Una apuesta por el suroccidente colombiano

El suroccidente colombiano se ha convertido en un territorio de ensayo para el denominado posconflicto. El Valle del Cauca, el Cauca, Nariño y Putumayo han sido usados como una especie de laboratorio por parte del Estado para, tras más de 50 años de guerra, llevar a aquellos territorios históricamente olvidados varios de los programas que quedaron plasmados en el Acuerdo de Paz, como una especie de medida de reparación por tantos años de abandono. El fin último es recuperar la soberanía en esa región del país que, pese a estar estratégicamente ubicada en términos de competitividad, ha sido también víctima de la confluencia de todos los males: presencia de grupos guerrilleros, bandas criminales y economías ilegales que han evitado el crecimiento económico de esta vasta zona colombiana.

(Lea: El Cauca del posconflicto)

De acuerdo con datos oficiales, la región suroccidente del país concentra la sexta parte de la población colombiana y cuenta con uno de los puertos más importantes en el litoral Pacífico, ubicado en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca). Su salida directa hacia mercados asiáticos garantiza un importante porcentaje de carga marítima destinada a su exportación, pero, paradójicamente, también significa la salida de mercancía ilegal, narcotráfico o tráfico ilegal de armas a otros lugares de la región, lo que ha convertido el delito transnacional en una práctica habitual. Por ello, hablar del restablecimiento de la paz en una zona geográficamente aislada no parece tan lógico cuando, aún con posacuerdo, sigue siendo víctima del abandono estatal.

Pero ¿cómo comenzar las labores de reivindicación de la Colombia profunda? Esa es, en gran parte, responsabilidad de quienes aspiran a ejercer cargos de elección popular a nivel nacional, como los candidatos al Senado de la República, pues, aunque los legisladores no son ordenadores del gasto, sí tienen una enorme responsabilidad respecto a quienes ejecutan el presupuesto: ejercer el control político de los funcionarios encargados de tan importante tarea y, puesto en términos más altruistas, ser la voz de cada una de las regiones del país para visibilizar sus más graves problemáticas.

Ese es, justamente, el tema que se abordará mañana en el debate entre aspirantes al Congreso de la República, organizado por El Espectador, Fescol, CUSO International - Giobierno de Canadá y la Universidad Icesi, y que tendrá lugar en la ciudad de Cali. Los actuales representantes a la Cámara Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) y Angélica Lozano (Alianza Verde) y los senadores Paloma Valencia (Centro Democrático) y Alexánder López (Polo Democrático) se darán cita para explicar su principal apuesta social para el suroccidente del país. El problema de los cultivos ilícitos, por ejemplo, será uno de los temas obligados si se tiene en cuenta el más reciente reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que monitoreó los avances en esa materia en Colombia y dio cuenta de que Tumaco (Nariño) es el municipio más afectado por cultivos de coca en el país, a tal punto de permanecer en esa lista desde 2002.

El sur del Putumayo y la zona montañosa del Cauca, igualmente, hacen parte de las zonas con mayor presencia de cultivos ilícitos, siendo el municipio de El Tambo el más afectado. Lo más preocupante es que, de acuerdo con el citado informe, el centro poblado denominado El Plateado cuenta con la tercera parte de la coca del departamento. No en vano, el gobernador de Cauca, Óscar Rodrigo Campo, ha dicho previamente que la principal agenda que debe priorizar desde lo regional es atacar a las economías ilegales, como el narcotráfico y la minería criminal. El lío sigue siendo, evidentemente, fortalecer la sinergia entre lo local y lo nacional, dado que, pese a que hoy esa región del país —entre muchas otras—, cuenta con un actor armado menos, gracias a la firma del Acuerdo de Paz con la desarmada guerrilla de las Farc, hay otros actores que quieren apropiarse de los territorios dominados por la antigua organización rebelde. “No se ha logrado pasar de los preacuerdos a la práctica para que lleguen los recursos de forma masiva a los campesinos que hoy sustentan 13.000 hectáreas de coca en el Cauca”, es una de las críticas hechas por Campo.

Pero, mientras eso ocurre, las economías legales del Cauca apuestan por productos de exportación como el café, el aguacate hass, la quinua y la trucha. Entre tanto, en otros departamentos del litoral Pacífico, como Putumayo, viene haciendo más presencia el Estado. Hace apenas algunas semanas, el vicepresidente, general (r) Óscar Naranjo, llegó al municipio de Villagarzón, donde 60 familias que se sumaron a programas de sustitución voluntaria de planta de coca por cultivos lícitos recibieron el título de propiedad de su tierra. Productos como plátano, papa, café, ají, piña, pimentón, cebolla y fríjol vienen siendo cosechados por sus habitantes.

Y lo electoral, ¿qué?

Entre los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Valle del Cauca se cuentan 161 municipios. Y en varios de ellos, de acuerdo con el más reciente informe sobre riesgo electoral entregado por la Misión de Observación Electoral (MOE), hay riesgo extremo de cara a los comicios de marzo y mayo de este año. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, una de las principales preocupaciones radica en los altos índices de delincuencia, concentrados en Buenaventura y Cali, sumados a la posibilidad real de que actores y grupos armados ilegales, como el Eln, la disidencia de las Farc y los denominados grupos armados organizados (GAO), tengan injerencia el día de las elecciones. Presiones, constreñimiento, ataques contra material electoral y otras prácticas registradas en el pasado podrían repetirse.

La Defensoría del Pueblo alertó de que disidencias de las Farc han estado amenazando a comunidades que hacen proselitismo a favor del partido FARC, en departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo. Y para terminar, los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos parecen no tener una solución pronta. Ese es, pues, el panorama que, a vuelo de pájaro, enfrentan los próximos gobernantes de este país. ¿Será que encontrarán solución a tanto mal?

