Ellos y ellas esperan que en su representación, la mayor cantidad depuestos posibles para las víctimas en el Congreso quede para mujeres o personas LGBTI+ o por lo menos para personas con una agenda en su favor. Sin embargo, junto a la esperanza está presente el miedo a los peligros de los próximos meses y el escepticismo sobre las posibilidades de éxito que deben encarar.
Mediante las Curules de paz, las víctimas representadas por sus líderes y lideresas, buscan la participación política a nivel nacional, pero al mismo tiempo desafían el balance del poder local. Kyle Johnson, analista político e investigador de la Fundación Conflict Responses, lo formula así: “Ser líder ya trae ciertos riesgos, el mundo político ya tiene riesgos inherentes estructurales también. O sea, entras en este mundo y ya tienes mayores riesgos”. Y como lo señalan todas las personas entrevistadas para este texto, ser mujer o LGBTI+ trae de por sí grandes riesgos para las candidatas que ponen su cara en las listas electorales para las Curules de paz.
Para explicar a profundidad estos riesgos electorales, ante todo, hay que entenderla continuidad de la violencia contra las mujeres y las personas LGBTI+, no solamente en el conflicto armado, sino también en todos los ámbitos sociales y políticos. De igual forma, hay que reconocer sus largos caminos de lucha, por sus familias y sus derechos, de resistencia contra la violencia y deconstrucción de paz.
El doble riesgo de ser mujer y lideresa
La mitad de las víctimas del conflicto armado son mujeres, al menos 4.489.155 personas, como lo da a conocer el Registro Único de Víctimas (RUV).Sus victimizaciones han sido de múltiples formas. Adicional a la violencia física y sexual experimentada, ellas sufren y cargan las consecuencias del conflicto cuando sus hijos, esposos y padres mueren o desaparecen.
Tulio Enrique Chimona fue desaparecido por las antiguas Farc el 3 de septiembre de1983. En ese entonces, su hija, Nery Chimonja Coy, lideresa campesina y de mujeres, etnoeducadora y defensora de derechos humanos del municipio de Palestina, Huila, tenía apenas tres años. A partir de este momento, su madre María Fanny Coy no solamente tuvo que soportar el dolor de la pérdida del esposo, sino cargar sola con la vida de ocho hijos e hijas, el menor de ocho meses, el mayor de 11 años. Sin ningún apoyo estatal, la familia vivió en la pobreza extrema y para alimentarse, tuvieron que trabajar a todas horas. Hubo épocas en las que Nery comía de lo que dejaba la gente en sus platos en el restaurante donde su mamá trabajaba los fines de semana. A los ocho años tuvo que ganarse un jornal por primera vez. La ausencia de mamá y papá en casa dejó a los hijos vulnerables a abusos por personas cercanas. Además de la desaparición de su padre, los traumas con los que Nery sigue lidiando hasta hoy son las violaciones por parte de los vecinos, que tuvieron que sufrir varios hermanos. Para ella, es importante decir que su familia no es un caso excepcional, sino que como ella, miles de mujeres, niñas y niños han perdido a sus padres.
A pesar de estas condiciones adversas, la madre logró sacar adelante a sus hijos. Aún cuando mucha gente le decía que debería sacarlos de la escuela y ponerlos a trabajar, ella nunca lo hizo. Hoy Nery cuenta con orgullo que de los ocho hermanos, cinco son profesionales, un hermano médico veterinario como lo era el papá. Junto con otras familias de víctimas, la familia Chimonja Coy lidera procesos importantes de paz, reconciliación y no repetición de la violencia en Palestina, a pesar de los potenciales peligros que conlleva.
Hoy el liderazgo de víctimas de mujeres es un ejercicio con muchos riesgos. Según una base de datos elaborada por esta alianza periodística con información de la Defensoría del Pueblo y cinco organizaciones sociales que documentan estos casos, de 1.185 agresiones contra líderes y lideresas de víctimas entre enero2017 y junio de 2021, 437 han sido contra lideresas, una de cada tres agresiones, pero existe un subregistro en las cifras, bien sea por miedo a denunciar o la falta de canales para ello.
