Trancón legislativo frenó proyecto sobre la jurisdicción que combatiría violencia de género

Con 271 feminicidios en lo que va del año, de acuerdo con el Observatorio Colombiano de Feminicidios, el proyecto de acto legislativo que busca combatir el 98 % de impunidad que hay en estos casos enfrenta una probabilidad creciente de ser archivado. Aunque fue firmada por las 54 representantes que integran la Cámara, la iniciativa de la Jurisdicción Especial para la Mujer (JEM) no ha podido avanzar en los tres debates que tiene que sortear antes del 20 de junio.

Con 271 feminicidios en lo que va del año, de acuerdo con el Observatorio Colombiano de Feminicidios, el proyecto de acto legislativo que busca combatir el 98 % de impunidad que hay en estos casos enfrenta una probabilidad creciente de ser archivado. Aunque fue firmada por las 54 representantes que integran la Cámara, la iniciativa de la Jurisdicción Especial para la Mujer (JEM) no ha podido avanzar en los tres debates que tiene que sortear antes del 20 de junio.

Sus retos se desarrollan en un Congreso atascado por las reformas del Gobierno, que han tomado la atención de los legisladores por las largas y complicadas discusiones sobre sus articulados. Para la representante Carolina Arbeláez (Cambio Radical), autora del proyecto, haría falta una sesión en la que la oposición fijara el orden del día para que el proyecto pudiera salir del final de la fila y pasar al inicio de la cola. En uno de los recursos que otorgó el Estatuto de Oposición a los congresistas en contra del proyecto político del presidente, que sería usado este miércoles, la legisladora aprovechará para poner al frente la discusión que ha tomado más de lo esperado.

“Yo espero de la Cámara de Representantes, que el proyecto pueda hacer su trámite hacia el Senado, que tiene un poco más descongestionada la agenda y que ya hemos tenido el anuncio del respaldo de varios senadores en el trámite. Por supuesto que nos preocupan los tiempos, es un Congreso atípico que tiene en discusión muchos temas al tiempo, temas con reformas que ha presentado el Gobierno y ya se sabe cómo ha sido, que han sido propuestas polémicas”, indicó la representante.

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La esperanza de poder avanzar en estas discusiones que restan, sin embargo, es complicada. Si el proyecto pasa por el debate que le falta en Cámara, tendrá que esperar 15 días antes de poder ser radicado en el Senado. Es decir, de ser aprobado este miércoles, solo podrá llegar a la Comisión Primera de la otra corporación al final de la legislatura, el 20 de junio. Aunque se citen sesiones extras, todavía tendrá que enfrentarse a ser agendado en la Comisión Primera y, para ser presentado para su debate en la plenaria, se requiere un plazo de al menos ocho días. Los tiempos, sencillamente, no alcanzan.

Proyectos contra la violencia de la mujer ya se han hundido antes por el tránsito de legislatura. La iniciativa contra la violencia vicaria— que corresponde a aquella violencia contra las mujeres en la que se utiliza a los hijos e hijas y personas significativas para ellas como un medio para dañarlas o producirles sufrimiento—, de la autoría de la senadora Nadia Blel (Partido Conservador) no pudo siquiera alcanzar a pasar el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara alta en el periodo pasado. Volvió a ser radicado el 31 de julio de 2023 y ya fue aprobado en segundo debate en Senado. Otro proyecto sobre exactamente el mismo tema fue radicado en esta legislatura por la representante Alexandra Vásquez Ochoa (Pacto Histórico) y ya superó también los dos debates necesarios en su respectiva corporación legislativa, aunque hará falta ver cuál de los dos prosperará finalmente y cuál se hundirá.

