Tras firmado el Acuerdo, la guerra sigue siendo una constante contra las mujeres

La paz fue una realidad momentánea y de papel para algunas poblaciones del país que fueron testigos de la salida de las Farc y de la entrada de nuevos actores armados. Estos actuaron, una vez más, más rápido que el Estado, a copar los espacios de incidencia de la antigua guerrilla de las Farc y a seguir sembrando el terror entre viejos, hombres, mujeres y niños.

La paz fue una realidad momentánea y de papel para algunas poblaciones del país que fueron testigos de la salida de las Farc y de la entrada de nuevos actores armados. Estos actuaron, una vez más, más rápido que el Estado, a copar los espacios de incidencia de la antigua guerrilla de las Farc y a seguir sembrando el terror entre viejos, hombres, mujeres y niños.

La reacomodación de grupos armados en zonas anteriormente afectadas por las Farc se debe, principalmente, al incumplimiento del Acuerdo de Paz. La presencia militar y civil y, sobre todo, la inversión en proyectos sociales que favorezcan el desarrollo de las poblaciones no llegó a tiempo. Lo que dejó a las comunidades desamparadas y a merced del poder militar, político y económico de viejos y nuevos actores.

“La persistencia del conflicto armado en ciertas regiones del país se está expresando con un nuevo ciclo de violencias dirigidas no solo a procesos sociales, lideres, lideresas y defensoras/es de DD.HH. del territorio y del Acuerdo de Paz; sino que también se ha reeditado para disputar el control de los territorios, muchas veces para el desarrollo de macroproyectos mineros o agroindustriales, continuar el despojo de tierras, controlar o desplazar a la población, acceder a las rentas económicas sobre todo ilegales y dominar el escenario político local; en una guerra degradada que a cinco años de la firma del Acuerdo Final de Paz, ha generado preocupación y zozobra por las crisis humanitarias derivadas de este reacomodamiento de los distintos grupos armados que han copado amplios sectores de la ruralidad, especialmente aquella en la que operaba la antigua guerrilla de las Farc”, explica la Comisión de la Verdad en su Informe Final.

Lea otros contenidos sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad.

Esta situación, desde una perspectiva de género, implica más zozobra para las niñas, adolescentes y mujeres que experimentan la violencia en sus hogares, así como la que es ejercida contra sus cuerpos y sus comunidades en el marco del conflicto armado. Esta repetición de los hechos víctimizantes está “bajo un contexto de mayor complejidad por las dinámicas territoriales que las nuevas y viejas estructuras armadas y la inercia -en algunos casos también la complicidad- estatal, han generado sobre sus vidas, sus cuerpos, territorios, proyectos colectivos y sociales”, resalta el informe.

La Comisión de la Verdad se volcó a escuchar a mujeres víctimas del conflicto armado, tras la firma del Acuerdo, para ratificar ese concepto del continuum de violencias que viven en el ámbito privado y público. Los testimonios provienen de territorios que aún siguen inmersos en las economías y minería ilegales por la falta de implementación de programas de sustitución voluntaria y apoyo económico para emprender en nuevos proyectos productivos. Así como de territorios con una ubicación estratégica para los grupos armados por ser corredores clandestinos para el transporte de armas, narcotráfico y tropas.

“Las implicaciones de estos reordenamientos sociales y disputas territoriales en enclaves cocaleros, de marihuana y amapola, de consolidación del narcotráfico y de explotación minera, sobre la situación de las mujeres y las niñas es alarmante, pues se encuentra que las mujeres no sólo hacen parte de los eslabones más débiles de esta cadena al incorporarse como raspachinas, desmoñando (plantas de marihuana) desde sus casas o como cocineras, entre otras actividades derivadas de estas economías, sino que también, han hecho mella en los procesos organizativos, pues esas actividades a las que se vinculan, no se deslindan de las autoridades armadas, sino por el contrario, están alienadas a un “patrón” de la zona, la finca o el chongo/laboratorio de coca, pues las pone en el radar y las expone a una mayor vigilancia sobre ellas y sus familias y por tanto, reduce la posibilidad de protección e intervención que podrían brindarles las organizaciones sociales o autoridades civiles y étnicas en los territorios”, destaca la Comisión como una de las consecuencias que viven actualmente las mujeres en zonas copadas por actores armadas.

Lea más: Abortos forzados y violencia sexual: así fue el control de las guerrillas.

Otra de las consecuencias e impactos que viven es la del desplazamiento y la crisis humanitaria derivada de esta. Por ejemplo, el informe recogió de una investigación periodística la situación de reclutamiento de menores de edad por parte del Eln en Juradó, Chocó. La mayoría eran niñas de alrededor 12 años. “Además de las amenazas a las poblaciones y a las autoridades étnicas, transitar el territorio y realizar tareas cotidianas por parte de las mujeres se ha convertido en un riesgo, ya que hay minas antipersonales instaladas en los caminos y el miedo de que en medio de la búsqueda de alimentos sean violadas por algún integrante de estos grupos, ha hecho que ellas dejen de buscar camarones y plátanos, productos básicos de la alimentación familiar”, agrega como afectaciones el informe.

