¿Un Congreso “antigay”?

A finales del año pasado, el Senado abrió las puertas a lo que muchos consideran un camino en retroceso: evitar que parejas del mismo sexo y personas solteras puedan adoptar. La iniciativa de la senadora liberal Viviane Morales de convocar a un referendo para que sean los colombianos los que decidan que sólo un hombre y una mujer conforman una familia entra a su etapa final este año. Y el asunto se convertirá, sin duda, en uno de los caballitos de batalla en el año preelectoral, de cara a los comicios del 2018.

Pero, más allá de los cálculos políticos, la decisión que ahora está en manos de la Cámara de Representantes —en donde restan dos debates para que los ciudadanos sean convocados a las urnas— también será una oportunidad para demostrar de qué está hecho el Congreso. Mientras el Poder Legislativo se autodenomina “progresista”, varios sectores políticos y sociales ponen en tela de juicio la labor que se ejerce en el interior del Capitolio Nacional. Sin embargo, la que deben tomar no es una decisión menor: se trata del futuro de los más de 10.000 niños que hoy esperan en el ICBF a que una familia los acoja. Eso sin contar con el desgaste eterno que implica tramitar una solicitud de adopción.

La cita está convocada para marzo, en las sesiones ordinarias del Congreso. Y con el antecedente de diciembre en la plenaria del Senado, en donde 54 congresistas le dieron luz verde al referendo, no es difícil predecir que en la Cámara el resultado será similar. “Estoy optimista, pero no triunfalista”, dijo a El Espectador la representante de la Alianza Verde Angélica Lozano, abiertamente homosexual y principal abanderada —junto con su pareja, la senadora Claudia López— de la defensa de la comunidad LGBTI. Pero, según agrega la legisladora, llegar a las urnas significará una oportunidad para que los colombianos miren a su alrededor “y definan si sus familiares solteros u homosexuales son un verdadero peligro para adoptar. Estoy segura de que los colombianos no van a hacerle el juego al odio que se está impulsando con esta iniciativa”.

Pese a ello, cuando en el Senado se aprobó el referendo —al menos, en el primer debate, en septiembre— era medianamente comprensible que hasta los partidos de la Unidad Nacional votaran a favor de la iniciativa. Lo importante, decían algunos, era marcar distancia con lo que en su momento se denominó la “ideología de género”, que incluso amenazó al Acuerdo de Paz. Pero pasados los meses, con un texto ya firmado con las Farc y el rechazo claro del presidente Juan Manuel Santos hacia la propuesta de Viviane Morales, senadores de todos los partidos —salvo el Polo Democrático y la Alianza Verde— votaron a favor de un referendo que, entre otras cosas, busca desconocer la decisión de la Corte Constitucional que ya le había dado su aval a la adopción igualitaria.

Entonces, ¿Colombia está ante un Congreso abiertamente antigay? Esa postura la ha sostenido en innumerables debates la senadora Claudia López. Sin embargo, la representante del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien anticipó su voto positivo, afirma que “no soy homofóbica, pero un niño debe ser especialmente protegido por el Estado. No digo que los homosexuales sean malos, pero las conductas definen la identidad sexual y el futuro de un niño”.

Las cifras que hoy arroja el ICBF, aportadas al debate en el Congreso, indican que de las 4.297 familias colombianas que se postularon como adoptantes en los últimos diez años, sólo 3.252 pudieron darle un hogar a un menor. Los solicitantes en el exterior prácticamente se triplican y, bajo esa premisa, algunos congresistas se preguntan hasta dónde es viable dejar en manos de las mayorías decisiones que, en todo caso, recaerán sobre las minorías.

“No es posible que después de que la Corte haya legislado en ese sentido, hoy se pretenda hacer modificaciones en contravía del espíritu de la Constitución. No es conveniente dejar esa decisión en manos de los colombianos para que, entre ciudadanos, empiecen pulsos que pueden terminar mal”, advirtió el congresista de la U Hernán Penagos. De hecho, cuestionó la avalancha de convocatorias populares que, según dijo, podrían poner en riesgo la estabilidad jurídica y que, eventualmente, ante cualquier decisión legislativa o constitucional, los colombianos decidan, sencillamente, no acatarla.

Lo cierto es que han sido las minorías en el Congreso las que han salido a defender la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo y, en ese sentido, las posibilidades de que el referendo que promueve la exfiscal avance este año sin mayores contratiempos son altas. “Ese referendo significaría someter a un debate ilegítimo el derecho a la igualdad”, dijo el senador del Polo Iván Cepeda. Pero parece ser que el último salvavidas está en manos de la Corte. Una vez pase el referendo en el Congreso, tendrá que someterse a un examen por el alto tribunal y, ahí sí, no será tan probable que los magistrados avalen una propuesta que, claramente, va en contravía de sus propias decisiones.

