Violencia y democracia, el informe de la MOE a la Comisión de la Verdad

Con la figura del Orangután con Sacoleva, la Misión de Observación Electoral comienza su informe que da cuenta de la relación que hubo entre el conflicto armado y los procesos democráticos en el territorio colombiano entre 1958 y 2018. Este documento, de más de 169 páginas, será entregado oficialmente en la mañana de este miércoles a la Comisión de la Verdad.

Allí, uno de los cuestionamientos básicos pasa por entender cómo en Colombia se dieron las interacciones entre la violencia política y los procesos democráticos que se desplegaron en el país por casi seis décadas de conflicto armado. Para este fin, la MOE entró a debatir las posibles relaciones entre violencia política y procesos electorales que se han evidenciado en el país durante el periodo estudiado.

Entre las hipótesis manejadas está la violencia “sustituto o complemento de la competencia electoral”, que hace referencia a que el proceso electoral no afecta la balanza del poder o, en caso contrario, se hace uso de la violencia para incidir en los votantes o restar posibilidades a los contrincantes.

Lea más: ¿Por qué aumenta la violencia política en Colombia?

La segunda teoría hace referencia a la influencia electoral como extensión del control territorial. Esto quiere decir que se buscaba permear las elecciones para garantizar un poder afín en el territorio que se buscaba controlar. El informe también contempla una tercera hipótesis que concibe que la violencia política solo hace parte de otros tipos de violencias para hacerse con el control de una determinada zona.

Otra de las tesis expuestas en el texto hace mención de cómo un grupo que promete pacificación de una zona pueden ser favorecidos en las justas electorales por la población, sin importar el proyecto político. Otra relación descrita en el informe de la MOE da cuenta de que los procesos electorales sirvieron para que los armados “censaran” las zonas, un ejemplo dado hace referencia a los “paramilitares que utilizaron las elecciones en Apartadó para orientar sus acciones violentas”.

En sexto lugar, se manejó la tesis de que los procesos democráticos pueden tanto avivar como reducir las violencias. Contrario a lo que normalmente se predica, la democratización ha evidenciado un crecimiento del conflicto, esto debido a que se “aumenta la incertidumbre de quienes tienen el poder y las aspiraciones de los excluidos”.

La penúltima hipótesis del informe hace referencia a que rara vez los actores narcotraficantes buscan aspirar a cargos públicos, pero buscan incidir en las políticas públicas “a través del lobby o la corrupción”. El último planteamiento hace referencia a que el temor puede favorecer a que se elija a aquellos “actores que ofrezcan seguridad”.

Bajo este marco teórico, la MOE hizo dos trabajos básicos en su informe: el primero fue dividir el periodo a estudiar en cinco temporalidades distintas -no agrupadas por décadas sino por características históricas-. La segunda parte del informe se centró en identificar las regiones más azotadas por las violencias políticas y caracterizar estas vivencias. Por último, como parte de este segundo enfoque, se le dedicó un capítulo especial al exterminio de la Unión Patriótica (UP).

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Para la MOE, las seis décadas de conflicto se podrían entender dividir en las siguientes temporalidades: frente nacional y democracia restringida (1957-1973); desmonte del frente nacional (1974-1983); apertura democrática, paz y descentralización (1984-1992); elecciones y crisis humanitaria (1993-2009); y el último periodo hace mención de la incertidumbre tras el proceso de paz con las Farc (2010-2018).

Este enfoque comienza reconociendo que antes del Frente Nacional se vivieron graves casos de violencia política que llegaron incluso a superar los procesos electorales. “La eliminación física del opositor permitía el control de la tierra y de los puestos públicos”, reza el documento que se entregará este miércoles y que hace mención de la forma como en la ruralidad conservadores y liberales eliminaron sus contrincantes y estructuraron el mapa político del país.

