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La construcción del Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad de Colombia se encuentra en su recta final. El proceso se inició a finales de octubre del 2022, cuando se lanzó en Quibdó (Chocó) la ruta de trabajo para dar cumplimiento a la Resolución 1325 del 2000 de Naciones Unidas, con la que se busca que las mujeres participen en agendas de paz y seguridad y proteger los derechos de mujeres y niñas en situaciones de conflicto armado.
El trabajo que comenzó bajo la batuta de Laura Gil junto a Clemencia Carabalí, entonces consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, y lo continuó la actual viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Elizabeth Taylor Jay. En entrevista con esta redacción, Taylor afirmó que en marzo del 2024 el país contará con su primer Plan de Acción Nacional para darle implementación a esta resolución que Colombia suscribió en 2020, dos décadas después de la creación del mandato.
“Para un país como Colombia es importante tener este plan para prevenir las violencias contra las mujeres en toda su diversidad y más, después de toda la historia de conflicto que tenemos. Lamento que nos hayamos demorado tanto como institucionalidad porque las mujeres desde antes de la resolución 1325 han desarrollado acciones en sus territorios. Avanzar con el Plan es un gesto del Estado para reivindicar las luchas de las mujeres en nuestro país”, señaló la viceministra.
En contexto: La ruta para el Plan de Acción de Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad
A través del trabajo mancomunado con 27 organizaciones nacionales de mujeres y feministas -que componen el Comité de Impulso para implementar esta resolución- la Cancillería de Colombia realizó espacios de participación donde más de 1.500 mujeres afrodescendientes, negras, raizales, palenqueras, indígenas, LBT, firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, jóvenes y mujeres privadas de la libertad expusieron sus necesidades y peticiones para el plan. Arauca, Chocó, Caquetá, La Guajira, Magdalena Medio, Nariño, Cauca y Bogotá son algunos de los departamentos donde se realizaron estas jornadas.
De estos espacios realizados entre marzo y septiembre de este año, el equipo de trabajo compuesto por el Comité de Impulso, Cancillería y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, ahora Viceministerio de la Mujer dentro del Ministerio de la Igualdad, recopiló todas las propuestas, preocupaciones e ideas de las mujeres para construir este plan. Actualmente se encuentran en sistematización, revisión, evaluación y producción del documento final.
Para Janeth Lozano Bustos, vocera del Comité de Impulso y directora de la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (Codacop), una de las 27 organizaciones que componen este comité, estar tan cerca de tener el plan le genera gran felicidad y la sensación que la victoria está cerca. “Es el ‘por fin logramos’ de lo que peleamos tanto, por lo que luchamos, trabajamos, hablamos y pataleamos”, afirmó a esta redacción.
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Los avances del Plan fueron presentados la primera vez ante el Consejo de Naciones Unidas en Nueva York, el pasado 11 de octubre, por parte del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán.
“La paz en Colombia se construye con las mujeres y para las mujeres en sus diversidades. Sabemos que el objetivo de la paz total solo es posible si las mujeres están presentes, si sus voces, sus vivencias y sus experiencias son incorporadas en las negociaciones, en los acuerdos y en la consolidación de las agendas de paz y seguridad, no solo en Colombia sino en el mundo entero”, afirmó Leyva durante su intervención.
El Canciller también señaló que el Plan de Acción Nacional busca construir una arquitectura institucional sólida para lograr transformaciones estructurales que permitan la igualdad de género, la reconciliación y la no repetición en el país.
¿Qué tendrá el Plan Nacional de Acción de la Resolución 1325?
El Plan estará conformado por siete líneas temáticas, que son las siguientes:
De ellas, salen 18 resultados para transformar la vida de las mujeres, a través de procesos de reconocimiento y fortalecimiento de capacidades; acceso a salud integral y mental con enfoque de género, interseccional, diferencial y antirracista; prevención de violencias; superación de la impunidad; garantías de participación; implementación de proyectos productivos; y garantía de derechos.
En el caso de la temática de mujeres como guardianas de paz, se busca dar una articulación con el proyecto de paz total del gobierno de Gustavo Petro y que, según la viceministra de Asuntos Multilaterales, se puede transversalizar con los diferentes programas, proyectos y planes que están en marcha actualmente en el país.
El canciller Álvaro Leyva señaló durante su intervención en Nueva York que actualmente la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene participación paritaria de mujeres, es decir, representatividad equitativa de hombres y mujeres. Al igual que en el Comité Nacional de Participación, órgano creado para garantizar la participación de la sociedad civil en las negociaciones de paz con el ELN. Leyva también agregó que en el proceso de diálogo que se retomará con las disidencias de las FARC autodenominadas Estado Mayor Central -suspendidas el pasado 5 de noviembre de forma unilateral por el grupo armado- se está trabajando para garantizar la participación de las mujeres.
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Estas líneas temáticas se construyeron a partir de los espacios de diálogo y participación que se realizaron durante siete meses en todo el país. Las organizaciones del Comité de Impulso son conscientes de la multiplicidad de propuestas que llegaron y que en su gran mayoría responden a peticiones históricas, aún sin resolver, de las mujeres. Sin embargo, señalaron que se está trabajando por crear un plan que tenga la mayor representatividad posible, en medio de la variedad, y cuente con una visión territorial clara.