Todos estos proyectos han contado con un fuerte apoyo de varios partidos. En el caso de los de violencia vicaria, el presentado por Vásquez tuvo el respaldo de integrantes de Alianza Verde, el Partido Liberal, el Partido de la U y el Nuevo Liberalismo. El radicado por Blel fue firmado también por congresistas de Cambio Radical, el Partido Liberal, Centro Democrático y Alianza Verde. Sin embargo, en el Congreso, un apoyo multipartidista no significa mayor agilidad para surtir los debates. Ese fue el caso del proyecto que buscaba reducir el salario de los congresistas que, a pesar de haber sido firmado por 124 congresistas, no superó su penúltima discusión en la Comisión Primera de Cámara y fue archivado.

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Aun así, el caso pareciera ser diferente con los proyectos que buscan combatir la violencia contra la mujer. De acuerdo con la representante Carolina Giraldo (Alianza Verde), quien es la presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el Congreso, las iniciativas de esta línea “tienen más apoyo”, es decir, más congresistas votan a favor de ellos, pero el consenso tampoco es absoluto. Aunque el voto sea positivo, “los tiempos, la voluntad política, las mesas directivas” no siempre juegan a su favor.

El proyecto de la JEM tampoco piensa rendirse en caso de no pasar los debates que le restan. Arbeláez ha sido clara en que piensa volver a radicarlo en la próxima legislatura, añadiendo algunos de los puntos discutidos en la audiencia pública del pasado 27 de mayo, así como con funcionarios de la rama judicial. Uno de estos puntos clave es incluir a niños, niñas y adolescentes en la jurisdicción.

El Congreso con más mujeres elegidas en toda su historia (86 en las elecciones nacionales del 2022, un 29,2 % del total) no ha podido asegurar el paso de algunas iniciativas que buscan combatir la violencia de género y los llamados hacia el Gobierno tampoco han cesado. El 7 de mayo, la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, se presentó ante la Comisión en un debate de control político para conocer los avances de las acciones estratégicas para la garantía de los derechos de las mujeres que ha tomado su Ministerio.

El Viceministerio de las Mujeres cuenta con un presupuesto de $236′840.000 para el 2024 y anunció la creación del Sistema Nacional de Registro, Atención, Monitoreo y Seguimiento de las Violencias Basadas en Género (Salvia). El programa, que busca un abordaje integral de las violencias contra las mujeres y “fortalecer la respuesta estatal” en estos casos, entrará en funcionamiento en julio. Para las congresistas que hacen el seguimiento a los temas de género, hace falta agilizar estos procesos para poder dar respuesta a una cifra de feminicidios creciente.

“Desde el Ministerio de la Igualdad tienen unos diagnósticos y tienen unos planes, que a mí me parece que están muy bien estructurados. Lo que necesitamos es que todo eso se vuelva realidad, sea ágil, [que] empiece, [que] avance”, señaló Giraldo. “Como tenemos este incremento tan grande de las violencias, es muy importante que Salvia salga, y salga bien. Entonces a eso le estamos haciendo seguimiento todo el tiempo para salga lo antes posible”, añadió.

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Otra acción directa por parte del Ejecutivo de Gustavo Petro fue la ley que elimina los beneficios penales y endurece las medidas para los condenados y detenidos por este delito. La promulgación de esta norma, firmada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, la vicepresidenta y el presidente, prohibirá que estas personas accedan a la suspensión condicional de la ejecución de la pena o prisión domiciliaria.

En el 2023, la cifra de feminicidios fue de 410, según la Procuraduría, aunque el Observatorio de Feminicidios apuntó que en realidad fueron 511. Este número tan alto se da incluso cuando hay una normativa que apunta a prevenir la violencia de género desde la Ley 1257 del 2008 y la Ley Rosa Elvira Cely (ley 1761 de 2015), la cual creó el tipo penal de feminicidio. El apoyo de varios partidos en el Congreso no ha sido suficiente para avanzar con los debates de un proyecto que buscaría atacar la impunidad en estos casos y, tras un fin de semana en el que dos feminicidios ocurrieron, tendrá que afrontar la responsabilidad que le corresponde para reducir el conteo.

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