Después de 24 años Colombia presenta el Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad
La violencia contra las mujeres persiste e incluso aumenta. En respuesta a este panorama, y a la Resolución 1325 de la ONU, el Gobierno introdujo un plan para fortalecer la participación y los derechos de las mujeres en el conflicto, con retos y opiniones divididas frente a su formulación.
Tatiana Moreno Quintero
Tras 24 años de la aprobación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que busca garantizar los derechos de las mujeres en el contexto del conflicto, reconocer su liderazgo, aumentar su participación en la gestión de estos escenarios y brindarles seguridad y paz, hoy Colombia presenta el Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad (PAN 1325) para cumplir con estos lineamientos.
La creación e implementación de un plan de acción es indispensable para un país en el que el conflicto armado lleva más de 50 décadas, en el que más de 400.000 mujeres han sido asesinadas a causa de este, 2.700.000 se vieron obligadas a desplazarse forzosamente de sus hogares, y de estas al menos 426.600 fueron víctimas de violencia sexual, entre 1995 y 2011, según datos de ONU Mujeres y la Secretaría de Bogotá.
Cabe resaltar que esta resolución no se limita a los países en conflicto, ya que establece lineamientos que todos los gobiernos deben implementar, reconociendo la importancia de las mujeres en la sociedad y la necesidad de garantizar sus derechos en cualquier situación.
Como bien lo afirma Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, “más allá de ser víctimas, las mujeres en todo el mundo, y particularmente en Colombia, son protagonistas en la construcción de paz y prevención de conflictos”.
“Lo primero que hay que decir es que el Estado colombiano ha estado incumpliendo todos estos años el compromiso de formular e implementar un Plan Nacional de Acción Mujeres, Paz y Seguridad que responda y aplique a la 1325. (...) Este es un hito histórico que simboliza el compromiso de este Gobierno de trabajar con las mujeres”, aseguró Támara Ospina Posse, viceministra de las Mujeres.
Por ello, alrededor de 4.486.364 mujeres sobrevivientes trabajan por reconstruir sus vidas y el tejido social que se quebró a causa de la guerra, según la Unidad de Víctimas, a corte del 6 de marzo de 2020.
En el marco del PAN 1325, más de 1.500 mujeres de diferentes grupos étnicos y de la comunidad LGBTIQ+, junto con 16 organizaciones de mujeres, feministas y de la sociedad civil, participaron en 21 foros macrorregionales, poblacionales y sectoriales. A través de estos espacios contribuyeron con sus perspectivas al contenido del documento.
De acuerdo con la viceministra Ospina, el PAN 1325 responderá por medio de 105 acciones a ocho objetivos principales, entre los que se destacan la participación activa, el acceso a la salud y el bienestar integral, el derecho a una vida libre de violencias, la justicia y reparación, la autonomía económica, la protección en situaciones de movilidad forzada y la incorporación del enfoque de género en la acción estatal.
De la misma forma se estipuló que la interpretación y seguimiento del PAN 1325 se realizarían teniendo como foco los derechos humanos, derechos de la mujer, el enfoque de género, la interseccionalidad, las etnias, la diversidad territorial, el antirracismo, las discapacidades, los diversos grupos etarios y la orientación sexual, expresión e identidad de género.
Estas 105 acciones quedaron bajo la responsabilidad de 33 entidades, con metas claras, indicadores, presupuestos y fuentes de financiación establecidos desde la fecha actual hasta 2034. Durante los 10 años de implementación, un comité se encargará del seguimiento y monitoreo del plan.
Sin embargo, este documento, a pesar de ser una “deuda” con las mujeres del país, no es la única que se ha creado y aprobado para que mitiguen estas violencias, incluyendo el Acuerdo de Paz de 2016.
Es importante destacar que al ser Colombia un país en conflicto, los retos para implementar normas como el PAN 1325 son significativamente mayores. Beatriz Quintero, fundadora e integrante de la Red Nacional de Mujeres, organización que ha seguido de cerca el proceso de construcción del plan, señala que ahora el escenario presenta más actores armados, con ocho o nueve ejes de conflicto, generando mayor inseguridad en los territorios, donde “en vez de tener una gobernanza democrática hay una criminal”.
