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Noticias de Los Mapas De La Desaparicion Forzada En Buenaventura
Los mapas de la desaparición forzada en Buenaventura
Buenaventura, el puerto más grande de comercio exterior en Colombia, estaría rodeado por un cinturón de fosas comunes. Este especial visualiza en mapas interactivos, y a través de las voces de la comunidad y diferentes autoridades, el impacto de la desaparición forzada en este distrito desde los años 90 hasta hoy.
Por Carolina Ávila Cortés y Valentina Parada Lugo
30 de abril de 2021
En Buenaventura (Valle del Cauca) hay más desaparecidos que asesinados. Eso cree Héctor*, lo vamos a llamar así y no por su nombre real por el riesgo que corre su vida con esta denuncia, al igual que otras cuatro personas de la comunidad citadas en este texto. Héctor es uno de los líderes y defensores de derechos humanos más reconocidos en Buenaventura y afirma esto por tres razones:
“La primera es porque nos mandan un mensaje. Si hablas, si organizas, si te metes de a mucho en diversos asuntos, “recibirás tu parte”. Dos, es que nuestros muchachos desafortunadamente cayeron en estructuras armadas y los desaparecieron. Y tres, porque la desaparición forzada es la mejor forma de ejercer control social y territorial”.
Ni las entidades del Estado tienen la certeza de la dimensión de la desaparición forzada en Buenaventura y las cifras no concuerdan. Entre el año 1997 y el 2021, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), 697 personas fueron desaparecidas forzadamente. El Sistema de Información de Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) de Medicina Legal reportó 768 víctimas de ese delito para ese periodo. Y la Unidad de Víctimas, que asegura que desde 2018 no tienen registros de este crimen, documentó 480 casos.
En respuesta a un derecho de petición radicado por este diario, la Fiscalía General de la Nación respondió que entre 1997 y 2021 tiene registrados 1.128 procesos por desaparición forzada en Buenaventura, que no representan necesariamente hechos individuales, según el ente investigador, pero que dimensionan el enorme universo de este fenómeno criminal. El documento también subraya que solo el Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (GRUBE) de la Fiscalía en Justicia y Paz (el tribunal de justicia transicional creado con la desmovilización del paramilitarismo) tiene conocimiento de 339 víctimas de desaparición forzada en Buenaventura en ese mismo periodo.
El ente investigador también aseguró que en cuanto al estado de las víctimas registradas a nivel general por la entidad en Buenaventura, 24 han sido halladas vivas, han encontrado 24 cuerpos y hecho la entrega a las familias de 11 cuerpos. Ahora, según el portal Datos Abiertos de la Fiscalía, entre 2010 y 2021, solo se han dado siete condenas por este delito en Buenaventura.
Para Martha Giraldo, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en el Valle del Cauca, la gente no denuncia porque no confía en el Estado, porque cuando lo hacen no hay búsqueda de sus seres queridos o las respuestas tardan mucho.
“Ocultar esta situación es el mensaje que se le da a la comunidad. No hay un reconocimiento del crimen, ni del derecho de las víctimas a ser buscados o a las familias de buscar. En la institucionalidad no se habla ni se trabaja entorno a esto”, agregó.
Mapeando la desaparición forzada
Desde hace tres años, la Fundación Nydia Érika Bautista, una organización nacional de familiares de víctimas de desaparición forzada, ha trabajado con Madres por la Vida, una organización local, en la documentación de lugares de inhumación y cementerios clandestinos en este distrito. El resultado fue un mapa lleno de lugares que, por razones periodísticas, desagregamos en este especial en tres mapas: “Casas de pique”, “Acuafosas y Ríos de sangre” y “Cementerios de concreto”, contrastados con otras organizaciones y fuentes de Buenaventura.
En ellos encontrará información de al menos 18 casas de pique que existen o han existido en el distrito desde hace 15 años, 50 cementerios clandestinos, 21 cementerios de concreto, referidos a los proyectos que se construyeron en lugares donde se presume que existen personas desaparecidas enterradas, 6 lugares de escombros o botaderos y 22 “acuafosas” y ríos que usaron los grupos armados para desaparecer personas.
Parte de esta cartografía se la entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 11 de febrero de 2021, dentro de la solicitud de protección para el estero San Antonio, que hicieron también otras organizaciones con el fin de que se detenga el proyecto de dragado del Invías y el Consorcio San Antonio que podría destruir los cuerpos de personas que allí fueron arrojadas.
Las bandas criminales que siguieron delinquiendo después de la desmovilización paramilitar en 2004 consolidaron las casas de pique como lugares de tortura y desmembramiento de personas.
