Un vistazo a los alfiles caídos del uribismo

A raíz del escándalo desatado por los audios del fallecido ganadero José Guillermo Hernández, conocido como Ñeñe, aunque sin nombrarlo, el Centro Democrático calificó lo sucedido como una “estrategia” contra el partido, el senador Álvaro Uribe y el presidente Iván Duque, “coordinada por personas y organizaciones de izquierda, con apoyo de medios de comunicación colombianos y extranjeros”. Sin embargo, una mirada al acontecer del país demuestra que, entre los gajes del poder y la política, es larga la lista de alfiles del uribismo que terminaron en líos o procesados por la justicia.

La lista comienza con Jorge Noguera Cotes, quien después de oficiar como jefe de la campaña presidencial de Uribe en el departamento del Magdalena en 2002, fue nombrado director del DAS. Desempeñó el cargo hasta 2005, cuando pasó a ser cónsul en Milán (Italia). No obstante, en la recta final de la campaña reeleccionista de 2006, terminó involucrado en un proceso por nexos con el paramilitarismo. En 2007 estaba preso, y tiempo después fue condenado a 25 años de prisión por concierto para delinquir y homicidio. En 2017 le sumaron en su contra una condena a siete años por persecución a periodistas, opositores y magistrados de las altas cortes.

Cuando el escándalo ya tenía a Noguera a las puertas de la cárcel, el comentario del entonces presidente Uribe fue que le había parecido “un buen muchacho”. Este primer capítulo de excesos en el DAS se llevó por delante también al subdirector del organismo, José Miguel Narváez. Aunque su caída se adelantó a la de Noguera, la justicia pudo documentar que fue clave para desatar la guerra política que se orquestó desde esa entidad para hostigar a opositores del Ejecutivo. Hoy, Narváez ha pedido pista en la JEP para contar vínculos de las autodefensas con el organismo. En 2018 fue condenado a treinta años de prisión por el crimen de Jaime Garzón.

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Cronológicamente, después vino lo que se conoció como la Yidispolítica. Si bien los hechos sucedieron en 2004, la pesquisa judicial se adelantó en 2008. En síntesis, lo que documentó la justicia fue el pago de prebendas a la congresista Yidis Medina y otros para lograr los votos en el trámite de la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata en 2006. Además de la propia legisladora y de los entonces congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus, terminaron condenados por cohecho los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacios, lo mismo que Alberto Velásquez, exsecretario general de la Presidencia.

El comienzo del segundo gobierno Uribe coincidió con el inicio del escándalo de la parapolítica. Inicialmente la lista de procesados se concentró en congresistas de la coalición oficialista y luego alcanzó a políticos de su círculo más cercano, como su primo, Mario Uribe Escobar, entonces senador. El expediente de la parapolítica se desdobló en múltiples frentes y, para 2013, incluso después de los ocho años de mandato de Uribe, llegó a sesenta el número de legisladores y exlegisladores procesados. De todo ello se desprenden otros sucesos judiciales, también con ribetes de escándalo, que igualmente tocaron alfiles del uribismo. 

Por ejemplo, el caso Tasmania, ocurrido hacia septiembre de 2007, cuando el procesado José Orlando Moncada Zapata apareció denunciando que Iván Velásquez, magistrado investigador de la parapolítica, lo había abordado para tratar de hacerle un montaje al entonces presidente Uribe. Con el paso del tiempo se probó que, al contrario, fue una treta para desprestigiar a Velásquez, con el protagonismo del abogado Sergio González Mejía, quien resultó condenado a setenta meses de prisión. Por la misma vía, en abril de 2008 ocurrió un encuentro subrepticio en la Casa de Nariño que también terminó en los estrados de la justicia.

