Víctimas de conflicto: una deuda que nunca ha habido con qué pagar

No hay dinero para reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Lo dice el presidente Gustavo Petro y lo dice la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón Yagarí. En el más reciente corte del Registro Único de Víctimas (febrero de 2023), hay inscritas 9′446.572 personas, de las cuales, dice Tobón, 7′496.170 reciben atención en diferentes medidas de la Unidad y en total se necesitan $301 billones para repararlas a todas —sin contar que el número de víctimas siga creciendo—.

No hay dinero para reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Lo dice el presidente Gustavo Petro y lo dice la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón Yagarí. En el más reciente corte del Registro Único de Víctimas (febrero de 2023), hay inscritas 9′446.572 personas, de las cuales, dice Tobón, 7′496.170 reciben atención en diferentes medidas de la Unidad y en total se necesitan $301 billones para repararlas a todas —sin contar que el número de víctimas siga creciendo—.

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La reparación de las víctimas y el cumplimiento del Acuerdo de Paz de la Habana —firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc— son dos cosas que no se van a cumplir en su totalidad durante los cuatro años del gobierno Petro, eso lo ha dejado claro el presidente. Además de lo que pide la Unidad de Víctimas, según el jefe de Estado, cumplir el acuerdo con la extinta guerrilla cuesta $150 billones que, como dice él, no sabe de dónde sacar.

¿Qué es lo que hace la Unidad de Víctimas?

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se creó en enero de 2012 a partir de la Ley 1448 (sobre víctimas y restitución de tierras). Desde entonces, la Unidad ha trabajado para el acercamiento del Estado a las víctimas mediante acciones que promuevan la participación de las víctimas en su proceso de reparación. La entidad se encarga además de coordinar las medidas de asistencia, atención y reparación otorgadas por el Estado, y también de articular a las entidades que hacen parte del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).

Las irregularidades en la reparación de las víctimas

Cuando Tobón Yagarí llegó a la Unidad el 22 de agosto de 2022, encontró un panorama desolador, en el que reparar a las víctimas, tal como recientemente lo ha dicho el presidente, podría demorar más de un siglo. La demora, que dejaría a millones de víctimas sin ser reparadas, es además porque, según Tobón, hay múltiples irregularidades con el Fondo para la Reparación a las Víctimas. La directora ha dicho que en 14 años de la implementación de la política pública, solo han sido reparadas alrededor de 1′000.000.

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Desde su llegada, Tobón le ha pedido al Gobierno mayor atención y dinero para la Unidad, pero también ha resaltado su preocupación por el Fondo para la Reparación a las Víctimas, que recibe, principalmente, los bienes incautados a los paramilitares sometidos a la Ley de Justicia y Paz desde 2005. Por medio de esos recursos se indemniza a personas agredidas por los distintos bloques a nivel nacional. En el manejo y administración de los bienes por los gobiernos anteriores, según Tobón, se habrían presentado serias irregularidades.

La salida que propone Gustavo Petro

El jefe de Estado no encuentra con qué pagar la histórica deuda con las víctimas, por eso propuso una salida y es que “la emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para indemnizar a víctimas de la violencia en Colombia”. Según el mandatario, esto ayudaría a acortar los tiempos y se podrían pagar los $301 billones en menos de un siglo.

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Su idea, resalta, no es una imposición, pero insiste en que sería la mejor opción para poder pagar en 10 o 15 años. ”Si de verdad estamos hablando de un acuerdo nacional —pacto, dijimos en campaña, es decir, de un encuentro de la diversidad de la sociedad colombiana—, pues entonces uno de los primeros puntos del pacto social es: ¿Se indemniza a las víctimas o no? Y si se indemniza, la única opción, de acuerdo a estos cálculos, a menos que estén mal hechos, es que el poder de emisión del Estado pase en primer lugar, en vez de los bancos, a las víctimas de la violencia que, económicamente, da lo mismo porque finalmente el dinero circula, pero políticamente no es lo mismo, socialmente no es lo mismo”, aseguró.

Lo que piden las víctimas de conflicto

El Congreso en pleno se reunió en la sesión presidida por el representante William Aljure, vocero de las curules de paz. Allí intervinieron la directora de la Unidad de Víctimas, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanni Yule; y la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, María Gaitán Valencia. Así mismo, participaron organizaciones y representantes de víctimas de diferentes regiones del país.

Durante el encuentro, una de las víctimas aseguró que el país lleva muchos años hablando de la Ley 1448, pero que ya es hora de implementarla. “No queremos seguir más reuniones para construir una ruta que ya está establecida, necesitamos construir sobre lo construido (...) necesitamos vivienda digna, un proyecto productivo, estudio para nuestros hijos y vías transitables para sacar nuestro producto”, dijo Omar Antonio Jiménez, representante de las víctimas de Antioquia.

Algunas de las organizaciones reunidas resaltaron el papel de los representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz o curules de paz, pero denunciaron que muchas de sus regiones siguen olvidadas por las instituciones del Estado. “Para que en Colombia haya paz debe haber inversión social”, manifestó Ramón Emiro Galván, representante de las víctimas del Catatumbo. También, hacia el final, las víctimas pidieron a los congresistas que pongan a las víctimas en el primer lugar y que no se acuerden de ellos únicamente en época electoral.

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