“Veo discursos muy encendidos por parte del fiscal”: minjusticia

La derogación del decreto que le permitía a la Policía confiscar drogas ha generado mucho debate por el miedo de la gente a que haya una convivencia entre menores de edad y personas que consumen, y hay muchos mitos alrededor de esto…

La derogación del decreto que le permitía a la Policía confiscar drogas ha generado mucho debate por el miedo de la gente a que haya una convivencia entre menores de edad y personas que consumen, y hay muchos mitos alrededor de esto…

Efectivamente, la controversia ha estado sobredimensionada, porque el decreto ajusta las normas a lo que ya había establecido hace 30 años la jurisprudencia, en el sentido de que la dosis personal no es ilícita y no puede ser perseguida por las autoridades. Este decreto no versaba sobre el consumo, porque este también es permitido en espacios públicos. La propia ley vigente les da la atribución a los municipios, a las autoridades municipales y a los alcaldes para que regulen esas normas, bajo la premisa de que en el espacio público está permitido. Dependerá de cada alcalde o de cada gobierno municipal determinar, por ejemplo, que en un parque no se puede consumir o que en general en los parques no se puede consumir. O poner horarios.

¿Y este era el momento pertinente para hacer esa derogación del decreto? Porque fue justo “ad portas” del debate en el Senado del proyecto de cannabis, que se hundió...

Creo que nunca es inoportuno ajustar las normas a lo que dice la jurisprudencia. La firma de un decreto por parte del presidente tiene, por supuesto, unos pasos, unos requisitos, unas formalidades y entonces saber exactamente la fecha en que va a salir publicado es algo que no depende de un ministro o de un día o de un momento. Ya ocurrió y finalmente es oportuno ajustar las normas a la Constitución. Había firmado ese decreto dos meses atrás y apenas salió ahora.

Hace poco la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional por el asesinato de líderes sociales, que no se ha frenado ni prevenido. Este año van 157. ¿Cómo reciben el jalón de orejas y cuál será su estrategia?

La sentencia pone un dedo en una llaga en la sociedad colombiana. El asesinato de líderes sociales es algo que una sociedad no puede permitir, no debe ocurrir. Entonces, acataremos sin recurrir, sin esquivar, sin ninguna dificultad. Puede que sean actividades muy difíciles; pero, con todo el rigor y la buena voluntad, acataremos cada una de las órdenes de esa sentencia. Teníamos ya diseñado, en colaboración con algunas ONG de derechos humanos, la posibilidad de diseñar proyectos de ley de protección de líderes sociales. Pero me pregunto si esto se resuelve normativamente, y tal vez no; esto es de actuación, de efectividad en la lucha criminal.

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Hace más de una semana fue la renuncia de Martha Lucía Zamora a la Agencia de Defensa Jurídica. Dicen que ya hay unas cinco hojas de vida sobre la mesa del Gobierno. ¿Ha conocido alguna o está involucrado en el proceso de selección?

Es una decisión de la órbita del presidente de la República. Yo he presentado algunas hojas de vida, pero no he avanzado más en el tema. No sé si el presidente tenga intención de entrevistar a algunas de esas personas o si ya lo habrá hecho. Efectivamente, después de la renuncia, me solicitaron aportar algunos posibles candidatos y di como 10 nombres.

¿Podemos conocer algunos?

Preferiría que no, pero lo que sí le puedo decir es, por ejemplo, que fui muy cuidadoso en que fuera paritario: igual número de mujeres, igual número de hombres. Creo que cualquiera de esas personas lo va a hacer bien, reconociendo el mérito y el enorme éxito de las gestiones de la doctora Marta Lucía Zamora, creo que ese reconocimiento es justo y razonable. Lo que haya ocurrido, pues lo siento, lo lamento, pero creo que es importante hacer un reconocimiento de una gestión que yo considero que fue muy acertada.

