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Habrá segundo round para el proyecto de especialidad agraria. Este martes, de manera sorpresiva y en una carrera contra reloj, Juanita Goebertus, representante de la Alianza Verde, recolectó varias firmas y radicó nuevamente, ante la plenaria de la Cámara, esta iniciativa.
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La propuesta se hundió a última hora al cierre de la legislatura pasada: en junio el proyecto murió en su cuarto debate porque Arturo Char, entonces presidente del Senado, nunca radicó su discusión final, entonces naufragó porque ya no tenía tiempo para ser debatida. En ese año legislativo, la iniciativa tuvo al Gobierno como autor. A pesar de que en un principio Emilio Archila, consejero para la Estabilización, y Wilson Ruiz, ministro de Justicia, expresaron en diversas ocasiones su respaldo al proyecto, tanto Goebertus como la senadora Angélica Lozano argumentaron que estos no empujaron su último debate.
Pese a su hundimiento, a ojos de varios congresistas, el proyecto sigue siendo vital para el campo colombiano. En su momento, la especialidad agraria fue la única propuesta del Gobierno para implementar el Acuerdo de Paz. En ese sentido, consideran los firmantes, es necesario que el Congreso le dé una nueva mirada al texto radicado (que es la mismo que murió en cuarto debate e incluye las recomendaciones del Ministerio de Justicia), para que las personas en la ruralidad puedan dirimir sus conflictos originados en el uso y tenencia de la tierra.
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En palabras simples, este proyecto busca que llegue realmente, y con dientes, la administración de justicia al campo. Es decir, que haya más jueces y todo un sistema institucional articulado para resolver los líos entre campesinos y entre compradores de predios en el suelo agrario, uno de los asuntos centrales en el génesis del conflicto armado que ha padecido el país los últimos 60 años y que se espera remendar a través de lo pactado en Cuba.
En esta ocasión, el autor no será el Gobierno, pues decidió no radicarlo en esta legislatura. Por ello, los parlamentarios de diferentes partidos se unieron y tomaron las riendas. Los nuevos autores son: Juanita Goebertus Estrada y Angélica Lozano Correa, Partido Alianza Verde; Jose Daniel López, Rodrigo Lara Restrepo y Julio César Triana Quintero, de Cambio Radical; Roosvelt Rodriguez Rengifo y Alfredo Deluque, Partido de La U; Adriana Magali Matiz , Partido Conservador; Carlos Ardila Espinosa, Luis Fernando Velasco y Juan Carlos Lozada Vargas, Partido Liberal; Angela María Robledo Gómez, Estatuto de Oposición; y Jorge Alberto Gómez Gallego, Partido Dignidad.
“Vamos a insistir” es el mensaje que mandan estos congresistas con la intención de que la Cámara y el Senado apoyen su trámite. “Acabamos de radicar el proyecto de manera multipartidista. Estamos insistiendo en la importancia de que esos conflictos que escalan y se vuelven parte de un conflicto violento en la ruralidad, puedan ser resueltos de manera pacífica, por jueces colombianos que resuelvan líos sobre linderos, procesos de formalización, acceso a baldíos, que generan inmensas conflictividades”, argumentó Goebertus.
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La iniciativa, de ser aprobada, llevará jueces a los territorios, en especial a los municipios con mayor conflictividad y más afectados por la guerra y la violencia, creará jueces itinerantes, garantizará la defensa técnica y pública en estos conflictos, adoptará el principio de gratuidad y amparo de pobreza, establecerá instrumentos para proteger la parte más débil como el principio de favorabilidad, entre otras acciones.