos que votantes. Serán cuatro modelos de voto a implementar: se mantiene el actual, que es el manual pero con biometría en mesa, con el gran avance de que ya los jurados no van a diligenciar los formularios, sino que lo harán de manera electrónica para ser impresos y no haya errores. Existirá además el voto mixto, que es electrónico y presencial, se hace en la máquina, pero sale impreso para ser depositado en la urna y, a su vez, se imprimirá el acta para tener los resultados electorales en tiempo real. Habrá voto digital, que se hace por internet y será el piloto de los colombianos en el exterior, y habrá voto anticipado, que es el que se hace antes del día de las elecciones, a través de las registradurías locales o las notarías. Otro gran adelanto con el voto electrónico mixto es que no hay votos nulos, razón por la cual habrá más legitimidad en la elección.

¿Y esto va a comenzar a aplicar en 2022?

La idea es comenzar a implementarlo progresivamente, no todo para 2022, sino que en cada elección se avanzará en cada modelo. Por eso el Gobierno tomó a bien el proyecto, lo avaló y va con trámite de urgencia para que sea aprobado este año. En dos años podremos aplicar unas tecnologías, unos pilotos —como, por ejemplo, la biometría en mesa para evitar la suplantación—, pero lo más importante es que aprobándolo este año no afectamos el calendario electoral.

¿Cómo así que la gente podrá votar antes del día de elecciones?

En el mundo se puede votar de manera presencial o remota. Presencial es ir hasta el puesto de votación, que tiene unas divisiones: voto presencial manual, como está hoy en día; voto presencial mixto y voto presencial anticipado, que es que si alguien quiere votar el domingo, pero tiene que viajar por un trabajo, entonces informa a la Registraduría que va a hacerlo el viernes anterior en una notaría, en donde se instalarán unas urnas con el sistema biométrico, y podrá hacerlo ahí, de manera presencial. No es lo mismo que por correo, como se hace en Estados Unidos; eso no está en la reforma.

Hablar de ese voto electrónico se ve como una propuesta muy urbana. ¿Cómo garantizar que aplique en los sectores rurales, en muchos de los cuales ni siquiera hay conectividad para celular y mucho menos internet?

Efectivamente, la conectividad tiene que ir de la mano de las tecnologías. El voto mixto, que es el que la persona va y saca el voto de una máquina y lo deposita en la urna, no requiere conectividad porque estas no están conectadas a red. Uno se conecta a la red solo para transmitir los datos. Además no se podría para evitar el hackeo. Son máquinas que necesitan prácticamente solo electricidad. La conectividad se tiene que garantizar es para la transmisión de las actas, una vez termine la jornada electoral, y en los municipios donde no exista, el Gobierno tiene que garantizar esa transmisión de datos. Obviamente, vamos a hacer un piloto para identificar qué municipios tendrían ese problema y se haga la transmisión de datos, ya sea por un canal de la Registraduría o a través de la señal vía celular. Uno puede escanear y mandar por WhatsApp.

La reforma habla también de la depuración del censo electoral…

Nuestro censo tiene varios inconvenientes: tiene muertos todavía, tiene colombianos que no han renovado su cédula y hay transhumancia electoral. Ante estos tres problemas, se propone cambiar a uno nuevo a través de un registro electoral, lo que implica que no va a haber inscripciones de cédulas. Si alguien vive en Bogotá, va a tener un mismo domicilio para votar y se registra cada vez que cambie. Si hoy está votando en Bogotá y mañana se va a vivir a Medellín, llega a la Registraduría y cambia ese registro electoral. Y el censo, cinco meses antes de cada elección, se cierra y se entra a depurar con la revisión que harían el CNE y la Registraduría frente a bases de datos, para que no haya transhumancia.

El proyecto plantea un incremento en la participación de las mujeres hasta en un 40 % en las listas, ¿por qué no incluir mejor lo de las listas cremallera?

Porque eso hace parte de la reforma política. Este tema del 40 % se incluyó porque existe la obligación legal del Estado, en los pactos internacionales, de ir avanzando en la participación gradual de la mujer en la política. Aprovechando que el Código tiene un componente de género, se está incrementado, pero es una propuesta que debe salir desde el Congreso. Aquí la hizo el CNE, pero no hace parte del procedimiento electoral. En ese orden de ideas, puede ser acogida o mantenerse en el 30 %, pero la lista cremallera seguramente irá en la reforma política.

¿Qué implica aquello de la unificación de las causales de inhabilidad?

Es un gran adelanto que nos han pedido y una recomendación de la OEA. En el país, el régimen de inhabilidades es disperso en toda la legislación; o sea, hay inhabilidades para los candidatos en un montón de leyes y cuando una persona se va a lanzar para alcalde, gobernador, diputado, concejal o incluso al Congreso, tiene que revisar múltiples normatividades para saber si puede o no. Lo que hicimos fue recoger todo y ponerlo en un catálogo para los cargos de elección popular, donde queda de manera clara durante qué tiempo deben renunciar antes a la fecha de la inscripción o la elección, y las inhabilidades de los parientes. Es decir, quedó todo unificado.

