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Con el decreto 575 del pasado viernes 28 de mayo, por medio del cual el presidente Iván Duque determinó la asistencia militar en ocho departamentos y 13 ciudades del país, alterados por los enfrentamientos entre Fuerza Pública y manifestantes en el marco del paro nacional, sus gobernadores y alcaldes quedaron supeditados a coordinar con las autoridades militares y de policía las medidas pertinentes al restablecimiento del orden público. Es decir, en coordinación con Ejército y Policía, los mandatarios deben adoptar las medidas necesarias para evitar y levantar los bloqueos en las vías, además de implementar planes y acciones para reactivar la productividad y la movilidad en sus respectivas jurisdicciones.
El decreto les señala además la obligación de “brindar el apoyo y colaboración, en el marco de sus competencias, para lograr mayor eficiencia, eficacia y celeridad en los procesos de captura y judicialización de las personas que incurren en los actos delictivos que afectan el orden público, la seguridad y la convivencia ciudadana”. Asimismo, deben tener informada a la opinión pública, nacional e internacional, sobre los avances en dichas medidas y, dado el caso, decretar toques de queda ante cualquier alteración significativa del orden público y que, en tal virtud, resulte necesario. Todo lo anterior, con una advertencia clara: “Los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, serán sujetos de las sanciones a que haya lugar”.
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¿Quiénes son los mandatarios regionales y locales sometidos a esa decisión presidencial? Se trata de los gobernadores Clara Luz Roldán del Valle del Cauca; Elías Larrahondo del Cauca, Jhon Rojas de Nariño, Álvaro Granja del Putumayo, Luis Enrique Dussán del Huila, Arnulfo Gasca del Caquetá, Victor Tamayo de Risaralda y Silvano Serrano de Norte de Santander. En cuanto a los alcaldes, están Jorge Iván Ospina de Cali, Óscar Escobar de Palmira, John Jairo Santamaría de Yumbo, Julián Adolfo Rojas de Buga, Víctor Hugo Vidal de Buenaventura, Juan Carlos López de Popayán, Germán Chamorro de Pasto, Luis Fernando Villota de Ipiales, Gorky Muñoz de Neiva, Carlos Alberto Maya de Pereira, Juan Carlos Cárdenas de Bucaramanga, Andrés Tovar de Madrid y Guillermo Aldana de Facatativa, estos dos últimos en Cundinamarca.
El decreto en mención ha generado una ardua discusión y hay quienes consideran que es inconstitucional. ¿Es de obligatorio cumplimiento por parte de esos gobernadores y alcaldes? Para el jurista Rodrigo Uprimny, no y estos pueden, e incluso deben, por tratarse de inconstitucionalidades burdas, aplicar la excepción de inconstitucionalidad e implementar únicamente los contenidos e interpretaciones constitucionales del decreto. “Esto significa que deben intentar levantar únicamente los bloqueos desproporcionados y no todos los bloqueos; en esos casos deben intentar el diálogo y la concertación primero; sólo agotada esa posibilidad pueden recurrir a la fuerza, que debe ser usada en forma proporcionada, conforme a los estándares de derechos humanos y sin nunca involucrar al ejército en esas tareas”, escribió en una columna publicada en el portal de DeJusticia.
Incluso, el abogado Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado, va más allá al señalar que los mandatarios regionales y locales ni siquiera pueden ser sancionados por negarse a esa asistencia militar para evitar o levantar por la fuerza los bloqueos pues, según dijo, en un Estado de Derecho no se pueden establecer mecanismos vía decreto para sancionarlos por no cumplir las decisiones. “Se requiere una ley particular que establezca no solo motivos, sino el proceso con base en la que se va a hacer esa sanción (…) no se puede poner a los militares por encima de la autoridad civil (...) los militares no pueden cumplir ninguna función que esté atribuida a otra institución del Estado, ni siquiera en estado de excepción, por lo que no pueden realizar actividades que le corresponde a la Policía”, enfatizó.
De hecho, ya se conoce de algunos de esos gobernadores y alcaldes que han dicho que antes que la acción policial y militar, prefieren privilegiar el diálogo frente a las acciones de los manifestantes en sus departamentos y ciudades. Es el caso, por ejemplo, del gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán y el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz. El primero viene implementando unas mesas de diálogo con los manifestantes que bloquean las vías de acceso al sur del departamento y el Caquetá, lo que ha permitido reabrirlas para dar paso a alimentos y combustibles. Su intención es evitar enfrentamientos con el Esmad y el Ejército. El alcalde Muñoz, por su parte, aunque habla de bloqueos, asegura que han sido intermitentes y que hoy las protestas son pacíficas, por lo que prefiere buscan consensos.
Otros mandatarios, como el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, han dicho que no van a militarizar la ciudad, postura que mantiene también la Gobernación de Caquetá, que en un comunicado señaló: “No podemos enmarcarnos con las situaciones descritas en el decreto 575, por lo cual la asistencia militar no se hace necesaria actualmente, pues no se cumplen los preceptos para utilizarla”. Jhon Rojas, gobernador de Nariño, aseguró, por su parte, que prefiere recurrir y agotar el diálogo y la concertación, antes que las medidas de fuerza. Eso sí, por el momento no se conoce algún pronunciamiento de la Procuraduría frente a quienes se abstengan de cumplir con el decreto presidencial.
Como antecedente, vale referenciar que hace dos semanas, un día después de que en Buga (Valle del Cauca) se registraran fuertes enfrentamientos entre la Fuerza Pública y manifestantes que bloquearon la vía Panamericana, y también confrontaciones en zona urbana del municipio, el Ministerio Público les advirtió a cinco alcaldes del departamento que podrían ser investigados por omisión de funciones en medio del paro nacional. “La indiferencia es omisión y la omisión tiene consecuencias disciplinarias”, les dijo. El llamado de atención iba dirigida a los mandatarios de Yotoco, Restrepo, Calima-El Darién, Buga y Buenaventura, pidiéndoles que adoptaran las medidas que consideraran necesarias para garantizar el derecho a la protesta, sin restringir los derechos fundamentales del resto de la población. Una advertencia que, dirán algunos, les cabe a los involucrados ahora en el decreto 575.