La Misión de Observación Electoral (MOE), en su informe “El liderazgo de las mujeres en Colombia se ejerce en medio de la Violencia”; lanzado en diciembre de 2020, muestra cómo la violencia contra las mujeres en política es un fenómeno altamente invisiblizado y normalizado, a pesar de que las cifras y la gravedad de la violencia en su contra se han ido agravando en los últimos años. Solamente entre enero y noviembre de 2020, la MOE registró 96 hechos de violencia contra lideresas sociales, comunales y políticas, 27 de ellos letales. El 15% de las afectadas eran lideresas de víctimas. La amenaza es la agresión más frecuente, pero los hechos letales van aumentando. Genera especial preocupación que la mitad delas agresiones letales ocurrieron en zonas PDET, las mismas zonas de Circunscripción Especial de Paz, donde las lideresas luchan por defender los derechos humanos y territoriales en contra los intereses de control político y económico de élites locales y actores armados.
Ana Panesso Chalá, lideresa en el municipio Medio Atrato en el Chocó, resume la situación de las mujeres en liderazgo en el país: “Como mujeres en el entorno político, estamos todos los días dependiendo de lo que Dios quiera. Los riesgos son muchos. Y seguridad no hay''. Ana hace parte de la red feminista Nosotras Ahora, con 200 mujeres activas, y como muchas de sus compañeras en otras partes de Colombia, siente que ser lideresa las convierte en objetivo de cualquier actor, armado o no, legal o ilegal. Estigmatización a través de los estereotipos de género y difamación; amenazas contra la integridad de la persona y contra su familia, especialmente los hijos, y violencia, incluyendo sexual, hacen parte de los riesgos a los que se enfrentan las mujeres; una lista larga.
Muchos de los territorios donde las mujeres de Nosotras Ahora ejercen sus liderazgos son zonas rurales con presencia de grupos armados ilegales y del Ejército, que las mujeres identifican como los responsables directos de las agresiones contra sus liderazgos. Pero también ven que en el fondo -ni siquiera muy escondido- hay cabezas ocultas, cabezas patriarcales y machistas. “Cuando ven que una mujer está avanzando como lideresa, la ven como enemiga y empiezan a dañarla”, lamenta Ana. ¿El objetivo detrás de todo esto? “Quitarnos del camino”.
Fuente: lasinfografías y cifras presentadas a lo largo del reportaje obedecen al cruce delas bases de datos que la Defensoría del Pueblo, MOE, Programa SomosDefensores, Codhes, Fundación Pares e Indepaz-Marcha Patriótica han destinadopara el registro de agresiones contra líderes y lideresas sociales entre enerode 2017 y junio de 2021. La información, sin embargo, presenta subregistros, deacuerdo con un funcionario del Ministerio Público experto en el tema. Al menos36 hechos fueron contra representantes de comunidades étnicas y en al menos 78casos, grupos neoparamilitares fueron los presuntos responsables. En 337 casosno hay información sobre los perpetradores.
Una historia de violencias contra la población LGBTI+
Otro sector de la población que se registra bajo el enfoque de género es la población LGBTI+. Según los datos del RUV, el conflicto armado dejó por lo menos 4.310 víctimas LGBTI+ por la ocurrencia de 8.184 hechos, número no representativo dado el grave subregistro de esta violencia. Hasta hoy, el sufrimiento de las personas LGBTI+ durante el conflicto armado es altamente invisibilizado. Muchas víctimas no se atreven a denunciar por la falta de garantías o por el miedo de exponerse a la estigmatización cuando se da a conocer su orientación sexual o identidad de género diversa.
