Los mínimos para la población LGBTIQ+ en los próximos planes de desarrollo
Un documento de 61 páginas contiene siete temáticas priorizadas para que los nuevos mandatarios locales garanticen los derechos de la población LGBTIQ+ en todo el país en sus próximos cuatro años de gobierno. Le contamos cuáles son.
Los 1.101 alcaldes electos y los 32 gobernadores que comenzarán su período el 1° de enero con una tarea central: construir sus planes de desarrollo territorial. Estas son las hojas de ruta de los mandatarios para los próximos cuatro años (hasta 2027), donde incorporan sus programas y políticas, las que deben armonizarse con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Gustavo Petro.
Las gerencias de diversidad sexual y derechos LGBTIQ+ de la Vicepresidencia y del Departamento Nacional de Planeación (DNP) construyeron un documento de 61 páginas que contiene siete temáticas priorizadas para garantizar los derechos de la población LGBTIQ+ y que se promuevan la equidad y la no discriminación en todos los rincones del país.
El Espectador habló con Francesca McQoid, gerente de diversidad sexual y derechos LGBTIQ+ de la Vicepresidencia, sobre estos lineamientos y afirmó que responden a un llamado al Gobierno Nacional para atender y prevenir las violencias por prejuicio, orientación sexual e identidad de género que vive esta población.
“Lo más urgente es que los gobiernos locales tengan en su cabeza que las vidas de las personas LGBTIQ+ cuentan, eso no significa que solamente se garanticen nuestros derechos en términos de posibilitar que vivamos, sino también que vaya acompañado del derecho a la dignidad humana”, enfatizó McQoid.
El último informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en Colombia documentó que la presencia de grupos armados ilegales en diferentes partes del país ha generado restricciones a la libre expresión de las personas LGBTIQ+ y violencias contra ellas en el país, especialmente sexual.
En 2022, de los 682 casos de amenazas y ataques contra personas defensoras de derechos humanos, ocho fueron en contra de personas LGBTIQ+, por lo que Acnudh le recomendó al gobierno de Colombia fortalecer los mecanismos para prevenir e investigar las violencias basadas en género en contra de mujeres, niñas y personas LGBTIQ+.
Lea también: En 2022 mataron a más de 140 personas LGBTIQ+, según informe de Colombia Diversa
Estos lineamientos de equidad de género y derechos de la población LGBTIQ+ son parte del Sistema de Planeación Territorial (Sispt) y para su construcción contaron con la asistencia técnica de la Agencia de los Estados para el Desarrollo Internacional (Usaid), a través de su programa “Generando equidad”.
Según Caroline Ferraz Ignacio, especialista de género y desarrollo inclusivo de Usaid, “este instrumento lo podrán implementar las 32 gobernaciones y 1.101 municipios del país, pues es parte del paquete de lineamientos que reciben las alcaldesas y los alcaldes electos por parte del DNP para diseñar su Plan de Desarrollo Territorial, el cual a partir de este momento incluirá iniciativas dirigidas a personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas”.
Desde esta asistencia técnica se identificó la dificultad de encontrar datos y documentación específica en todos los municipios sobre las violencias hacia la población LGBTIQ+. Esto llevó a que durante 2023 la gerencia de diversidad sexual y derechos LGBTIQ+ de la Vicepresidencia organizara cinco encuentros regionales (uno por cada región del país) para recolectar información sobre las necesidades de esta población y los temas centrales para garantizar sus derechos. Los resultados de estos encuentros se incorporaron en el documento de orientaciones y dieron paso a la creación de siete temáticas para tener en cuenta en los planes de desarrollo territorial.
El camino para garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+ en Colombia
La autonomía económica, oportunidades y ambientes laborales incluyentes y acceso a activos, educación incluyente, acceso a los servicios de salud sin discriminación, una vida libre de violencias e implementación del mecanismo articulador para la prevención y atención de violencias por prejuicio, la participación, paz, justicia y seguridad, y la institucionalidad que promueva el respeto por la diversidad son los siete temas priorizados en el documento de orientaciones.