Esa visita tuvo como protagonista a Antonio López, alias Job, asesor de cabecera del jefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna. El propósito de su ingreso a la sede presidencial fue igualmente hablar de un supuesto testigo de montajes contra el Gobierno en el escándalo de la parapolítica. Al encuentro acudieron Edmundo del Castillo, secretario jurídico, y César Mauricio Velásquez, secretario de prensa, lo mismo que el asesor Juan José Chaux. Los dos primeros resultaron procesados por la justicia y Chaux fue condenado por nexos con las autodefensas. Este caso terminó conexo al segundo capítulo de escándalo del DAS.

Sin embargo, antes de que se precipitara el alud de este segundo episodio judicial en el organismo de inteligencia, otro de los alfiles de Uribe terminó en aprietos. En el curso de la campaña por la reelección de 2006 y con el propósito de presionar a las Farc a que aceptara un acuerdo humanitario, en marzo de ese año se registró la desmovilización de un supuesto frente de la guerrilla conocido como Cacica La Gaitana. Meses después, la justicia verificó que ese frente nunca existió y que la desmovilización de 62 aparentes guerrilleros fue un montaje. Por eso caso, terminó procesado el alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, quien abandonó el país en 2012. 

El segundo escándalo del DAS tuvo proporciones de terremoto político-judicial. El detonante fueron varias denuncias en medios de chuzadas ilegales a periodistas, opositores y magistrados. En síntesis, María del Pilar Hurtado, exdirectora del organismo, fue condenada a catorce años de prisión y también tuvieron la misma suerte Fernando Tabares y Jorge Lagos, jefes de Inteligencia y Contrainteligencia, respectivamente, entre otros. Como un coletazo, cayó también en el radar de la justicia Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia. Los ecos de este escándalo todavía se mueven en los estrados judiciales. 

En 2008, punto alto en el caso DAS, se conoció otro apartado judicial que repercute hasta el presente: el estrépito de los falsos positivos. En aplicación de la política de seguridad democrática y ante la presión de resultados operacionales, en varias unidades militares se incentivó la práctica de las ejecuciones extrajudiciales, con víctimas civiles que fueron presentadas como guerrilleros dados de baja en combate. Es incierto el número de personas ajusticiadas bajo esta dolosa modalidad y todavía se investiga la conducta de varios militares, entre ellos el general Mario Montoya, excomandante de las Fuerzas Militares. 

En la etapa final de su mandato de ocho años, y tiempo después, ya en la era Santos, siguieron los dilemas para alfiles del uribismo. En esta sucesión, cabe recordar a dos exgenerales de la Policía que oficiaron como jefes de seguridad de la Casa de Nariño, quienes terminaron involucrados en procesos judiciales. El primero de ellos fue el general Mauricio Santoyo, quien a pesar de que había sido destituido por la Procuraduría al estar involucrado en chuzadas ilegales cuando ofició como jefe del Gaula en Medellín en 2001, terminó escogido como jefe de seguridad en 2003 y luego fue promovido a general, en 2007.

Lo que no hizo la justicia colombiana lo hizo la estadounidense y, hacia 2012, Santoyo se entregó a las autoridades norteamericanas. En dicho país terminó confesando que en realidad fue un hombre al servicio de las autodefensas. El otro jefe de seguridad de la era Uribe que culminó su oficio emproblemado fue el general Flavio Buitrago, condenado a nueve años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, al comprobarse sus nexos con Marco Antonio Gil, alias El Papero. El ahora exoficial siempre ha negado dicha relación, pero lo cierto es que en el caso también fue procesada su esposa.

De otro lado, entre los alfiles más representativos del uribismo, sin duda, está Andrés Felipe Arias, su exministro de Agricultura, condenado a 17 años y cuatro meses de prisión por su participación en lo que se conoció como el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS). Los hechos ocurrieron en 2009, pero el exfuncionario fue procesado después de terminado el mandato de Uribe. Tras comprobar irregularidades de contratación en el programa AIS, primero lo destituyó la Procuraduría y luego lo condenó la Corte Suprema de Justicia, también por el delito de peculado. Tras un largo tiempo detenido en Estados Unidos, Arias se encuentra hoy privado de la libertad en una guarnición militar.