Eran casas corrientes de madera abandonadas e inmersas dentro de los mismos barrios. La gente era sometida a escuchar los gritos y el sufrimiento de la persona a quien estaban desmembrando sin poder hacer nada al respecto, como le contaron varios testigos a la Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB):
La existencia actual de las casas de pique es negada por las autoridades. El personero actual, Edwin Patiño, consultado por este diario, dice que es un tema del pasado. Pero la gente sostiene que siguen funcionando en la frontera entre los barrios Santa Fe y Miramar, en los barrios Miraflores y El Oriente y en el barrio Juan XXIII, en un lugar conocido como “El Caguancito”.
Como puede ver en este mapa, las casas de pique están ubicadas muy cerca a los esteros, como el San Antonio o El Aguacate. Las manchas naranjas son posibles “acuafosas” y cementerios clandestinos de desaparecidos, como el río Dagua, la vía alterna o el barrio Citronela y La Gloria. Puede presionar los puntos para conocer los nombres de posibles casas de pique que han existido, según la comunidad, entre el 2004 y 2021.
La desaparición llegó para quedarse
La desaparición forzada se intensificó en este distrito al tiempo que las masacres y asesinatos a partir del 2000, con la llegada del Bloque Calima y el Frente Pacífico de las Autodefensas Unidas de Colombia. Durante esta década, según el informe “Buenaventura: un puerto sin comunidad” del CNMH, “se registraron 23 desapariciones forzadas por año, mientras que en el periodo posnegociación (con el paramilitarismo) el promedio de desapariciones se elevó hasta 39 personas por año”.
Marcela*, una mujer negra que busca a uno de sus familiares hace más de diez años le contó a este medio que cada grupo armado que ha hecho presencia en Buenaventura ha tenido su forma de desaparecer a la gente.
“Sabemos que si es un estero está más relacionado con las rutas de narcotráfico. Otros son para el dominio del territorio. Ser una mujer inalcanzable para ellos tiende a que también puedas ser violada y desaparecida, si eres negro o indígena igual”.
Los grupos armados actuales, que desde diciembre de 2020 han aumentado sus enfrentamientos en medio a la comunidad, siguen cometiendo este delito. Según Medicina Legal, hasta marzo de 2021 se habían registrado 14 casos de desapariciones, aunque organizaciones como la Corporación Memoria y Paz (Cormepaz) sostienen que son 16, o más.
Los enfrentamientos crecieron por la ruptura de las bandas “Las Shotas” y “Los Espartanos” de “La Local”, un grupo residual del paramilitarismo al igual que “La Empresa”. Allí también están disidencias de las Farc y el Eln. El 10 febrero más de 80.000 habitantes hicieron una cadena humana para exigir el cese de la violencia y la implementación del Acuerdo de Paz en este territorio:
A la pregunta de por qué la desaparición forzada en Buenaventura no cesa, Víctor Hugo Vidal, alcalde del distrito, reconoce que este crimen ha logrado bajarle el perfil a la violencia:
“Sí es una manera de ejercer poder, de eliminar a quien les resulta incómodo sin generar los escándalos de una masacre. Es una manera de bajarle el perfil al problema. Nuestra tarea es posicionar esto a nivel nacional, que se comprenda que lo que pasa aquí no es suelto de lo que pasa en Colombia”, sostuvo.
"Acuafosas": un daño colectivo
“Si el mar hablara, diría cuántos muertos lleva encima”, señaló una lideresa en medio de un recorrido en balsas a través del estero San Antonio, donde las organizaciones dicen que podría haber muchos desaparecidos. Aunque la mujer prefirió mantener su identidad en reserva, por seguridad, dijo que tiene la certeza de que los cuerpos de sus familiares fueron arrojados a ese estero, que atraviesa las comunas 4, 3, 5, 7, 8, 11 y 12 del municipio.
La Fiscalía le aseguró a este diario que tiene información suministrada por un exjefe paramilitar (no especificó el nombre), del Frente Pacífico de las AUC en Buenaventura, postulado a la Ley de Justicia y Paz, de que efectivamente en el Estero San Antonio fueron arrojadas víctimas con el objetivo de desaparecer sus cuerpos y dificultar las labores de búsqueda e identificación.
Julieta*, otra mujer buscadora de desaparecidos, nos contó que en el barrio que vive, San Francisco, un sector que da a la orilla del estero San Antonio, hay muchas personas enterradas:
“En este barrio hay muchas fosas comunes, debajo de las mismas casas de los vecinos. En los esteros y manglares. Uno de mis hijos tiene problemas con salir al mar, porque cuando llegaba a coger carnada para pescar, veía bolsas negras echando sangre”.
