Universidades de Córdoba, Magdalena y Atlántico seguirían bajo influjo paramilitar: Cepeda

Según Cepeda la universidades públicas son víctimas de un modelo de privatización y puso en evidencia el control que siguen teniendo los grupos paramilitares en la administración de algunos claustros educativos como las universidades de Córdoba, Magdalena, y Atlántico.

El representante por Bogotá y senador electo recordó que, en versiones en Justicia y Paz, al menos once desmovilizados han reconocido el plan del paramilitarismo para controlar las universidades públicas, “la violencia fue sistemática, selectiva y deliberada, para acabar con las organizaciones sindicales, estudiantiles, profesorales y de los trabajadores universitarios. A través de estos planes se logró la implementación a sangre y fuego de la política de los diferentes ministros de educación especialmente del gobierno de Álvaro Uribe Vélez”, dijo.

El legislador manifestó su preocupación por las constantes amenazas que denuncian estudiantes, empleados sindicalizados y profesores en dichas universidades, al tiempo que expuso el panorama de las precarias condiciones laborales en las que ejercen los maestros de cátedra y temporales.

Cepeda indicó que entre 2002 y 2013, gobiernos Uribe-Santos, la inversión del Gobierno Nacional en las Universidades Públicas ha caído de 0,5 a 0,39 puntos del PIB, cerca de 3 billones de pesos. Recalcó que no se trata de un problema de insuficiencia de recursos, sino de prioridades en la asignación. Aseguró que con los recursos de un solo año otorgados en exenciones por inversión en activos fijos a empresas mineras, se hubiera podido financiar el programa de restauración de la infraestructura de la Universidad Nacional.

“Las universidades no pueden seguir siendo administradas como empresas, sino como un servicio y un derecho público”, afirmó el congresista al rechazar las actuales políticas de autosostenibilidad para la educación superior pública.

Y pidió a las autoridades competentes investigar las denuncias hechas en el debate y presentó queja disciplinaria contra los rectores Ruthber Escocia, Universidad de Magdalena, Ana Sofía Mesa, UniAtlántico, quienes se negaron a contestar los cuestionarios de control político enviados hace meses desde la oficina del representante.

El representante sostiene que en La Universidad de Atlántico Johnny Acosta Garizábalo, alias ’28’, exmiembro del frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas, dijo ante un fiscal que el ingreso a la Universidad del Atlántico se hizo con el consentimiento de las directivas.

Según citó, la Defensoría del Pueblo entre los años 2005 y 2006 denunció que los paramilitares amenazaron a 890 sindicalistas, estudiantes y docentes de la Universidad del Atlántico. En UniAtlántico fueron asesinados 8 profesores y 11 estudiantes.

Un informe oficial citado por el senador electo asegura que para las vigencias 2008, 2009 y 2010, bajo la administración de la rectora Ana Sofía Mesa, designada por el Gobierno Uribe y que aún continúa en el cargo , la Contraloría estableció 25 hallazgos administrativos, 7 fiscales, 15 disciplinarios y 9 penales.

"La reestructuración administrativa, que conllevó la supresión de la planta de personal en el 2007 y la reducción a 173 cargos que ha generado gran cantidad de demandas en contra de la entidad, las cuales en su mayor número han sido ganadas por los servidores públicos a quienes los jueces les han reconocido sus derechos”. Causó costos a la Universidad por 5.191 millones de pesos”, dijo la Contraloría.

Y agrega el ente de control que “las diferencias entre los recursos ingresados a las cuentas de la Universidad del Atlántico representadas en la Fiduciaria frente a las reveladas son astronómicas, sin que existan documentos soportes del gasto causado frente a los ingresos efectuados”.

Así mismo el representante denunció que en la Universidad del Magdalena hay acusaciones de extorsión y nepotismo. Según Cepeda hoy se mantiene impune el nepotismo del Rector Ruthber Escocia, quien mantiene nombrados varios familiares en la Universidad, por ejemplo a su hermano, el decano de Educación.

Frente a la situación de la Universidad Nacional el representante aseguró que entre 2003 y 2012 el ente educador ha duplicado la capacidad de generar recursos propios, por lo que “se está priorizando lo que genera ganancias, descuidando la formación en pregrado”.

Por último, frente a la situación de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas dijo que hay corrupción en la contratación, “en diciembre de 2013 el Secretario de Educación de Bogotá, Oscar Sánchez, renunció a presidir el Consejo Superior de la Universidad, en razón a que se desatendieron múltiples advertencias sobre decisiones poco transparentes que el Consejo avaló”.

Y agregó “en la licitación para definir el consorcio encargado de construir la nueva sede de la Universidad en Bosa se presentaron múltiples irregularidades, como lo denunció un medio nacional. Relaciones laborales previas entre el encargado de la adjudicación y consorcio ganador, relaciones entre contratistas e interventores designados. Pliegos en los que se exigían requisitos poco razonables y tiempos excesivamente cortos para las etapas de la licitación”.

