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Hace 35 años, un 23 de octubre en Medellín, la casa de Fabiola Lalinde estaba siendo allanada por la Policía Militar del Batallón Bomboná. Según se ha documentado, cuando Lalinde regresó de misa encontró a un capitán sentado en su cama revisando su archivo, los libros de sociología de su hijo y las notas de prensa sobre la desaparición de Luis Fernando Lalinde Lalinde, ocurrida el 3 de octubre de 1984 a manos del Ejército Nacional. Fabiola fue detenida, durante dos semanas, acusada de tener un paquete de cocaína en el cuarto de su hijo y presentada como “terrorista, subversiva y la jefa narcoguerrillera de Antioquia”.
Su insistente lucha por la búsqueda de su hijo le tomó cerca de 30 años y le generó señalamientos, estigmatizaciones, insultos, encarcelamientos y un arduo trabajo no solo por encontrar sus restos, sino también por limpiar su nombre, pues Luis Fernando fue señalado de ser integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el alias de Jacinto. El 18 de noviembre de 1996 logró que la VIII Brigada del Ejército en Armenia le entregara los huesos de Luis Fernando en una caja de cartón. Cuatro años más tarde, el 10 de abril del 2000, logró que la notaría de Riosucio (Caldas) expidiera el acta de defunción.
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En homenaje al proceso y contribución de Fabiola Lalinde al derecho a la búsqueda de víctimas de desaparición forzada, el 23 de octubre fue escogido por la Fundación Nydia Érika Bautista (FNEB) y siete organizaciones de mujeres de Buenaventura, Montes de María, Putumayo, Meta, Guaviare, Vichada y Bogotá como el Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada. Esta es una de las principales apuestas que recoge el proyecto de ley que busca reconocer y proteger la labor y los derechos de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada.
“Siendo Fabiola un caso emblemático de la represión contra las mujeres buscadoras, acordamos esta fecha para conmemorar cada año la lucha que tenemos”, explicó a esta redacción Doria Yannette Bautista, directora de la Fundación Nydia Érika Bautista.
Con este día conmemorativo, las organizaciones de mujeres buscadoras quieren que el Estado colombiano también las reconozca como constructoras de paz por su trabajo en el esclarecimiento de la verdad, la justicia y la memoria histórica, y en tener garantías de no repetición.
El proyecto de ley se presentó el pasado 30 de agosto del 2022 a la Cámara Representantes del Congreso de la República, con ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esto se hizo a través de nueve congresistas de la coalición del Pacto Histórico, entre ellos Gloria Flórez, María José Pizarro, Iván Cepeda y Alirio Uribe.
En entrevista con el equipo de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la senadora Gloria Flórez, afirmaron que el proyecto ya pasó dos primeros debates de la Cámara y sumó apoyos de otros sectores políticos como el Liberal. Además, el pasado 20 de septiembre el proyecto de ley llegó a la Comisión Primera del Senado y se radicó la ponencia para iniciar el debate, el cual se espera realizar al finalizar la época de elecciones regionales.
Una ley para proteger los derechos de las mujeres buscadoras
Bajo la batuta de Doria Yannette Bautista, las organizaciones Madres por la Vida de Buenaventura; las madres del Meta, Guaviare y Vichada; el Resguardo Indígena Kichwa San Marcelino, de Putumayo; Mujer, Sigue mis Pasos de Bolívar y Bogotá; Narrar para Vivir, de Montes de María; las Madres de las Niñas de Suba y la Fundación Hasta Encontrarlos construyeron este proyecto de ley de más de 20 páginas.
Esta idea estaba en la mente de Bautista desde 2020, cuando presentaron seis informes a la Comisión de la Verdad, en los que relataban las experiencias de búsqueda de mujeres familiares de víctimas de desaparición forzada en los Llanos Orientales y otro sobre los casos de violencia sexual contra niñas y mujeres familiares de víctimas de desaparición forzada en Montes de María.