¿Y lo de las faltas absolutas y temporales, y el régimen de reemplazos?

En la actualidad, la legislación habla de vacancias absolutas y vacancias temporales en las corporaciones públicas y en los cargos uninominales. Pero hay muchos vacíos legales y estamos reglamentando y dejando claro cómo tiene que ser el reemplazo cuando alguien es suspendido o destituido.

¿Por qué el proyecto no toca la conformación del CNE, del que muchos creen que debería modificarse su origen político?

El sistema electoral colombiano puede tener fallas en su estructura, pero lo importante es que podemos ir corrigiendo. Para nosotros en este momento, lo más importante es corregir el proceso electoral y de ahí la necesidad de la reforma. Frente al origen de los magistrados y la conformación del CNE, eso hace parte de una reforma política y el Congreso debe encargarse de ella. Nosotros como Registraduría, una entidad de carácter técnico, tenemos competencia única y exclusiva con el proceso electoral. Si mañana quieren replantear una reforma al CNE y a su origen, debe ser a través de una reforma política.

¿Usted cree que esta vez exista voluntad política en el Congreso para sacar adelante esta reforma al código electoral?

Veo buena voluntad, porque es un código electoral que ha sido trabajado en consenso con los partidos, con la academia, con el Consejo de Estado, tanto con la Sala de Consulta como con la Sesión Quinta, con el CNE y el Gobierno también le apuesta a la reforma. Más que apoyo político, el código es una necesidad de todos. Todo el mundo quiere que no le roben sus votos, que no le metan la mano a las urnas, que los jurados no intervengan. Además, creo que la pandemia nos ayudó a entender que las tecnologías son necesarias. En realidad, lo que hicimos fue recoger lo que piden los actores políticos y la ciudadanía.

¿De dónde proviene ese modelo de voto electrónico?

El voto mixto funciona en algunos estados de EE. UU. De igual manera, este sistema se está probando en todo el mundo. El gran éxito de esta modalidad de voto electrónico mixto es que la persona vota en una máquina, pero su voto sale impreso; es decir, hay voto manual también para que no haya problemas en caso de que suceda un error en la máquina. Y también es importante avanzar hacia un ahorro en el uso de papel.

¿Cómo es lo del software?

El fallo del Consejo de Estado obligó a que la Registraduría adquiriera la totalidad del software de consolidación de escrutinios. En el nuevo código electoral se le está dando cumplimiento a ese fallo.

¿Hay recursos para implementar todo lo que propone el proyecto?

Las inversiones van a ser paulatinas, pero lo importante es que al final el ahorro va a llegar. Hoy en día gastamos mucho en papel, se desperdicia demasiado. En nuestras elecciones, el 50 % del papel se bota. Le pongo un ejemplo: hoy nos toca imprimir 800 tarjetas electorales para mesas en la que a veces solo acuden 200 ciudadanos a votar. Con la tecnología, si la persona va y vota, solo es ese número y listo. No va a haber material sobrante. Al final, estamos invirtiendo en democracia.

¿Qué tan seguro es este nuevo sistema? ¿Se van a acabar realmente los líos en el preconteo y los escrutinios, cuando se desaparecen votos, como le sucedió al MIRA en 2014?

Estas ideas las han implementado los partidos. El problema es que hoy, a las 4:00 de la tarde, quedamos a discrecionalidad de los jurados en Colombia, que son autónomos, anulan votos mal, cuentan votos mal, diligencia mal los formularios. Lo que vamos a hacer es meterle la tecnología a la mesa, automatizarla, para que no se equivoquen en el diligenciamiento, no incluyan más votantes y no salgan más votos que votantes. Es decir, estamos atacando el problema de corrupción en la mesa en cuanto a posible fraude electoral o errores humanos. Esas tecnologías van a beneficiar a todos los partidos.

Quizá los que se benefician de esa trampa, que creo que son muchos, no estarán contentos con la reforma…

Seguramente, pero estamos atacando la corrupción electoral. Es posible que no vayan a estar contentos los que han utilizado las trampas de la transhumancia, el llevar a personas con documentos adulterados a votar o usar cédulas de personas que ya fallecieron. Estos son los problemas de corrupción electoral.

Es claro que el Código Electoral propuesto se centra en la votación en sí misma, ¿cómo enfrentar fenómenos previos a esta, como la compra de votos?

Lo que queremos es cambiar la cultura política del país a través de esta reforma. Cuando hablamos de compra de votos, hablamos de esas mafias que se aprovechan de esa cultura y de la misma venta del voto. El gran reto para acabar con ese tema de corrupción tiene que estar en cabeza del Gobierno nacional, a través de las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría... Nosotros, como organización electoral, garantizamos es que el proceso electoral sea limpio, transparente y que haya verdad. Las prácticas dañinas que rodean el proceso tienen que ser atacadas por las políticas públicas del Gobierno nacional.

¿Cómo restringir ese fenómeno de la campaña anticipada de quienes se inscriben por firmas?

