Buenaventura: una prueba de fuego para la “paz total”

El espejismo de la paz en Buenaventura no duró más de seis meses. En septiembre de 2022, las principales bandas criminales de la ciudad, Shottas y Espartanos, acordaron una suerte de cese al fuego que frenó por algunas semanas los homicidios, extorsiones y desplazamientos.

El espejismo de la paz en Buenaventura no duró más de seis meses. En septiembre de 2022, las principales bandas criminales de la ciudad, Shottas y Espartanos, acordaron una suerte de cese al fuego que frenó por algunas semanas los homicidios, extorsiones y desplazamientos.

Para diciembre, los habitantes de las comunas más violentas del puerto respiraban la tranquilidad de esta tregua; por primera vez en mucho tiempo disfrutaban de una Navidad y Año Nuevo en paz. Las tiendas estaban abiertas y los jóvenes bailaban y jugaban en las calles, por un momento se atenuó el miedo a las fronteras invisibles y a las balaceras en las esquinas.

Los líderes de ambas bandas, con la mediación de la Iglesia, se sentaron en una misma mesa para hablar de paz total y sometimiento a la justicia. El Gobierno reconoció su voluntad y aseguró que Buenaventura sería el “primer laboratorio de paz urbana” en el país. Durante casi 90 días no se reportaron enfrentamientos ni asesinatos relacionados con la rivalidad entre estos dos grupos.

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Sin embargo, al final primó la desconfianza y la falta de una ruta institucional clara para las conversaciones, por lo que la tregua se debilitó y la cuenta de homicidios volvió a crecer desde principios de 2023. Shottas y Espartanos escalaron su guerra por el control de los esteros que conectan con el Océano Pacífico y sirven como camino para la entrada y salida de drogas, dinero y armas.

La gota que derramó el vaso y desató una nueva crisis de seguridad en el puerto fue la desaparición de alias “Super”, uno de los voceros de los Shottas en la mesa de diálogos y quien habría sido torturado y posteriormente asesinado. Tras este hecho, la zozobra volvió a apoderarse de los bonaverenses, quienes en las últimas semanas han vuelto a confinarse en sus casas después de las 8:00 de la noche, hora en que empieza un toque de queda tácito anunciado por las ráfagas de los fusiles.

Entre el diálogo y la militarización

Para la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, la situación amerita que el Gobierno ordene inmediatamente la militarización del distrito. “Buenaventura necesita que el Ejército llegue, ocupe todo el territorio, proteja a la comunidad y se quede”, dijo Roldán en un mensaje que le envió al presidente Petro y al ministro de Defensa, Iván Velásquez.

La mandataria local lanzó esta petición tras conocerse un video en el que un grupo de encapuchados, portando armas de largo y corto alcance, realizan advertencias contra otros grupos criminales que, al parecer, pretenden entrar en la región. “A sangre y fuego nos vamos a defender (...) nadie va a entrar a nuestro territorio”, se escucha en la grabación.

Aunque no se refirió directamente a la militarización, el ministro Velásquez respondió con el anuncio de un consejo extraordinario de seguridad, que se llevará a cabo en el puerto este jueves, con el fin de ampliar las capacidades operativas de la fuerza pública. Por su parte, el director de la Policía, general William Salamanca, aseguró que en Buenaventura no habrá “ninguna concesión con la criminalidad”.

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Desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz manejan un tono más cauto. A través de un comunicado, esta entidad aseguró que los acercamientos con Shottas y Espartanos se mantienen y que se verán reflejados, en las próximas dos semanas, con la puesta en marcha de conversaciones socio jurídicas, que estarán vigiladas por testigos nacionales e internacionales.

Según el comisionado Danilo Rueda, los últimos hechos violentos son responsabilidad de “facciones” que quieren impedir la “paz urbana” y pretenden sabotear la voluntad de las dos bandas, a las que les pidió rechazar públicamente los enfrentamientos armados. “Los Espartanos y Shottas siguen firmes”, señala un comunicado difundido por Presidencia.

Soluciones de fondo

En medio del pánico que genera la nueva oleada de violencia, líderes sociales y habitantes de Buenaventura le piden al Gobierno mantener los esfuerzos de paz. Descartan que la militarización sea una opción definitiva y reiteran que lo urgente es implementar un plan de choque basado en la inversión social.

Según José Luis Rojas, consejero departamental de paz y reconciliación, el primer paso es definir la ruta para que las bandas se sienten a negociar. En este punto entra en juego la llamada Ley de Sometimiento, que fue presentada por el Gobierno en la legislatura pasada, pero terminó archivada por falta de trámite.

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Para Rojas, si el Congreso no aprueba la norma, el puerto y otras regiones del país no podrán hablar de paz, pues esto impide realizar negociaciones formales y reduce todo a unos acercamientos que eventualmente fallarán y desatarán crisis de seguridad como la actual. “La única forma de acabar esas rencillas es a través de mesas de diálogo en las que esos muchachos hablen de reconciliación y perdón”.

Esta propuesta coincide con el planteamiento de los investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que consideran necesario definir las bases jurídicas para la fase exploratoria del sometimiento. De lo contrario, aseguran, es posible que la guerra urbana se cruce con la rural y que las bandas locales terminen de configurar alianzas con el Clan del Golfo, el ELN y la Segunda Marquetalia.

La aprobación de la Ley de Sometimiento no será sencilla. En el pasado periodo legislativo el Gobierno relegó el proyecto a un segundo plano para mantener a flote las reformas sociales, por lo que ni siquiera alcanzó a ser debatida Los partidos de oposición mantienen sus críticas y lo más probable es que, mientras en Buenaventura reina el miedo y la criminalidad, en el Congreso su discusión se convierta en uno de los tantos rifirrafes políticos.

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