Centro Carter y MOE advierten que no se puede validar la elección de Maduro por fraude

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes recibió a la Misión de Observación Electoral (MOE) y el Centro Carter, que presentaron un informe sobre los cuestionados resultados de las elecciones en Venezuela. La invitación fue hecha por los representantes Cathy Juvinao (Alianza Verde), junto con Juan Sebastián Gómez (Nuevo Liberalismo) y Jennifer Pedraza (Dignidad & Compromiso).

De acuerdo con Juvinao, la sesión pretendía “dar insumos e información a los representantes de la Comisión Primera y a la Cámara” con observadoras oficiales del proceso electoral en el vecino país y que han publicado informes de conocimiento público. “No hay ninguna intención de tomarnos facultades que no tenemos ni atribuciones que no tenemos, es una sesión de información”.

Al recinto asistieron Catalina Botero Marino, directora de la Cátedra Unesco de Libertad de Expresión de la Universidad de los Andes; Alejandra Barrios, directora de la MOE; y Jennie K. Lincoln, jefa de la Misión Técnica Electoral, Venezuela 2024 del Centro Carter. Las voceras insistieron en la poca transparencia a la hora de entregar los resultados, que declararon a Nicolás Maduro como victorioso.

“El 30 de julio, nosotros emitimos un comunicado al mundo, diciendo que la elección presidencial de Venezuela no contó con estándares internacionales de integridad electoral y que no puede ser considerada como democrática”, indicó Lincoln.

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La vocera del Centro Carter explicó que cada mesa de votación cuenta con un código QR con el que se pueden calcular los datos de esas mesas. Así, continuó, la oposición y la misma organización hicieron ejercicio para recopilar la información de más de 23.000 mesas: “en Venezuela no hay ganador hasta que los oficiales electorales puedan proclamar basados en los votos de las mesas. (...) Hasta que estén esos datos, de mesa en mesa, no hay conclusión del proceso electoral”.

Por su lado, la directora de la MOE, comparó la situación de la oposición venezolana con la que pasó el Pacto Histórico en 2022, cuando señalaron que había 500.000 votos que se habían perdido en el escrutinio. Como explicó Barrios, la coalición contó con un “operativo absolutamente robusto” que contó con fotografías de los E-14 y apoyos que le permitieron “controvertir la información que entregó la Registraduría, en cabeza, en ese momento, de Alexander Vega”.

“Pero en Colombia sí hubo acceso a la información, se tuvo acceso a las actas, no fueron acusados ni de usurpar funciones ni de falsificar documento público ni de instigación a la desobediencia, sino que se siguió todo un proceso electoral transparente, cumpliendo lo que hace la ley, además con acuerdos con partidos políticos (...). Hoy lo que tenemos en Venezuela es un probema de opacidad de la información. Lo que uno pide en Colombia debería ser exactamente lo que uno pide en países vecinos”, afirmó.

Barrios también aclaró que, si bien debe mantenerse la vigilancia sobre el régimen e indicó que solo las actas “no son suficientes”, pues se necesitan auditorías más complejas, resaltó la prudencia del Gobierno colombiano. Aun así, apuntó que repetir las elecciones no era una opción útil e incluso era “antidemocrática”.

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“Colombia se tiene que mover con muchísimo cuidado. No es lo mismo cuando rechazas desde Europa, que te separa un mar, o cuando rechazas desde Argentina, que te separa medio continente. Cuando tú tienes una frontera viva, cuando tienes casi tres millones de migrantes, las repercusiones de lo que pasa se encuentran al lado del país”, dijo.

Cuando finalizaron las invitadas, se formó un debate alrededor de la sesión entre representantes de oposición y del oficialismo por el apoyo a María Corina Machado y su proyecto político. Antes de iniciar con las intervenciones, el representante Luis Alberto Albán (Comunes) anunció que se retiraba en esa sesión porque no se discutiría la situación de derechos humanos en Venezuela, sino el proceso electoral.

“Aquí no estamos hablando de los derechos humanos en Venezuela, ni vamos a hablar de los derechos humanos, ese no es el tema. Tampoco vamos a hablar del invaluable aporte que hizo Venezuela a la paz, eso está ocurriendo, eso se puede discutir, eso realmente puede debatirse, pero ese no es el tema del cual yo me voy a retirar. Aquí está citado el tema por el debate de los resultados electorales y por eso me retiro. No quiere decir que no conozca ni valore la comunidad internacional”, aseguró.

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Después de las intervenciones de las invitadas, el representante Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) indicó que “la proposición era para escuchar un informe electoral de la situación en Venezuela”, pero se quería “crear un debate político en favor de un sector político”.

“Y si no estamos de acuerdo, empiezan a decir que es que estamos con el régimen. Yo no voy a defender a Maduro, a mí no me gusta Maduro, pero no voy a quedar en manos de aquellos que asesinaron 6.400 jóvenes hablando de democracia”, dijo. “No me van a enredar a mí y a instrumentalizar un debate”, agregó.

Por su parte, el representante Hernán Cadavid (Centro Democrático) apuntó que el oficialismo “pretende impedir que en la Comisión política de la Cámara se fije una visión de personas que han sufrido una vulneración de derechos humanos durante larguísimos años”.

Al final de la sesión, la representante Juvinao recordó que “los derechos políticos y electorales son derechos humanos”. En este caso, añadió, la población venezolana estaba viviendo una vulneración de ambos en el marco de las pasadas elecciones: “de ninguna forma se puede separar”.