El frente nacional entró a poner un alto en el camino a esa violencia bipartidista. Sin embargo, este pacto entre los dos grandes partidos abrió la puerta a bandas armadas en las regiones y la articulación de las primeras guerrillas y autodefensas con los excluidos de este pacto político. Además, según el texto, la fragilidad estatal llevó a un descontento social que fue reprimido con violencia. Esta misma oficialidad debil sirvió para que a través de la violencia se ejecutaran fraudes electorales.

La segunda temporalidad para la MOE va desde el último gobierno del frente nacional hasta 1983. Precisamente este pacto partidista cambió las dinámicas electorales porque creó una apatía que se reflejó en el crecimiento de la abstención en todos los certámenes nacionales y regionales. Asimismo, fueron el motor para nuevos descontentos que fueron reprimidos con fuerza, como por ejemplo el Estatuto de Seguridad del gobierno Turbay.

Esta coerción estatal se unió a detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos humanos, tales como homicidios políticos y ejecuciones extrajudiciales. Se entró con gran fuerza en la dinámica de la guerra fría, no obstante, aún así, el país tuvo un importante crecimiento de fuerzas políticas alternativas de izquierda. Tales como el “Frente Democrático, la Unión Democrática, el Frente Liberal Democrático, el Movimiento de Izquierda Democrático, y el Frente Unido Pueblo”.

La tercera temporalidad para la MOE va desde 1984 hasta 1992 y comprende los diferentes procesos de democratización que hubo en el país: la elección de gobernadores y alcaldes y la creación de la Constitución de 1991. Ambos fenómenos permitieron una mayor participación y descentralización frente al anquilosado centralismo que había imperado en el país de 1886. Sin embargo, el crecimiento de los procesos democráticos vino acompañado de un aumento de la violencia que llegó a amenazar “la existencia misma del proyecto nacional”.

También: La violencia política también tiene rostro de mujer.

De acuerdo con el informe entregado a la Comisión de la Verdad, fue en esta época que se presentó el primer pico de violencia política evidenciable en las estadísticas. Gran parte de la violencia política tuvo como fin “impedir esta transformación en curso”. Además de los choque entre Estado e ilegales, la represión estatal y los intentos políticos de escalar el conflicto a una mayor porción del territorio.

El crecimiento de fuerzas alternativas fue respondido con el exterminio como pasó con la UP. Además, agentes políticos terminaron aliándose con narcotraficantes y paramilitares. Tal fue el crecimiento de la violencia que, de acuerdo con el informe, “A finales de los 80, se habían cometido una masacre en una cuarta parte de los municipios del país y al final de la década de 1990, al menos una en la mitad de los municipios”.

La penultima temporalidad se centra en la década de los 90 y en los primeros años del siglo XXI. En este caso, se habla de una descomposición partidista, aumentada por la apertura consagrada en la constitución, que permitió que se instaurara la violencia política como “sustituto y como complemento de las elecciones”. Además, tanto las guerrillas como las autodefensas deciden escalar las confrontaciones a nivel nacional.

Estos actores hicieron uso de la violencia tanto para incidir en los procesos democráticos como para pagarlos. Desde el narcotráfico se evidencia el proceso 8.000, mientras que las Farc lideran un boicot electoral en una buena parte de los territorios bajos u influencia. Por otro lado, desde el paramilitarismo, entre 2002 y 2006 tuvieron sus éxitos más importantes en las lides políticas y llegaron a permearlas en varios territorios (parapolítica).

Este último fenómeno dio origen a varios partidos políticos (Convergencia Ciudadana, Colombia Viva, Colombia Democrática, Alas Equipo Colombia y el Partido de Integración Nacional) que sirvieron para que “los paramilitares lograran modificar sustancialmente el mapa político en 12 departamentos. A pesar de las muchas críticas, la política de seguridad democrática, según el estudio, estuvo relacionada con el freno a la violencia política tanto de las Farc como de las Autodefensas.

