César Augusto Manrique ha sido una de las últimas figuras del gobierno de Gustavo Petro en ser mencionado como uno de los presuntos participantes en la red de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El director del Departamento de la Función Pública ha negado cualquier implicación en actividades ilícitas.
“Ante las recientes declaraciones que involucran mi nombre, quiero poner en conocimiento de la opinión pública que no tengo ninguna relación ni responsabilidad en los hechos mencionados. En mi calidad de director de la Función Pública, rechazo categóricamente cualquier implicación en actividades ilícitas en las que se me vincule”, señaló en un comunicado.
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— Cesar Manrique S. (@cesarmanriques) July 26, 2024
Ante las recientes acusaciones en mi nombre, aclaro, que no tengo ninguna responsabilidad en los hechos mencionados. 📄👇🏼 pic.twitter.com/lpg74qu3hg
El funcionario aseguró que solicitará a la Fiscalía que lo escuche para demostrar que no participó en el escándalo ni tiene ningún tipo de responsabilidad sobre las acusaciones hechas en su contra. Agregó que tiene la certeza de que “mediante este procedimiento se aclararán todas las dudas y se confirmará [su] total desvinculación de los hechos mencionados”.
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Este jueves, en la audiencia de imputación de cargos contra López y Pinilla, la fiscal del caso aseguró que Manrique “se interesó de manera ilícita, junto a otras personas, en múltiple orden de proveedurías y contratos direccionando a los empresarios a los que se les adjudicaría los contratos a cambios del pago de coimas”.
El director de Función Pública es un conocido del presidente desde su paso por la Alcaldía de Bogotá, en donde lo acompañó como director del Fondo de Vigilancia. Por ese puesto, Manrique es investigado por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato en 2012 para adquirir 100 motos eléctricas para la Policía Metropolitana, con un costo de cerca de $4.300 millones.
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