Trazas de crudo y sueños de agua

Marta Liliana Chivatá tiene guantes negros de lavar ropa y botas de caucho. Está parada sobre un montículo de piedras blancas y amarillas en el río Acacías (Meta), donde Ecopetrol vierte las aguas derivadas del proceso de crudo de la estación Chichimene. El olor es fétido. “Yo por la verdad moriré”, dice Chivatá mientras empieza a quitar las piedras que están a la vista y a sacar las que están al fondo, negras, con claras trazas de contaminación por petróleo. El agua que corre debajo, y que ahora está a la vista, también es negra, olorosa a químico y caliente.

Chivatá empieza a recoger en una botella el agua oscura. Nadie se atrevería a tomar un sorbo de ella. “Ecopetrol es como los gatos que tapan con arena sus desechos. La vereda La Esmeralda no es mentirosa como dicen cuando llevo las botellas de agua negra a las audiencias públicas”, dice enérgica Chivatá, una de las ‘chicas superpoderosas’, como les dicen en la región a las mujeres, en su mayoría mayores de cincuenta años, que en el Meta han abanderado una pelea frontal contra las petroleras en defensa del agua, la vida y la salud. (Vea en imágenes los impactos ambientales de la explotación petrolera)

Ramiro Martínez, especialista en sanidad animal y funcionario de la Secretaría de Ambiente del municipio de Castilla (Meta), que mira el río Acacías mientras se tapa la nariz con una mano por el olor pútrido, dice que estas aguas contaminadas son las mismas que los campesinos y finqueros utilizan para regar los cultivos de arroz y de palma. Las mismas que desembocan en el río Meta y en el Orinoco. “Estos residuos de crudo son una de las causas de que en los peces del río Meta se hayan encontrado trazas de hidrocarburos en la piel. La situación del Acacías no es peor que la del río Guayuriba y el Orotoy. A la fecha, el campo Castilla de Ecopetrol le arroja algo más de 50 millones de litros de aguas contaminadas al año. Pero los monitoreos que se han hecho tras las denuncias, extrañamente han mostrado que se cumplen todos los parámetros establecidos y que las petroleras están cumpliendo la norma”, dice Martínez.

“La vereda más contaminada de Acacías, Guamal, Humadea y Castilla”, eso es La Esmeralda para los pobladores. Primero vivieron la contaminación que les dejó la entrada del bloque petrolero Cubarral, cuando se contaminaron cerca de 38 jagüeyes o pozos profundos que tiene cada casa para surtirse de agua. Después, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le otorgó la licencia a Ecopetrol para adelantar la exploración y explotación del bloque CPO9, un proyecto que tiene áreas de los municipios de Acacías, Guamal, Castilla la Nueva, San Martín, Cubarral, El Dorado y Granada. Más de 206 mil hectáreas que también abarcan la vereda La Esmeralda.

Fue así que la exploración sísmica con Sismigel, un explosivo que detona la tierra cada 50 metros para saber si hay petróleo y cuyo poder puede perforar depósitos de aguas subterráneas aunque no se necesita licencia ambiental para hacerlo, se realizó entre julio y agosto de 2012. Seis meses después la comunidad denunció la contaminación de 26 pozos más. Agua indispensable que desde febrero a la fecha es abastecida por carros de bomberos de Acacías. “Agua prestada sin solución a la vista”, dice Adriana Rodríguez, de Corpoesmeralda, porque en varias reuniones le han preguntado a Ecopetrol por una solución definitiva y los representantes de la empresa han dicho que en uno o dos años “serán beneficiados con un acueducto veredal”. Estas denuncias las hizo Corpoesmeralda en un derecho de petición que le presentaron a la ANLA el 22 de abril de 2013.

“Esta comunidad se ha defendido de todas las formas. Radicando y recogiendo apelaciones y peticiones. Incluso han trancado la entrada a uno de los pozos. Fue en enero de 2013. Ecopetrol ingresó el primer clúster, el primer taladro del proyecto CPO9, a menos de tres kilómetros del colegio, pero les tocó traer el Escuadrón Móvil Antidisturbios, porque hasta don Silverio, que tiene como noventa años, salió con su recibo de impuestos a decir que no quería que entrara ese taladro”, dice Rodríguez. Aún así el taladro entró y empezó la explotación.