La última temporalidad manejada por el informe hace referencia a la última década y los procesos que desencadenó la negociación de paz con las Farc, Esta permitió una mayor inclusión frente a las comunidades campesinas, pero no se tradujo en una mayor apertura democrática. Además, este hecho implicó que las últimas competencias electorales han estado centradas en el acuerdo de paz, esto se ejemplifica con el mismo origen del Centro Democrático.

Aunque se destaca que un candidato de izquierda por primera vez fue segundo en unas elecciones presidenciales e incluso llegó a segunda vuelta, también se habla de un repunte en la violencia política, sobre todo en la última parte de la década. En este caso, contrario a situaciones anteriores, no es directamente en contra de candidatos sino a representantes de la sociedad civil, “esos lugares donde se politizan conflictos y donde el acuerdo de paz prometió llegar”.

Más: ¿En qué va la protección a la oposición política?

Violencia y democracia desde las regiones

Además de analizar la relación entre violencia y democracia, el informe de la MOE entra a estudiar estas dinámicas en siete departamentos del país. El primero de estos es Caquetá, en el que los datos permiten observar que ha tenido varios picos de intensidad de violencia política, siendo el más fuerte entre 2001 y 203 y luego entre 2007 y 2009.

En esta zona, las Farc ha sido el actor más relevante en términos de violencia política desde el gobierno de Belisario Betancur. No obstante, aunque se llegó a posicionar la UP en esta región, el exterminio llevó a que fuerzas liberales se impusieran hacia los 80. Sin embargo, a finales de los 90 fue la arremetida de las Farc que implicó la renuncia de 230 candidatos en 1997 y que se suspendieran las elecciones en cuatro municipios. También, convirtieron a varias de las maquinarias políticas en objetivo militar.

No obstante, hubo algunos intentos por desligarse de esta violencia y se trató de reemplazar las urnas con encuentros comunitarios donde se escogieran a los gobernantes, esto ocurrió sobre todo en Cartagena del Chairá y en San Vicente del Caguán. Pero estos experimentos se vieron frenados por la violencia. Con el proceso de paz, hubo una reducción de riesgo de violencia y fraude electoral, pero desde el 2014 se ha presentado nuevamente un incremento en este tema.

El segundo departamento tratado en el texto es Putumayo. En este se ven más de siete picos de violencia de 1984 a 2018, siendo el más alto el que se reportó entre 1995 y 2000. De acuerdo con la MOE, la violencia es tal, que “debería hacer inviable la competencia democrática”. Sin embargo, esta zona se ha consolidado una élite política que asume la intermediación en el territorio en guerra, incluso varias de estas casas políticas datan de los años 80.

Hacia finales de los 90, las Farc llega primero a sabotear los procesos electorales de la región y luego “apuesta por las elecciones como estrategia para construir poder local”. Sin embargo, la llegada de “la segunda generación paramilitar a los finales de los 90” lleva a que estos grupos controlen los cascos urbanos más importantes de la región y hasta permite que pongan representantes.

La MOE también entró a estudiar al Huila, uno de los departamentos donde nacieron las Farc. Aquí solo hay un gran pico de violencia que data de 1996 a 1998 y el resto son pequeños altibajos de violencia. Una importante razón de este fenómeno es que, contrario a los departamentos anteriores, Huila tuvo una articulación con el centro del país. Esto permitió que, a pesar de la guerrilla, el panorama siguiera dominado históricamente por liberales y conservadores –”un departamento anclado en el frente nacional-.

Esto incluso se tradujo en un pacto de convivencia entre ambas fuerzas, mientras que a las expresiones de izquierda se les persiguió, sobre todo a la UP. No obstante, hacia los 90, las Farc toma un rol preponderante que lleva incluso a poner en jaque varios procesos electorales (renunciaron 61 candidatos a la alcaldía y 300 al concejo). Luego, hacia el 2000, se hizo común los secuestros de políticos por esta guerrilla, que solo abandonó la zona con la dejación de armas.

