Desplazamiento forzado, familias separadas, miles de funerales, quebrantamiento de relaciones y hogares y la falta de seguridad dentro de territorios fueron algunas de las consecuencias que trajo el conflicto armado a Colombia.
“En el municipio en el que todavía vivo, yo escuchaba cuando la guerrilla intentaba volar el puente Pechelin, uno escuchaba los aviones y los helicópteros; yo me metía debajo de la cama con los hijos míos, y no dejaba de ser un miedo, pero ya cuando a uno la violencia lo toca directamente le cambia la vida en un abrir y cerrar de ojos, es muy difícil poderlo explicar”, relató Adelma Pacheco, tesorera de Narrar para Vivir, organización que acompaña mujeres víctimas del conflicto armado de Montes de María.
Dentro de los territorios más damnificados resaltan 170 municipios en los que la pobreza, las economías ilícitas, la violencia y la debilidad institucional marcan el pasado y presente de la población. Por eso estos territorios se encuentran en Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en los que la transformación y estabilización se están trabajando.
Esta es una labor articulada entre diferentes actores que buscan el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Por ello, organizaciones internacionales han hecho presencia. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se ha sumado a trabajar por lo que ellos llaman “resiliencia comunitaria”, que se basa en el aseguramiento de la prevención, mitigación y recuperación de los efectos de la violencia del pueblo colombiano y el mismo Estado por medio del programa Somos Comunidad.
El 20,58 % de los municipios que hacen parte de PDET han trabajado en el fortalecimiento de la cohesión social y sistemas locales de seguridad con el programa Somos Comunidad de USAID.
“Este enfoque integral y colaborativo ha permitido avanzar en la construcción de un tejido social fortalecido y en la generación de confianza entre la ciudadanía y las instituciones”, aseveró Alejandro Cruz, líder del componente de cohesión social del programa.
Así también lo confirman los diversos actores que han puesto sus esfuerzos en esta iniciativa. “La colaboración (...) ha sido un cambio muy importante y fundamental, debido a que por medio del apoyo que nos brindan nos hemos ido actualizando e innovando en cuanto a los temas que tratamos y personalmente desde mi punto como enlace de víctimas”, aseveró, Yuseity Carmona Villalba, enlace Víctimas de El Guamo, Bolívar.
Prevención y autoprotección
En el calor del municipio de Puerto Libertador una mujer de 35 años de baja estatura, que contrasta con su fuerte voz, de cabello rizado y ojos oscuros, ha sido víctima de una serie de dificultades, estigmatizaciones y amenazas por ser autoridad del cabildo indígena zenú de Centro América.
En 2018 Darlys Rojas fue interceptada por unos sujetos que la amenazaron, con armas de fuego y frases que cuestionaban su autoridad y labor en el municipio, mientras estaba en su vehículo en compañía de sus hijas y su madre. “Soy una persona que viene del exilio. Tuve que salir del país por defender el territorio, dejé a mis hijas y salí con lo que tenía puesto. (...) Nosotros lo llevamos en el corazón, defendemos el territorio incluso con la vida”, aseguró.
Como hay muchos líderes, lideresas y miembros de la comunidad que viven bajo el miedo de los riesgos y la violencia de sus territorios. En los últimos cuatro años han sido asesinados 923 líderes en Colombia, según lo registró Indepaz.
Por ello, Somos Comunidad le apuesta, por medio de una metodología participativa con organizaciones de la sociedad civil, guardias indígenas y cimarronas y actores del Estado, a desarrollar modelos de autoprotección y protección que fortalezcan a estas autoridades y grupos poblacionales.
“Hemos trabajado con Somos Comunidad, comités que se encargan de diferentes frentes, incluyendo a los hermanos afro, dos parcialidades que vienen de Torno Rojo y nosotros. (..) Este comité lo enfocamos más que todo en seguridad; quisimos implementar un fortalecimiento a la guardia indígena. (..) Usamos lo propio primero como un mecanismo de protección y de autoprotección”, afirmó Darlys Rojas.
Así como esta lideresa zenú ha puesto sus esfuerzos en la creación de rutas de protección para otros líderes y personas de la comunidad, se ven casos como el de un grupo de mujeres que hacen parte de la Asociación de Víctimas Constructoras de Paz (Asovictpaz) a 69,6 kilómetros en Caucasia, Antioquia.