Esta mujer contó también que han visto a los muertos subir y bajar por ese estero y nadie podía recogerlos por órdenes de los grupos armados. O que escuchaban a los pescadores gritar que se los iban a llevar y luego sólo se veía a la lancha dando vueltas sola. Pero no sólo lo dice ella: otra víctima, que prefirió resguardar su identidad, también le dijo a la FNEB y a Madres por la Vida la dinámica de la desaparición:
“Comenzaron desde el corregimiento de Cisneros para acá. Toda la guerrilla y las autodefensas, que era el mismo bloque Calima. Entonces de ahí siguieron matando y enterrando personas, los que no enterraban los tiraban al río Dagua, por Los Tubos, más allá... entonces la gente se iba a pescar o atarrayar y le salían los huesos”.
Como San Antonio, los esteros El Aguacate y El Aguacatico son referenciados por las comunidades como “acuafosas” o cementerios clandestinos. Pero además del miedo y el terror que de por sí ya genera la desaparición, provoca un quiebre en la relación que tienen las comunidades negras con sus territorios y la naturaleza. Un integrante del PCN le dijo a este medio que los esteros eran el “pancoger marino” de estas comunidades, les generaba una sostenibilidad económica y alimentaria a la gente, además de ser los sitios donde las familias iban a pasar los fines de semana y los más jóvenes iban a nadar.
Los ríos también se convirtieron en cementerios acuáticos de la ciudad, como el Dagua, el Calima o la quebrada Mondomo, ubicada entre el consejo comunitario de La Gloria y la comuna 12.
Las actividades de minería ilegal que funcionan en las riberas del río Dagua, además del conflicto, también han dejado personas desaparecidas. En puntos como Córdoba, La Balastrera, Triana y Zaragoza se recopilaron varios testimonios de cementerios clandestinos a orillas del río o “acuafosas”.
La violencia y el crecimiento de proyectos portuarios provocaron daños ambientales y afectaron actividades como la pesca, la movilidad y la conexión que tienen las comunidades afrodescendientes con estos ríos, fragmentando sus dinámicas sociales y económicas. Los lugares de vida se convirtieron en retratos del terror.
Claudia*, otra integrante de una organización de víctimas, nos narró cómo los grupos armados extorsionaban a las familias que buscaban recuperar los cuerpos en el mar.
“Una madre nos decía que le dieron las coordenadas, fue allá y que sacaban un poco de bolsas con gente y le decían este no es, este no, páguenos $5 millones, este sí es. ¡¿Cómo juegan con el corazón de esta mujer?!”, reclamó.
La Isla Calavera
En las versiones libres de Justicia y Paz, Éver Veloza, más conocido como “H.H”, excomandante del bloque Calima, aceptó que muchas de las personas fueron amarradas en los manglares de la Isla Calavera, ubicada a la entrada del estero San Antonio, en la zona de mar y casi enfrente de la zona humanitaria de Puente Nayero en el barrio La Playita (suroriente de Buenaventura). Su nombre no es fortuito. Era conocida como la Isla Pájaro hasta que los actores armados empezaron a arrojar cuerpos que incluso quedaban a la vista de los pescadores.
El 15 de abril de 2021 se conoció, a través de medios de comunicación, que dos cuerpos en estado de descomposición fueron encontrados en esta isla. Eran dos personas que estaban desaparecidas desde finales de marzo. El hallazgo se dio dos días después de la firma del Pacto por la Búsqueda de Desaparecidos en Buenaventura, que impulsó la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y en el que se comprometieron organizaciones sociales, la alcaldía, entidades como la Fiscalía, la JEP y la Comisión de la Verdad.
La desaparición más allá de lo urbano
La desaparición en ríos, como en el Dagua y el Calima, está muy ligada a las dinámicas de este delito en la zona rural de Buenaventura. La Asociación de Mujeres AINI, integrada por habitantes de los consejos comunitarios a los alrededores del río Naya, entregó el 13 de abril de 2021 un informe a la JEP en el que documentaron 70 casos de desaparición forzada, en su mayoría, cometidas por el Frente 30 de las extintas Farc.
Naya Nidiria Ruiz, una de las lideresas de la Asociación, explicó que en áreas rurales como el corregimiento ribereño de Puerto Merizalde, a tres horas por lancha desde el casco urbano del distrito, la mayoría de casos de desaparición ocurren silenciosamente, sin amenazas previas o alertas de los grupos armados, como sí sucede en la ciudad.
