La ocultación por más de 20 años de la condena por narcotráfico del hermano de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la relación de su sobrina con un oficial del Ejército vinculado a investigaciones por falsos positivos desataron una oleada de escándalos en contra del Ejecutivo. La oposición aprovechó la agitación para pedir la salida de la segunda del gobierno, mientras que otros volvieron a poner sobre la mesa la viabilidad del cargo del vicepresidente.
En ese último grupo estuvo el general Óscar Naranjo, que fue vicepresidente durante el último año de presidencia de Juan Manuel Santos. Para el excomandante de la Policía, se desnaturalizó el cargo frente a la forma que había sido planteado en un inicio por lo que debería reevaluarse su existencia: “Mi propia valoración, después de guardar silencio dos años, me hace pensar que la vicepresidencia no fue un buen invento de la Constitución de 1991. La figura del designado daba menos problemas que la vicepresidencia”.
Las declaraciones de Naranjo reabrieron un debate de más de 100 años en el país: ¿Qué tan conveniente es la figura del vicepresidente en Colombia? Si se mira desde su origen, el cargo del vicepresidente siempre ha estado cargado de problemas y controversia, como lo señala el historiador Álvaro Tirado Mejía. Solo es necesario mirar la relación entre el primer presidente y vicepresidente oficiales del país (Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander) para ver que esta afirmación tiene varios elementos ciertos.
La Constitución de Cúcuta, firmada en 1821 y que dio origen oficialmente a la Gran Colombia, estableció que el país sería gobernado por un presidente durante un periodo de 4 años y que, en caso de ausencia temporal o definitiva, sería reemplazado por el vicepresidente, que también sería la cabeza del Consejo de Gobierno. La primera presidencia quedó en manos del Simón Bolívar, mientras que Francisco de Paula Santander fue designado como vicepresidente.
En un principio, las relaciones entre los dos líderes independentistas estuvieron marcadas por la cordialidad, pero, según Tirado Mejía, “las visiones distintas de Estado -una de derecho y otra de dictadura-” terminaron rompiendo la cercanía entre ambos. Mientras Bolívar llevaba a cabo la campaña del sur -en la que se consiguió la libertad de Ecuador, Perú y Bolivia-, Santander asumió los plenos poderes de la presidencia.
En la ausencia del libertador, Santander fue el encargado de organizar jurídicamente el naciente país y organizó la administración de justicia. Asimismo, impulsó la educación, de corte lancasteriano, y luchó por quitarle el monopolio de la educación a la iglesia católica. Las medidas santanderistas no fueron del agrado de Simón Bolívar, que las catalogó como un abuso de poder.
Incluso, en 1826, en su discurso ante el Congreso Constituyente de Bolivia, el Libertador dejó entrever las diferencias que lo separaban de su antiguo compañero de armas: “El vicepresidente debe ser el hombre más puro: la razón es, que si el Primer Magistrado no elige un ciudadano muy recto, debe temerle como a enemigo encarnizado; y sospechar hasta de sus secretas ambiciones. Este vicepresidente ha de esforzarse a merecer por sus buenos servicios el crédito que necesita para desempeñar las más altas funciones y esperar la gran recompensa nacional: el mando supremo”
Santander ejerció el poder hasta 1827, cuando Simón Bolívar volvió de sus campañas. Casi un año después, y ante tantos choques de criterios con su segundo al mando, Bolívar acabó con la figura del vicepresidente y suspendió la Constitución de Cúcuta, para darle paso a la dictadura. El gobierno autoritario del Libertador duró poco tiempo y en 1830 se convocó al Congreso Admirable para redactar una nueva constitución que buscaba gobernar una Gran Colombia que ya se estaba desintegrando.
La Constitución de 1830 volvió a retomar la figura del vicepresidente e incluso fue sancionada por el vicepresidente encargado para ese momento, el general Domingo Caicedo. Este texto duró poco ante la desintegración de la Gran Colombia y le dio paso a la Constitución de 1832, que cambió las reglas para la vicepresidencia, pues, teniendo en cuenta lo ocurrido entre Santander y Bolívar, se estableció que se eligiera vicepresidente dos años después del presidente.
Esta elección alternada, que permitía al vicepresidente estar durante dos administraciones, se planteó para evitar rivalidades. Además, se estableció que el vicepresidente sería el encargado de presidir el Consejo de Estado, órgano que en ese momento era de carácter consultivo para asesora al primer mandatario en la toma de decisiones.
