Un pálido debate a 'chuzadas'

El país y sobre todo la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso reclamaban respuestas del Gobierno y de las Fuerzas Militares por las presuntas interceptaciones ilegales del Ejército a miembros de los equipos negociadores del proceso de paz en La Habana, realizadas desde un local fachada ubicado en el sector de Galerías, en Bogotá. No obstante, las respuestas nunca llegaron y el Gobierno ratifica que las acciones de inteligencia que se venían realizando estaban en el marco de la legalidad.

Esa es la conclusión de la mayor parte de parlamentarios que citaron a una sesión reservada al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; al comandante de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero; al comandante de Ejército, Juan Pablo Rodríguez; al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Álvaro Echandía Durán, y al gran ausente, el fiscal general, Eduardo Montealegre, para que dieran explicaciones sobre el asunto pero, finalmente, según conoció El Espectador, terminaron ratificando la tesis de que “se trataba de trabajos de inteligencia legales”.

Aunque el debate se manejó con sumo cuidado por tratarse de una sesión reservada donde se podían ventilar asuntos propios de la seguridad nacional, se pudo establecer que el ministro Pinzón afirmó que en el ejercicio de inteligencia no se realizaron interceptaciones, sino un monitoreo del espectro electromagnético, que sí es permitido por la ley.

En términos prácticos, cuando se habla de interceptación es la escucha de conversaciones directas de miembros del equipo negociador, que deben contar con autorización judicial. Frente al monitoreo del espectro electromagnético, es intervenir comunicaciones por medios electrónicos como correos. En este caso, aunque resulta igualmente grave, está amparado por la ley y no requiere orden judicial. Por eso, este se ha convertido en el argumento del Gobierno.

No obstante, informaron los citantes que las respuestas del Gobierno fueron vagas y no resolvían las inquietudes que se plantearon en las 66 preguntas que les hicieron a través del cuestionario enviado.

Lejos explicar las funciones del Ejército, la capacidad en materia de interceptación, las salas que se dedican a estas labores, nuevamente, acogiendo la tesis que ha esgrimido el presidente Juan Manuel Santos de que “las fachadas de inteligencia, como la que se allanó, son totalmente lícitas, son operaciones de inteligencia que están contempladas dentro de la Ley de Inteligencia y eso no tiene nada de irregular”, se ampararon en que el monitoreo al espectro es legal.

Además, evadiendo la mayor parte de los cuestionamientos, el ministro y los miembros de la cúpula militar señalaron que este es un tema que aún es motivo de investigación y que serán las autoridades las que tendrán que definir si se presentó alguna irregularidad. Ese fue el argumento del fiscal Eduardo Montealegre para no asistir al debate, porque como las presuntas ‘chuzadas’ son objeto de investigación, este proceso no se puede ventilar.

Así las cosas, el país y el Congreso se quedaron esperando explicaciones a fondo sobre las revelaciones que hizo la revista Semana del presunto espionaje a los negociadores en La Habana y será necesario esperar a que la Fiscalía dé una conclusión de fondo. No obstante, el senador Juan Manuel Galán anunció otro debate de control político para marzo, para el cual el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, reclamó la asistencia del fiscal Montealegre.

El país y sobre todo la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso reclamaban respuestas del Gobierno y de las Fuerzas Militares por las presuntas interceptaciones ilegales del Ejército a miembros de los equipos negociadores del proceso de paz en La Habana, realizadas desde un local fachada ubicado en el sector de Galerías, en Bogotá. No obstante, las respuestas nunca llegaron y el Gobierno ratifica que las acciones de inteligencia que se venían realizando estaban en el marco de la legalidad.

Esa es la conclusión de la mayor parte de parlamentarios que citaron a una sesión reservada al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; al comandante de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero; al comandante de Ejército, Juan Pablo Rodríguez; al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Álvaro Echandía Durán, y al gran ausente, el fiscal general, Eduardo Montealegre, para que dieran explicaciones sobre el asunto pero, finalmente, según conoció El Espectador, terminaron ratificando la tesis de que “se trataba de trabajos de inteligencia legales”.

Aunque el debate se manejó con sumo cuidado por tratarse de una sesión reservada donde se podían ventilar asuntos propios de la seguridad nacional, se pudo establecer que el ministro Pinzón afirmó que en el ejercicio de inteligencia no se realizaron interceptaciones, sino un monitoreo del espectro electromagnético, que sí es permitido por la ley.

En términos prácticos, cuando se habla de interceptación es la escucha de conversaciones directas de miembros del equipo negociador, que deben contar con autorización judicial. Frente al monitoreo del espectro electromagnético, es intervenir comunicaciones por medios electrónicos como correos. En este caso, aunque resulta igualmente grave, está amparado por la ley y no requiere orden judicial. Por eso, este se ha convertido en el argumento del Gobierno.

No obstante, informaron los citantes que las respuestas del Gobierno fueron vagas y no resolvían las inquietudes que se plantearon en las 66 preguntas que les hicieron a través del cuestionario enviado.

Lejos explicar las funciones del Ejército, la capacidad en materia de interceptación, las salas que se dedican a estas labores, nuevamente, acogiendo la tesis que ha esgrimido el presidente Juan Manuel Santos de que “las fachadas de inteligencia, como la que se allanó, son totalmente lícitas, son operaciones de inteligencia que están contempladas dentro de la Ley de Inteligencia y eso no tiene nada de irregular”, se ampararon en que el monitoreo al espectro es legal.

Además, evadiendo la mayor parte de los cuestionamientos, el ministro y los miembros de la cúpula militar señalaron que este es un tema que aún es motivo de investigación y que serán las autoridades las que tendrán que definir si se presentó alguna irregularidad. Ese fue el argumento del fiscal Eduardo Montealegre para no asistir al debate, porque como las presuntas ‘chuzadas’ son objeto de investigación, este proceso no se puede ventilar.

Así las cosas, el país y el Congreso se quedaron esperando explicaciones a fondo sobre las revelaciones que hizo la revista Semana del presunto espionaje a los negociadores en La Habana y será necesario esperar a que la Fiscalía dé una conclusión de fondo. No obstante, el senador Juan Manuel Galán anunció otro debate de control político para marzo, para el cual el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, reclamó la asistencia del fiscal Montealegre.