Las personas LGBTI+ tuvieron que vivir con mayor intensidad la violencia del conflicto armado, fueron víctimas de todos los actores armados y de prácticas violentas aún más crueles. Según María Susana Peralta Ramón, abogada en la organización LGBT Colombia Diversa, en su trabajo han documentado por lo menos 45 casos en el Caquetá, en el Sur de Tolima y en Putumayo, en los cuales las víctimas fueron agredidas por miembros del Ejército, de la Policía, por las Farc y por paramilitares. Los actores armados del conflicto descubrieron rápido que una manera de ganarse el apoyo dela sociedad civil era compartir unos valores en común y el valor que siempre tenían en común era la homofobia. “Era muy útil desplegar todas las capacidades de violencia y de crueldad sobre personas que no iban a ser reclamadas por la sociedad civil. Podían demostrar que eran asesinos crueles sin recibir ningún reproche social a cambio,“ explica María Susana.
Eliécer Sierra, representante del enfoque LGBT en la Mesa Departamental de Víctimas de Sucre y de la Mesa Municipal de Víctimas de Colosó, respira profundo: “Yo tuve que estar en medio del conflicto y no se lo deseo a nadie. Realmente yo tenía 14 años cuando me pasó un hecho horroroso. De 14 años uno es un niño”. Eliécer empezó su activismo por lo que le sucedió, por todas las personas víctimas y por las personas diversas en este país, consciente de que este trabajo lo sigue exponiendo a muchos riesgos: “Uno como LGBT tiene una estigmatización. Como víctima tienes otra”.
Caribe Afirmativo, una organización defensora y promotora de los derechos humanos de personas LGBT y con ocho casas en el país, en sus registros constata un aumento de las violencias y amenazas contra líderes y lideresas diversas en los últimos años. Según Wilson Casteñeda, director de Caribe Afirmativo, este aumento se explica primordialmente por la ausencia de compromiso del Estado en materia de derechos humanos y la fuerte presión de actores armados que siguen dirigiendo en los territorios y teniendo como objetivo a personas LGBT”. Por el momento, las amenazas serían la principal forma registrada de agresión contra líderes y lideresas LGBTI+, pero en general no hay cifras representativas al respecto.
Para líderes altamente visibilizados en su territorios como Eliécer Sierra en los Montes de María, donde las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) están controlando gran parte del territorio, las amenazas son suficientes para vivir con miedo. “Se sabe que tenemos la muerte encima o detrás de la oreja. Ya uno sabe que no puede ir a lugares demasiado expuestos, a aglomeraciones, que uno no puede estar a tardes horas de la noche en la calle porque uno no sabe. El enemigo de uno está en cualquier lado”. Una amenaza puede convertirse en materializarse en cualquier momento.
En síntesis, la violencia contra mujeres y personas LGBTI+ en política combina elementos de la violencia política y de la violencia basada en género. En términos concretos, la violencia política busca alejar a líderes y lideresas de labores sociales y políticas, pero aparte de todos los riesgos que el ejercicio de liderazgo social constata para hombres heterosexuales en Colombia, el ser mujer lideresa o ser líder LGBTI+ en sí significa otros riesgos. “Lamentablemente vivimos en un sistema patriarcal y los hombres estamos en una mejor posición”, comenta Enrique Chimonja Coy, fundador de la red Comunidades Construyendo Paz en Colombia (Conpaz Col), una red de comunidades víctimas afrodescendientes, indígenas y campesinas de Colombia con propuestas de justicia social y ambiental.
La cultura patriarcal y machista es un sistema social y político en el que lo masculino heterosexual es la autoridad dominante y cualquier otra identidad de género, como las mujeres y las personas LGBTI+, está devaluada y desaprobada. Marca tanto las relaciones en lo privado, como en todos los ámbitos de la vida pública. De esta manera, las mujeres y las personas diversas no solamente se enfrentan a la violencia en contexto de conflicto armado y a la violencia política sino también a la violencia que pasa en sus propias casas y comunidades. Todavía, su mayor riesgo son hombres cercanos a ellas.