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“A medida que íbamos identificando los patrones de la desaparición, la evolución en las regiones y los impactos y daños en el tiempo, las mujeres siempre hablaban de sus experiencias durante la búsqueda. Al terminar los informes dijimos ‘¿qué hacemos con todo esto?’, y se me ocurrió la idea de hacer un proyecto de ley, y juntas nos sentamos y recogimos las vulneraciones y las convertimos en derechos”, expresó Bautista.
Para esta abogada y defensora de derechos humanos, que inició su lucha hace 36 años con la desaparición de su hermana Nydia Érika Bautista (el 30 de agosto de 1987 a manos del Ejército Nacional en Bogotá), la ley nace desde las entrañas de lo que han sufrido las mujeres en los territorios.
El 95% de la población que busca a las víctimas de desaparición forzada son mujeres negras, indígenas, campesinas, rurales y urbanas. En medio de esa búsqueda, han vivido una serie de afectaciones como violencia sexual contra ellas y sus hijas, secuestro, amenazas y extorsiones, entre otras. Por ello, las organizaciones establecieron en su proyecto de ley que el Estado debe implementar medidas de reconocimiento, sensibilización, prevención, atención y protección de las mujeres buscadoras de población víctima del desplazamiento forzado.
“Para nosotras es importante que tanto el Estado como la sociedad reconozcan que han sido demasiados años de injusticia con las mujeres buscadoras, porque si no se han adelantado investigaciones en debida forma sobre las desapariciones forzadas, pues mucho menos de los delitos cometidos contra las mujeres que buscan a los seres queridos, y eso no se puede quedar así”, explicó Bautista.
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En el proyecto de ley plantea que el Gobierno Nacional debe garantizar que las mujeres buscadoras tengan espacios de participación, de forma individual o colectiva, en políticas públicas de paz que fortalezcan sus procesos. Por ejemplo, dentro del Sistema Nacional de Búsqueda de Desaparecidos contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo para avanzar en la búsqueda a través de la financiación, el fortalecimiento y el respaldo de las entidades y los mecanismos para financiar y respaldar esta labor.
Las organizaciones también consignaron en el documento que se fortalezcan los espacios de atención a víctimas para que, a través de la acción sin daño, se apoye a las mujeres en lo psicosocial, jurídico y técnico-forense. En cuanto a la seguridad, también solicitaron crear medidas específicas para “prevenir, investigar y sancionar a miembros de la fuerza pública o grupos armados al margen de la ley que cometan actos de amenaza, intimidación, extorsión, violencia física, sexual o psicológica, o que afecten el patrimonio de las mujeres”.
En el informe “Mujeres buscadoras: sistematización de las experiencias de búsqueda de mujeres familiares de víctimas de desaparición forzada en los Llanos Orientales”, presentado a la Comisión de la Verdad, la Fundación Nydia Érika Bautista documentó que cerca del 56 % de estas mujeres han recibido amenazas directas por buscar a sus familiares desaparecidos. Esto, a su vez, genera situaciones de desplazamiento forzado, intimidación y violencia psicológica.
En entrevista con este diario, Luz Dary Santiesteban, una bonaverense de la organización Madres por la Vida de Buenaventura, manifestó por qué es importante para ella este proyecto de ley. “Queremos rescatar esa habilidad humana que tenemos como mujeres buscadoras, porque ninguna ley lo hace. Nosotras seguimos siendo victimizadas y viviendo empobrecimiento, porque nos han quitado mucho”, comentó.
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En su lucha por el reconocimiento, las mujeres buscadoras integraron en el proyecto de ley la creación de un registro único en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Esto con el fin de recibir certificaciones que acrediten la condición de “buscadoras de víctimas de desaparición forzada”, trabajar articuladamente y hacer parte de los procesos de reparación integral.
La desaparición forzada es un hecho que no cesa en el país. El Registro Único de Víctimas ha documentado más de 192.000 personas víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno y la Comisión de la Verdad registra más de 200.000 personas. Esta es una cifra que lastimosamente continúa en aumento por las situaciones de conflictividad que se viven en el país por la presencia y disputa entre grupos armados ilegales y legales.