Para la viceministra de Asuntos Multilaterales y las organizaciones del Comité de Impulso se debe dar un proceso de armonización con los diferentes ministerios, entidades del sector público pero también privado para que haya voluntad política de sacar adelante el Plan.
“Esto debe ser una política de Estado, no un plan de gobierno porque sino, en términos de temporalidad, permanencia e importancia que le den de ahora en adelante los gobiernos que vengan, dependerá de eso. Esperamos que haya una posibilidad de exigencia de cumplimiento en este plan”, resaltó Manuela Marín, firmante del Acuerdo de Paz, representante de la Coordinadora Nacional de Mujeres (Conamu) y vocera del Comité de Impulso.
La viceministra Elizabeth Taylor le afirmó a esta redacción que la propuesta es sacar el Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad a través de un acto administrativo, para delegar responsabilidades a los diferentes órganos institucionales a nivel local, departamental y nacional.
¿Cómo se implementará el Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad?
A través de las alcaldías y las gobernaciones, se busca sumar esfuerzos en la implementación, integrando elementos del mismo en los planes municipales y departamentales de desarrollo. Así lo explicó la viceministra Taylor: “Ahora que están elegidos los nuevos líderes a nivel territorial, queremos hacer un trabajo de socialización con ellos y que dentro de sus planes de desarrollo que van a formular, visibilicen las acciones del plan, de tal suerte que tengan recursos financieros también para su implementación”.
El horizonte de implementación del Plan de Acción Nacional es de 10 años, es decir, hasta 2034 y aunque no se ha establecido el mecanismo de monitoreo y seguimiento, se busca crear indicadores que permitan a corto, mediano y largo plazo medir cómo se está dando esa implementación.
Este es uno de los puntos que más preocupan a las organizaciones de mujeres y feministas que participan en el proceso, pues debe ser la suma de voluntad política, recursos y una aplicabilidad territorial efectiva para que llegue a buen puerto este Plan. “Somos un país con abundantes desarrollos legislativos, políticas, programas y hemos firmado cuanto acuerdo nos propone la comunidad internacional pero después, a la hora de la implementación nos quedamos cortos y eso nos preocupa. No queremos que haya frustración en unos años por no haber logrado en su totalidad la implementación”, comentó Janeth Lozano Bustos.
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Por su parte, Manuela Marín resalta que el papel de las mujeres firmantes del Acuerdo de Paz con las FARC será clave en esta fase, pues llevan siete años de aprendizajes y retos con la implementación de lo pactado en 2016 en La Habana. Marín también señala que esperan que las organizaciones del Comité de Impulso sean protagonistas en el proceso de implementación, pues quienes lo componen tienen trabajo en todo el territorio nacional y, por ende, un mayor alcance la socialización y seguimiento. “Hay un gran reto de cómo garantizar que podamos hacer un ejercicio de seguimiento riguroso que vaya más allá de la gestión al impacto y los resultados”, enfatizó Marín.
Para la implementación, Colombia espera seguir contando con el apoyo de países cooperantes como Suecia, Noruega, Irlanda, Canadá, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y de organismos como la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA). Desde la Cancillería también señalan que el apoyo de socios y liderazgos masculinos que potencien la agenda será clave para agilizar la implementación y las transformaciones sociales.
El camino para llegar a la Resolución 1325 en Colombia
Uno de los hitos más importantes que recuerdan las organizaciones de mujeres que participan impulsando la Resolución 1325 en el país fue la primera Cumbre de Mujeres y Paz en 2013, que generó la inclusión de 10 organizaciones y cerca de 500 mujeres en el proceso de paz con las extintas FARC-EP para integrar el enfoque de género en el Acuerdo de Paz de 2016.
“Para nosotras el enfoque de género del Acuerdo es la primera materialización del Plan sin que existiera el plan porque plantea esa necesidad de incorporar la mirada, perspectivas, propuestas y necesidades de las mujeres en la resolución de cualquier conflicto y en la construcción de paz”, señaló Manuela Marín, firmante del Acuerdo de Paz y vocera del Comité de Impulso.
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Este hito también lo señaló el Canciller Leyva durante su intervención en Nueva York: “La meta era clara: reconocer el impacto desproporcionado del conflicto en las mujeres e incluirlas de manera significativa en la mesa de diálogo y en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Hoy finalmente en Colombia difícilmente es posible pensar y sentarnos a dialogar o negociar la paz y el cese del conflicto sin la participación de las mujeres”.
Aunque fue una gran victoria para el movimiento de mujeres y feministas en el país, Janeth Lozano Bustos recordó que el camino no fue fácil e incluso, el enfoque de género en el Acuerdo de Paz de 2016 fue visto como “suficiente” para no dar cumplimiento a la 1325. Una de las frases célebres de ese proceso fue: “Queremos que se nos reconozca como pactantes y no ser pactadas”. Para Lozano, con la construcción del plan están ejerciendo ese derecho a ser protagonistas y agentes constructores de paz. Aunque el camino se vea complejo y duro, la fortaleza del movimiento de mujeres seguirá empujando procesos para transformar las condiciones de sus vidas y las de sus generaciones.