La ANLA respondió la petición de Corpoesmeralda diciendo, entre otras cosas, que en algunos puntos se podría estar cometiendo una infracción ambiental que siguen revisando. También, que están elaborando un concepto técnico antes de pronunciarse, que hoy esperan las comunidades de La Esmeralda.

Pesadillas de progreso

En la estación Castilla 2, también en Acacias, la emisión de gases y vapores químicos por tubos que salen de donde se procesa el crudo, como si fueran chimeneas de una fábrica vieja, irrita los ojos al poco tiempo y hace arder la garganta. El sonido del taladro se queda en los oídos, agudo, permanente. Edith Torres lo sabe bien. Tiene los ojos rojos, como si llorara mucho. Su familia ha vivido en esa región mucho antes de que Ecopetrol llegara con la promesa del desarrollo y la esperanza del petróleo. Primero fue un pozo, después ya no supieron cuántos. Como ella, cerca de 40 familias de la zona se quejan de lo mismo.

Luis David Rincón vive en la finca El Manantial, que quedó separada de la estación petrolera Castilla 2 sólo por una vía pública y un cercado de alambre. “Cuando llegué, mi salud y la de mi familia era una, y hoy, tras la entrada de Ecopetrol, es otra. Hoy en día estamos afectados sicológica y físicamente. Ese olor a nafta, ese ruido, esos vapores químicos que salen de las piscinas enfriadoras son espantosos. Los exámenes dicen que tengo cáncer de piel y hace poco me hicieron una cirugía, cuando en mi familia no ha habido antecedentes de esta enfermedad. Por cuenta del ruido también tengo una pérdida de audición”, dice Rincón mientras muestra un examen médico y varios oficios que desde 2004 ha enviado a las autoridades. Los vapores son tan fuertes que trabajadores de la estación, que piden la reserva de su nombre, dicen que es común que los obreros se desmayen por la inhalación de gases.

Al consultar a la ANLA dice que este proyecto cuenta con un instrumento de manejo y control “que permite que los impactos generados por su ejecución sean prevenidos, controlados, mitigados o compensados”. La autoridad de licencias también explica que en el marco legal colombiano están permitidos algunos niveles de emisión de gases y que sólo un monitoreo de calidad de aire podría determinar si se trata de emisiones no permitidas.

Aun así, el municipio de Castilla la Nueva va a pedir a la Secretaría Departamental de Salud del Meta un estudio epidemiológico para saber si el incremento de patologías en la piel y en las vías respiratorias de la población que vive alrededor de la estación Castilla 2 tiene que ver con los impactos de la explotación de hidrocarburos.

El temor de las personas sobre Castilla 2 es el mismo que comparten en El Paraíso de Castilla la Nueva, quienes hace poco se enteraron de que a menos de 600 metros del barrio y a menos de 200 metros de la zona de expansión urbana la ANLA autorizó a Ecopetrol la perforación del clúster 66.

En parte, estas son algunas razones para que en el municipio de Guamal (Meta), en la entrada que de la carretera principal lleva a la vereda Montecristo Alto, hoy cumplan 172 días de resistencia pacífica. Allí se han unido las comunidades de Humadea, Castilla la Nueva y Guamal y están decididas a no dejar entrar el taladro de Ecopetrol para que explore si en el pozo Lorito 1 hay petróleo, aunque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizó la exploración, a pesar de los conceptos en contra de Cormacarena y la gerencia ambiental de la Gobernación del Meta.

La comunidad dice primero que permitir esa exploración es abrir la posibilidad para que se perfore el piedemonte llanero, una zona preciada y estratégica en agua. También, que el borde de la plataforma que se adecuó para realizar la perforación se encuentra aguas arriba de la bocatoma que surte de agua el acueducto del Centro Poblado Turístico de Humadea, a tan sólo 100 metros de distancia del río Humadea, declarado Patrimonio Turístico y Cultural del Meta. Además, la infraestructura está a 150 metros de los tanques desarenadores de otro acueducto, el que surte de agua al municipio de Castilla la Nueva.

