Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Las curules de paz han sido uno de los puntos más controvertidos del Acuerdo firmado con las extintas Farc. La idea básica de esa iniciativa era crear 16 escaños en la Cámara de Representantes, a los que solo podrían aspirar víctimas del conflicto de igual número de zonas específicas del país que habían vivido los rigores del conflicto armado. Sin embargo, para algunos sectores políticos, en especial el uribismo, esa era una forma de abrirles paso a personas cercanas a la exguerrilla y no necesariamente a víctimas de la guerra. Por eso se opusieron a su aprobación durante el trámite de lo pactado en el Congreso.
Por un voto, el 30 de noviembre de 2017, el proyecto se hundió en la plenaria del Senado, en medio de una fuerte discusión: fueron 50 votos a favor y 49 en contra. Para el presidente del Senado de ese entonces, Efraín Cepeda, no se cumplió con la mayoría exigida por la ley, por lo que declaró su hundimiento. Desde ese mismo instante empezó una pelea jurídica, pues para muchos otros, con base en jurisprudencia constitucional, sí se habían obtenido los votos necesarios y las curules debían quedar instauradas. Por eso, para salvar los escaños, el exministro del Interior Guillermo Rivera demandó ante el Consejo de Estado el acto administrativo con el que se archivaban las curules de paz.
El 7 de diciembre de 2017 fue radicado el pedido de nulidad por parte del exfuncionario y, tres años después del comienzo del proceso, el máximo tribunal administrativo no se ha pronunciado. La demanda ha tenido incontables demoras, incluyendo una tardanza de cerca de dos años en la primera audiencia, debido al pedido de retiro de la acción por parte de los abogados del Senado, quienes aseguraron que el Consejo de Estado no tenía competencia. Y en uno de los que parecen ser los últimos capítulos, el 2 de diciembre pasado, el exministro Rivera presentó una solicitud de impulso procesal, debido a que, a su consideración, terceros han presentado maniobras dilatorias para que el proceso no avance.
La supuesta dilación denunciada hace referencia a las solicitudes de coadyuvancia a favor del demandado que han presentado congresistas del partido de gobierno, el Centro Democrático, y organizaciones de víctimas en lo que va de este año. Sin embargo, todas ellas han sido rechazadas, debido a que el tiempo límite para presentarlas era el 1° de noviembre de 2019, día de la audiencia inicial. Cada negativa fue seguida por un recurso de súplica que también fue rechazado, pero que suma en los tiempos judiciales. Por eso es que Rivera le señaló al tribunal que “lo que ha venido ocurriendo con las solicitudes extemporáneas de coadyuvancia en este asunto, sumadas a la presentación de recursos de súplica una vez el consejero ponente niega cada una de dichas solicitudes, deja ver una actitud dilatoria del proceso”.
El historial de solicitudes y rechazos comenzó el 12 de febrero pasado, cuando se iba a estudiar la oferta de retiro por parte del Senado del acto administrativo con el que se hundieron las curules de paz, lo que de inmediato implicaría la aprobación de los 16 escaños para las víctimas. Ese día hicieron acto de presencia los congresistas uribistas María Fernanda Cabal y José Jaime Uscátegui, el activista Herbin Hoyos y las corporaciones Rosa Blanca y Manos por las Paz, organizaciones de exguerrilleros declaradas víctimas de las extintas Farc. Todos estos mencionados presentaron su solicitud de coadyuvancia en el proceso a favor del demandado, pues se oponían al proyecto que se reviviría con un fallo positivo.
Entre todos los solicitantes, más allá de los miembros del Centro Democrático, llama la atención la presencia de Manos por la Paz, pues es una organización de exguerrilleros, con impulso internacional, creada en la cárcel de Bellavista en la década pasada para buscar su entrada a Justicia y Paz. Actualmente han sido grandes críticos del ahora Partido FARC y de los Acuerdos de La Habana. Está liderada por Álvaro Agudelo Medina, exmiliciano y hermano de Raúl Agudelo Medina, conocido como Olivo Saldaña, quien fuera designado como gestor de paz por el gobierno Uribe y luego vinculado al caso por la falsa desmovilización del bloque Cacica La Gaitana, proceso por el que el excomisionado Luis Carlos Restrepo está siendo juzgado y, además, por el que ha desaparecido del radar de las autoridades.