El suroccidente colombiano se ha convertido en un territorio de ensayo para el denominado posconflicto. El Valle del Cauca, el Cauca, Nariño y Putumayo han sido usados como una especie de laboratorio por parte del Estado para, tras más de 50 años de guerra, llevar a aquellos territorios históricamente olvidados varios de los programas que quedaron plasmados en el Acuerdo de Paz, como una especie de medida de reparación por tantos años de abandono. El fin último es recuperar la soberanía en esa región del país que, pese a estar estratégicamente ubicada en términos de competitividad, ha sido también víctima de la confluencia de todos los males: presencia de grupos guerrilleros, bandas criminales y economías ilegales que han evitado el crecimiento económico de esta vasta zona colombiana.

(Lea: El Cauca del posconflicto)

De acuerdo con datos oficiales, la región suroccidente del país concentra la sexta parte de la población colombiana y cuenta con uno de los puertos más importantes en el litoral Pacífico, ubicado en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca). Su salida directa hacia mercados asiáticos garantiza un importante porcentaje de carga marítima destinada a su exportación, pero, paradójicamente, también significa la salida de mercancía ilegal, narcotráfico o tráfico ilegal de armas a otros lugares de la región, lo que ha convertido el delito transnacional en una práctica habitual. Por ello, hablar del restablecimiento de la paz en una zona geográficamente aislada no parece tan lógico cuando, aún con posacuerdo, sigue siendo víctima del abandono estatal.

Pero ¿cómo comenzar las labores de reivindicación de la Colombia profunda? Esa es, en gran parte, responsabilidad de quienes aspiran a ejercer cargos de elección popular a nivel nacional, como los candidatos al Senado de la República, pues, aunque los legisladores no son ordenadores del gasto, sí tienen una enorme responsabilidad respecto a quienes ejecutan el presupuesto: ejercer el control político de los funcionarios encargados de tan importante tarea y, puesto en términos más altruistas, ser la voz de cada una de las regiones del país para visibilizar sus más graves problemáticas.

Ese es, justamente, el tema que se abordará mañana en el debate entre aspirantes al Congreso de la República, organizado por El Espectador, Fescol, CUSO International - Giobierno de Canadá y la Universidad Icesi, y que tendrá lugar en la ciudad de Cali. Los actuales representantes a la Cámara Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) y Angélica Lozano (Alianza Verde) y los senadores Paloma Valencia (Centro Democrático) y Alexánder López (Polo Democrático) se darán cita para explicar su principal apuesta social para el suroccidente del país. El problema de los cultivos ilícitos, por ejemplo, será uno de los temas obligados si se tiene en cuenta el más reciente reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que monitoreó los avances en esa materia en Colombia y dio cuenta de que Tumaco (Nariño) es el municipio más afectado por cultivos de coca en el país, a tal punto de permanecer en esa lista desde 2002.

El sur del Putumayo y la zona montañosa del Cauca, igualmente, hacen parte de las zonas con mayor presencia de cultivos ilícitos, siendo el municipio de El Tambo el más afectado. Lo más preocupante es que, de acuerdo con el citado informe, el centro poblado denominado El Plateado cuenta con la tercera parte de la coca del departamento. No en vano, el gobernador de Cauca, Óscar Rodrigo Campo, ha dicho previamente que la principal agenda que debe priorizar desde lo regional es atacar a las economías ilegales, como el narcotráfico y la minería criminal. El lío sigue siendo, evidentemente, fortalecer la sinergia entre lo local y lo nacional, dado que, pese a que hoy esa región del país —entre muchas otras—, cuenta con un actor armado menos, gracias a la firma del Acuerdo de Paz con la desarmada guerrilla de las Farc, hay otros actores que quieren apropiarse de los territorios dominados por la antigua organización rebelde. “No se ha logrado pasar de los preacuerdos a la práctica para que lleguen los recursos de forma masiva a los campesinos que hoy sustentan 13.000 hectáreas de coca en el Cauca”, es una de las críticas hechas por Campo.

Pero, mientras eso ocurre, las economías legales del Cauca apuestan por productos de exportación como el café, el aguacate hass, la quinua y la trucha. Entre tanto, en otros departamentos del litoral Pacífico, como Putumayo, viene haciendo más presencia el Estado. Hace apenas algunas semanas, el vicepresidente, general (r) Óscar Naranjo, llegó al municipio de Villagarzón, donde 60 familias que se sumaron a programas de sustitución voluntaria de planta de coca por cultivos lícitos recibieron el título de propiedad de su tierra. Productos como plátano, papa, café, ají, piña, pimentón, cebolla y fríjol vienen siendo cosechados por sus habitantes.

Y lo electoral, ¿qué?

Entre los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Valle del Cauca se cuentan 161 municipios. Y en varios de ellos, de acuerdo con el más reciente informe sobre riesgo electoral entregado por la Misión de Observación Electoral (MOE), hay riesgo extremo de cara a los comicios de marzo y mayo de este año. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, una de las principales preocupaciones radica en los altos índices de delincuencia, concentrados en Buenaventura y Cali, sumados a la posibilidad real de que actores y grupos armados ilegales, como el Eln, la disidencia de las Farc y los denominados grupos armados organizados (GAO), tengan injerencia el día de las elecciones. Presiones, constreñimiento, ataques contra material electoral y otras prácticas registradas en el pasado podrían repetirse.

La Defensoría del Pueblo alertó de que disidencias de las Farc han estado amenazando a comunidades que hacen proselitismo a favor del partido FARC, en departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo. Y para terminar, los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos parecen no tener una solución pronta. Ese es, pues, el panorama que, a vuelo de pájaro, enfrentan los próximos gobernantes de este país. ¿Será que encontrarán solución a tanto mal?