La rendición de cuentas para las mujeres en el conflicto
Para abordar la violencia contra las mujeres, Colombia ha creado leyes, como la de prevención de la violencia de género de 2008, la Ley de Víctimas y la inclusión de más de 100 medidas de género en los seis capítulos del Acuerdo de Paz.
“A pesar de estos desarrollos, los riesgos para las mujeres persisten, incluyendo el impacto diferenciado en los confinamientos, desplazamientos, la violencia sexual y otras violencias basadas en género. Es necesario poner fin a esta violencia a través del concurso de todas las instituciones y compromisos y acciones concretas”, aseguró Ruiz.
De igual manera, lo confirmó Luz Piedad Caicedo, codirectora de la Corporación Humanas, que estuvo en los espacios y procesos para la formulación del PAN 1325. Comentó que la alta cantidad de feminicidios ocurridos este año evidencia la crisis de la Ley 1257 y de las políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres, señalando además una “gran dificultad en el cumplimiento de los compromisos”.
“Llevamos dos largos años de gobierno, y el propio Estado está reconociendo que se requiere un trabajo más profundo y una respuesta más rápida porque no se ha logrado la celeridad en la interpretación de lo que quedó acordado, y solamente por hablar del Acuerdo de Paz”, aseveró Caicedo.
Teniendo en cuenta este panorama, la pregunta que surge es: ¿este plan cumple las necesidades de las mujeres y tendrá éxito en su implementación? Al estar en la etapa del lanzamiento del plan es muy pronto dar una respuesta, pero la Misión de Verificación de la ONU asegura que la ejecución efectiva dependerá de la aprobación y el compromiso activo de las entidades gubernamentales a niveles nacional y local, la sociedad civil y la comunidad internacional.
La sensación que este plan les deja a organizaciones que formaron parte del proceso de formulación no es del todo bueno, aunque reconocen la importancia del “exhaustivo” trabajo por parte de este Gobierno para gestionar este proyecto, también observan falencias en su resultado.
Estos defectos se basan en la redacción y la forma como están expresados los compromisos de algunas entidades gubernamentales, pues, aseguran, son poco comprensibles y abiertas a diversas interpretaciones.
Los tiempos tampoco han sido óptimos, pues la formulación del plan se inició hace un año y ocho meses, y debió estar listo en octubre de 2023; sin embargo, el proceso de consolidación de las propuestas y recolección de información en los foros significaba un reto en cuestiones de articulación y contestación para las diferentes partes que participaron en el proceso. De modo que la respuesta del Estado colombiano frente a la violencia contra las mujeres en las zonas afectadas por el conflicto armado tiene un largo camino que recorrer para llegar a cumplir con lo prometido.
Hay un permanente movimiento institucional, pero siempre hay una arquitectura institucional desarticulada".
Luz Piedad Caicedo, codirectora de la Corporación Humanas
En palabras de Luz Piedad Caicedo: “Tenemos tantos instrumentos, leyes, directrices, dependencias, políticas y normas sin gestión. Es decir, hay un permanente movimiento institucional, pero siempre hay una arquitectura institucional desarticulada”.
Desde la Red Nacional de Mujeres, Beatriz Quintero expresó un mensaje de optimismo, destacando que el plan genera una sensación positiva. No obstante, hizo un llamado de atención sobre la necesidad de que este implique un cambio real en la prevención de la violencia y en la participación de las mujeres, incluso dentro de la Política de Paz Total. Subrayó que este proceso de construcción de paz no debe quedar solo en el papel.
¿Qué ayudará a lograr su eficiencia y eficacia?
Para que tanto el PAN 1325 como los otros acuerdos gubernamentales existentes sean implementados y ejecutados se necesita un trabajo cooperativo entre las entidades del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional y el mismo pueblo colombiano.