El plan de contingencia adicional que se le pidió a Ecopetrol dice que esta plataforma se encuentra ubicada sobre un acuífero de agua dulce de cerca de 1.032 hectáreas y que de presentarse “alguna contingencia con un carrotanque o cualquier automotor que transporte sustancias químicas o lodos, por el grado de pendiente que tiene la vía de acceso a esta plataforma, se cuenta sólo con 15 minutos para controlar la emergencia”.

A pesar de eso, Édgar Paternina, gerente regional de la zona central de Ecopetrol, encargada del Meta, ha dicho que han estado listos para hacer la perforación desde finales de enero de este año, pero asegura que mientras haya oposición de las comunidades prefieren seguir explicando los beneficios del proceso, porque los temores son infundados.

Por ahora, lo cierto es que el contralor delegado para Asuntos Ambientales de la Contraloría General de la República, Mauricio Cabrera, dice que a su despacho han llegado al menos 15 denuncias graves sobre exploración o explotación de hidrocarburos en el piedemonte llanero, puestas por comunidades indígenas, alcaldías, campesinos y otros ciudadanos, y que de llegar a verificarse, le pedirán a la ANLA que revise sus actuaciones.

El gobernador del Meta, Alan Jara, por su parte, ofrece recursos de la Secretaría de Ambiente para adelantar otros estudios que puedan prevenir impactos ambientales irremediables en la región. Aclara, a su vez, que hoy las regiones no tienen ninguna autonomía para decidir sobre los proyectos de explotación petrolera en sus territorios y critica que muchas de las licencias se den en un escritorio de Bogotá, sin conocer el terreno. Mientras tanto, quienes defienden el río Humadea creen que el agua no es negociable, porque sin ella nada tiene sentido, tampoco el acueducto regional que ahora las petroleras les prometen.

Marta Liliana Chivatá tiene guantes negros de lavar ropa y botas de caucho. Está parada sobre un montículo de piedras blancas y amarillas en el río Acacías (Meta), donde Ecopetrol vierte las aguas derivadas del proceso de crudo de la estación Chichimene. El olor es fétido. “Yo por la verdad moriré”, dice Chivatá mientras empieza a quitar las piedras que están a la vista y a sacar las que están al fondo, negras, con claras trazas de contaminación por petróleo. El agua que corre debajo, y que ahora está a la vista, también es negra, olorosa a químico y caliente.

Chivatá empieza a recoger en una botella el agua oscura. Nadie se atrevería a tomar un sorbo de ella. “Ecopetrol es como los gatos que tapan con arena sus desechos. La vereda La Esmeralda no es mentirosa como dicen cuando llevo las botellas de agua negra a las audiencias públicas”, dice enérgica Chivatá, una de las ‘chicas superpoderosas’, como les dicen en la región a las mujeres, en su mayoría mayores de cincuenta años, que en el Meta han abanderado una pelea frontal contra las petroleras en defensa del agua, la vida y la salud. (Vea en imágenes los impactos ambientales de la explotación petrolera)

Ramiro Martínez, especialista en sanidad animal y funcionario de la Secretaría de Ambiente del municipio de Castilla (Meta), que mira el río Acacías mientras se tapa la nariz con una mano por el olor pútrido, dice que estas aguas contaminadas son las mismas que los campesinos y finqueros utilizan para regar los cultivos de arroz y de palma. Las mismas que desembocan en el río Meta y en el Orinoco. “Estos residuos de crudo son una de las causas de que en los peces del río Meta se hayan encontrado trazas de hidrocarburos en la piel. La situación del Acacías no es peor que la del río Guayuriba y el Orotoy. A la fecha, el campo Castilla de Ecopetrol le arroja algo más de 50 millones de litros de aguas contaminadas al año. Pero los monitoreos que se han hecho tras las denuncias, extrañamente han mostrado que se cumplen todos los parámetros establecidos y que las petroleras están cumpliendo la norma”, dice Martínez.