Estos temas centrales para la población LGBTIQ+ dan cuenta, según el documento, de las causas y consecuencias de la discriminación hacia esta población. Siguiendo la analogía de un árbol, como raíces del problema, las entidades que construyeron el documento encontraron los estereotipos de género, los prejuicios, la heterenormatividad y el binarismo de género, es decir, que solo existen hombres y mujeres. Los frutos o consecuencias de estos comportamientos, culturalmente arraigados, son las violencias por prejuicio, los servicios de salud inapropiados, la discriminación laboral, el acoso e intimidación escolar, la baja representación en espacio de poder y toma de decisiones, la violencia institucional y la exclusión social. ¿A qué le apunta cada uno de estos temas? Aquí le contamos:
Autonomía económica, oportunidades y ambientes laborales incluyentes y acceso a activos: la población LGBTIQ+ sufre discriminación y acoso en ambientes laborales, y el mercado es cada vez más precario. Se identificaron barreras en el acceso a activos y a oportunidades financieras, generando una dificultad en la autonomía económica y haciéndoles más vulnerables a la pobreza. Según datos del DANE, entre agosto de 2022 a julio de 2023 la tasa de desocupación de la población LGBTIQ+ fue del 13,6 % y la de ocupación de un 68,2 %.
Se invita a promover la contratación de personas LGBTIQ+ en las administraciones locales, empresas y sectores privados, diseñar protocolos para prevenir y hacer seguimiento a casos de acoso laboral, crear cupos de formación y capacitación en sectores como las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) con apoyo del Sena. Asimismo, financiar y brindar asesoría técnica a los emprendimientos, fomentar su participación en programas públicos de educación, incentivar campañas de bancarización para la población, entre otras.
Educación incluyente: se encontró que el acoso que experimentan en estos espacios las personas LGBTIQ+ les impide tener un acceso equitativo a la educación y repercute en su rendimiento académico y su asistencia y deserción, al igual que en su salud física y mental.
En una encuesta de Colombia Diversa y Sentiido sobre el clima escolar, el 43 % manifestó haber sido víctima de acoso físico en el colegio por su expresión de género y el 42,6 % víctima de acoso físico debido a su orientación sexual.
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Las orientaciones apuntan a que se realicen campañas antiacoso escolar contra esta población, establecer protocolos claros para la detención y atención de casos de acoso, ciberacoso y violencia con acompañamiento psicológico, facilitar el proceso de emisión y cambio de sexo y nombre en las certificaciones y diplomas educativos, realizar campañas de sensibilización y crear programar que garanticen el ingreso y la permanencia de las personas LGBTIQ+ en espacios educativos.
Acceso a los servicios de salud sin discriminación: la falta de políticas con enfoque diferencial y las barreras de acceso no permiten que las personas LGBTIQ+ reciban una atención pertinente en salud sexual y reproductiva, salud mental, tratamiento de reafirmación sexual, donación de sangre, entre otros.
Dentro de las acciones para garantizar un servicio de salud sin discriminación están: capacitar a los funcionarios de la salud sobre promoción de derechos humanos, respeto y reconocimiento de la diversidad, incluir variables y categorías que permitan visibilizar la diversidad en los registros administrativos del sector salud, realizar jornadas de salud sexual y reproductiva con enfoque de derechos diferenciales y asegurar la atención primaria para la salud mental de las víctimas de violencias por prejuicio o basadas en género.
Vida libre de violencias: se busca implementar un mecanismo articular para la prevención y atención de violencias por prejuicio que ponen en riesgo la salud física y mental de la población LGBTIQ+. Según datos de Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, se registraron más de 5.500 actos de violencia contra esta población en 2022 en todo el país, siendo Bogotá el lugar donde se concentran los casos. También se encontró que los tipos de violencia por prejuicio no están categorizados en el sistema, hecho que genera una desprotección de las víctimas y lleva a que no se tomen medidas de reparación.
“Es muy importante que los gobiernos locales escuchen las necesidades que tenemos las personas LGBTIQ+ al acceso a la justicia, pues también significa coordinarse para la creación de una ruta y articularse con otras entidades, para que las vidas de las personas LGBTIQ+ no estén en riesgo”, señaló Francesca McQoid.
