La imagen que acompaña la apertura de este especial, la del estrechón de manos de los antiguos enemigos entre aplausos, vivas y el coro de “sí se pudo” se repitió al menos tres veces durante 2016. Timoleón Jiménez, el último comandante de las Farc-Ep, y Juan Manuel Santos, como presidente de Colombia, protagonizaron esta escena el 23 de junio de 2016 en La Habana, Cuba, al finiquitar el acuerdo sobre el Fin del Conflicto, que incluía el cese al fuego definitivo y la dejación de armas de la guerrilla. Raúl Castro, presidente de Cuba, y Ban Ki-moon, secretario General de Naciones Unidas, fueron los testigos de excepción de una corta ceremonia, en un salón del Palacio de Convenciones, Palco, que albergó a los negociadores durante cinco años.

El 26 de septiembre, en una fresca tarde cartagenera, Timo y Santos se volvieron a encontrar para firmar el Acuerdo Final y estrechar sus manos una vez más, frente a una multitud vestida de blanco que colmó la explanada del Centro de Convenciones, otra vez con Ban Ki-moon y Castro como testigos, acompañados de una docena de mandatarios latinoamericanos, una veintena de cancilleres, el Rey Juan Carlos de España y hasta el Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quienes aplaudieron el gran logro de la sociedad colombiana. La paz de Colombia es la paz del mundo, repitieron.

Después del estrecho triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre de ese año (50,21% con una abstención del 63%) y tras una apresurada y accidentada renegociación del Acuerdo con los representantes del sector opositor, la escena se volvió a repetir el 24 de noviembre, esta vez en una corta ceremonia, sin tantos protocolos, sin invitados internacionales, sin las cantaoras de Bojayá, con una cuarta parte del público que fue a Cartagena, esta vez enfundado en trajes oscuros -y con rostros sombríos-, en el Teatro Colón, en el centro de Bogotá.

La disposición de los asistentes en la silletería del Teatro Colón presagiaría lo que no hemos podido superar después de cinco años de discusiones en torno a ese documento de 310 páginas -que pocas personas han leído-: la fragmentación. En el palco derecho se sentaron los principales dirigentes de las Farc; en el palco izquierdo lo hicieron los altos mandos de la Fuerza Pública, en el central se acomodaron la familia presidencial, algunos ministros y los principales asesores del Palacio de Nariño, y en la platea se ubicaron algunos políticos, líderes sociales y la comunidad internacional que siempre ha acompañado el proceso, incluso desde su fase secreta que arrancó a comienzos de 2012 en Cuba.

Ese país fragmentado, representado aquella lluviosa mañana bogotana en la silletería de un teatro neoclásico de 125 años, es el que sigue impávido contando masacres (cerca de 90, solo este año), desplazamientos (el delito que más ha aumentado desde la firma del Acuerdo y que este año ha dejado alrededor de 75 mil víctimas, según Codhes), asesinatos de líderes sociales (más de 1.200 desde la firma del Acuerdo) y de excombatientes de las Farc (cerca de 300). El Estado colombiano, incapaz de cumplir a cabalidad lo que promete, dejó los territorios antes ocupados por la guerrilla más antigua y fuerte que haya existido en América Latina a merced de nuevos y viejos actores armados que se reciclan con nuevas y viejas siglas en sus brazaletes, alimentados todos con las economías ilegales que pululan sin control.

Según Indepaz, hoy existen 22 estructuras posdesmovilización de las Auc y 27 bandas emergentes que en los territorios son reconocidas por los pobladores como “paramilitares” y que actúan en 291 municipios; existen 30 estructuras posdesmovilización de Farc-Ep, que actúan en 123 municipios, y son cerca de 2.500 las personas que integran hoy las estructuras del Eln y que actúan en 211 municipios. Todos los grupos, sin importar su procedencia, están engrosando nuevamente la cifra de niños, niñas y adolescentes reclutados.

Mientras en los territorios más afectados por la violencia se vive esta realidad, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, considerados por los expertos como la gran oportunidad del Estado para recuperar el terreno perdido en más de 60 años de desatención, despegan con dificultad. Tras una exitosa etapa de consulta con las comunidades, la ejecución de las 32.808 obras enlistadas no colma las expectativas de los pobladores de esos 170 municipios. Los cálculos más conservadores aseguran que de mantenerse el actual ritmo de ejecución, se necesitarían cerca de 39 años para su implementación total.

En este panorama que no suena muy alentador, resalta el trabajo de las tres entidades creadas para administrar la justicia transicional. La Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y la Comisión de la Verdad hacen esfuerzos (a veces insuficientes) por satisfacer los reclamos y derechos de las víctimas y por mostrarle al país el horror que han significado estas décadas de conflicto armado. Pero no resulta fácil esta tarea en una sociedad dividida que aun no valora la verdad como el bien supremo para sanar las heridas y continúa disputándose la hegemonía sobre ese relato que debiera ser compartido. Estas entidades, que debieron constituirse en la puerta de entrada a la reconciliación no han logrado unir a la sociedad en ese propósito. Y, claro, la responsabilidad no recae solo en sus hombros, sino que se distribuye en los líderes que no han sido capaces de leer la necesidad de superar esta etapa y abordar la construcción de un país diferente.

A pesar de los intentos que hizo la derecha por deslegitimar el Acuerdo, boicotear a la JEP y desprestigiar a la Comisión de la Verdad, no logró ninguno de esos objetivos. Lo que sí es evidente, y lo muestran todos los indicadores, son los enormes retrasos en el cumplimiento de los puntos del tratado (1, 2 y 4) que involucran profundas reformas que deben aprobarse en el Congreso. La redistribución de la tierra, la solución a los cultivos de uso ilícito y apertura del sistema democrático, siguen pendientes.

Este año se cumple el quinto aniversario de ese pacto. Por ello, Colombia+20, en conjunto con varias secciones de este periódico, crearon este especial multimedia ‘Acuerdo Final: Cinco años de una paz fragmentada’, donde los lectores podrán encontrar una juiciosa evaluación de cada uno de los 5 puntos del Acuerdo Final, a través de infografías que muestran el estado actual de la implementación.

También tendrán a su disposición análisis de los aspectos más relevantes de cada punto y testimonios recogidos en los territorios, en textos, audios y https://reportajes.elespectador.com/arc/acuerdo-final-cinco-anos-de-una-paz-fragmentada/videos, intentado proporcionar una mirada crítica y relevante sobre cómo se vive la construcción de paz en los lugares donde se ha vivido -y aun se vive- la guerra.