“En mi caso estoy amenazada y tengo esquema de protección, pero uno no se protege como debería. Uno mismo es quien tiene que tomar las medidas de autoprotección. Se creó una ruta de atención comunitaria y a la administración municipal le pareció muy buena y la adoptaron e institucionalizaron; fuimos nosotros como Asovictpaz con el apoyo de Somos Comunidad que logramos hacer esto”, relató Yadis Domínguez, representante legal de Asovictpaz.
Una de las formas en la que se han implementado los mecanismos de protección en el resguardo indígena zenú del municipio de Cáceres es el uso de implementos que los distinguen en el territorio.
Guardias indígenas hoy portan chalecos de color azul, un carnet que los identifica como autoridad dentro de sus territorios, botas de caucho que les permiten transitar con mayor comodidad los caminos con su bastón de mando y pañoletas de colores que los distinguen en su cultura.
Este ha sido el resultado del trabajo de Somos Comunidad para contribuir a la protección de aquellos que, según Silvio Antonio Ortiz Salazar, guardia indígena del resguardo José Alberto Campanario de la etnia zenú del municipio de Cáceres, vigilan de día y noche el territorio para garantizar la seguridad de las familias y proteger la vida, tener un mejor control y autonomía dentro del territorio.
Luis Alonso Moreno, coordinador de guardia del resguardo indígena Puerto Bélgica Las Palmas en Cáceres, asegura que el apoyo y elementos de identificación dotados por Somos Comunidad han proporcionado seguridad para los guardias, pues ahora son reconocibles entre los diversos actores que se encuentran en la zona, incluyendo los que están al margen de la ley.
Estas situaciones no solo les ocurren a los líderes o grupos étnicos. De acuerdo con Yuseity Carmona Villalba, enlace de Víctimas de El Guamo, Bolívar, dentro de estos territorios muchas de las personas carecían de conocimiento sobre los derechos humanos, sus beneficios y las normas que reconocen y protegen su dignidad; de modo que la institucionalidad, al trabajar con USAID, dio prioridad a capacitar y atender amenazas y riesgos que enfrentan los ciudadanos.
“Somos Comunidad para nosotros es una actividad innovadora que nos brinda apoyo en cuanto a todo lo relacionado con líderes, lideresas y población en general en cuanto a temas de prevención, protección y relacionados con la paz. (...) Nos han brindado capacitaciones y asesorías en la formulación de plan de prevención y protección de garantías de no repetición del año pasado y de este año”, afirmó Carmona.
Como consecuencia de esta labor se han desarrollado 63 modelos de autoprotección de los cuales cinco se han convertido en política pública. Además, dos guardias indígenas y una cimarrona se han visto fortalecidas.
Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil
Como recalca Yoladis Narváez, integrante de la asociación Asmoviros, organización de mujeres que trabaja con población damnificada por el conflicto armado y otras violencias, en la necesidad de las comunidades de defender sus derechos y salir adelante se han creado múltiples organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, muchas de estas no cuentan con las herramientas para crecer y desarrollar al máximo sus capacidades. Así lo afirmó Yadis Domínguez: “Inicialmente la meta era fortalecer la organización porque uno no puede dar de lo que no tiene. (...) Por ejemplo, inicialmente teníamos muy desorganizado todo el tema administrativo”.
Viendo estas necesidades y oportunidades de mejora, Somos Comunidad ha acompañado a 126 organizaciones de la sociedad civil para potencializar sus capacidades y competencias integrando estos grupos con entidades gubernamentales, otras asociaciones y capacitándolos en las áreas que los puedan fortalecer.
“Mejoramos muchísimo. Ya en todos lados nos conocen, hemos mejorado internamente, el relacionamiento y todo el tema administrativo con el apoyo del Secretariado Nacional y de Pastoral Social. Nos ayudaron mucho a organizar, llevar las actas, el cómo se lleva un libro de toda esa parte que nosotros hicimos con talleres e infinidad de cosas en las que nos quedaba solo el registro fotográfico porque nos daba una pereza inmensa de entrar a escribir un registro”, aseguró la representante legal de Asovitcpaz.