Para transformar este escenario, el DNP y la Vicepresidencia proponen articular protocolos y acciones con el mecanismo para la prevención y atención integral de violencias y actos de discriminación a población LGBTIQ+, para dar respuesta oportuna, capacitar a los funcionarios de la Fiscalía, comisarías de familia, Policía, casas de justicia, Bienestar Familiar, entre otras, en rutas de atención, derechos humanos y respeto a la diversidad sexual, así como hacer seguimiento a los casos de denuncia por discriminación, amenazas y violencias.
Participación: la violencia y discriminación que experimentan las personas LGBTIQ+ dificultan su participación en espacios de toma de decisiones y en escenarios ciudadanos. La Misión de Observación Electoral (MOE) identificó que los liderazgos LGBTIQ+ viven doble riesgo, es decir, son discriminados por su orientación sexual o identidad de género y, a la vez, por las causas que defienden. Entre 2021 y 2022, el 44,4 % de las agresiones contra líderes y lideresas LGBTIQ+ fueron asesinatos.
Se propone promover procesos de formación política a liderazgos del sector LGBTIQ+, apoyar a las organizaciones y colectivos con programas de incentivo, garantizar condiciones de seguridad para que puedan ser parte de esos espacios de participación y promover su contratación en cargos de toma de decisiones.
Paz, justicia y seguridad: la violencia que viven las personas LGBTIQ+ muchas veces provienen de agentes de seguridad del Estado. Caribe Afirmativo documentó que en 2022 se presentaron 104 casos de violencia policial contra personas LGBTIQ+. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca son los departamentos donde más se registran estos casos.
Para mitigar estas acciones, se pueden promover espacios de asistencia técnica en derechos humanos, respeto a la diferencia de género y diversidad sexual, mantener informada a la persona que interpone alguna denuncia sobre el avance del proceso, incluir a personas LGBTIQ+ en procesos de construcción de paz, construir espacios de memoria colectiva con víctimas del conflicto armado y acompañar espacios de conmemoración.
Institucionalidad para promover el respeto por la diversidad: transversalizar el enfoque de orientación sexual e identidades de género diversas es uno de los caminos para que, desde la institucionalidad, los servidores y funcionarios públicos dejen de reproducir estereotipos y discriminación por cuestiones de género. Para ello se pueden adecuar protocolos de atención a personas trans para que sean llamadas y tratadas de acuerdo con su autorreconocimiento, y promover espacios de capacitación y sensibilización de funcionarios.
Estos siete puntos se articulan con los pilares de seguridad humana y justicia social, convergencia regional, paz total del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y también con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como fin de la pobreza, reducción de las desigualdades, igualdad de género y paz, justicia e instituciones sólidas.
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Lo que se espera
Francesca McQoid, gerenta de diversidad sexual y derechos LGBTIQ+ de Vicepresidencia le afirmó a El Espectador que esperan que los gobiernos locales reciban este llamado y puedan crear una ruta especializada que conecte a los territorios y donde el Estado pueda acompañar en todos los niveles territoriales la búsqueda de disminución de brechas de acceso a derechos.
Desde el próximo año, el DNP y el Ministerio de la Igualdad estarán acompañando a los mandatarios en la inclusión de estas orientaciones en sus planes de desarrollo territorial. Uno de los espacios fue en Barranquilla el pasado mes de noviembre, con alcades electos. La gerencia de diversidad sexual y derechos LGBTIQ+ del DNP le afirmó a esta redacción que también participaron en un Encuentro Nacional de cargos electos LGBTIQ+ que realizó en Bogotá el pasado 12 al 14 de diciembre, socializando las orientaciones.
Aunque muchas veces se ha creído que la dificultad de eliminar las violencias y brechas de género se debe al presupuesto, la invitación es a hacer una mejor distribución de los recursos ya existentes y la creación de alianzas interinstitucionales para ello.