En muchos contextos, las lideresas son un reto para la imágen patriarcal del rol de la mujer en la sociedad. En vez de estar en sus casas, dedicándose principalmente al cuidado del hogar y de la familia, estas mujeres hacen trabajo político y social, público y comunitario con un alto nivel de visibilización y reconocimiento. En palabras de Yolvana Romero Pushaina, lideresa Wayúu de la red Nosotras Ahora desde La Guajira: “Es difícil cuando uno habla de política, más siendo mujer porque el empoderamiento ya causa vulnerabilidad ante las personas que no están de acuerdo con mujeres hablantes y en poder político”.
Lo mismo ocurre con las personas diversas cuya presencia en la escena pública no se contempla en absoluto en el sistema de valores patriarcal y heteronormativo. “Vivimos en una estructura general de ciudadanía con prejuicios. Las personas LGBT hacen parte del grupo de personas históricamente más discriminadas en Colombia“, explica Wilson Castañeda de Caribe Afirmativo, “finalmente existe el imaginario que son ciudadanos de menor categoría”. Muchas veces se encuentran excluidos del tejido social, ya que en una visión homo y transfóbica “lapersona LGBT es vista como un ser monstruoso, como un ser despreciable“, dice María Susana Peralta Ramón de Colombia Diversa. “Esta estigmatización es difícil erradicarla, pero gracias al Acuerdo de paz la situación está mucho mejor, porque son temas que ya tienen nombre. ‘Enfoque diferencial’ antes ni siquiera era una palabra en el discurso público”, añade María Susana.
Los riesgos para una paz inclusiva y equitativa en las zonas de Circunscripción especial
La instrumentalización y cooptación de las Curules de paz se siente venir fuertemente en los territorios, dice Enrique Chimonja Coy. Además, con candidaturas de víctimas apoyadas por sectores militares y ex paramilitares, existe un riesgo grande que en buena parte de los 16 puestos en el Congreso para las víctimas queden personasen contra de políticas progresistas para los derechos de las mujeres y la población LGBTI+. Para hacerle frente a estas dinámicas, las candidaturas de mujeres y personas LGBTI+ tienen que competir en las elecciones bajo las circunstancias más difíciles.
Para las Curules de paz se crearon las llamadas Circunscripciones Transitorios Especiales de Paz, que corresponden con las 16 zonas PDET en Colombia, zonas particularmente desgarradas por el conflicto armado, la corrupción y por los intereses políticos y económicos de élites locales que buscan “mantener el status quo”, también a través de la violencia, como explica Kyle Johnson. La reconfiguración del conflicto y la presencia de nuevos y viejos grupos armados en las zonas rurales de estos territorios significan una serie de dificultades para las candidatas en el desarrollo de sus campañas: restricciones de movilidad, de reunión, de libertad de expresión, de acceso a medios de comunicación. Sin control efectivo o garantías de seguridad, se verán expuestas a la violencia de estos grupos. Además, en las zonas rurales los sistemas patriarcales y de homo y transfobia siguen siendo marcados, “donde todavía no hay compromisos con la población LGBTI+, ni de gobierno, ni de ciudadanía”, afirma Wilson Castañeda. En estos contextos, muchas mujeres y lideresas LGBTI+ parten de una situación de recursos económicos precaria.
En todas las zonas de Circunscripción especial hay agresiones contra lideresas de víctimas. Según la base de datos elaborada por esta alianza periodística, entre enero 2017 y junio 2021, se registraron 159 de estos hechos, representando una tercera parte de las agresiones contra el liderazgo de víctimas en general. En términos cuantitativos, las zonas de la Costa Caribe son, por mucho, los terrenos más peligrosos para las lideresas de víctimas. Las zonas de Circunscripción especial con la mayor cantidad de agresiones, al igual que los municipios contra lideresas de víctimas, se encuentran en el Caribe: la zona C12,Magdalena-Guajira-Cesar con 43 hechos, y solamente el municipio de Santa Marta con 27 hechos; y la zonas C8, Montes de María con 41 hechos, incluyendo el municipio El Carmen del Bolívar con 28 de ellos.
