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Pese a las críticas y llamados de expertos, la Ley de Seguridad Ciudadana entró en vigencia, luego de que el presidente Iván Duque la sancionara, junto a otras dos normativas que reforman la Policía. “Estas tres leyes enarbolan los principios de derechos y deberes humanos”, dijo el mandatario.
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Duque destacó ocho puntos de la nueva ley:
1. Castigo a la reincidencia. “El que la hace la paga y el que la hace dos veces la paga con más severidad”, dijo el presidente.
2. Los delitos producidos con arma de fuego y contundentes tendrán medida de encarcelamiento intramural.
3. Se considerará como delito el porte de arma blanca en eventos masivos.
4. Habrá aumento de penas para quien atente la infraestructura pública. “Aquí se le manda un mensaje claro al vandalismo y a quienes quieren legitimar causas impulsadas por la política”, destacó Duque.
5. Habrá pena máxima para quien asesine a líderes sociales, periodistas, defensores de DD.HH. y miembros de la Fuerza Pública.
6. Herramientas para agilizar la extinción de dominio y la enajenación temprana.
7. Se introduce la Legítima Defensa Privilegiada. “Estamos enviando un mensaje a la propiedad privada. La seguridad privada no es proteger al rico, como trataron de vender algunos. La propiedad privada es un pilar fundamental de la democracia, de derechos y libertades que se debe de defender con toda la capacidad del Estado”, precisó Duque.
8. Se elevaron herramientas de protección y reconocimiento a los miembros de la Fuerza Pública.
Para más contexto: Ley de seguridad ciudadana: el cierre de un Congreso cuestionado.
El presidente Duque también destacó el trabajo del Congreso para tramitar esta ley. “En un tiempo récord, en 26 días, donde se garantizó la más amplia discusión, una mayoría en el Congreso interpretó la necesidad del ciudadano y pudimos sacar una norma novedosa, precisa y que cierra las brechas de la criminalidad”, agregó el primer mandatario.
Precisamente durante el trámite de la propuesta en el Congreso, expertos señalaron que la Ley no propone nada novedoso. “(En cambio) propone como medidas de política criminal más penas, más delitos y más cárcel. Además, va en contravía de los mismos esfuerzos que ya está haciendo el Gobierno y la Policía por tener una política criminal más estratégica”, dijo en su momento Gina Cabarcas, del Laboratorio de Justicia y Política Criminal.
Los temas que más preocupan a abogados y expertos son el de la legítima defensa privilegiada, agravantes por el uso de máscaras y capuchas cuando hay afectaciones en la infraestructura, los traslados preventivos, el aumento de penas, por mencionar algunos. En ese sentido, consideran que la ley fue un proyecto que nació tras el estallido social de 2021, que movilizó a miles de personas y que tomó impulso en tiempo electoral, cuando la ciudadanía reclama mayor seguridad a candidatos.