También se identificó que el cambio cultural es central para el proceso de transformación de la sociedad, pues complementa a que se alcance la equidad de género y la garantía de derechos de la población LGBTIQ+ en Colombia.
Los 1.101 alcaldes electos y los 32 gobernadores que comenzarán su período el 1° de enero con una tarea central: construir sus planes de desarrollo territorial. Estas son las hojas de ruta de los mandatarios para los próximos cuatro años (hasta 2027), donde incorporan sus programas y políticas, las que deben armonizarse con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Gustavo Petro.
Las gerencias de diversidad sexual y derechos LGBTIQ+ de la Vicepresidencia y del Departamento Nacional de Planeación (DNP) construyeron un documento de 61 páginas que contiene siete temáticas priorizadas para garantizar los derechos de la población LGBTIQ+ y que se promuevan la equidad y la no discriminación en todos los rincones del país.
El Espectador habló con Francesca McQoid, gerente de diversidad sexual y derechos LGBTIQ+ de la Vicepresidencia, sobre estos lineamientos y afirmó que responden a un llamado al Gobierno Nacional para atender y prevenir las violencias por prejuicio, orientación sexual e identidad de género que vive esta población.
“Lo más urgente es que los gobiernos locales tengan en su cabeza que las vidas de las personas LGBTIQ+ cuentan, eso no significa que solamente se garanticen nuestros derechos en términos de posibilitar que vivamos, sino también que vaya acompañado del derecho a la dignidad humana”, enfatizó McQoid.
El último informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en Colombia documentó que la presencia de grupos armados ilegales en diferentes partes del país ha generado restricciones a la libre expresión de las personas LGBTIQ+ y violencias contra ellas en el país, especialmente sexual.
En 2022, de los 682 casos de amenazas y ataques contra personas defensoras de derechos humanos, ocho fueron en contra de personas LGBTIQ+, por lo que Acnudh le recomendó al gobierno de Colombia fortalecer los mecanismos para prevenir e investigar las violencias basadas en género en contra de mujeres, niñas y personas LGBTIQ+.
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Estos lineamientos de equidad de género y derechos de la población LGBTIQ+ son parte del Sistema de Planeación Territorial (Sispt) y para su construcción contaron con la asistencia técnica de la Agencia de los Estados para el Desarrollo Internacional (Usaid), a través de su programa “Generando equidad”.
Según Caroline Ferraz Ignacio, especialista de género y desarrollo inclusivo de Usaid, “este instrumento lo podrán implementar las 32 gobernaciones y 1.101 municipios del país, pues es parte del paquete de lineamientos que reciben las alcaldesas y los alcaldes electos por parte del DNP para diseñar su Plan de Desarrollo Territorial, el cual a partir de este momento incluirá iniciativas dirigidas a personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas”.
Desde esta asistencia técnica se identificó la dificultad de encontrar datos y documentación específica en todos los municipios sobre las violencias hacia la población LGBTIQ+. Esto llevó a que durante 2023 la gerencia de diversidad sexual y derechos LGBTIQ+ de la Vicepresidencia organizara cinco encuentros regionales (uno por cada región del país) para recolectar información sobre las necesidades de esta población y los temas centrales para garantizar sus derechos. Los resultados de estos encuentros se incorporaron en el documento de orientaciones y dieron paso a la creación de siete temáticas para tener en cuenta en los planes de desarrollo territorial.
El camino para garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+ en Colombia
La autonomía económica, oportunidades y ambientes laborales incluyentes y acceso a activos, educación incluyente, acceso a los servicios de salud sin discriminación, una vida libre de violencias e implementación del mecanismo articulador para la prevención y atención de violencias por prejuicio, la participación, paz, justicia y seguridad, y la institucionalidad que promueva el respeto por la diversidad son los siete temas priorizados en el documento de orientaciones.
