Uribismo gana el pulso en materia de extradición en discusión de la JEP

Desde las 12:00 del día, cuando comenzó el último debate de la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial, se pensaba que la forma en la que se votaría esta nueva norma sería con un proceso expedito. No porque se hubiese llegado a un acuerdo entre el gobierno saliente y el entrante para sacar adelante la iniciativa, sino porque hubo, eso sí, un avance en torno a la mayoría de artículos del proyecto que le dará dientes a la justicia transicional. Y en menos de media hora, sólo quedaban dos puntos por aprobar.

No obstante, el meollo del asunto se enfrascó en los dos puntos de honor que ha venido defendiendo el Centro Democrático, incluso, antes de que los colombianos llegaran a las urnas a votar por su nuevo presidente: el sometimiento de los uniformados a la JEP y la forma en la que se podría avalar la extradición de quienes incurran en delitos que ameriten dicha posibilidad. Sin duda, asuntos que terminaron convertidos en una medición de fuerzas entre el presidente en ejercicio, Juan Manuel Santos y el saliente, Iván Duque, quien pidió al Congreso acoger estas propuestas.

El pulso, al final, lo terminó ganando el uribismo y en una maniobra esperada, los ahora aliados de Duque demostraron que el balón legislativo está en su cancha. En ese sentido, avalaron la propuesta que sobre materia de extradición radicó la senadora Paloma Valencia frente a impedirle a la JEP decretar pruebas a la hora de determinar la fecha en la que un exguerrillero habría cometido un delito. Lo anterior, a propósito de lo que ha venido ocurriendo alrededor de ‘Jesús Santrich’, señalado por las autoridades norteamericanas de intentar enviar toneladas de cocaína a ese país.

“La sección de revisión verificará que los hechos a los que se refiere la solicitud de extradición sean posteriores a la firma de los acuerdos. No podrá decretar pruebas.  En ningún caso, la JEP podrá pronunciarse sobre el fondo del asunto, ni sobre la responsabilidad de sobre quien fuere solicitado en extradición”. Así quedó, entonces, la modificación planteada por el Centro Democrático.

La modificación sustancial radica en que, según el texto aprobado por la Cámara de Representantes, dicha sala sí podía practicar pruebas pero las necesarias, pertinentes y estrictas para establecer la fecha de comisión de la conducta punible. Es decir, ya había quedado claro que no podía pronunciarse sobre el fondo del asunto ni sobre la responsabilidad de quien es solicitado en extradición.

"Quitarle capacidad probatoria implicaría inducirla a ese error elemental de verificar, por ejemplo, la identidad de la persona solicitada en extradición. Los intereses en materia de política exterior no necesariamente son los intereses de la paz de Colombia, y comprendemos los intereses de los cultivos ilícitos de EE.UU., pero ese interés no es la paz de Colombia sino la guerra contra las drogas", dijo sobre la decisión el senador Barreras. 

Desde las 12:00 del día, cuando comenzó el último debate de la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial, se pensaba que la forma en la que se votaría esta nueva norma sería con un proceso expedito. No porque se hubiese llegado a un acuerdo entre el gobierno saliente y el entrante para sacar adelante la iniciativa, sino porque hubo, eso sí, un avance en torno a la mayoría de artículos del proyecto que le dará dientes a la justicia transicional. Y en menos de media hora, sólo quedaban dos puntos por aprobar.

No obstante, el meollo del asunto se enfrascó en los dos puntos de honor que ha venido defendiendo el Centro Democrático, incluso, antes de que los colombianos llegaran a las urnas a votar por su nuevo presidente: el sometimiento de los uniformados a la JEP y la forma en la que se podría avalar la extradición de quienes incurran en delitos que ameriten dicha posibilidad. Sin duda, asuntos que terminaron convertidos en una medición de fuerzas entre el presidente en ejercicio, Juan Manuel Santos y el saliente, Iván Duque, quien pidió al Congreso acoger estas propuestas.

El pulso, al final, lo terminó ganando el uribismo y en una maniobra esperada, los ahora aliados de Duque demostraron que el balón legislativo está en su cancha. En ese sentido, avalaron la propuesta que sobre materia de extradición radicó la senadora Paloma Valencia frente a impedirle a la JEP decretar pruebas a la hora de determinar la fecha en la que un exguerrillero habría cometido un delito. Lo anterior, a propósito de lo que ha venido ocurriendo alrededor de ‘Jesús Santrich’, señalado por las autoridades norteamericanas de intentar enviar toneladas de cocaína a ese país.

“La sección de revisión verificará que los hechos a los que se refiere la solicitud de extradición sean posteriores a la firma de los acuerdos. No podrá decretar pruebas.  En ningún caso, la JEP podrá pronunciarse sobre el fondo del asunto, ni sobre la responsabilidad de sobre quien fuere solicitado en extradición”. Así quedó, entonces, la modificación planteada por el Centro Democrático.

La modificación sustancial radica en que, según el texto aprobado por la Cámara de Representantes, dicha sala sí podía practicar pruebas pero las necesarias, pertinentes y estrictas para establecer la fecha de comisión de la conducta punible. Es decir, ya había quedado claro que no podía pronunciarse sobre el fondo del asunto ni sobre la responsabilidad de quien es solicitado en extradición.

"Quitarle capacidad probatoria implicaría inducirla a ese error elemental de verificar, por ejemplo, la identidad de la persona solicitada en extradición. Los intereses en materia de política exterior no necesariamente son los intereses de la paz de Colombia, y comprendemos los intereses de los cultivos ilícitos de EE.UU., pero ese interés no es la paz de Colombia sino la guerra contra las drogas", dijo sobre la decisión el senador Barreras.