Según Cepeda la universidades públicas son víctimas de un modelo de privatización y puso en evidencia el control que siguen teniendo los grupos paramilitares en la administración de algunos claustros educativos como las universidades de Córdoba, Magdalena, y Atlántico.

El representante por Bogotá y senador electo recordó que, en versiones en Justicia y Paz, al menos once desmovilizados han reconocido el plan del paramilitarismo para controlar las universidades públicas, “la violencia fue sistemática, selectiva y deliberada, para acabar con las organizaciones sindicales, estudiantiles, profesorales y de los trabajadores universitarios. A través de estos planes se logró la implementación a sangre y fuego de la política de los diferentes ministros de educación especialmente del gobierno de Álvaro Uribe Vélez”, dijo.

El legislador manifestó su preocupación por las constantes amenazas que denuncian estudiantes, empleados sindicalizados y profesores en dichas universidades, al tiempo que expuso el panorama de las precarias condiciones laborales en las que ejercen los maestros de cátedra y temporales.

Cepeda indicó que entre 2002 y 2013, gobiernos Uribe-Santos, la inversión del Gobierno Nacional en las Universidades Públicas ha caído de 0,5 a 0,39 puntos del PIB, cerca de 3 billones de pesos. Recalcó que no se trata de un problema de insuficiencia de recursos, sino de prioridades en la asignación. Aseguró que con los recursos de un solo año otorgados en exenciones por inversión en activos fijos a empresas mineras, se hubiera podido financiar el programa de restauración de la infraestructura de la Universidad Nacional.

“Las universidades no pueden seguir siendo administradas como empresas, sino como un servicio y un derecho público”, afirmó el congresista al rechazar las actuales políticas de autosostenibilidad para la educación superior pública.

Y pidió a las autoridades competentes investigar las denuncias hechas en el debate y presentó queja disciplinaria contra los rectores Ruthber Escocia, Universidad de Magdalena, Ana Sofía Mesa, UniAtlántico, quienes se negaron a contestar los cuestionarios de control político enviados hace meses desde la oficina del representante.

El representante sostiene que en La Universidad de Atlántico Johnny Acosta Garizábalo, alias ’28’, exmiembro del frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas, dijo ante un fiscal que el ingreso a la Universidad del Atlántico se hizo con el consentimiento de las directivas.

Según citó, la Defensoría del Pueblo entre los años 2005 y 2006 denunció que los paramilitares amenazaron a 890 sindicalistas, estudiantes y docentes de la Universidad del Atlántico. En UniAtlántico fueron asesinados 8 profesores y 11 estudiantes.

Un informe oficial citado por el senador electo asegura que para las vigencias 2008, 2009 y 2010, bajo la administración de la rectora Ana Sofía Mesa, designada por el Gobierno Uribe y que aún continúa en el cargo , la Contraloría estableció 25 hallazgos administrativos, 7 fiscales, 15 disciplinarios y 9 penales.

"La reestructuración administrativa, que conllevó la supresión de la planta de personal en el 2007 y la reducción a 173 cargos que ha generado gran cantidad de demandas en contra de la entidad, las cuales en su mayor número han sido ganadas por los servidores públicos a quienes los jueces les han reconocido sus derechos”. Causó costos a la Universidad por 5.191 millones de pesos”, dijo la Contraloría.

Y agrega el ente de control que “las diferencias entre los recursos ingresados a las cuentas de la Universidad del Atlántico representadas en la Fiduciaria frente a las reveladas son astronómicas, sin que existan documentos soportes del gasto causado frente a los ingresos efectuados”.

Así mismo el representante denunció que en la Universidad del Magdalena hay acusaciones de extorsión y nepotismo. Según Cepeda hoy se mantiene impune el nepotismo del Rector Ruthber Escocia, quien mantiene nombrados varios familiares en la Universidad, por ejemplo a su hermano, el decano de Educación.

Frente a la situación de la Universidad Nacional el representante aseguró que entre 2003 y 2012 el ente educador ha duplicado la capacidad de generar recursos propios, por lo que “se está priorizando lo que genera ganancias, descuidando la formación en pregrado”.

Por último, frente a la situación de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas dijo que hay corrupción en la contratación, “en diciembre de 2013 el Secretario de Educación de Bogotá, Oscar Sánchez, renunció a presidir el Consejo Superior de la Universidad, en razón a que se desatendieron múltiples advertencias sobre decisiones poco transparentes que el Consejo avaló”.

Y agregó “en la licitación para definir el consorcio encargado de construir la nueva sede de la Universidad en Bosa se presentaron múltiples irregularidades, como lo denunció un medio nacional. Relaciones laborales previas entre el encargado de la adjudicación y consorcio ganador, relaciones entre contratistas e interventores designados. Pliegos en los que se exigían requisitos poco razonables y tiempos excesivamente cortos para las etapas de la licitación”.