Por la misma época, igualmente terminaron envueltos en líos los promotores del referendo a través del cual, en 2009, se buscaba un tercer mandato para Álvaro Uribe. La justicia procesó a los miembros del comité promotor por diversas irregularidades. La pesquisa recayó sobre el vocero de dicho comité, el excongresista Luis Guillermo Giraldo, quien hasta su absolución, en octubre de 2016, tuvo que comparecer ante los tribunales. Por ese entonces, ya el expresidente Uribe lidiaba con un problema mayor: las acusaciones contra su hermano Santiago, por sus presuntos nexos con un grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles.

El caso sigue sin fallo definitivo, pero de alguna manera ese proceso penal derivó en otro paralelo en el cual el señalado es el propio expresidente y senador Álvaro Uribe. Se trata del expediente que lo enfrenta con el senador Iván Cepeda, del Polo, por presunta manipulación de testigos. En este caso, Uribe fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, al igual que su copartidario Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara. A su vez, el abogado Diego Cadena, también cercano al exmandatario, ya está procesado por irregularidades para el recaudo de pruebas en las cárceles, dentro del mismo expediente.

Lea más: María Claudia Daza renuncia a UTL de Uribe por grabaciones del "Ñeñe" Hernández.

En este episodio, el exmandatario ha insistido en que él no sabe de sobornos ni de fraudes y que, por lo tanto, nunca conoció de esos procedimientos del abogado Cadena, quien le habría dado una ayuda económica a un testigo. Si lo hubiera sabido —según él— no lo habría autorizado. Por estos días, ante el escándalo por los audios del Ñeñe Hernández, la persona en entredicho es María Claudia Daza, integrante de su Unidad Legislativa. Aunque ella niega ser la interlocutora del asesinado ganadero y sigue elogiando a su jefe, Uribe ya tomó distancia y calificó su conducta como un “abuso” a la transparencia del presidente Duque y la suya propia.

Vea La conversación del “Ñeñe” Hernández que puso en aprietos al presidente Duque.

A raíz del escándalo desatado por los audios del fallecido ganadero José Guillermo Hernández, conocido como Ñeñe, aunque sin nombrarlo, el Centro Democrático calificó lo sucedido como una “estrategia” contra el partido, el senador Álvaro Uribe y el presidente Iván Duque, “coordinada por personas y organizaciones de izquierda, con apoyo de medios de comunicación colombianos y extranjeros”. Sin embargo, una mirada al acontecer del país demuestra que, entre los gajes del poder y la política, es larga la lista de alfiles del uribismo que terminaron en líos o procesados por la justicia.

La lista comienza con Jorge Noguera Cotes, quien después de oficiar como jefe de la campaña presidencial de Uribe en el departamento del Magdalena en 2002, fue nombrado director del DAS. Desempeñó el cargo hasta 2005, cuando pasó a ser cónsul en Milán (Italia). No obstante, en la recta final de la campaña reeleccionista de 2006, terminó involucrado en un proceso por nexos con el paramilitarismo. En 2007 estaba preso, y tiempo después fue condenado a 25 años de prisión por concierto para delinquir y homicidio. En 2017 le sumaron en su contra una condena a siete años por persecución a periodistas, opositores y magistrados de las altas cortes.

Cuando el escándalo ya tenía a Noguera a las puertas de la cárcel, el comentario del entonces presidente Uribe fue que le había parecido “un buen muchacho”. Este primer capítulo de excesos en el DAS se llevó por delante también al subdirector del organismo, José Miguel Narváez. Aunque su caída se adelantó a la de Noguera, la justicia pudo documentar que fue clave para desatar la guerra política que se orquestó desde esa entidad para hostigar a opositores del Ejecutivo. Hoy, Narváez ha pedido pista en la JEP para contar vínculos de las autodefensas con el organismo. En 2018 fue condenado a treinta años de prisión por el crimen de Jaime Garzón.