A raíz de lo que pasó con Martha Zamora, la oposición empezó de nuevo a criticar si desde el Ejecutivo están intentando intervenir en la Rama Judicial; además, es una crítica que surge tras los choques del presidente Gustavo Petro con el fiscal Francisco Barbosa. ¿Qué está pasando?

En ocasiones veo discursos muy encendidos por parte del fiscal, pero de parte de las instituciones del Gobierno, en general, veo actuaciones ceñidas a derecho; es decir, el Gobierno acata, respeta y cumple todas las sentencias judiciales. El Gobierno respeta la separación de poderes, la independencia judicial y a las personas que ejercen esa función judicial. A veces puede haber comentarios airados de ambos lados, pero creo que es comprensible que se exprese la inconformidad con algunas sentencias. La sociedad puede tener la tranquilidad de que esas expresiones de inconformidad no nublan lo principal: las sentencias se cumplirán, se acatarán y se obedecerán.

¿Y por qué cree que tantos decretos se le han caído al Gobierno en la Corte Constitucional y en otras cortes? ¿Es un mensaje político o más bien han sido fallas en minucias jurídicas?

Puede haber una combinación de factores. Primero, me llama la atención pensar que se diga “tantos”, porque es cierto que hay algunos, pero respecto a la cantidad de decretos que se expiden no sé qué tantos sean. Pero sí ha sido muy visible y ha tenido difusión en la opinión. Tengo enormes diferencias de criterio con lo que sostuvo la Corte en la sentencia sobre la deducción de regalías en la reforma tributaria y en otras decisiones. Eso no quiere decir que no se vaya a cumplir y acatar, pero sí, al mirar la parte resolutiva, me quedan interrogantes. Creo que es mejor referirme a ellos, en concreto, cuando ya sea exministro…

Pero, por ejemplo, la paz total fue ajustada…

Bueno, fue una sentencia que creo que es muy favorable para la paz. Le aclara al Congreso, al Gobierno y a la sociedad lo que debe tramitarse por ley, y que ya el Gobierno lo sabía. Tanto lo sabía, que en la legislatura pasada presentamos un proyecto que desarrollaba los puntos de la Ley de Paz Total, pero no se aprobó. Ahora lo volveremos a presentar con las correcciones a las que haya lugar en febrero. Le da aval a la posibilidad de las negociaciones con los grupos rebeldes, los acercamientos, el sometimiento a la justicia con estructuras criminales, mantiene incólume la facultad de dirigir el orden público por parte del presidente de la República… Entonces, fíjese que la sentencia es muy favorable a la idea del Gobierno de conducir la posibilidad de una pacificación dialogada tanto con las estructuras rebeldes como con las estructuras criminales de alto impacto.

¿Y no le parece peligroso que se sigan dando acercamientos sin que haya un piso jurídico, sin una ley de sometimiento?

Las bandas criminales de Buenaventura tenían la preocupación de no tener una ley que les diera luces sobre qué negociar y qué no. Es una discusión siempre abierta de si primero el marco normativo o primero los acercamientos. Hay una experiencia que nos debe servir de lección. En 2012 se expidió un marco jurídico para la paz, incluso con reforma constitucional, y se quedó sin estrenar. Cuando vinieron los diálogos con las FARC no sirvió, hubo que diseñar uno nuevo dentro de las mismas negociaciones. Claro, eso eran las FARC, eso no se puede hacer con una estructura criminal, pero sí es probable que el momento de la ley no necesariamente tenga que ser al inicio de los acercamientos, sino en un momento un poco más avanzado para evitarnos el daño de expedir una ley que no vaya a ser utilizada.

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Pero eso, con los procesos ya andando, ¿lo están analizando de forma concreta?

En todo caso tenemos varios borradores. Estábamos esperando la sentencia de la Corte Constitucional para decantarnos por alguno y ahora en febrero, cuando el Congreso vuelva, será uno de los temas que presentaremos para la discusión.

