Vigilancia al proceso de paz

La conformación y el funcionamiento de comisiones y subcomisiones de la Procuraduría General de la Nación para una eventual justicia transicional que “garanticen los derechos de las víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia y la reparación integral”. Esa es la medida que tomó el Ministerio Público y que algunos políticos leen como un nuevo palo en la rueda que quiere interponer el procurador Alejandro Ordóñez al proceso de paz que se adelanta en La Habana (Cuba) entre el Gobierno y las Farc.

Esta historia empezó sin mucho cubrimiento de prensa y con la creación de la Comisión Nacional y las Comisiones Regionales y Distritales del Ministerio Público para la Justicia Transicional, mediante la Resolución 218 del 4 de junio de 2013. También el procurador general, Alejandro Ordóñez, posteriormente creó las subcomisiones del Ministerio Público para ese fin a través de la Resolución 119 de 2013. Sin embargo, hasta ahora no había pasado mayor cosa con su implementación, hasta que, en una resolución reciente de diciembre, quedaron en firme las modificaciones en la composición de estas entidades y las labores que tendrán que cumplir.

La articulación de estas herramientas e instrumentos de seguimiento a la política pública de atención integral a las víctimas del conflicto armado, en la coyuntura del proceso de paz, y siguiendo la línea y directriz del procurador Alejandro Ordóñez, quien en diversos escenarios nacionales e internacionales ha dicho que con las negociaciones las Farc no buscan el fin del conflicto, sino “someter al Estado y obtener de éste la absoluta impunidad” por sus crímenes, ha dado pie para que algunos políticos crean que estas medidas son un nuevo obstáculo que Ordóñez quiere ponerles a los diálogos de paz.

El senador Juan Carlos Avellaneda cree que aunque la sociedad colombiana debe mirar con gran interés la justicia transicional, porque sería el marco jurídico en el que se deberá desarrollar un eventual posconflicto, esta salida del procurador Ordóñez debe ser vista con lente político. “Conociendo al procurador, quien se ha declarado enemigo del proceso de paz, no veo nada bien que la Procuraduría esté promoviendo estas actividades, porque muy seguramente confundirán como lo ha hecho Ordóñez la justicia tradicional con la justicia transicional. Ahí vamos a tener que esperar otro palo en la rueda hacia el proceso de paz, que necesita entender que se deben sacrificar dosis de justicia para tener altas dosis de verdad que ayuden a consolidar un proceso de memoria y reconciliación”, señaló Avellaneda.

En este mismo sentido se manifestó el senador Camilo Romero, para quien el procurador es un “jugador político” que “está usando y abusando de su cargo”. El procurador, quien debe ser la representación de la sociedad en el Estado, quiere ser todo el Estado. Este despliegue de comisiones y subcomisiones es otra demostración de los alcances desmedidos de la Procuraduría”, afirmó Romero. Por su parte, el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, señaló que no conocía estas medidas y que sólo se pronunciaría al respecto cuando estudiara a fondo los alcances de las mismas.

Mientras algunos parlamentarios no dejan de calificar esta medida como una pieza del juego político del procurador Ordóñez en contra del proceso de paz, hay otros que creen que la creación de estas comisiones, para una eventual justicia transicional, forman parte de las funciones y la labor que debe garantizar este organismo, que por ley debe velar y promover los derechos de los ciudadanos.

Es el caso de Clara Rojas, exdirectora de la Fundación País Libre y cabeza de lista por el Partido Liberal a la Cámara de Representantes: “Siempre y cuando estas comisiones sigan su vocación de defensa de los intereses de la sociedad y los procuradores encargados tengan la neutralidad necesaria, me parece importante este seguimiento. Por ejemplo, en temas de secuestro la Procuraduría junto con la Defensoría pueden armar equipos de acompañamiento a las víctimas que por lo general tienen dificultades para acceder a la justicia”, expresó Rojas.

nherrera@elespectador.com

@Natal1aH

La conformación y el funcionamiento de comisiones y subcomisiones de la Procuraduría General de la Nación para una eventual justicia transicional que “garanticen los derechos de las víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia y la reparación integral”. Esa es la medida que tomó el Ministerio Público y que algunos políticos leen como un nuevo palo en la rueda que quiere interponer el procurador Alejandro Ordóñez al proceso de paz que se adelanta en La Habana (Cuba) entre el Gobierno y las Farc.