Otro de los casos citados es el del Valle del Cauca y allí la particularidad es que la intensidad de la violencia política se comenzó a sentir de 1999 y solo tiene un descenso hacia 2002. Luego se presentan escaladas de menor intensidad durante los años posteriores. No obstante, los fenómenos de violencia política se reportan desde los 80, cuando comienza a atacar a los actores de izquierda.

Luego, hacia los 90, el fenómeno narco le abre la puerta a la “parroquialización de la política”. Como se están dando las reformas administrativas posteriores al proceso constituyente, varios capos aprovechan para permear el poder político. Luego comienza a llegar las guerrillas del Eln y las Farc, que comienzan a realizar diferentes ataques, siendo el más importante el secuestro de los 12 diputados del Valle, que terminó con la muerte de 11 en cautiverio.

Hacia los 2000, empresarios, narcos y políticos buscan defenderse de los grupos guerrilleros al financiar la creación del Bloque Calima de las autodefensas. Aunque estos tuvieron más un fin de protección, sus armas también habrían servido para conquistar electorados en algunos municipios.

El quinto departamento mencionado en el informe es el de Arauca. Este tiene la particularidad que fue el principal feudo del Eln. Además, con el aumento de las rentas petroleras, Farc y Eln logran “cooptar, subordinar y/o someter a los poderes locales en los niveles de Cámara y Senado”. Esto incluso permite que elijan a los candidatos de los liberales, conservadores y la UP, que tuvieron en esta zona uno de sus fortines electorales.

Luego, llega al departamento el paramilitarismo, que genera una mayor intensidad en la violencia política. La consolidación de las autodefensas fue de la mano de Julio Acosta Bernal. Este fue gran aliado del paramilitarismo, que le sirvió para hacerle frente a sus principales opositores políticos y deshacerse de dos de ellos. Por estos crímenes fue que el exgobernador de Arauca fue condenado a 28 años de prisión.

Lea: Masacres y asesinato de líderes: ¿la política por otros medios?

El listado también cuenta con la presencia del Meta. En un primer momento, por su ubicación y su débil infraestructura urbana, sirvió como destino de las Farc. Además, como fue colonizado, esto permitió que sus poblaciones se articularan según el enfoque político. Sin embargo, desde 1984 se comienzan a evidencias los primeros picos de violencia política, siendo los más altos los reportados entre 1996-1999. En esta zona hubo una gran represión de movimientos sindicales y de izquierda, como l UP o el MOIR.

Esto dio paso “a atentados, amenazas, detenciones, desapariciones y torturas sistemáticas” cometidas en su mayoría por agentes del Estado. Esta zona fue testigo de la convivencia entre la fuerza pública y el paramilitarismo, que fue impulsado desde los 80 por Gonzalo Rodríguez Gacha (el Mexicano) y Víctor Carranza. Luego llegó Ramón Isaza, por orden de Henry Pérez, y esto terminó intensificando la violencia política.

Luego, en los 90, hubo una dura ofensiva de las Farc, que incluso trajo un choque social que favoreció a uno y reseñó a otros como “enemigos del establecimiento”. Esto trajo una represión oficial que incluso llevó a ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte de la VII Brigada.

En el último caso, el informe usa el caso antioqueño para dar cuenta del exterminio del que fue víctima la UP. Como este partido nación de las fracasadas negociaciones con las Farc, siempre fueron identificadas como cercanas, por lo que “fue exterminada en un proceso de apertura democrática”. Primero vino la persecución y luego fueron las claras agresiones y masacres, como la reportada en noviembre de 1987 contra un grupo de jóvenes que trabajaba en la campaña del partido a la precandidatura presidencial.

Aunque la UP tuvo importantes éxitos electorales en Antioquia, la ofensiva en su contra los llevó casi al exterminio. “Ese proceso de violencia contra la izquierda social y política se extendió hasta la desmovilización de los grupos paramilitares”, reza el informe. Esto vino acompañado de una respuesta paramilitar “aupada” por la militarización de la zona.