Los datos recolectados también muestran que en los casos en los cuales se puede identificar a los perpetradores, los grupos neoparamilitares son los principales responsables de la violencia contra líderes y lideresas de víctimas. De 96 agresiones en la zona del Magdalena-Guajira-Cesar, 12 fueron cometidos por grupos neoparamilitares, seis por grupos guerrilleros y en lagran mayoría no hay información específica. De 76 amenazas en los Montes de María, 43 fueron cometidas por neoparamilitares, en los demás hechos se desconoce a los responsables.
Para Eliécer Sierra, líder LGBTI+ en los Montes de María, con tanta presencia de grupos armados la zona no se encuentra en un camino hacia una paz estable y duradera, como pretendía el Acuerdo de paz. Y tiene otra acusación: “El gobierno es conocedor de la problemática que hay en Montes de María, y el gobierno se queda callado. No hace nada”.
Bajo estas condiciones de abandono estatal y presencia de grupos armados, además de las reglas del patriarcado, las candidatas femeninas y LGBTI+ tendrán que adelantar sus agendas políticas. ¿Cuáles serán? El punto de encuentro de estas agendas son propuestas de construcción de paz y de transicionalidad, de implementación del Acuerdo de paz y la construcción de memoria histórica, pero bajo condiciones inclusivas y equitativas.
Para Eliécer Sierra, esto incluye el cumplimiento total de una política pública que garantice los derechos y la inclusión de la población LGBTI+ en todos los ámbitos de la vida: salud, educación, vivienda, trabajo. De todas maneras, en elecciones pasadas, Colombia Diversa también ha venido notando quelas propuestas pro-LGBTI+ no necesariamente hacen parte de las agendas electorales de candidatos LGBTI+. Está estrategia sería un resultado de la homofobia y de los discursos de culpa a la víctima internalizado por todo el mundo, también por las mismas víctimas. El no hablar directamente de temas LGBTI+ además, puede ser una medida de supervivencia política, social y física.
En cambio, las reivindicaciones feministas se escuchan en cada palabra de las lideresas de Nosotras Ahora. “Sin mujeres No!” es el eslogan de la red. Una de sus apuestas centrales es que, como mujeres, deben apropiarse de la paz y crearla con sus ideas, y sin equidad para las mujeres no puede haber una paz duradera. Por lo tanto, la motivación política de las lideresas, en primer lugar, es la construcción de sociedad, realmente trabajar por el bien común y por mejorarlas condiciones de vida de sus comunidades. Pero en una tradición política clientelista y corrupta como la de Colombia, en la que todo el mundo sabe quelas elecciones son manipulables, no es fácil convencer a las personas de quelas propuestas son sinceras. Amanda Lucía Camilo, coordinadora regional del Putumayo de la organización Ruta Pacífica delas Mujeres, insiste en quelas candidatas vienen a defender “que se disminuyan estas estrategias históricas de manipulación, clientelismo, cooptación, amenaza y estigmatización”. Tenemos que convencer a las personas “que realmente queremos una transformación para todos”, agrega Yolvana Romero Pushaina de Nosotras Ahora. “El reto más grande será generar confianza y cambiar ‘el chip de que todo es manipulación’ de las personas, que no se dejen comprar los votos, porque nosotros como sociedad somos responsables de quien llega al poder”, dice Eliécer Sierra.
Martha Dagua, lideresa feminista del Norte del Cauca, advierte que las propuestas no son solamente de paz y no-violencia sino también las agendas feministas en defensa de las diversidades sexuales y los derechos sobre el cuerpo son catalisadores de violencias. El hecho de que en muchos casos mujeres firmantes paz y lideresas sociales en los territorios mantengan abiertos canales de comunicación y reconciliación, y compartan propuestas políticas feministas, puede resultar otra fuente de estigmatización.