Esta historia empezó sin mucho cubrimiento de prensa y con la creación de la Comisión Nacional y las Comisiones Regionales y Distritales del Ministerio Público para la Justicia Transicional, mediante la Resolución 218 del 4 de junio de 2013. También el procurador general, Alejandro Ordóñez, posteriormente creó las subcomisiones del Ministerio Público para ese fin a través de la Resolución 119 de 2013. Sin embargo, hasta ahora no había pasado mayor cosa con su implementación, hasta que, en una resolución reciente de diciembre, quedaron en firme las modificaciones en la composición de estas entidades y las labores que tendrán que cumplir.

La articulación de estas herramientas e instrumentos de seguimiento a la política pública de atención integral a las víctimas del conflicto armado, en la coyuntura del proceso de paz, y siguiendo la línea y directriz del procurador Alejandro Ordóñez, quien en diversos escenarios nacionales e internacionales ha dicho que con las negociaciones las Farc no buscan el fin del conflicto, sino “someter al Estado y obtener de éste la absoluta impunidad” por sus crímenes, ha dado pie para que algunos políticos crean que estas medidas son un nuevo obstáculo que Ordóñez quiere ponerles a los diálogos de paz.

El senador Juan Carlos Avellaneda cree que aunque la sociedad colombiana debe mirar con gran interés la justicia transicional, porque sería el marco jurídico en el que se deberá desarrollar un eventual posconflicto, esta salida del procurador Ordóñez debe ser vista con lente político. “Conociendo al procurador, quien se ha declarado enemigo del proceso de paz, no veo nada bien que la Procuraduría esté promoviendo estas actividades, porque muy seguramente confundirán como lo ha hecho Ordóñez la justicia tradicional con la justicia transicional. Ahí vamos a tener que esperar otro palo en la rueda hacia el proceso de paz, que necesita entender que se deben sacrificar dosis de justicia para tener altas dosis de verdad que ayuden a consolidar un proceso de memoria y reconciliación”, señaló Avellaneda.

En este mismo sentido se manifestó el senador Camilo Romero, para quien el procurador es un “jugador político” que “está usando y abusando de su cargo”. El procurador, quien debe ser la representación de la sociedad en el Estado, quiere ser todo el Estado. Este despliegue de comisiones y subcomisiones es otra demostración de los alcances desmedidos de la Procuraduría”, afirmó Romero. Por su parte, el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, señaló que no conocía estas medidas y que sólo se pronunciaría al respecto cuando estudiara a fondo los alcances de las mismas.

Mientras algunos parlamentarios no dejan de calificar esta medida como una pieza del juego político del procurador Ordóñez en contra del proceso de paz, hay otros que creen que la creación de estas comisiones, para una eventual justicia transicional, forman parte de las funciones y la labor que debe garantizar este organismo, que por ley debe velar y promover los derechos de los ciudadanos.

Es el caso de Clara Rojas, exdirectora de la Fundación País Libre y cabeza de lista por el Partido Liberal a la Cámara de Representantes: “Siempre y cuando estas comisiones sigan su vocación de defensa de los intereses de la sociedad y los procuradores encargados tengan la neutralidad necesaria, me parece importante este seguimiento. Por ejemplo, en temas de secuestro la Procuraduría junto con la Defensoría pueden armar equipos de acompañamiento a las víctimas que por lo general tienen dificultades para acceder a la justicia”, expresó Rojas.

nherrera@elespectador.com

@Natal1aH