A finales del año pasado, el Senado abrió las puertas a lo que muchos consideran un camino en retroceso: evitar que parejas del mismo sexo y personas solteras puedan adoptar. La iniciativa de la senadora liberal Viviane Morales de convocar a un referendo para que sean los colombianos los que decidan que sólo un hombre y una mujer conforman una familia entra a su etapa final este año. Y el asunto se convertirá, sin duda, en uno de los caballitos de batalla en el año preelectoral, de cara a los comicios del 2018.

Pero, más allá de los cálculos políticos, la decisión que ahora está en manos de la Cámara de Representantes —en donde restan dos debates para que los ciudadanos sean convocados a las urnas— también será una oportunidad para demostrar de qué está hecho el Congreso. Mientras el Poder Legislativo se autodenomina “progresista”, varios sectores políticos y sociales ponen en tela de juicio la labor que se ejerce en el interior del Capitolio Nacional. Sin embargo, la que deben tomar no es una decisión menor: se trata del futuro de los más de 10.000 niños que hoy esperan en el ICBF a que una familia los acoja. Eso sin contar con el desgaste eterno que implica tramitar una solicitud de adopción.

La cita está convocada para marzo, en las sesiones ordinarias del Congreso. Y con el antecedente de diciembre en la plenaria del Senado, en donde 54 congresistas le dieron luz verde al referendo, no es difícil predecir que en la Cámara el resultado será similar. “Estoy optimista, pero no triunfalista”, dijo a El Espectador la representante de la Alianza Verde Angélica Lozano, abiertamente homosexual y principal abanderada —junto con su pareja, la senadora Claudia López— de la defensa de la comunidad LGBTI. Pero, según agrega la legisladora, llegar a las urnas significará una oportunidad para que los colombianos miren a su alrededor “y definan si sus familiares solteros u homosexuales son un verdadero peligro para adoptar. Estoy segura de que los colombianos no van a hacerle el juego al odio que se está impulsando con esta iniciativa”.

Pese a ello, cuando en el Senado se aprobó el referendo —al menos, en el primer debate, en septiembre— era medianamente comprensible que hasta los partidos de la Unidad Nacional votaran a favor de la iniciativa. Lo importante, decían algunos, era marcar distancia con lo que en su momento se denominó la “ideología de género”, que incluso amenazó al Acuerdo de Paz. Pero pasados los meses, con un texto ya firmado con las Farc y el rechazo claro del presidente Juan Manuel Santos hacia la propuesta de Viviane Morales, senadores de todos los partidos —salvo el Polo Democrático y la Alianza Verde— votaron a favor de un referendo que, entre otras cosas, busca desconocer la decisión de la Corte Constitucional que ya le había dado su aval a la adopción igualitaria.

Entonces, ¿Colombia está ante un Congreso abiertamente antigay? Esa postura la ha sostenido en innumerables debates la senadora Claudia López. Sin embargo, la representante del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien anticipó su voto positivo, afirma que “no soy homofóbica, pero un niño debe ser especialmente protegido por el Estado. No digo que los homosexuales sean malos, pero las conductas definen la identidad sexual y el futuro de un niño”.

Las cifras que hoy arroja el ICBF, aportadas al debate en el Congreso, indican que de las 4.297 familias colombianas que se postularon como adoptantes en los últimos diez años, sólo 3.252 pudieron darle un hogar a un menor. Los solicitantes en el exterior prácticamente se triplican y, bajo esa premisa, algunos congresistas se preguntan hasta dónde es viable dejar en manos de las mayorías decisiones que, en todo caso, recaerán sobre las minorías.

“No es posible que después de que la Corte haya legislado en ese sentido, hoy se pretenda hacer modificaciones en contravía del espíritu de la Constitución. No es conveniente dejar esa decisión en manos de los colombianos para que, entre ciudadanos, empiecen pulsos que pueden terminar mal”, advirtió el congresista de la U Hernán Penagos. De hecho, cuestionó la avalancha de convocatorias populares que, según dijo, podrían poner en riesgo la estabilidad jurídica y que, eventualmente, ante cualquier decisión legislativa o constitucional, los colombianos decidan, sencillamente, no acatarla.

Lo cierto es que han sido las minorías en el Congreso las que han salido a defender la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo y, en ese sentido, las posibilidades de que el referendo que promueve la exfiscal avance este año sin mayores contratiempos son altas. “Ese referendo significaría someter a un debate ilegítimo el derecho a la igualdad”, dijo el senador del Polo Iván Cepeda. Pero parece ser que el último salvavidas está en manos de la Corte. Una vez pase el referendo en el Congreso, tendrá que someterse a un examen por el alto tribunal y, ahí sí, no será tan probable que los magistrados avalen una propuesta que, claramente, va en contravía de sus propias decisiones.