“Hay muchas ideas que se quedan en elcuarto pero no se pueden llevar afuera“, dice Liliana Panameño, lideresa desde Buenaventura e integrante de la red de Nosotras Ahora. La falta de garantías de seguridad en los territorios es la razón más importante porque muchas veces el miedo es superior a las ganas de postularse.
Retos electorales en el camino hacia las Curules de paz
Además de los riesgos acumulados en las zonas de Circunscripción especial, existen otros retos político-electorales específicos paralas lideresas y las personas LGBTI+ en el contexto de estas elecciones.
Para los candidatos LGBTI+, Wilson Castañeda de Caribe Afirmativo registra un creciente peligro desde la política a nivel nacional: “Candidaturas LGBT hemos tenido desde hace20 años y siempre ha existido el odio pero camuflado. En los últimos dos años observamos que ya no ha sido camuflado, ha sido de frente. Tenemos políticos que abiertamente promueven los discursos de odio”.
Parecidas a las dinámicas entre actores armados y la sociedad en el conflicto armado, también para los actores políticos en la arena electoral sería útil atacar a los candidatos LGBTI+. La movilización de votos a través del discurso alrededor del miedo ('este consejal va a pervertir a nuestros niños y esta administradora va a violar a las niñas de la cuadra') sería una estrategia bien estudiada por los partidos y movimientos conservadores. Y para candidatos LGBTI+ es difícil promover agendas políticas y tener que defenderse contra estos ataques al mismo tiempo. Por otro lado, también es coherente confrontar (pa no repetir) a las personas diversas en el sistema de valores que existe. En el imaginario conservador las personas LGBTI+ no pueden ser representativas, no son capaces ni dignas de representar apersonas que se consideren 'normales'. La aversión contra las personas LGBTI+ también existe entre las víctimas y es suficiente para no votar por un candidato. Por el contrario, compartir identidad no es suficiente para votar por él o ella. Sin una base electoral que se identifique con ellos y ellas lo suficientemente grande para garantizarles éxitos electorales, la representatividad es probablemente el reto electoral más grande para candidatos LGBTI+. “Tienes todo que perder con los homofóbicos y transfóbicos, y no necesariamente tienes todas las de ganar con las personas LGBT”, resume María Susana Peralta Ramón.
Otra fuente específica de riesgos para las mujeres es el principio de equidad e igualdad de género, que según el Decreto 1207 del 5 de octubre de2021 que establece el reglamento de las elecciones, se debe tener en cuenta ala hora de elaborar las listas. En términos prácticos significa que por cada candidato que se inscriba, también se tiene que inscribir una mujer. Este principio, que en una cara de la moneda es celebrado como un avance histórico de la representación y participación de mujeres en elecciones populares, en la otra cara también puede constituir un problema para las candidatas. En muchos casos se daría paso a las mujeres para el provecho de los hombres, las mujeres se buscan como simples ‘rellenos’ en las listas, en eso coinciden las lideresas de Nosotras Ahora.
Así también lo ve María Eugenia Mosquera Riascos, defensora de derechos humanos y representante legal de Conpaz Col: “están eligiendo a la mujer porque sin la mujer no puede pasar a la plancha. No he visto donde sea la mujer que lidere y se consiga la pareja de hombre”. Además, el hecho de estar inscrita en la lista no da ninguna garantía de éxito a las mujeres. “Listo, llega la pareja, pero, ¿quién va a tener el cargo? El que tenga más votos entre los dos, pero realmente los que encabezan las listas son hombres. Es complejo”, admite Mosquera Riascos, cuya organización Conpaz Col va a avalar la candidatura de William Aljure en la zona de Circunscripción especial C7, Sur de Meta-Guaviare. “A nuestro modo de ver, en muchas regiones, si se hubiera permitido que mujeres fueran las que lideraran esa postulación, hubiera habido más consenso para el respaldo de ellas”, agrega Enrique Chimonja Coy. De todas maneras, en la situación actual es muy probable que muchas mujeres queden enla sombra de los hombres.