Entre el 1832 y 1858 el país enfrentó diferentes guerras civiles -como la guerra de los Supremos-, sufrió golpes de Estado -como el de José María Melo- y tuvo varios textos constituyentes, pero siempre tuvo la figura del vicepresidente. Sin embargo, en la Constitución de 1858, de carácter liberal, se tumbó la cuestionada figura y se le dio paso a tres designados que reemplazarían al presidente en caso de ausencia.
Ante la intención liberal de tener un poder Ejecutivo restringido, la figura del vicepresidente no cuadraba en el ordenamiento colombiano, por lo que solo vino a ser rescatada en 1886, con la regeneración. La nueva constitución conservadora trajo nuevamente la figura del vicepresidente al ordenamiento colombiano. Rafael Núñez aprovechó esta figura para hacerse elegir y dejar en el poder a sus vicepresidentes.
El primero en este listado fue Eliseo Payan, que fue vicepresidente en 1886, pero fue destituido de forma pronta ante su cercanía con las ideas liberales federalistas, que chocaban con el pensamiento de la regeneración. El cargo fue asumido por Miguel Antonio Caro, que para muchos fue el poder detrás del trono durante el gobierno de Núñez: el primer mandatario se retiró a su hacienda El Cabrero, en Cartagena, mientras que Caro gobernaba. Incluso, con la muerte de Núñez en 1894, Caro siguió al frente del país por dos años más.
El gobierno de Núñez -o de Caro para más precisión- fue seguido por el conservador Manuel Antonio Sanclemente, elegido para la presidencia en 1898. Este llegó con 84 años a la primera magistratura y contó con la mala suerte de que en su mandato estalló la guerra de los Mil Días. Ante la debilidad del gobierno, el vicepresidente José Manuel Marroquín fue animado por los propios conservadores para dar un golpe de estado, que ocurrió el 31 de julio de 1900.
Marroquín fue sucedido por Rafael Reyes. En ese tiempo el cargo de la vicepresidencia era respetado y tenía un gran valor político, que incluso servía de contrapeso al presidente. Por eso Reyes, en su afán autoritario, acabó con la figura de la vicepresidencia en 1905, al mismo tiempo que ordenó cerrar el Congreso. Ante una posible falta del primer mandatario, eran los ministros los que tenían que escoger su reemplazo
A pesar de que el orden constitucional volvió con la renuncia de Rafael Reyes en 1810, la vicepresidencia no fue reestablecida. Los antecedentes de disputas y el golpe de estado de Marroquín convencieron al Congreso que la mejor opción era que el Legislativo estableciera unos designados en caso de ausencia del presidente.
Casi un siglo de ausencia
A pesar de algunos intentos por restituirla, la figura del vicepresidente solo volvió al ruedo en 1991, con la nueva constitución. Este fue uno de los puntos de mayor debate de la constituyente, mientras algunos planteaban que se debía mantener al designado, otros consideraron que debía optarse por un vicepresidente que fuera elegido en fórmula con el presidente. El argumento para justificar esta última tesis es que se dotaría de legitimidad el mandato vicepresidencial en caso de ausencia del presidente, tal como lo señaló el analista Héctor Riveros. Esta última figura fue la que prevaleció y en la Constitución de 1991 se rescató de nuevo el controvertido cargo.
Los primeros en estrenar la figura fueron Ernesto Samper, como presidente, y Humberto de la Calle, como vicepresidente. Ambos eran del Partido Liberal, pero habían sido rivales para ganarse el aval de la colectividad. Como un factor de convergencia, De la Calle, ficha del gavirismo, fue impulsado como fórmula vicepresidencial de Samper. De esta forma el partido del trapo rojo llegó unido a la presidenciales y le ganó a Andrés Pastrana.
Sin embargo, la relación entre Ernesto Samper y Humberto de la Calle no fue la mejor, condición que se vio agravada por el proceso 8.000, que salpicó la campaña de Samper con la supuesta entrada de dineros del narcotráfico. De la Calle le hizo varios cuestionamientos al gobierno, por lo que fue enviado como embajador a España. En 1996, cuando el caso contra Samper en la Cámara se hundió, el vicepresidente presentó su renuncia. El cargo fue asumido por Carlos Lemmos Simmonds, que alcanzó a ocupar la presidencia por 7 días, ante una licencia de enfermedad de Ernesto Samper.
En las elecciones de 1998 el gran ganador fue Andrés Pastrana, beneficiado por el escándalo del proceso 8.000. En esta oportunidad, fue Gustavo Bell su fórmula presidencial. Según el analista político Héctor Riveros, esta movida tenía como principal fin restarle cualquier posibilidad de victoria al golpeado Partido Liberal. Bell, cercano al liberalismo, convenció para que votaran por Pastrana a los miembros de los rojos que estaban desencantados de Samper y sus escándalos. Además, garantizó el voto costeño, pues era barranquillero y tenía más acogida allí que un Pastrana muy cercano a las elites de la capital
La relación entre Bell y Pastrana fue más que cordial, incluso fue una pieza importante en las negociaciones con las Farc. Gustavo Bell, contrario a varios vicepresidentes, ostentó cargos de suma importancia como lo fueron la Oficina de Derechos humanos (1998-2001) y el Ministerio de la Defensa (2001-2002).