“Son personas que salen en sus balsas a pescar, a transportarse de una comunidad a otra, a abastecerse de comida y simplemente no vuelve uno a saber nada de ellos, pero no hay amenazas que permitan identificar que están en peligro”, dice Ruiz.
Además, las familias se abstienen de denunciar por los riesgos que supone hacerlo en un territorio cuya ribera permanece controlada por los grupos armados, y por la falta de vías de acceso para llegar hasta el distrito, donde están las entidades. Esa lógica es la misma que en varios casos ha hecho que quienes preguntan por sus desaparecidos o emprendan la búsqueda de forma autónoma reciban amenazas e intimidaciones.
Una de las fosas comunes más grandes en la zona rural, según la comunidad, está en la vereda Citronela, ubicada al occidente del distrito, justo en la entrada al casco urbano. De acuerdo con testimonios con los que se construyó la cartografía de la FNEB:
“Uno pasaba y veía que llevaban algunas personas allí a La Gloria (una vereda vecina), los encerraban en algunas casas y de ahí los sacaban y los iban a matar por allá (Citronela). Allí mismo varias veces los hacían cavar a ellos mismos las fosas, los mataban y los enterraban”.
Y contaron más horrores de otro sitio: la cancha de fútbol de la vereda La Gloria, que antes era un lugar de encuentro y se convirtió, según la gente, en un cementerio clandestino desde hace 16 años, después del homicidio de un joven y que tuvo que presenciar toda la población, como parte de la estrategia de amedrentamiento de los grupos armados ilegales.
¿Enterrados bajo el concreto?
Para los habitantes de Buenaventura no se puede entender la violencia sin hablar del desarrollo que ha tenido esta ciudad como puerto. Según el informe “Buenaventura: un puerto sin comunidad”, del CNMH, las empresas portuarias y los proyectos de modernización no generaron desarrollo y crecimiento económico sino “situaciones de desigualdad y de exclusión que generaron un terreno fértil para el desarrollo de las dinámicas relacionadas con el conflicto armado”.
Según la cartografía, en el Centro Comercial La 14 y la Clínica Santa Sofía, ambos ubicadas en la comuna 8, la comunidad sabía de casos de violencia sexual y desapariciones antes de ser construidos. En el caso de La 14, lo que había antes era un lote y la discoteca La Fogata. En sus inmediaciones se habrían cometido estos delitos y se habrían inhumado los cuerpos.
En el malecón de Santa Cruz hay testimonios de dos cementerios clandestinos en el barrio Muro Yusti, una “acuafosa” en el barrio El Piñal, dos registros de casas de pique y seis casos de personas entre los 23 y 27 que fueron desaparecidas entre los 2000 y 2008, los cuales lleva esta Fundación.
A lo largo de la vía alterna interna, en la parte norte del distrito, también habrían cementerios clandestinos. Antes de ser construida, varios espacios eran usados como sitios para enterrar cuerpos. Hoy hay construidas gasolineras, hoteles o patios de contenedores. En el mapa se observan 12 cementerios clandestinos y 9 sitios con construcciones donde habrían cuerpos.
La construcción de estas obras elimina la posibilidad de recuperar e identificar estos cuerpos, de darles el derecho a la respuesta que necesitan sus familiares. Implicaría demoler o levantar la obra, una posibilidad nula luego de tantos años.
De acuerdo con la FNEB, el estero El Aguacate se ha convertido en uno de los focos de desarrollo portuario de mayor intensidad ya que se construyó la Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen), hoy llamado Terminal Logístico de Buenaventura (TLBuen). Con el arribo de este proyecto al territorio también lo hicieron los grupos armados”. En talleres colectivos, la gente les aseguró que ahí se han encontrado cuerpos “enchuspados”, es decir, desmembrados dentro de bolsas de basura.
El personero de Buenaventura Edwin Patiño y el defensor de derechos humanos Adriel Ruiz, coordinador de Cormepaz, nos corroboraron esta información. Cuando se estaba removiendo la tierra para iniciar la construcción del proyecto en 2007, afirmó Ruiz, se encontraron partes de cuerpos humanos. Aun así, la terminal se construyó eliminando la posibilidad de encontrarlos y afectó también el trabajo de los pescadores locales en el estero al privatizarlo.
