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El expresidente Álvaro Uribe elevó nuevas críticas contra el estado de conmoción interior que decretó el gobierno del presidente Gustavo Petro para atender la emergencia humanitaria en el Catatumbo (Norte de Santander). Aseguró que se trata de una medida que creará pánico.
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“Esta conmoción del presidente Petro, que tendría razón para proteger a la ciudadanía del Catatumbo, es una conmoción creadora de pánico entre los ciudadanos. Pánico por la expropiación administrativa y porque crea nuevos impuestos”, sostuvo el exmandatario desde Barranquilla, donde se reunió con militantes de su partido Centro Democrático.
El líder del uribismo hace referencia al artículo cuarto del Decreto 108 de 2025, expedido por el Ministerio de Agricultura, que menciona la figura de “expropiación administrativa” en los 19 municipios priorizados bajo la conmoción, que incluyen zonas del sur del Cesar y Norte de Santander.
La Conmoción es para proteger a los ciudadanos, no para crearles más problemas. pic.twitter.com/DT73jjT6wM
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 31, 2025
Desde la oposición y la independencia, varios congresistas han denunciado que el Gobierno tiene la intención de abrirle la puerta a la expropiación desde las mismas discusiones del Plan Nacional de Desarrollo, en 2023, y de la Jurisdicción Agraria, en 2024.
De otro lado, Uribe cuestionó que por el decreto de conmoción interior un amplio sector de colombianos tengan que verse supuestamente afectados y señaló al Gobierno Nacional de excederse en gasto público.
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“En este país faltan recursos por exceso de gasto público, por derroche. No se entiende que venga un derrame adicional de impuestos. No puede ser que para proteger a la ciudadanía del Catatumbo, ahora le cause este problema a toda la ciudadanía de la patria”, dijo.
Este viernes, el presidente Petro y su gabinete ministerial se encuentran en El Tarra (Norte de Santander) en un Consejo de Paz y Seguridad. Desde el municipio, se hablará de los decretos que componen la conmoción interior y de qué medidas a corto y mediano plazo se aplicarán en la región para enfrentar la ola de violencia, que deja más de 50.000 personas desplazadas y al menos 80 muertas.
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