Con la figura del Orangután con Sacoleva, la Misión de Observación Electoral comienza su informe que da cuenta de la relación que hubo entre el conflicto armado y los procesos democráticos en el territorio colombiano entre 1958 y 2018. Este documento, de más de 169 páginas, será entregado oficialmente en la mañana de este miércoles a la Comisión de la Verdad.

Allí, uno de los cuestionamientos básicos pasa por entender cómo en Colombia se dieron las interacciones entre la violencia política y los procesos democráticos que se desplegaron en el país por casi seis décadas de conflicto armado. Para este fin, la MOE entró a debatir las posibles relaciones entre violencia política y procesos electorales que se han evidenciado en el país durante el periodo estudiado.

Entre las hipótesis manejadas está la violencia “sustituto o complemento de la competencia electoral”, que hace referencia a que el proceso electoral no afecta la balanza del poder o, en caso contrario, se hace uso de la violencia para incidir en los votantes o restar posibilidades a los contrincantes.

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La segunda teoría hace referencia a la influencia electoral como extensión del control territorial. Esto quiere decir que se buscaba permear las elecciones para garantizar un poder afín en el territorio que se buscaba controlar. El informe también contempla una tercera hipótesis que concibe que la violencia política solo hace parte de otros tipos de violencias para hacerse con el control de una determinada zona.

Otra de las tesis expuestas en el texto hace mención de cómo un grupo que promete pacificación de una zona pueden ser favorecidos en las justas electorales por la población, sin importar el proyecto político. Otra relación descrita en el informe de la MOE da cuenta de que los procesos electorales sirvieron para que los armados “censaran” las zonas, un ejemplo dado hace referencia a los “paramilitares que utilizaron las elecciones en Apartadó para orientar sus acciones violentas”.

En sexto lugar, se manejó la tesis de que los procesos democráticos pueden tanto avivar como reducir las violencias. Contrario a lo que normalmente se predica, la democratización ha evidenciado un crecimiento del conflicto, esto debido a que se “aumenta la incertidumbre de quienes tienen el poder y las aspiraciones de los excluidos”.

La penúltima hipótesis del informe hace referencia a que rara vez los actores narcotraficantes buscan aspirar a cargos públicos, pero buscan incidir en las políticas públicas “a través del lobby o la corrupción”. El último planteamiento hace referencia a que el temor puede favorecer a que se elija a aquellos “actores que ofrezcan seguridad”.

Bajo este marco teórico, la MOE hizo dos trabajos básicos en su informe: el primero fue dividir el periodo a estudiar en cinco temporalidades distintas -no agrupadas por décadas sino por características históricas-. La segunda parte del informe se centró en identificar las regiones más azotadas por las violencias políticas y caracterizar estas vivencias. Por último, como parte de este segundo enfoque, se le dedicó un capítulo especial al exterminio de la Unión Patriótica (UP).

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Para la MOE, las seis décadas de conflicto se podrían entender dividir en las siguientes temporalidades: frente nacional y democracia restringida (1957-1973); desmonte del frente nacional (1974-1983); apertura democrática, paz y descentralización (1984-1992); elecciones y crisis humanitaria (1993-2009); y el último periodo hace mención de la incertidumbre tras el proceso de paz con las Farc (2010-2018).

Este enfoque comienza reconociendo que antes del Frente Nacional se vivieron graves casos de violencia política que llegaron incluso a superar los procesos electorales. “La eliminación física del opositor permitía el control de la tierra y de los puestos públicos”, reza el documento que se entregará este miércoles y que hace mención de la forma como en la ruralidad conservadores y liberales eliminaron sus contrincantes y estructuraron el mapa político del país.