“La vereda más contaminada de Acacías, Guamal, Humadea y Castilla”, eso es La Esmeralda para los pobladores. Primero vivieron la contaminación que les dejó la entrada del bloque petrolero Cubarral, cuando se contaminaron cerca de 38 jagüeyes o pozos profundos que tiene cada casa para surtirse de agua. Después, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le otorgó la licencia a Ecopetrol para adelantar la exploración y explotación del bloque CPO9, un proyecto que tiene áreas de los municipios de Acacías, Guamal, Castilla la Nueva, San Martín, Cubarral, El Dorado y Granada. Más de 206 mil hectáreas que también abarcan la vereda La Esmeralda.

Fue así que la exploración sísmica con Sismigel, un explosivo que detona la tierra cada 50 metros para saber si hay petróleo y cuyo poder puede perforar depósitos de aguas subterráneas aunque no se necesita licencia ambiental para hacerlo, se realizó entre julio y agosto de 2012. Seis meses después la comunidad denunció la contaminación de 26 pozos más. Agua indispensable que desde febrero a la fecha es abastecida por carros de bomberos de Acacías. “Agua prestada sin solución a la vista”, dice Adriana Rodríguez, de Corpoesmeralda, porque en varias reuniones le han preguntado a Ecopetrol por una solución definitiva y los representantes de la empresa han dicho que en uno o dos años “serán beneficiados con un acueducto veredal”. Estas denuncias las hizo Corpoesmeralda en un derecho de petición que le presentaron a la ANLA el 22 de abril de 2013.

“Esta comunidad se ha defendido de todas las formas. Radicando y recogiendo apelaciones y peticiones. Incluso han trancado la entrada a uno de los pozos. Fue en enero de 2013. Ecopetrol ingresó el primer clúster, el primer taladro del proyecto CPO9, a menos de tres kilómetros del colegio, pero les tocó traer el Escuadrón Móvil Antidisturbios, porque hasta don Silverio, que tiene como noventa años, salió con su recibo de impuestos a decir que no quería que entrara ese taladro”, dice Rodríguez. Aún así el taladro entró y empezó la explotación.

La ANLA respondió la petición de Corpoesmeralda diciendo, entre otras cosas, que en algunos puntos se podría estar cometiendo una infracción ambiental que siguen revisando. También, que están elaborando un concepto técnico antes de pronunciarse, que hoy esperan las comunidades de La Esmeralda.

Pesadillas de progreso

En la estación Castilla 2, también en Acacias, la emisión de gases y vapores químicos por tubos que salen de donde se procesa el crudo, como si fueran chimeneas de una fábrica vieja, irrita los ojos al poco tiempo y hace arder la garganta. El sonido del taladro se queda en los oídos, agudo, permanente. Edith Torres lo sabe bien. Tiene los ojos rojos, como si llorara mucho. Su familia ha vivido en esa región mucho antes de que Ecopetrol llegara con la promesa del desarrollo y la esperanza del petróleo. Primero fue un pozo, después ya no supieron cuántos. Como ella, cerca de 40 familias de la zona se quejan de lo mismo.

Luis David Rincón vive en la finca El Manantial, que quedó separada de la estación petrolera Castilla 2 sólo por una vía pública y un cercado de alambre. “Cuando llegué, mi salud y la de mi familia era una, y hoy, tras la entrada de Ecopetrol, es otra. Hoy en día estamos afectados sicológica y físicamente. Ese olor a nafta, ese ruido, esos vapores químicos que salen de las piscinas enfriadoras son espantosos. Los exámenes dicen que tengo cáncer de piel y hace poco me hicieron una cirugía, cuando en mi familia no ha habido antecedentes de esta enfermedad. Por cuenta del ruido también tengo una pérdida de audición”, dice Rincón mientras muestra un examen médico y varios oficios que desde 2004 ha enviado a las autoridades. Los vapores son tan fuertes que trabajadores de la estación, que piden la reserva de su nombre, dicen que es común que los obreros se desmayen por la inhalación de gases.