Colombia2020 habló con Óscar Isaza, gerente de Proyectos, Inversiones y Obras (PIO), uno de los accionistas de TCBuen y quien estuvo a la cabeza de la construcción de ese terminal portuario en 2007, para conocer su versión sobre las denuncias de las comunidades:
- (Con tono alterado) ¿Cómo es posible que digan que TCBuen está construido sobre restos humanos?. En los tres años de construcción jamás encontraron un hueso”.
-La primera vez que yo escuché eso fue cuando ya habíamos construido el puerto. Eso es un cuento más. Un día un tipo me dijo que en este puerto habían huesos y le dije ¿Discúlpame? ¿Huesos? Aquí hubo 1.800 empleados, aquí estuvo Colpatria, la plata nos la prestó la IFC (Corporación Financiera Internacional), aquí hubo interventores, hubo asesores internacionales y jamás escuché que una retroexcavadora, que excavó diez metros, hubiera encontrado huesos. Nunca. Nunca.
-Vuelvo y repito. Eso lo escuché cuando ya habíamos construido el puerto y durante la excavación se volcó la tierra diez metros. ¿Usted cree que después de ese revolcón de tierra, que nunca se encontró nada, se va encontrar algo ahora? Eso es un cuento como los muchos que hay en Buenaventura. ¿O dónde están las pruebas?
-Primero que todo, ¿cuáles comunidades? Una cosa es que un grupo diga que tiene pruebas, pero acá no las hay. Ahora, si la Fiscalía o la JEP viene a decir que hay que romper para excavar, pues que lo hagan, qué más se puede hacer. Pero si viene la JEP nosotros nos defenderemos. ¿Usted cree que hay alguna autoridad judicial que, después de mostrarle nuestros planos y fotos nos diga eso? Acá en todo lado dicen que hay desaparecidos. Dígame acá en dónde dicen que no hubo violencia.
-No, yo no me opongo, tengo que respetar la justicia, pero si me dicen que pare el paso de un barco porque van a abrir un hueco en ese sitio, como yo también tengo derechos le digo: hágalo, pero si no encuentra nada ¿tengo derecho a demandar al Estado? Me tiene que pagar el tiempo que no pude operar porque eso tiene implicaciones económicas muy grandes. A mí nadie dentro de la construcción de TCBuen me dijo que parara, pero ahora que terminé sale un señor a decir que aquí hay unas fosas.
Este diario también consultó a Daniel Parra, director de la Clínica Santa Sofía del Pacífico por las denuncias que señalan este lugar como otro posible cementerio clandestino cuando funcionaba allí una cancha de fútbol en el barrio Bellavista (comuna 8). “Nosotros desconocemos cualquier información referente al tema. Lo que tuvo que hacer la empresa cuando se dio la construcción, por la topografía del lote, fue excavar entre 4,5 a 8 metros en el cual no se encontró absolutamente nada excepto tierra y piedra. Nosotros (la junta directiva) tenemos la certeza de que al momento de la construcción no se encontró nada”.
Por su parte, Evelyn Rosero, jefa de prensa de Almacenes La 14 autorizada para contestar estas inquietudes, aseguró que esta empresa no tiene información sobre señalamientos de posibles desapariciones en el predio donde operan en Buenaventura. “Ese tema es de un carácter judicial que no maneja la empresa”.
En 2020, Buenaventura movilizó según la Superintendencia de Transporte, 17.409.000 de toneladas de carga y recaudó $7.172.432 millones en impuestos para el país. A pesar de esto, no hay inversión social para las comunidades. Sigue siendo un epicentro de la violencia y cada día se siguen sumando más desaparecidos, sin que las autoridades hagan algo para detenerlo.
“Los familiares nos arriesgamos a buscar, por eso necesitamos unas garantías del Estado. Pero, ¿por qué cuándo se pierde el hijo de una persona adinerada mueven cielo y tierra y a los tres días aparece? Si es de nosotras, ¿no tenemos validez porque somos pobres y negras? ¿no somos personas para merecer un trato digno?”, agregó una de las mujeres que habló con nosotras.
La fractura cultural que deja la desaparición
Subtítulo notas
Reportería y redacción:
Carolina Ávila Cortés y Valentina Parada Lugo
Diseño digital:
Mario Rodríguez y Johann Gonzalez
Ilustraciones:
Éder Rodríguez
Videos:
Carlos Flórez y Natalia Romero
Fotografías:
Ever Mercado, Gustavo Torrijos, Jurisdicción Especial para la Paz y Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
Editora:
Natalia Herrera Durán
Agradecimientos a Randolf Laverde por la asesoría y a Madres por la Vida y a la Fundación Nydia Érika Bautista por compartir los datos de su trabajo de cartografía con este equipo.