Estos temas centrales para la población LGBTIQ+ dan cuenta, según el documento, de las causas y consecuencias de la discriminación hacia esta población. Siguiendo la analogía de un árbol, como raíces del problema, las entidades que construyeron el documento encontraron los estereotipos de género, los prejuicios, la heterenormatividad y el binarismo de género, es decir, que solo existen hombres y mujeres. Los frutos o consecuencias de estos comportamientos, culturalmente arraigados, son las violencias por prejuicio, los servicios de salud inapropiados, la discriminación laboral, el acoso e intimidación escolar, la baja representación en espacio de poder y toma de decisiones, la violencia institucional y la exclusión social. ¿A qué le apunta cada uno de estos temas? Aquí le contamos:
Autonomía económica, oportunidades y ambientes laborales incluyentes y acceso a activos: la población LGBTIQ+ sufre discriminación y acoso en ambientes laborales, y el mercado es cada vez más precario. Se identificaron barreras en el acceso a activos y a oportunidades financieras, generando una dificultad en la autonomía económica y haciéndoles más vulnerables a la pobreza. Según datos del DANE, entre agosto de 2022 a julio de 2023 la tasa de desocupación de la población LGBTIQ+ fue del 13,6 % y la de ocupación de un 68,2 %.
Se invita a promover la contratación de personas LGBTIQ+ en las administraciones locales, empresas y sectores privados, diseñar protocolos para prevenir y hacer seguimiento a casos de acoso laboral, crear cupos de formación y capacitación en sectores como las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) con apoyo del Sena. Asimismo, financiar y brindar asesoría técnica a los emprendimientos, fomentar su participación en programas públicos de educación, incentivar campañas de bancarización para la población, entre otras.
Educación incluyente: se encontró que el acoso que experimentan en estos espacios las personas LGBTIQ+ les impide tener un acceso equitativo a la educación y repercute en su rendimiento académico y su asistencia y deserción, al igual que en su salud física y mental.
En una encuesta de Colombia Diversa y Sentiido sobre el clima escolar, el 43 % manifestó haber sido víctima de acoso físico en el colegio por su expresión de género y el 42,6 % víctima de acoso físico debido a su orientación sexual.
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Las orientaciones apuntan a que se realicen campañas antiacoso escolar contra esta población, establecer protocolos claros para la detención y atención de casos de acoso, ciberacoso y violencia con acompañamiento psicológico, facilitar el proceso de emisión y cambio de sexo y nombre en las certificaciones y diplomas educativos, realizar campañas de sensibilización y crear programar que garanticen el ingreso y la permanencia de las personas LGBTIQ+ en espacios educativos.
Acceso a los servicios de salud sin discriminación: la falta de políticas con enfoque diferencial y las barreras de acceso no permiten que las personas LGBTIQ+ reciban una atención pertinente en salud sexual y reproductiva, salud mental, tratamiento de reafirmación sexual, donación de sangre, entre otros.
Dentro de las acciones para garantizar un servicio de salud sin discriminación están: capacitar a los funcionarios de la salud sobre promoción de derechos humanos, respeto y reconocimiento de la diversidad, incluir variables y categorías que permitan visibilizar la diversidad en los registros administrativos del sector salud, realizar jornadas de salud sexual y reproductiva con enfoque de derechos diferenciales y asegurar la atención primaria para la salud mental de las víctimas de violencias por prejuicio o basadas en género.
Vida libre de violencias: se busca implementar un mecanismo articular para la prevención y atención de violencias por prejuicio que ponen en riesgo la salud física y mental de la población LGBTIQ+. Según datos de Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, se registraron más de 5.500 actos de violencia contra esta población en 2022 en todo el país, siendo Bogotá el lugar donde se concentran los casos. También se encontró que los tipos de violencia por prejuicio no están categorizados en el sistema, hecho que genera una desprotección de las víctimas y lleva a que no se tomen medidas de reparación.
“Es muy importante que los gobiernos locales escuchen las necesidades que tenemos las personas LGBTIQ+ al acceso a la justicia, pues también significa coordinarse para la creación de una ruta y articularse con otras entidades, para que las vidas de las personas LGBTIQ+ no estén en riesgo”, señaló Francesca McQoid.