El frente nacional entró a poner un alto en el camino a esa violencia bipartidista. Sin embargo, este pacto entre los dos grandes partidos abrió la puerta a bandas armadas en las regiones y la articulación de las primeras guerrillas y autodefensas con los excluidos de este pacto político. Además, según el texto, la fragilidad estatal llevó a un descontento social que fue reprimido con violencia. Esta misma oficialidad debil sirvió para que a través de la violencia se ejecutaran fraudes electorales.

La segunda temporalidad para la MOE va desde el último gobierno del frente nacional hasta 1983. Precisamente este pacto partidista cambió las dinámicas electorales porque creó una apatía que se reflejó en el crecimiento de la abstención en todos los certámenes nacionales y regionales. Asimismo, fueron el motor para nuevos descontentos que fueron reprimidos con fuerza, como por ejemplo el Estatuto de Seguridad del gobierno Turbay.

Esta coerción estatal se unió a detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos humanos, tales como homicidios políticos y ejecuciones extrajudiciales. Se entró con gran fuerza en la dinámica de la guerra fría, no obstante, aún así, el país tuvo un importante crecimiento de fuerzas políticas alternativas de izquierda. Tales como el “Frente Democrático, la Unión Democrática, el Frente Liberal Democrático, el Movimiento de Izquierda Democrático, y el Frente Unido Pueblo”.

La tercera temporalidad para la MOE va desde 1984 hasta 1992 y comprende los diferentes procesos de democratización que hubo en el país: la elección de gobernadores y alcaldes y la creación de la Constitución de 1991. Ambos fenómenos permitieron una mayor participación y descentralización frente al anquilosado centralismo que había imperado en el país de 1886. Sin embargo, el crecimiento de los procesos democráticos vino acompañado de un aumento de la violencia que llegó a amenazar “la existencia misma del proyecto nacional”.

También: La violencia política también tiene rostro de mujer.

De acuerdo con el informe entregado a la Comisión de la Verdad, fue en esta época que se presentó el primer pico de violencia política evidenciable en las estadísticas. Gran parte de la violencia política tuvo como fin “impedir esta transformación en curso”. Además de los choque entre Estado e ilegales, la represión estatal y los intentos políticos de escalar el conflicto a una mayor porción del territorio.

El crecimiento de fuerzas alternativas fue respondido con el exterminio como pasó con la UP. Además, agentes políticos terminaron aliándose con narcotraficantes y paramilitares. Tal fue el crecimiento de la violencia que, de acuerdo con el informe, “A finales de los 80, se habían cometido una masacre en una cuarta parte de los municipios del país y al final de la década de 1990, al menos una en la mitad de los municipios”.

La penultima temporalidad se centra en la década de los 90 y en los primeros años del siglo XXI. En este caso, se habla de una descomposición partidista, aumentada por la apertura consagrada en la constitución, que permitió que se instaurara la violencia política como “sustituto y como complemento de las elecciones”. Además, tanto las guerrillas como las autodefensas deciden escalar las confrontaciones a nivel nacional.

Estos actores hicieron uso de la violencia tanto para incidir en los procesos democráticos como para pagarlos. Desde el narcotráfico se evidencia el proceso 8.000, mientras que las Farc lideran un boicot electoral en una buena parte de los territorios bajos u influencia. Por otro lado, desde el paramilitarismo, entre 2002 y 2006 tuvieron sus éxitos más importantes en las lides políticas y llegaron a permearlas en varios territorios (parapolítica).

Este último fenómeno dio origen a varios partidos políticos (Convergencia Ciudadana, Colombia Viva, Colombia Democrática, Alas Equipo Colombia y el Partido de Integración Nacional) que sirvieron para que “los paramilitares lograran modificar sustancialmente el mapa político en 12 departamentos. A pesar de las muchas críticas, la política de seguridad democrática, según el estudio, estuvo relacionada con el freno a la violencia política tanto de las Farc como de las Autodefensas.