¿Qué otras iniciativas tienen para el comienzo del siguiente período legislativo?

Bueno, la verdad es que hay una propuesta que pienso que sí es ambiciosa de reforma a la justicia que va a comenzar a cristalizarse en el Congreso a partir del regreso de las sesiones en febrero. Cuando se habla de reforma la justicia, tradicionalmente se había venido hablando de una reforma constitucional sobre el funcionamiento de las altas cortes y el nombramiento de los magistrados, el Consejo Superior de la Judicatura y esta idea de reforma no va por ahí.

¿En qué consisten esos proyectos que van a radicar para reformar la justicia?

Nuestra idea de reforma a la justicia tiene cinco ejes: una justicia volcada al esclarecimiento de la verdad, una justicia que realmente sea efectiva contra la impunidad y contra la corrupción. La tercera línea es una justicia que se tome en serio los enfoques diferenciales. La cuarta idea es una justicia que les abra caminos a los que tradicionalmente han estado excluidos de la justicia. Y, finalmente, una justicia severa, que no quiere decir violatoria de derechos humanos, por supuesto que no, pero sí una justicia que aplique las sanciones.

¿Y qué tan avanzada está esa propuesta?

Hay unos temas más desarrollados, otros todavía están en borrador. El presidente ha ordenado la integración de una comisión de expertos y de personas interesadas que ya la tenemos lista para publicarla próximamente para la reforma a la justicia. Junto con ellos la seguiremos trabajando y presentaremos las ideas que tenemos que entonces no va a ser un solo proyecto de ley, pues seguramente haremos pequeños retoques a la Constitución, sino que serán varios proyectos de ley, reformas administrativas, proyectos incluso de ley de aumentos presupuestales. Con todo ese paquete ambicioso nos presentaremos al Congreso y a la sociedad a partir de febrero.

¿Qué tan consensuada está esa ambiciosa reforma a la justicia? Porque la oposición también tiene mayorías ahora y al Gobierno no le está quedando fácil pasar sus proyectos.

Me he recorrido el país hablando de estas ideas con interesados en los temas: jueces, asociaciones judiciales, usuarios de la justicia, los magistrados de las altas cortes... Cada vez que voy al Congreso converso de estos temas. Con el presidente del Senado (Iván Name) hemos hablado. Él tiene las matrices de la reforma y está dispuesto a convocar unos grupos de trabajo, incluso antes de que se presenten formalmente los proyectos de ley, para irlos ambientando. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que sea una reforma que involucre a todo el Estado, que no sea solo una reforma, digamos de partido de Gobierno o de Minjusticia, sino que abarque a muchos partidos. Hay algunos temas en los que nos estamos poniendo de acuerdo incluso con la oposición y yo respeto las críticas y los discursos, pero veo que hay posibilidades de acuerdo, de consenso.

No es secreto que usted es uno de los integrantes del gabinete a quien el presidente más escucha… Se ha hablado mucho de cambios en el gabinete, y no sería sorpresivo que suceda en este fin de año o a comienzos del otro

La verdad no lo sé, todos los días hay rumores de cambios de gabinete; por supuesto, cada vez que me ven entrar al despacho siempre piensan si yo llevo la cajita ya para sacar los elementos de trabajo o si me quedo un tiempo más. Esto es un gobierno que tiene un programa reformista muy ambicioso. Y en ese sentido, los ministros somos conscientes de que somos fusibles, que a la necesidad o al propósito de hacer cambios estructurales y profundos a la forma como ha funcionado este país, pues tendremos que dar relevo a otro que esté menos fatigado. En términos institucionales de presidente o el Consejo de Ministros, no tenemos ninguna información sobre cambios próximos.

¿Y usted siente que el presidente sí lo escucha?

Sí, a mí me ha sorprendido lo mucho que escucha, aunque uno a veces hablando con él pueda tener la impresión de que no lo está escuchando, porque la conversación es muy abierta.