Para transformar este escenario, el DNP y la Vicepresidencia proponen articular protocolos y acciones con el mecanismo para la prevención y atención integral de violencias y actos de discriminación a población LGBTIQ+, para dar respuesta oportuna, capacitar a los funcionarios de la Fiscalía, comisarías de familia, Policía, casas de justicia, Bienestar Familiar, entre otras, en rutas de atención, derechos humanos y respeto a la diversidad sexual, así como hacer seguimiento a los casos de denuncia por discriminación, amenazas y violencias.
Participación: la violencia y discriminación que experimentan las personas LGBTIQ+ dificultan su participación en espacios de toma de decisiones y en escenarios ciudadanos. La Misión de Observación Electoral (MOE) identificó que los liderazgos LGBTIQ+ viven doble riesgo, es decir, son discriminados por su orientación sexual o identidad de género y, a la vez, por las causas que defienden. Entre 2021 y 2022, el 44,4 % de las agresiones contra líderes y lideresas LGBTIQ+ fueron asesinatos.
Se propone promover procesos de formación política a liderazgos del sector LGBTIQ+, apoyar a las organizaciones y colectivos con programas de incentivo, garantizar condiciones de seguridad para que puedan ser parte de esos espacios de participación y promover su contratación en cargos de toma de decisiones.
Paz, justicia y seguridad: la violencia que viven las personas LGBTIQ+ muchas veces provienen de agentes de seguridad del Estado. Caribe Afirmativo documentó que en 2022 se presentaron 104 casos de violencia policial contra personas LGBTIQ+. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca son los departamentos donde más se registran estos casos.
Para mitigar estas acciones, se pueden promover espacios de asistencia técnica en derechos humanos, respeto a la diferencia de género y diversidad sexual, mantener informada a la persona que interpone alguna denuncia sobre el avance del proceso, incluir a personas LGBTIQ+ en procesos de construcción de paz, construir espacios de memoria colectiva con víctimas del conflicto armado y acompañar espacios de conmemoración.
Institucionalidad para promover el respeto por la diversidad: transversalizar el enfoque de orientación sexual e identidades de género diversas es uno de los caminos para que, desde la institucionalidad, los servidores y funcionarios públicos dejen de reproducir estereotipos y discriminación por cuestiones de género. Para ello se pueden adecuar protocolos de atención a personas trans para que sean llamadas y tratadas de acuerdo con su autorreconocimiento, y promover espacios de capacitación y sensibilización de funcionarios.
Estos siete puntos se articulan con los pilares de seguridad humana y justicia social, convergencia regional, paz total del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y también con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como fin de la pobreza, reducción de las desigualdades, igualdad de género y paz, justicia e instituciones sólidas.
Le recomendamos: Liderazgos LGBTIQ+ fortalecen, cada vez más, su incidencia en el sistema judicial
Lo que se espera
Francesca McQoid, gerenta de diversidad sexual y derechos LGBTIQ+ de Vicepresidencia le afirmó a El Espectador que esperan que los gobiernos locales reciban este llamado y puedan crear una ruta especializada que conecte a los territorios y donde el Estado pueda acompañar en todos los niveles territoriales la búsqueda de disminución de brechas de acceso a derechos.
Desde el próximo año, el DNP y el Ministerio de la Igualdad estarán acompañando a los mandatarios en la inclusión de estas orientaciones en sus planes de desarrollo territorial. Uno de los espacios fue en Barranquilla el pasado mes de noviembre, con alcades electos. La gerencia de diversidad sexual y derechos LGBTIQ+ del DNP le afirmó a esta redacción que también participaron en un Encuentro Nacional de cargos electos LGBTIQ+ que realizó en Bogotá el pasado 12 al 14 de diciembre, socializando las orientaciones.
Aunque muchas veces se ha creído que la dificultad de eliminar las violencias y brechas de género se debe al presupuesto, la invitación es a hacer una mejor distribución de los recursos ya existentes y la creación de alianzas interinstitucionales para ello.
También se identificó que el cambio cultural es central para el proceso de transformación de la sociedad, pues complementa a que se alcance la equidad de género y la garantía de derechos de la población LGBTIQ+ en Colombia.