Contexto: Consejo de Estado tiene la última palabra para revivir curules de Paz
La solicitud de los congresistas y las organizaciones fue negada, pero de inmediato se presentó un recurso de súplica que impidió que se continuara con el propósito original de la audiencia, que era estudiar el posible retiro de la resolución que tumbó las curules. Según cercanos a la mesa directiva del Senado, ya no existe posibilidad de que este procedimiento se haga, por lo que el futuro de las curules dependerá de las determinaciones del alto tribunal. Por otro lado, Cabal, junto con Uscátegui y otro ciudadano identificado como Adel Alfredo González Guzmán, a nombre de Rosa Blanca, presentaron sus razones por las que, a su consideración, debían ser parte del proceso, a pesar de que los plazos estaban claramente vencidos.
Mientras que el representante Uscátegui pidió que únicamente se le dejara sentar su posición de no estar “de acuerdo con la nulidad del acto administrativo con el cual se hundió la conciliación del proyecto de ley de las 16 curules de paz”, la senadora Cabal, secundada por González Guzmán, dio las razones por las que debían ser admitidos a pesar del vencimiento de los plazos. Por medio de su abogado, la congresista argumentó que era cierto que estaban fuera de tiempo, pero que el tema debatido era de interés superior de la nación, “por lo que se hace menester también acudir a normas constitucionales a efectos de que ella y otros tantos puedan intervenir y hacer valer su opinión”.
Los argumentos fueron nuevamente desechados el 12 de marzo de 2020, pero esta decisión solo se vino a conocer a mitad de año debido a las complicaciones que trajo el COVID-19 al ejercicio de la justicia. Solo el 22 de septiembre volvió a tener movimientos el proceso, en esta ocasión también por solicitudes de coadyuvancia fuera de tiempo. De acuerdo con el auto interlocutorio, el expediente llegó el 1° de septiembre al despacho del consejero para elaborar el proyecto de sentencia, pero antes se tuvo que responder a dos solicitudes de terceros que pedían participar del proceso. Ambas llegaron en el primer trimestre de 2020 de parte de varias organizaciones de víctimas, entre las que están la Corporación para el Desarrollo Integral de la Población Desplazada del Departamento del Meta, la Fundación Colombia es de Colores, la Asociación Rompiendo Barreras y la Corporación Sembrando Sueños.
Curiosamente, en esta última petición también pidieron coadyuvancia del lado del Senado y presentaron argumentos parecidos a los expresados por organizaciones como Manos por la Paz para oponerse a las 16 curules. Para estas, las 180 mil víctimas que habitan en las zonas de las circunscripciones de paz se tomarían la vocería de los más de nueve millones de víctimas de todo el país. Supuestamente, según los solicitantes, el proyecto solo permite que el 10 % de los municipios con víctimas participen por las curules de paz, “cuando las víctimas nos encontramos residenciadas en todos los municipios del país. Se nos está violando también el derecho a la igualdad y a la libre locomoción”.
Esta solicitud fue negada el 22 de septiembre, pero seis días después llegó al Consejo de Estado un recurso de reposición para revocar la determinación. Desde el alto tribunal se negó el pedido por improcedente, aunque se envió a otro despacho para que diera paso al recurso de súplica, que es el “medio de impugnación procedente para cuestionar”. Según el cronograma, el expediente llegó apenas el 23 de noviembre a manos del consejero que tendría que decidir sobre la impugnación y aún no hay actuaciones frente al tema, solo figura la solicitud de impulso procesal hecha por el exministro Guillermo Rivera el pasado 2 de diciembre.
Para los demandantes, no hay dudas de que la llegada extemporánea de varias personas que intentan ser parte del proceso se trata de una estrategia dilatoria para que, en caso de que haya una victoria jurídica y el acto legislativo deba ser enviado a Presidencia para su promulgación, las 16 curules no puedan ser ocupadas por las víctimas en las elecciones de 2022. La estrategia parece lógica: al haber sido tramitadas por fast track, el proyecto aprobado tendría que pasar a revisión automática a la Corte Constitucional, lo que implica para el alto tribunal un estudio largo y minucioso. Esto implicaría un mayor tiempo para que entrara en vigencia e incluso podría significar que no se pudieran votar en las próximas elecciones.
De no votarse en 2022, no tendría mayor sentido la aprobación de las curules de paz, pues tal como quedaron consignadas en el proyecto de acto legislativo en litigio, estas solo serían por los períodos de 2018-2022 y 2022-2026. Por esta razón es que Rivera hace énfasis en la supuesta dilación. Sin un pronto pronunciamiento del Consejo de Estado, y ante posibles nuevos recursos, la ratificación de los 16 escaños podría llegar a darse justo encima o después de las próximas legislativas, siendo muy tarde para el propósito de que las víctimas tengan representación propia en la Cámara e incumpliéndose uno de los puntos fundamentales de la participación política de los Acuerdos de La Habana.