El gobierno Pastrana fue seguido por el de Álvaro Uribe, que tuvo como fórmula vicepresidencial a Francisco Santos, que para ese momento era un reconocido periodista de El Tiempo y activista en contra del secuestro. Para Riveros, la elección de Santos tuvo como objetivo incluir los temas de derechos humanos en la agenda de Uribe, que ya tenía en su haber críticas por las Convivir y otras acciones durante su mandato como gobernador de Antioquia.
Durante los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe, la relación entre ambos fue cercano y Pacho Santos casi nunca fue blanco de la prensa. Las únicas controversias fueron algunas declaraciones del vicepresidente en las que le llevó la contraria al propio Uribe frente al Plan Colombia. Según Santos, la intervención de los Estados Unidos para la lucha en contra de la droga ya no era necesaria e incluso era “indigna”. Las declaraciones pusieron al vicepresidente nuevamente en un papel de contradictor, pero la diferencia fue rápidamente superada.
A Uribe lo siguió Juan Manuel Santos, que tuvo tres vicepresidentes durante sus 8 años. En el primer periodo, este cargo fue asumido a su totalidad por Angelino Garzón, que tuvo varios choques con el gobierno e incluso fue catalogado por los expertos como una rueda suelta. “No me eligieron vicepresidente para decirle al presidente lo que sus castos oídos quieren escuchar”, fueron algunas de las palabras que Garzón tuvo en contra del primer mandatario.
Garzón se pronunció en contra de varios miembros del gabinete de Santos e incluso llegó a cuestionar la forma como la administración a la que pertenecía estaba midiendo la pobreza. El punto más álgido de las diferencias llegó con la enfermedad cerebrovascular de Garzón, que lo llevó a estar internado en un hospital por varios días. Esta situación fue usada por sus opositores para poner en duda su capacidad de ejercer la vicepresidencia e incluso los llevó nuevamente a pedir el fin de la figura.
Antes toda esta controversia, Juan Manuel Santos decidió no repetir su fórmula presidencial para su segundo periodo y le ofreció a Garzón la embajada de Brasil, cargo que no aceptó bajo el argumento de que su perro era muy peludo para el calor de dicho país. En vez de Angelino Garzón, Santos buscó la reelección de la mano de Germán Vargas Lleras.
El líder de Cambio Radical tuvo una de las vicepresidencias más visibles de la historia del país, a pesar de que solo duró 2 años y siete meses. El presidente Santos le entregó a Vargas Lleras el mando de los programas de vivienda gratuita y Vías para la equidad, dos de las iniciativas más importantes de su gobierno, después de las negociaciones de paz. Esta medida fue criticada por la oposición, que consideró que al vicepresidente se le había entregado la chequera de la nación para hacer campaña presidencial, pues de antemano eran conocidas sus aspiraciones.
El vicepresidente Vargas Lleras no pudo terminar su periodo debido a esas mismas aspiraciones presidenciales, que lo hicieron renunciar antes para no quedar inhabilitado para las elecciones de 2018 ante los cambios introducidos por la reforma de equilibrio de poderes. El último vicepresidente de Juan Manuel Santos fue el general Óscar Naranjo, al que se le encargaron funciones relacionadas con el posconflicto y la reinserción de los recién desmovilizados.
Tras este largo listado, a la vicepresidencia llegó Marta Lucía Ramírez, que desde el comienzo de la administración de Iván Duque ha estado bajo los reflectores antes sus posiciones frente al régimen de Nicolás Maduro y alguna que otra declaración que no ha sido recibida de buena manera. Sin embargo, es en los últimos meses que su cargo ha sido puesto en duda ante diferentes controversias que han vinculado a miembros de su familia.
Es en este panorama que nuevamente se ha puesto en duda la vicepresidencia, un cargo que ha sido históricamente criticado. Para algunos, como el historiador Álvaro Tirado Mejía, la vicepresidencia es una posición que no fue pensada para el sistema colombiano, sino estadounidense, por lo que siempre va a ser conflictiva y debería reconsiderarse. Por otro lado, hay posiciones, como la del analista Héctor Riveros, que señalan que el cargo pareciera un gasto de recursos, pero tendrá sentido cuando sea necesaria, o sea cuando el presidente falte.