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Cronológicamente, después vino lo que se conoció como la Yidispolítica. Si bien los hechos sucedieron en 2004, la pesquisa judicial se adelantó en 2008. En síntesis, lo que documentó la justicia fue el pago de prebendas a la congresista Yidis Medina y otros para lograr los votos en el trámite de la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata en 2006. Además de la propia legisladora y de los entonces congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus, terminaron condenados por cohecho los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacios, lo mismo que Alberto Velásquez, exsecretario general de la Presidencia.

El comienzo del segundo gobierno Uribe coincidió con el inicio del escándalo de la parapolítica. Inicialmente la lista de procesados se concentró en congresistas de la coalición oficialista y luego alcanzó a políticos de su círculo más cercano, como su primo, Mario Uribe Escobar, entonces senador. El expediente de la parapolítica se desdobló en múltiples frentes y, para 2013, incluso después de los ocho años de mandato de Uribe, llegó a sesenta el número de legisladores y exlegisladores procesados. De todo ello se desprenden otros sucesos judiciales, también con ribetes de escándalo, que igualmente tocaron alfiles del uribismo. 

Por ejemplo, el caso Tasmania, ocurrido hacia septiembre de 2007, cuando el procesado José Orlando Moncada Zapata apareció denunciando que Iván Velásquez, magistrado investigador de la parapolítica, lo había abordado para tratar de hacerle un montaje al entonces presidente Uribe. Con el paso del tiempo se probó que, al contrario, fue una treta para desprestigiar a Velásquez, con el protagonismo del abogado Sergio González Mejía, quien resultó condenado a setenta meses de prisión. Por la misma vía, en abril de 2008 ocurrió un encuentro subrepticio en la Casa de Nariño que también terminó en los estrados de la justicia.

Esa visita tuvo como protagonista a Antonio López, alias Job, asesor de cabecera del jefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna. El propósito de su ingreso a la sede presidencial fue igualmente hablar de un supuesto testigo de montajes contra el Gobierno en el escándalo de la parapolítica. Al encuentro acudieron Edmundo del Castillo, secretario jurídico, y César Mauricio Velásquez, secretario de prensa, lo mismo que el asesor Juan José Chaux. Los dos primeros resultaron procesados por la justicia y Chaux fue condenado por nexos con las autodefensas. Este caso terminó conexo al segundo capítulo de escándalo del DAS.

Sin embargo, antes de que se precipitara el alud de este segundo episodio judicial en el organismo de inteligencia, otro de los alfiles de Uribe terminó en aprietos. En el curso de la campaña por la reelección de 2006 y con el propósito de presionar a las Farc a que aceptara un acuerdo humanitario, en marzo de ese año se registró la desmovilización de un supuesto frente de la guerrilla conocido como Cacica La Gaitana. Meses después, la justicia verificó que ese frente nunca existió y que la desmovilización de 62 aparentes guerrilleros fue un montaje. Por eso caso, terminó procesado el alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, quien abandonó el país en 2012. 

El segundo escándalo del DAS tuvo proporciones de terremoto político-judicial. El detonante fueron varias denuncias en medios de chuzadas ilegales a periodistas, opositores y magistrados. En síntesis, María del Pilar Hurtado, exdirectora del organismo, fue condenada a catorce años de prisión y también tuvieron la misma suerte Fernando Tabares y Jorge Lagos, jefes de Inteligencia y Contrainteligencia, respectivamente, entre otros. Como un coletazo, cayó también en el radar de la justicia Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia. Los ecos de este escándalo todavía se mueven en los estrados judiciales. 