Al consultar a la ANLA dice que este proyecto cuenta con un instrumento de manejo y control “que permite que los impactos generados por su ejecución sean prevenidos, controlados, mitigados o compensados”. La autoridad de licencias también explica que en el marco legal colombiano están permitidos algunos niveles de emisión de gases y que sólo un monitoreo de calidad de aire podría determinar si se trata de emisiones no permitidas.

Aun así, el municipio de Castilla la Nueva va a pedir a la Secretaría Departamental de Salud del Meta un estudio epidemiológico para saber si el incremento de patologías en la piel y en las vías respiratorias de la población que vive alrededor de la estación Castilla 2 tiene que ver con los impactos de la explotación de hidrocarburos.

El temor de las personas sobre Castilla 2 es el mismo que comparten en El Paraíso de Castilla la Nueva, quienes hace poco se enteraron de que a menos de 600 metros del barrio y a menos de 200 metros de la zona de expansión urbana la ANLA autorizó a Ecopetrol la perforación del clúster 66.

En parte, estas son algunas razones para que en el municipio de Guamal (Meta), en la entrada que de la carretera principal lleva a la vereda Montecristo Alto, hoy cumplan 172 días de resistencia pacífica. Allí se han unido las comunidades de Humadea, Castilla la Nueva y Guamal y están decididas a no dejar entrar el taladro de Ecopetrol para que explore si en el pozo Lorito 1 hay petróleo, aunque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizó la exploración, a pesar de los conceptos en contra de Cormacarena y la gerencia ambiental de la Gobernación del Meta.

La comunidad dice primero que permitir esa exploración es abrir la posibilidad para que se perfore el piedemonte llanero, una zona preciada y estratégica en agua. También, que el borde de la plataforma que se adecuó para realizar la perforación se encuentra aguas arriba de la bocatoma que surte de agua el acueducto del Centro Poblado Turístico de Humadea, a tan sólo 100 metros de distancia del río Humadea, declarado Patrimonio Turístico y Cultural del Meta. Además, la infraestructura está a 150 metros de los tanques desarenadores de otro acueducto, el que surte de agua al municipio de Castilla la Nueva.

El plan de contingencia adicional que se le pidió a Ecopetrol dice que esta plataforma se encuentra ubicada sobre un acuífero de agua dulce de cerca de 1.032 hectáreas y que de presentarse “alguna contingencia con un carrotanque o cualquier automotor que transporte sustancias químicas o lodos, por el grado de pendiente que tiene la vía de acceso a esta plataforma, se cuenta sólo con 15 minutos para controlar la emergencia”.

A pesar de eso, Édgar Paternina, gerente regional de la zona central de Ecopetrol, encargada del Meta, ha dicho que han estado listos para hacer la perforación desde finales de enero de este año, pero asegura que mientras haya oposición de las comunidades prefieren seguir explicando los beneficios del proceso, porque los temores son infundados.

Por ahora, lo cierto es que el contralor delegado para Asuntos Ambientales de la Contraloría General de la República, Mauricio Cabrera, dice que a su despacho han llegado al menos 15 denuncias graves sobre exploración o explotación de hidrocarburos en el piedemonte llanero, puestas por comunidades indígenas, alcaldías, campesinos y otros ciudadanos, y que de llegar a verificarse, le pedirán a la ANLA que revise sus actuaciones.

El gobernador del Meta, Alan Jara, por su parte, ofrece recursos de la Secretaría de Ambiente para adelantar otros estudios que puedan prevenir impactos ambientales irremediables en la región. Aclara, a su vez, que hoy las regiones no tienen ninguna autonomía para decidir sobre los proyectos de explotación petrolera en sus territorios y critica que muchas de las licencias se den en un escritorio de Bogotá, sin conocer el terreno. Mientras tanto, quienes defienden el río Humadea creen que el agua no es negociable, porque sin ella nada tiene sentido, tampoco el acueducto regional que ahora las petroleras les prometen.