La última temporalidad manejada por el informe hace referencia a la última década y los procesos que desencadenó la negociación de paz con las Farc, Esta permitió una mayor inclusión frente a las comunidades campesinas, pero no se tradujo en una mayor apertura democrática. Además, este hecho implicó que las últimas competencias electorales han estado centradas en el acuerdo de paz, esto se ejemplifica con el mismo origen del Centro Democrático.

Aunque se destaca que un candidato de izquierda por primera vez fue segundo en unas elecciones presidenciales e incluso llegó a segunda vuelta, también se habla de un repunte en la violencia política, sobre todo en la última parte de la década. En este caso, contrario a situaciones anteriores, no es directamente en contra de candidatos sino a representantes de la sociedad civil, “esos lugares donde se politizan conflictos y donde el acuerdo de paz prometió llegar”.

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Violencia y democracia desde las regiones

Además de analizar la relación entre violencia y democracia, el informe de la MOE entra a estudiar estas dinámicas en siete departamentos del país. El primero de estos es Caquetá, en el que los datos permiten observar que ha tenido varios picos de intensidad de violencia política, siendo el más fuerte entre 2001 y 203 y luego entre 2007 y 2009.

En esta zona, las Farc ha sido el actor más relevante en términos de violencia política desde el gobierno de Belisario Betancur. No obstante, aunque se llegó a posicionar la UP en esta región, el exterminio llevó a que fuerzas liberales se impusieran hacia los 80. Sin embargo, a finales de los 90 fue la arremetida de las Farc que implicó la renuncia de 230 candidatos en 1997 y que se suspendieran las elecciones en cuatro municipios. También, convirtieron a varias de las maquinarias políticas en objetivo militar.

No obstante, hubo algunos intentos por desligarse de esta violencia y se trató de reemplazar las urnas con encuentros comunitarios donde se escogieran a los gobernantes, esto ocurrió sobre todo en Cartagena del Chairá y en San Vicente del Caguán. Pero estos experimentos se vieron frenados por la violencia. Con el proceso de paz, hubo una reducción de riesgo de violencia y fraude electoral, pero desde el 2014 se ha presentado nuevamente un incremento en este tema.

El segundo departamento tratado en el texto es Putumayo. En este se ven más de siete picos de violencia de 1984 a 2018, siendo el más alto el que se reportó entre 1995 y 2000. De acuerdo con la MOE, la violencia es tal, que “debería hacer inviable la competencia democrática”. Sin embargo, esta zona se ha consolidado una élite política que asume la intermediación en el territorio en guerra, incluso varias de estas casas políticas datan de los años 80.

Hacia finales de los 90, las Farc llega primero a sabotear los procesos electorales de la región y luego “apuesta por las elecciones como estrategia para construir poder local”. Sin embargo, la llegada de “la segunda generación paramilitar a los finales de los 90” lleva a que estos grupos controlen los cascos urbanos más importantes de la región y hasta permite que pongan representantes.

La MOE también entró a estudiar al Huila, uno de los departamentos donde nacieron las Farc. Aquí solo hay un gran pico de violencia que data de 1996 a 1998 y el resto son pequeños altibajos de violencia. Una importante razón de este fenómeno es que, contrario a los departamentos anteriores, Huila tuvo una articulación con el centro del país. Esto permitió que, a pesar de la guerrilla, el panorama siguiera dominado históricamente por liberales y conservadores –”un departamento anclado en el frente nacional-.

Esto incluso se tradujo en un pacto de convivencia entre ambas fuerzas, mientras que a las expresiones de izquierda se les persiguió, sobre todo a la UP. No obstante, hacia los 90, las Farc toma un rol preponderante que lleva incluso a poner en jaque varios procesos electorales (renunciaron 61 candidatos a la alcaldía y 300 al concejo). Luego, hacia el 2000, se hizo común los secuestros de políticos por esta guerrilla, que solo abandonó la zona con la dejación de armas.