En 2008, punto alto en el caso DAS, se conoció otro apartado judicial que repercute hasta el presente: el estrépito de los falsos positivos. En aplicación de la política de seguridad democrática y ante la presión de resultados operacionales, en varias unidades militares se incentivó la práctica de las ejecuciones extrajudiciales, con víctimas civiles que fueron presentadas como guerrilleros dados de baja en combate. Es incierto el número de personas ajusticiadas bajo esta dolosa modalidad y todavía se investiga la conducta de varios militares, entre ellos el general Mario Montoya, excomandante de las Fuerzas Militares. 

En la etapa final de su mandato de ocho años, y tiempo después, ya en la era Santos, siguieron los dilemas para alfiles del uribismo. En esta sucesión, cabe recordar a dos exgenerales de la Policía que oficiaron como jefes de seguridad de la Casa de Nariño, quienes terminaron involucrados en procesos judiciales. El primero de ellos fue el general Mauricio Santoyo, quien a pesar de que había sido destituido por la Procuraduría al estar involucrado en chuzadas ilegales cuando ofició como jefe del Gaula en Medellín en 2001, terminó escogido como jefe de seguridad en 2003 y luego fue promovido a general, en 2007.

Lo que no hizo la justicia colombiana lo hizo la estadounidense y, hacia 2012, Santoyo se entregó a las autoridades norteamericanas. En dicho país terminó confesando que en realidad fue un hombre al servicio de las autodefensas. El otro jefe de seguridad de la era Uribe que culminó su oficio emproblemado fue el general Flavio Buitrago, condenado a nueve años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, al comprobarse sus nexos con Marco Antonio Gil, alias El Papero. El ahora exoficial siempre ha negado dicha relación, pero lo cierto es que en el caso también fue procesada su esposa.

De otro lado, entre los alfiles más representativos del uribismo, sin duda, está Andrés Felipe Arias, su exministro de Agricultura, condenado a 17 años y cuatro meses de prisión por su participación en lo que se conoció como el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS). Los hechos ocurrieron en 2009, pero el exfuncionario fue procesado después de terminado el mandato de Uribe. Tras comprobar irregularidades de contratación en el programa AIS, primero lo destituyó la Procuraduría y luego lo condenó la Corte Suprema de Justicia, también por el delito de peculado. Tras un largo tiempo detenido en Estados Unidos, Arias se encuentra hoy privado de la libertad en una guarnición militar.

Por la misma época, igualmente terminaron envueltos en líos los promotores del referendo a través del cual, en 2009, se buscaba un tercer mandato para Álvaro Uribe. La justicia procesó a los miembros del comité promotor por diversas irregularidades. La pesquisa recayó sobre el vocero de dicho comité, el excongresista Luis Guillermo Giraldo, quien hasta su absolución, en octubre de 2016, tuvo que comparecer ante los tribunales. Por ese entonces, ya el expresidente Uribe lidiaba con un problema mayor: las acusaciones contra su hermano Santiago, por sus presuntos nexos con un grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles.

El caso sigue sin fallo definitivo, pero de alguna manera ese proceso penal derivó en otro paralelo en el cual el señalado es el propio expresidente y senador Álvaro Uribe. Se trata del expediente que lo enfrenta con el senador Iván Cepeda, del Polo, por presunta manipulación de testigos. En este caso, Uribe fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, al igual que su copartidario Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara. A su vez, el abogado Diego Cadena, también cercano al exmandatario, ya está procesado por irregularidades para el recaudo de pruebas en las cárceles, dentro del mismo expediente.

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En este episodio, el exmandatario ha insistido en que él no sabe de sobornos ni de fraudes y que, por lo tanto, nunca conoció de esos procedimientos del abogado Cadena, quien le habría dado una ayuda económica a un testigo. Si lo hubiera sabido —según él— no lo habría autorizado. Por estos días, ante el escándalo por los audios del Ñeñe Hernández, la persona en entredicho es María Claudia Daza, integrante de su Unidad Legislativa. Aunque ella niega ser la interlocutora del asesinado ganadero y sigue elogiando a su jefe, Uribe ya tomó distancia y calificó su conducta como un “abuso” a la transparencia del presidente Duque y la suya propia.

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