Queda corregido también en la reforma. Hoy en día lo que sucede es que la persona aprovecha, se inscribe por firmas, hace campaña previamente y cuando llega el momento de la inscripción, se inscribe con un aval y tira las firmas. El proyecto establece que una vez la persona inicia el proceso de recolección de firmas, donde se le permite la campaña, ya no podrá inscribirse por un partido político. Si arrancan recogiendo firmas, tienen que demostrar la seriedad de que no están engañando a la gente que les está firmando.

¿En qué va lo de la cédula digital, que usted anunció cuando asumió el cargo?

Va ligada directamente al nuevo Código Electoral, porque se crea el capítulo de identidad digital en dos aspectos: la cédula digital y el registro civil en línea. Este año, en este segundo semestre, va a haber los primero duplicados de cédula digital, lo cual no solo va a beneficiar a las personas en los trámites virtuales de empresas privadas o bancos, sino también en los portales del Gobierno. Y a futuro, progresivamente, cuando la gente vote de manera electrónica en unos años, la cédula digital va a quedar incorporada como autenticación para el votante.

De todos modos, por mucha tecnología que se le meta al proceso, siempre hay que tener en cuenta el factor humano y la posibilidad de errores, incluso algunos malintencionados…

Acá de lo que se trata es de minimizar el error humano. Hoy en día puede ser factible en todas las mesas, por el cansancio de los jurados, porque unos no quisieron capacitarse o porque alguien quiere afectar el resultado. Pero si le metemos la tecnología para el diligenciamiento de los formularios, se está reduciendo ese error humano. La idea es llegar a cero en ese error. No es lo mismo que se diligencie un formulario E-14 con un esfero, donde se tacha o se pueden hacer enmendaduras, a que se haga digitalmente, a través de una tableta, se imprime y que los jueces solo tengan que firmar.

¿Usted cree, como decían en el pasado, que el que escruta es el que elige?

La idea es que el que elige es el que vota, no el que escruta, y eso es lo que buscamos aplicando tecnologías.

Gustavo Petro había dicho que el “software” de la Registraduría que cuenta los votos presenta alteraciones de sus algoritmos y no daba garantías, que podría darse un fraude masivo…

El senador Petro y su grupo político de Colombia Humana han planteado tres elementos: que el software de consolidación de escrutinios sea propiedad de la Registraduría, y eso quedó; pidió un plan de auditorías nacionales e internacionales, que también está estipulado en el proyecto. Y lo que más criticaba era el diligenciamiento de formularios, las tachaduras, pero con la automatización de la mesa, que los jurados diligencias de manera digital e impriman, se estarían corrigiendo esas solicitudes.

Petro ha hablado también de coaliciones...

La Constitución habla de que para corporaciones públicas se pueden hacer coaliciones entre partidos minoritarios y mayoritarios. Eso queda reglamentado en este nuevo Código Electoral: qué se puede hacer y cómo debe hacerse.

¿Cómo garantizar que en el trámite del proyecto en el Congreso, como ha sucedido con tantas reformas pasadas, no se cambie su esencia y se le cuelguen micos?

Vamos a ser muy rigurosos, junto con el Consejo de Estado y el CNE, en la vigilancia del trámite, para evitar que la naturaleza del proyecto se pierda en el Congreso. Estas son normas técnicas y estamos dispuestos a explicarles y justificarles a los congresistas la razón de ser de cada una. Cualquier intento de colarle un tema político lo vamos a rechazar y estaremos muy pendientes para proteger el proyecto y salga como una reforma 100 % técnica y electoral.

¿Qué va a pasar con las elecciones de los consejos de la juventud?

De acuerdo con la decisión que se tomó con el presidente Duque, una vez el país entre en normalidad, podremos hacerlas. Serían para el próximo año. Los recursos están asegurados y estamos a la espera de que una vez el ministro de Salud dé el visto bueno, lo vamos a retomar.

¿En qué quedó lo del registrador de Ciénaga, Magdalena, Alberto Noguera, investigado por entrega de documentos de identidad a miembros de Al Qaeda?

Fue declarado insubsistente. Desconozco hoy su paradero, pero sé que las autoridades continúan frente a esta situación.

Hay quienes lo cuestionan por ser muy amigo de los políticos e incluso de haber hecho nombramientos en la Registraduría favoreciendo a Cambio Radical…

Soy conocido del Congreso y tengo buenas relaciones con los legisladores, tras mi paso del CNE, que de ninguna manera interfieren en mi labor al frente de la Registraduría, pues debo ser el árbitro de todos los partidos políticos.

¿Es cierto que durante estos ocho meses en el cargo ha despedido a cerca de 300 funcionarios de la Registraduría?

Esa es una noticia falsa. No tengo la potestad legal y no he declarado insubsistente a esa cantidad de personas. No hubo sino doce insubsistencias en el país, en cargos de libre nombramiento y remoción, en los que se aplica el tema de la confianza.

¿Es cierto que se reunió con eventuales licitantes para las elecciones de los consejos de la juventud?

No sé a qué se refiere, pero no me he reunido con ningún contratista.