Otro de los casos citados es el del Valle del Cauca y allí la particularidad es que la intensidad de la violencia política se comenzó a sentir de 1999 y solo tiene un descenso hacia 2002. Luego se presentan escaladas de menor intensidad durante los años posteriores. No obstante, los fenómenos de violencia política se reportan desde los 80, cuando comienza a atacar a los actores de izquierda.

Luego, hacia los 90, el fenómeno narco le abre la puerta a la “parroquialización de la política”. Como se están dando las reformas administrativas posteriores al proceso constituyente, varios capos aprovechan para permear el poder político. Luego comienza a llegar las guerrillas del Eln y las Farc, que comienzan a realizar diferentes ataques, siendo el más importante el secuestro de los 12 diputados del Valle, que terminó con la muerte de 11 en cautiverio.

Hacia los 2000, empresarios, narcos y políticos buscan defenderse de los grupos guerrilleros al financiar la creación del Bloque Calima de las autodefensas. Aunque estos tuvieron más un fin de protección, sus armas también habrían servido para conquistar electorados en algunos municipios.

El quinto departamento mencionado en el informe es el de Arauca. Este tiene la particularidad que fue el principal feudo del Eln. Además, con el aumento de las rentas petroleras, Farc y Eln logran “cooptar, subordinar y/o someter a los poderes locales en los niveles de Cámara y Senado”. Esto incluso permite que elijan a los candidatos de los liberales, conservadores y la UP, que tuvieron en esta zona uno de sus fortines electorales.

Luego, llega al departamento el paramilitarismo, que genera una mayor intensidad en la violencia política. La consolidación de las autodefensas fue de la mano de Julio Acosta Bernal. Este fue gran aliado del paramilitarismo, que le sirvió para hacerle frente a sus principales opositores políticos y deshacerse de dos de ellos. Por estos crímenes fue que el exgobernador de Arauca fue condenado a 28 años de prisión.

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El listado también cuenta con la presencia del Meta. En un primer momento, por su ubicación y su débil infraestructura urbana, sirvió como destino de las Farc. Además, como fue colonizado, esto permitió que sus poblaciones se articularan según el enfoque político. Sin embargo, desde 1984 se comienzan a evidencias los primeros picos de violencia política, siendo los más altos los reportados entre 1996-1999. En esta zona hubo una gran represión de movimientos sindicales y de izquierda, como l UP o el MOIR.

Esto dio paso “a atentados, amenazas, detenciones, desapariciones y torturas sistemáticas” cometidas en su mayoría por agentes del Estado. Esta zona fue testigo de la convivencia entre la fuerza pública y el paramilitarismo, que fue impulsado desde los 80 por Gonzalo Rodríguez Gacha (el Mexicano) y Víctor Carranza. Luego llegó Ramón Isaza, por orden de Henry Pérez, y esto terminó intensificando la violencia política.

Luego, en los 90, hubo una dura ofensiva de las Farc, que incluso trajo un choque social que favoreció a uno y reseñó a otros como “enemigos del establecimiento”. Esto trajo una represión oficial que incluso llevó a ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte de la VII Brigada.

En el último caso, el informe usa el caso antioqueño para dar cuenta del exterminio del que fue víctima la UP. Como este partido nación de las fracasadas negociaciones con las Farc, siempre fueron identificadas como cercanas, por lo que “fue exterminada en un proceso de apertura democrática”. Primero vino la persecución y luego fueron las claras agresiones y masacres, como la reportada en noviembre de 1987 contra un grupo de jóvenes que trabajaba en la campaña del partido a la precandidatura presidencial.

Aunque la UP tuvo importantes éxitos electorales en Antioquia, la ofensiva en su contra los llevó casi al exterminio. “Ese proceso de violencia contra la izquierda social y política se extendió hasta la desmovilización de los grupos paramilitares”, reza el informe. Esto vino acompañado de una respuesta paramilitar “aupada” por la militarización de la zona.