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Una vez zanjada la discusión acerca de los momentos en los que debería de venir una misión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hacer un informe sobre la situación de derechos humanos en el marco del paro nacional, el Gobierno, en cabeza de la canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, ya está moviendo las fichas para que esa visita sea lo más pronto posible.
Para ello, recomendó una reunión previa para entregar material e información oficial que requiere la CIDH, petición que aceptó la presidenta del organismo, Antonia Urrejola, al embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez. Entre ellos, se convino hacer dicha audiencia el próximo 7 de junio en las instalaciones de la Comisión.
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“En el día de ayer (30 de mayo), realicé consultas formales a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensoría, quienes desde su autonomía e independencia reiteraron su interés en realizar una audiencia privada previa a la visita de trabajo de la CIDH, a fin de presentar a profundidad los informes que den plena respuesta a las solicitudes de información realizadas por la Comisión. Quiero en nombre de nuestro Estado hacerle la siguiente propuesta: realizar la audiencia privada el 7 de junio en Bogotá para que la Comisión reciba de la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría los insumos relacionados con los hechos sucedidos a partir del 28 de abril”, le escribió Ramírez a María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva de la CIDH.
Esa audiencia se dividiría en tres, para reunirse independiente con cada entidad en su propia sede. “Con lo cual reiteramos la disposición a la cooperación y al diálogo”. Una vez surtido este encuentro, Ramírez ha indicado que en cualquier momento la misión especial puede llegar al país. Es decir, desde el 8 de junio.
“Reitero que comprendemos y compartimos la necesidad del rol de la CIDH y reconocemos y valoramos el trabajo que adelantan, del tal forma que teneos plena disposición para que la visita comience a partir del día martes 8 de junio de 2021, teniendo en cuenta que la audiencia pública de derechos humanas convocada por ustedes para el 29 de junio ya no se va a realizar en el corto plazo”, manifestó la vicepresidenta y canciller.
La visita oficial comenzaría con “una presentación del Estado, donde se expondrá brevemente la información entregada en la audiencia privada y en la que participarán otras entidades del Gobierno que presentarán sus informes”.
Así mismo, desde Cancillería solicitan tener el protocolo y formato de visita, sugiriendo que esta se prolongue por cuatro días, “de modo que tangan el tiempo suficiente para visitar las ciudades de Cali, Tuluá y Popayán, dado que son casos emblemáticos de grave afectación a los derechos humanos a la salud, alimentación, trabajo, movilidad, desarrollo económico, vivienda y saneamiento básico, así como el ataque al poder judicial, con proporciones similares a las que tuvo la toma del Palacio de Justicia en 1985”.
Entre otras sugerencias, Ramírez pide que se escuchen a sectores afectados como el de salud, servicios públicos, industrial, empresarial y comercial, agropecuario, víctimas civiles de bloqueos y vandalismo y miembros de la Fuerza Pública. Y por último, reunirse con la Comisión Nacional de Garantías de la Protesta Pacífica.
De este modo, la visita comenzaría el 8 de junio y se extendería hasta el 11. “Con la previa coordinación conjunta entre la CIDH y el Estado del protocolo y formato, de tal manera que el Estado, conforme a ello, proceda a formalizar a la brevedad posible a la anuencia a la visita”, concluyó la vicepresidenta y canciller.