Este papeleo permite que las organizaciones puedan crecer e incluso participar en convocatorias; por ello, múltiples asociaciones de este programa han trabajo con herramientas que les dan un mejor posicionamiento como lo es el Índice de Desempeño Organizacional (OPI) que mide el comportamiento, desarrollo, objetivos y logros, entre otros. Como resultado se ha logrado mejorar el nivel de desempeño de 50 organizaciones en un 89 %.
“Para fortalecer la organización nos ayudó muchísimo el tema del OPI porque si bien al principio no nos fue tan bien, hemos mejorado. (...) Cuando nos hicieron el primer sondeo nos calificamos con un 10 basado en todo lo que nos preguntaron, pero resulta que no es tan sencillo. Fue bastante complejo en la primera, en la segunda nos fue mejor a pesar de tener la información, no estaba organizada. En este momento tenemos pendiente una cuarta medición, que nos dijeron que ya no necesitábamos. (...) Pero ya se han dado cuenta de que hemos avanzado bastante”, atestiguó la representante legal de Asovictpaz.
La transferencia de conocimientos y el relacionamiento entre organizaciones también ha potenciado a las comunidades. Un ejemplo de ello es la joven asociación Asmovirus de Montes de María y la relación que ha construido a través del programa Somos Comunidad con Narrar para Vivir.
Hace un poco más de dos décadas dicha organización, que hoy está conformada por 1.150 personas, ha apoyado a mujeres víctimas del conflicto armado y actualmente transmite sus conocimientos y estrategias a asociaciones más jóvenes para que crezcan y sanen.
“Trabajar con ella es una de las tantas oportunidades que se nos han presentado en el camino. Son gente que ya tiene esa capacidad y nos han transmitido su conocimiento y hoy ya somos una asociación más grande. Narrar para Vivir es como un apoyo para nosotras. (...) nos hemos apoyado en ellas y nos ha fortalecido”, cuenta Yoladis Narvaez, integrante de la asociación Asmovirus.
Uno de los frutos de esta relación ha sido la implementación de las “ollas comunitarias” que nacieron con la misma organización. Mientras “preparaban un buen sancocho” las integrantes iban contando experiencias que habían tenido al ser víctimas del conflicto armado.
Según Surlay Sequea, representante legal de la asociación Narrar para Vivir, “en este proceso las mujeres se han atrevido a contar cosas que no le habían dicho a nadie, por ejemplo, que perdieron un familiar y nunca lo pudieron llorar. Ahí ese es el espacio para que las mujeres lo puedan hacer”.
Ahora Narrar para Vivir quiere dar las herramientas que las han ayudado a trascender el dolor y actualmente están colaborando con Asmovirus para ello. “En este proceso que estamos iniciando, con el apoyo de Somos Comunidad, podemos nosotras también llevar esta metodología a esta organización y yo sé que va a ser de gran ayuda para ellas y para sus comunidades”, recalcó Sequea.
Comunicación para el cambio social
Grupos marginalizados como las personas de la comunidad LGBTIQ+, mujeres, jóvenes, diversas etnias, adultos mayores, personas con discapacidad y líderes sociales tienen la necesidad de que haya un cambio social en el que se garantice su bienestar y protección.
Unos buscan la equidad, otros la paz, la vida sin violencia o la defensa del territorio, pero necesitan de estrategias de comunicación para empoderar y fomentar acciones que ayuden al mejoramiento del tejido social de las poblaciones.
Este proceso es un frente de trabajo que el programa de USAID adelanta con estas comunidades para promover sus derechos. Por esto se han creado espacios donde los líderes, mujeres, miembros de la comunidad LGBTIQ+ e indígenas interactúan y transforman la percepción del liderazgo.
“Somos Comunidad nos fortaleció y ayudó como mujeres. Siempre se nos enfatizó en el liderazgo y cómo debíamos empoderarnos más. Se nos decía: ‘Tú eres una mujer empoderada, pero debes fortalecerte aún más. A medida que lo hagas ganarás un respeto mayor, ya que con conocimiento podrás responder con argumentos sólidos en lugar de pelear’”, afirmó Darlys Rojas.