¿Por qué la desaparición forzada afecta de forma diferenciada a las mujeres?
“Durante todo este tiempo, las mujeres han hipotecado sus casas, han vendido todo lo que tienen, han bordado, se han vuelto actrices, poetas, han hecho de todo para ganarse la vida y poder buscar. En una alcancía ellas echan los ahorros de lo que venden y lo destinan, por ejemplo, para el viaje a tal lugar que no hayan visitado a buscar a sus hijos o familiares. Eso es muy bello pero a la vez, muy tenaz”, afirmó Doria Yannette Bautista.
Al ser quienes buscan, y muchas veces quedando como cabeza de hogar a causa de la guerra, muchas han perdido y dado recursos, tiempo y bienestar en estos procesos. Por ello, en el proyecto de ley también solicitaron acceso a educación, vivienda, salud integral y seguridad social. Por ejemplo, plantean la entrega de subsidios, créditos o becas para que ellas y sus parientes puedan estudiar en el SENA o en instituciones de educación primaria, secundaria, técnica y universitaria.
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Sobre la seguridad social, muchas de las mujeres buscadoras son adultas mayores, por lo que necesitan garantías para que tengan acceso a una pensión de vejez, invalidez y sobreviviente que les permita vivir dignamente.
“Estamos pariendo una nueva ley que nunca nadie había pensado porque nunca nadie nos había visto, ni siquiera nosotras mismas. Siempre el amor por los desaparecidos, pero ¿dónde quedamos nosotras?”, señaló Bautista.
Según documentó la FNEB, el 59 % de las mujeres buscadoras son madres, el 14 % esposas, el 13 % hermanas y el 4 % hijas. En medio de estos procesos, que son largos, tediosos y peligrosos, no solo quienes buscan, sino también sus familiares (principalmente mujeres) han sido víctimas de violencias como la sexual, utilizada como un modo de represión e intimidación para cesar la búsqueda. Entre 1990 y 2009, el 74 % de violencias contra las mujeres fueron sexuales, ocurriendo a niñas, jóvenes y mujeres de cinco a 33 años de edad.
“Si la paz tiene rostro de mujer, a pesar del dolor y el sufrimiento, nosotras construimos algo para nosotras mismas y para otras, como esta ley. Queremos que se haga pedagogía y se visibilicen estos hechos que no deben seguir ocurriendo más en Colombia ni en ninguna parte”, enfatizó Luz Dary Santiesteban, de Madres por la Vida de Buenaventura.
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En marzo del 2022 murió Fabiola Lalinde, quien dejó un legado para muchas mujeres como lo que ella denominó Operación Sirirí, una estrategia de lucha contra la impunidad de resistencia, persistencia para buscar verdad y exigir justicia. Esto llevó a Lalinde a que el caso de su hijo fuera el primero de desaparición forzada en llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Es el legado de Lalinde y de las miles de madres, hijas, hermanas y familiares de la población desaparecida que buscan ser reconocidas, reparadas y respaldadas, y que estos hechos cesen definitivamente en Colombia.
Aportes a la Resolución 1325 de Mujeres, Paz y Seguridad
El proyecto de ley para proteger y reconocer a las mujeres buscadoras de desaparecidos también es un aporte a la implementación de la Resolución 1325 de la ONU, que busca asegurar la participación de las mujeres en las agendas de paz y seguridad.
El apoyo a iniciativas de mujeres a nivel local y nacional, la garantía de espacios de participación, la protección de derechos humanos a las mujeres y las niñas, y la búsqueda de acabar con la impunidad de los crímenes de violencia por razón de género por parte del Estado son algunas de esas acciones.
“Frente a cualquier gobierno, llámese fiscal o juez, y por siempre reclamarles quién nos puede defender. De esta triste y cruel guerra que no se quiere acabar, y nosotras pues con ganas de gritarles que haya paz”, manifestó Zoraida Rojas a través de sus coplas.
La reivindicación de su rol como sujetos políticos y constructoras de paz será un paso clave en la reparación a las víctimas del país.