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La Comisión Primera de la Cámara de Representantes recibió a la Misión de Observación Electoral (MOE) y el Centro Carter, que presentaron un informe sobre los cuestionados resultados de las elecciones en Venezuela. La invitación fue hecha por los representantes Cathy Juvinao (Alianza Verde), junto con Juan Sebastián Gómez (Nuevo Liberalismo) y Jennifer Pedraza (Dignidad & Compromiso).

De acuerdo con Juvinao, la sesión pretendía “dar insumos e información a los representantes de la Comisión Primera y a la Cámara” con observadoras oficiales del proceso electoral en el vecino país y que han publicado informes de conocimiento público. “No hay ninguna intención de tomarnos facultades que no tenemos ni atribuciones que no tenemos, es una sesión de información”.

Al recinto asistieron Catalina Botero Marino, directora de la Cátedra Unesco de Libertad de Expresión de la Universidad de los Andes; Alejandra Barrios, directora de la MOE; y Jennie K. Lincoln, jefa de la Misión Técnica Electoral, Venezuela 2024 del Centro Carter. Las voceras insistieron en la poca transparencia a la hora de entregar los resultados, que declararon a Nicolás Maduro como victorioso.

“El 30 de julio, nosotros emitimos un comunicado al mundo, diciendo que la elección presidencial de Venezuela no contó con estándares internacionales de integridad electoral y que no puede ser considerada como democrática”, indicó Lincoln.

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La vocera del Centro Carter explicó que cada mesa de votación cuenta con un código QR con el que se pueden calcular los datos de esas mesas. Así, continuó, la oposición y la misma organización hicieron ejercicio para recopilar la información de más de 23.000 mesas: “en Venezuela no hay ganador hasta que los oficiales electorales puedan proclamar basados en los votos de las mesas. (...) Hasta que estén esos datos, de mesa en mesa, no hay conclusión del proceso electoral”.

Por su lado, la directora de la MOE, comparó la situación de la oposición venezolana con la que pasó el Pacto Histórico en 2022, cuando señalaron que había 500.000 votos que se habían perdido en el escrutinio. Como explicó Barrios, la coalición contó con un “operativo absolutamente robusto” que contó con fotografías de los E-14 y apoyos que le permitieron “controvertir la información que entregó la Registraduría, en cabeza, en ese momento, de Alexander Vega”.

“Pero en Colombia sí hubo acceso a la información, se tuvo acceso a las actas, no fueron acusados ni de usurpar funciones ni de falsificar documento público ni de instigación a la desobediencia, sino que se siguió todo un proceso electoral transparente, cumpliendo lo que hace la ley, además con acuerdos con partidos políticos (...). Hoy lo que tenemos en Venezuela es un probema de opacidad de la información. Lo que uno pide en Colombia debería ser exactamente lo que uno pide en países vecinos”, afirmó.

Barrios también aclaró que, si bien debe mantenerse la vigilancia sobre el régimen e indicó que solo las actas “no son suficientes”, pues se necesitan auditorías más complejas, resaltó la prudencia del Gobierno colombiano. Aun así, apuntó que repetir las elecciones no era una opción útil e incluso era “antidemocrática”.

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“Colombia se tiene que mover con muchísimo cuidado. No es lo mismo cuando rechazas desde Europa, que te separa un mar, o cuando rechazas desde Argentina, que te separa medio continente. Cuando tú tienes una frontera viva, cuando tienes casi tres millones de migrantes, las repercusiones de lo que pasa se encuentran al lado del país”, dijo.

Cuando finalizaron las invitadas, se formó un debate alrededor de la sesión entre representantes de oposición y del oficialismo por el apoyo a María Corina Machado y su proyecto político. Antes de iniciar con las intervenciones, el representante Luis Alberto Albán (Comunes) anunció que se retiraba en esa sesión porque no se discutiría la situación de derechos humanos en Venezuela, sino el proceso electoral.

“Aquí no estamos hablando de los derechos humanos en Venezuela, ni vamos a hablar de los derechos humanos, ese no es el tema. Tampoco vamos a hablar del invaluable aporte que hizo Venezuela a la paz, eso está ocurriendo, eso se puede discutir, eso realmente puede debatirse, pero ese no es el tema del cual yo me voy a retirar. Aquí está citado el tema por el debate de los resultados electorales y por eso me retiro. No quiere decir que no conozca ni valore la comunidad internacional”, aseguró.

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Después de las intervenciones de las invitadas, el representante Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) indicó que “la proposición era para escuchar un informe electoral de la situación en Venezuela”, pero se quería “crear un debate político en favor de un sector político”.

“Y si no estamos de acuerdo, empiezan a decir que es que estamos con el régimen. Yo no voy a defender a Maduro, a mí no me gusta Maduro, pero no voy a quedar en manos de aquellos que asesinaron 6.400 jóvenes hablando de democracia”, dijo. “No me van a enredar a mí y a instrumentalizar un debate”, agregó.

Por su parte, el representante Hernán Cadavid (Centro Democrático) apuntó que el oficialismo “pretende impedir que en la Comisión política de la Cámara se fije una visión de personas que han sufrido una vulneración de derechos humanos durante larguísimos años”.

Al final de la sesión, la representante Juvinao recordó que “los derechos políticos y electorales son derechos humanos”. En este caso, añadió, la población venezolana estaba viviendo una vulneración de ambos en el marco de las pasadas elecciones: “de ninguna forma se puede separar”.

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