Estas estrategias que también promueven la participación cívica de las poblaciones anteriormente mencionadas han resultado en la creación de 20 espacios en los que la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría han tomado parte.
En las calles de Caucasia, Antioquia, se puede encontrar unos días en su peluquería y otros luchando por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ a la lideresa y mujer trans, Maia Mitchell Domínguez.
A pesar de experimentar retos y barreras de acceso a diversas oportunidades como la educación superior, vivienda digna, no ser reconocida como mujer por la sociedad, empleo y el desarrollar un liderazgo, hoy ha encontrado soluciones, espacios y conocimientos que le han permitido ejercer su autoridad y cambiar estigmas en la sociedad gracias a Somos Comunidad.
“Compartimos con otras poblaciones del territorio como mujeres, afros, indígenas y a la vez aprovechamos esos espacios para hacer incidencia y sensibilización sobre personas LGBTIQ+, disidencia sexual y nuevas masculinidades también. (...) Entonces aprendemos y aprenden de nosotros, ha sido como un aprendizaje recíproco”, relató Maia Mitchell Domínguez.
Mecanismos de colaboración
La relación entre las entidades administrativas del país y las poblaciones en las que el flagelo de la violencia era pan de cada día se fracturó notablemente.
“Después de todos estos años de violencia que se vivió en el territorio no es fácil que llegue una entidad a nuestras comunidades y que le vayamos a creer. (…) Porque lo que se vivió en Montes de María fue algo muy duro y hay mucho resentimiento en la comunidad por el abandono del Estado”, aseguró Adelma Pacheco.
Sin embargo, la confianza ha llegado a medida que las entidades han trabajado con la comunidad. De hecho, en 25 espacios que Somos Comunidad facilitó y en los que promovió la participación ciudadana, hubo 27.000 personas que se relacionaron y dialogaron en conjunto con Alcaldías, Defensoría del Pueblo y Procuraduría para generar un cambio positivo.
La disposición del pueblo colombiano ha tomado un rumbo diferente. “Si nosotros queremos que las nuevas generaciones no pasen por lo que nosotros nos tocó vivir toca empezar a cambiar y a creer en las personas que llegan a nuestro territorio y que nos están haciendo una oferta”, comentó Pacheco.
Estos espacios son Consejos Municipales de Planificación, Consejos Municipales de Juventud, Comités de Justicia Transicional y Comités de Víctimas del Conflicto Armado, entre otros.
Esta cooperación ha logrado elaborar políticas públicas como en el caso de Carmen de Bolívar. “La cooperación internacional ha sido fundamental para la creación de este PISSC (Planes Integrales de Seguridad) que hicimos de la mano de Somos Comunidad, pero de la mano también con la sociedad civil. (...) La estrategia ha sido esa, ir a la base, conversar con ellos y los hicimos parte, incluso a estudiantes de 11 grado, y nos encontramos con muchas cosas que de pronto uno las ve, pero no las percibe como debe ser”, afirmó Héctor Sanabria, secretario de Gobierno y Convivencia del municipio El Carmen de Bolívar.
A los ojos de la comunidad sus problemáticas y urgencias están siendo tomadas en cuenta. “Fue grato trabajar porque desde ahí como comunidad tuvimos la participación y podemos mostrar también nuestras necesidades desde el territorio”, aseguró Yaniris Torres, representante legal de la Asociación Mujeres Sembrando Vida (Ademuvia) de El Carmen de Bolívar.
Según los funcionarios de estos territorios, la comunicación con la comunidad les ha permitido un mejor desarrollo de su labor. Para Carmona, como enlace de víctimas en El Guamo, Bolívar, las capacitaciones e interacciones con los implementadores del programa, personas de la comunidad y otros sujetos institucionales ha enriquecido su posición y labor.
“Los mecanismos de colaboración también han reforzado la autoprotección y la protección de las comunidades. A través de las rutas de atención desarrolladas con Somos Comunidad, los guardias indígenas han aprendido a abordar las necesidades de manera más efectiva, priorizando primero los recursos locales y luego recurriendo a las instituciones, como la gobernación y la Defensoría del Pueblo”, le relató Yuseity Carmona Villalba a este diario.
