Coca, grupos ilegales y otros problemas que pide atender la bancada del Cauca

Una serie de masacres, secuestros y los asesinatos de líderes indígenas y del alcalde de Guachené, Élmer Rodríguez, han azotado al Cauca durante las últimas dos semanas, en plena época navideña. Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde el 16 de diciembre se han registrado 17 muertes violentas en 10 municipios de este departamento, de 29.308 kilómetros cuadrados y 1,5 millones de habitantes.

Una serie de masacres, secuestros y los asesinatos de líderes indígenas y del alcalde de Guachené, Élmer Rodríguez, han azotado al Cauca durante las últimas dos semanas, en plena época navideña. Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde el 16 de diciembre se han registrado 17 muertes violentas en 10 municipios de este departamento, de 29.308 kilómetros cuadrados y 1,5 millones de habitantes.

En la lupa de las autoridades, como presuntos responsables de esta escalada violenta, están las disidencias de Iván Mordisco —frentes como el Jaime Martínez y el Dagoberto Ramos—, facciones del ELN, Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y bandas locales. Sin embargo, en la mayoría de los casos son más las dudas que las evidencias, por lo que, hasta el momento, todo apunta a que la impunidad será protagonista.

La respuesta del Gobierno se ha dado en dos vías: el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia en la región y el llamado a la movilización popular. Esta última propuesta no cayó bien en algunos sectores, especialmente en el Congreso, desde donde varias voces le reclamaron al Ejecutivo acciones concretas y “menos discursos”.

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El presidente Gustavo Petro aseguró que los grupos armados que hacen presencia en el Cauca están aprovechando la “conflictividad interétnica” para controlar el territorio, por lo que se requiere un pacto de todas las organizaciones sociales que consolide el “poder popular por la paz”. Además, según el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, buena parte de lo que ocurre es un efecto del enfoque prohibicionista en la lucha contra las drogas, que genera una disputa, “a punta de asesinatos y de balas”, por el monopolio de la marihuana.

Para algunos congresistas, más allá de ese diagnóstico, el país reclama claridad sobre la apuesta de “paz total” y pide una estrategia de seguridad que especifique cómo se van a desmantelar las organizaciones criminales que delinquen en el departamento. “Al presidente le hemos escuchado propuestas desde la campaña, muchas muy interesantes, el problema es que, a la hora de materializarlas, está lejos de conseguir resultados que cambien los problemas”, le dijo a este diario el representante Óscar Campo (Cambio Radical), quien también fue gobernador del Cauca.

Según explicó, el departamento necesita materializar la sustitución de cultivos, pues actualmente hay unas 26.000 hectáreas de coca sembrada que, a su juicio, son un motor para los grupos armados. Así mismo, dijo que es urgente definir unas reglas claras de los ceses al fuego con las disidencias y el ELN. “La paz no se hace con discursos, se necesitan presupuestos reales y equipos capaces, no activistas”, agregó.

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Campo le concede al Gobierno dos puntos, el hecho de que la seguridad del departamento se viene deteriorando desde la anterior administración y que las demás entidades del Estado, tanto nacionales como locales, no están cumpliendo con las recomendaciones de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, como si se trata de una herramienta “decorativa”.

Los peros a la estrategia del Gobierno de recurrir a la movilización popular han llegado incluso desde el Pacto Histórico. El representante Ermes Pete, quien fue consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), le dijo a El Espectador que “la gente está muy dolida” y no entiende cómo el presidente Petro “pretende que los sectores sociales lo acompañen cuando en las regiones se está empoderando a la ultraderecha y él no se está rodeando de la gente que saldría a las calles”.

Pete agregó que las comunidades están inconformes por el hambre que ha generado la crisis de la hoja de coca y porque no se sienten representadas directamente en los acercamientos de paz con los grupos armados. “Yo sé que él tiene buenas intenciones, que piensa en la Colombia profunda, pero debe manifestarse con hechos”, le dijo el representante al mandatario. Para él, una de las acciones que debería implementar el Gobierno es fortalecer los mecanismo de protección colectiva, como las guardias indígenas y cimarronas, que podrían trabajar por la protección de la población y los líderes sociales.

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En el Senado, una de las voces más críticas de la política de seguridad del Gobierno es Paloma Valencia, nacida en Popayán, quien cuestionó a Petro, según ella, por estar más pendiente de la situación en Oriente Medio que de lo que ocurre en el departamento. “El Cauca no es Gaza, pero también es Colombia”, dijo en uno de sus trinos. Además, criticó al mandatario por “reemplazar” las estrategia de seguridad por la “paz total”, que, según dijo, no es suficiente para desmantelar las organizaciones criminales.

Otro de los congresistas del Cauca que habló con este diario, Jorge Bastidas, también del Pacto Histórico, aseguró que no se deben desconocer las tensiones entre las organizaciones sociales del territorio, como lo señaló el presidente, por lo que celebró la propuesta de construir un “pacto interétnico”. Sin embargo, advirtió que el Gobierno debe avanzar en otros frentes, por ejemplo creando una consejería presidencial que confronte, con el apoyo de todas las instituciones, la violencia en el Cauca.

“En la medida que este tipo de decisiones demoren más en ser operativas, lo que va a ganar es el interés de aquellos sectores que quieren venderle al país la idea de que hay una situación de ingobernabilidad. Permitir eso atenta directamente contra la paz total o la nueva política de drogas”, dijo Bastidas.

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El clamor de los congresistas que piden acciones concretas del Gobierno se extiende incluso hasta el Valle y el Pacífico en general. “Hasta cuándo el Pacífico seguirá siendo burlado y lastimado por grupos delincuenciales. Apoyo urgente para el Cauca y demás departamentos”, pidió el representante valluno Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U.

Gremios, políticos de todas a las orillas y las comunidades manifiestan temor ante esta oleada de violencia que afecta la región; sin embargo, reconocen que la situación seguirá siendo compleja, por lo que le piden al Gobierno y al presidente que, cuanto antes, se hagan cargo de la situación y atiendan las diferentes peticiones que les han hecho.

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