También el capítulo destacó otra situación que padecen niños, niñas y adolescentes perjudicados por la pandemia del COVID-19 y sin acceso a internet para continuar los estudios. “Grupos armados han aprovechado que niños, niñas y adolescentes, en su mayoría de zonas rurales, no tienen cómo recibir educación virtual. Les prometen ingresos raspando coca o con el cobro de extorsiones”, recoge el informe de la a Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico). En el Norte del Cauca, han registrado la muerte de 40 menores de edad, entre 2021 y lo corrido de 2022, reclutados por las disidencias de las Farc para raspar coca.

A diferencia de los niños y niñas, mujeres se están desplazando a zonas cocaleras porque es la única opción de trabajo y obtención de recursos que encuentran. “Lo particular está en que estas migraciones no las están haciendo de manera individual, sino familiar, es decir, con sus hijos e hijas, quienes, a su vez, han ingresado en estas actividades; en el caso de los niños y jóvenes entran con más facilidad como raspachines, a los laboratorios de coca, como colaboradores o transportando mercancía procesada, mientras que las niñas y adolescentes han sido víctimas de redes de prostitución o han sido reclutadas como guerrilleras o milicianas al igual que los hombres, siendo menores de edad a las estructuras armadas de las disidencias de las FARC o del ELN bajo promesas de pago”, señala el informe.

Le puede interesar: El miedo a ser: así violentaron a las personas LGBTIQ+ en la guerra

Para entender el ciclo de violencias, más allá de la llegada o el reforzamiento de nuevos actores armados en territorios afectados por el conflicto armado, la Comisión también llama a analizar otras perspectivas. “‘Es necesario explorar cómo estos mercados ilegales están regulados y de qué manera los actores armados participan de la construcción de órdenes sociales locales en estas periferias rurales. En pocas palabras, es necesario explorar cómo se da la gobernanza criminal en estas zonas y cómo esta enfrenta y, en ocasiones, se complementa con otras visiones sobre el territorio: la gobernanza comunitaria y la estatal’. Y para el caso de las mujeres y las niñas, cómo estos ordenes sociales que se han reconfigurado han traído consigo la continuación de violencias y formas de control social a través del control y las violencias ejercidas contra ellas y la fractura de sus procesos organizativos”.

Para demostrar que esta situación no es ajena a las violencias vividas por las mujeres, la Comisión de la Verdad recogió en el informe los casos de feminicidio en Putumayo. “Durante los primeros tres meses de 2019, vivió con horror el asesinato de 13 mujeres y prendió las alarmas sobre la situación de las mujeres en Puerto Asís, Villagarzón y el Valle de Guamuez”. Esto representó en un aumento de los feminicidios en el departamento del 700%, mientras que la violencia sexual incrementó en un 52%.

“Las lideresas indican que la dinámica social ha acentuado el machismo y la violencia contra las mujeres por cuenta del recrudecimiento de la guerra, del narcotráfico y las relaciones de poder que se han profundizado por el rol de las mujeres en la base de esta economía, mientras que los hombres son los encargados del negocio. Igualmente, el ejercicio de liderazgo de las mujeres ha estado fuertemente perseguido y señalado en este departamento”, comparte la Comisión sobre el caso en Putumayo, pero que también se replica en el Catatumbo (Norte de Santander), donde más de 27 mujeres fueron asesinadas en 2021 y más de 56 se desplazaron por amenazas y por estigmatizaciones misóginas, al ser tachadas por el Eln como “las mozas de la Policía”, lo que las convirtió en objetivos militares.

Más: Un conflicto que profundizó la violencia contra las mujeres.

Sobre la persistencia de las violencias contra las mujeres, la Comisión resalta: “Nuevamente las mujeres son el centro del control social y los asesinatos han sido un mensaje claro de escarmiento para quien se atreva a infringir los límites establecidos por los órdenes armados”. La orfandad de Estado para las mujeres se profundiza aún más en municipios donde la Fuerza Pública actúa en connivencia con grupos armados paramilitares.

“Al déficit de presencia del Estado con sus instituciones civiles, especialmente de aquellas encargadas del sector justicia, y de la supremacía de la respuesta militar, se suma la connivencia de integrantes de la fuerza pública con grupos paramilitares o mafias del narcotráfico luego de la firma del Acuerdo de Paz, lo que acentuó no solo la desconfianza en el Estado, sino también la impunidad y para las mujeres y niñas, esto significa una completa desprotección, y por el contrario, enfrentar mayores riesgos por las retaliaciones que pudieran haber”, concluye la Comisión sobre el cómo se perpetúan las violencias contra las mujeres, incluso en tiempos de una aparente paz.