Existe la preocupación de que muy ligado a la Ley de Paridad, las violencias políticas contra las candidatas aumenten, dice Martha Dagua, asegurando así que las mujeres en las listas no ganen a los hombres. “Cada vez llegan mujeres formadas de organizaciones de base con narrativas diferentes que quieren lanzarse. Esa potencia de las mujeres va a hacer que aumenten las violencias”, advierte la lideresa. Un riesgo que es poco visible, pero muy latente y que puede debilitar gravemente no solamente la labor política de las mujeres, sino también las relaciones íntimas y familiares, es la ridiculización y difamación por redes sociales. Esto incluye la difusión de información falsa a través de páginas fraudulentas y perfiles falsos donde se exponen asuntos privados de las mujeres y sus familias. “Mi tía se lanzó a la Gobernación de La Guajira”, cuenta Yolvana Romero Pushuaina, “y de una veztodos empezamos a recibir amenazas, ella, grandes, y nosotros alrededor, pequeñas. Es un mapeo de lo que viene”.
Hermandad frente a la desprotección estatal
Los riesgos en las elecciones son muchos pero las organizaciones de mujeres y de la comunidad LGBTI+ se están preparando. Hablando en protección de los y las lideresas LGBTI+, Wilson Castañeda de Caribe Afirmativo le hace una crítica fuerte Estado. Desde su experiencia, los esquemas de protección corresponden a las necesidades y demandas de las personas: “El Estado no solamente carece de un programa de protección a líderes LGBTI+ sino que cuando aplica alguna acción de protección termina haciendo un daño porque no tiene en cuenta las particularidades, porque no tiene en cuenta el enfoque diferencial”, dice y agrega que “es muy difícil pensar que quien históricamente me viola me va a venir a proteger”.
En cara a la falta de garantías efectivas del Estado, organizaciones y redes como Colombia Diversa y Nosotras Ahora apuestan a estratégias de acompañamiento, apoyo y hermanamiento para que la carga del liderazgo político cueste un poco menos, por lo menos emocionalmente. Es importante no caer en la trampa patriarcal de crear divisiones entre las mismas mujeres y debilitarse entre ellas mismas, aprendieron las lideresas a lo largo del camino. Desde su propia experiencia, rodearse de personas de plena confianza es esencial y también tener personas íntegras en los puestos de control el 13 de marzo de 2022. Conpaz Col está planeando una estrategia de acompañamiento a los y las candidatas por equipos internacionales, como lo han hecho con éxito en elecciones previas.
Amanda Lucía Camilo, coordinadora regional del Putumayo de la organización Ruta Pacífica de las Mujeres, añade otro punto importante: “Nosotras como Ruta Pacífica estamos muy interesadas en impulsar espacios de capacitación de conversación con expertos y expertas que tengan muy claro esta ruta, los requisitos, todo lo que sea posible, para por un lado, las mujeres que se vayan a impulsar estén con todas las herramientas y no vayan a tener inscripciones inválidas, y dos, para poder hacer el ejercicio de control y de denuncia cuando se mire que se están saltando algunos de estos requisitos o protocolos y en territorios donde no hay gobernabilidad”. A través de la formación política también buscan evitar que las candidatas caigan en las trampas de las prácticas corruptas y clientelistas en las dinámicas electorales. Esto será fundamental para ganar espacio y confianza y que se tomen en serio a las mujeres como capaces de tomar decisiones políticas independientes.
En el fondo de todos los procesos referentes a las víctimas del conflicto armado es necesario hacer más presente el protagonismo real de la mujer en todos los procesos de lucha y resistencia, dice María Eugenia Mosquera Riascos de ConpazCol. Para que en los liderazgos de víctimas de mujeres y en sus campañas “todo eso también salga a flote y se reconozca de manera real”. También en forma de votos.