Una herramienta necesaria es tener un mecanismo de monitoreo. Para este Plan de Acción crearon el Comité de Seguimiento y Monitoreo, integrado por el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Igualdad y Equidad y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El funcionamiento de este comité será a través de diálogos con las organizaciones de mujeres y feministas en los que se evaluarán de forma anual los avances y dificultades, además del planteamiento de acciones correctivas.
“Debemos, desde este mecanismo, hacer seguimiento de las 105 acciones y dinamizar ese proceso. Va a ser un reto muy importante que va a necesitar el compromiso de todos los sectores involucrados. Sabemos que una parte importante es llegar a tener un instrumento, pero la otra es que exista la voluntad política para implementarlo”, explicó Támara Ospina.
El jefe de la Misión de Verificación de la ONU esboza puntos claves para que la implementación del plan sea efectiva y se cumpla con los compromisos establecidos. Estos son el acceso a la información, la participación activa de la sociedad civil en el monitoreo del plan, la asignación de recursos adecuados y el compromiso político del Estado.
Por otro lado, Luz Piedad Caicedo asevera que se necesita una mayor articulación gubernamental, pues las entidades y los actores involucrados deben relacionarse y trabajar de la mano para que los esfuerzos estén enfocados en una misma meta.
La fundadora de la Red Nacional de Mujeres señala que, para garantizar el cumplimiento del plan, es fundamental reforzar el compromiso de reducir la violencia contra las mujeres. Esto implica fortalecer las capacidades para recibir denuncias, garantizar una adecuada investigación, brindar protección efectiva y destinar los recursos necesarios, asegurando que las denuncias se traduzcan en acciones concretas. Además, destaca la importancia de trabajar para disminuir la impunidad.
“Se espera que las medidas que se hagan tengan un efecto real y cambien la vida de las mujeres y las condiciones de vida de las comunidades. Es el primer paso, y está muy bien que se dé, pero con eso no cambian las cosas, falta la implementación y la evaluación, y que se cumplan”, comentó Quintero.
De este modo, las organizaciones de mujeres, la cooperación internacional y el pueblo colombiano esperan que el Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad cumpla con las necesidades de las mujeres y de todo el país.
Tras 24 años de la aprobación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que busca garantizar los derechos de las mujeres en el contexto del conflicto, reconocer su liderazgo, aumentar su participación en la gestión de estos escenarios y brindarles seguridad y paz, hoy Colombia presenta el Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad (PAN 1325) para cumplir con estos lineamientos.
La creación e implementación de un plan de acción es indispensable para un país en el que el conflicto armado lleva más de 50 décadas, en el que más de 400.000 mujeres han sido asesinadas a causa de este, 2.700.000 se vieron obligadas a desplazarse forzosamente de sus hogares, y de estas al menos 426.600 fueron víctimas de violencia sexual, entre 1995 y 2011, según datos de ONU Mujeres y la Secretaría de Bogotá.
Cabe resaltar que esta resolución no se limita a los países en conflicto, ya que establece lineamientos que todos los gobiernos deben implementar, reconociendo la importancia de las mujeres en la sociedad y la necesidad de garantizar sus derechos en cualquier situación.
Como bien lo afirma Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, “más allá de ser víctimas, las mujeres en todo el mundo, y particularmente en Colombia, son protagonistas en la construcción de paz y prevención de conflictos”.
“Lo primero que hay que decir es que el Estado colombiano ha estado incumpliendo todos estos años el compromiso de formular e implementar un Plan Nacional de Acción Mujeres, Paz y Seguridad que responda y aplique a la 1325. (...) Este es un hito histórico que simboliza el compromiso de este Gobierno de trabajar con las mujeres”, aseguró Támara Ospina Posse, viceministra de las Mujeres.
Por ello, alrededor de 4.486.364 mujeres sobrevivientes trabajan por reconstruir sus vidas y el tejido social que se quebró a causa de la guerra, según la Unidad de Víctimas, a corte del 6 de marzo de 2020.
En el marco del PAN 1325, más de 1.500 mujeres de diferentes grupos étnicos y de la comunidad LGBTIQ+, junto con 16 organizaciones de mujeres, feministas y de la sociedad civil, participaron en 21 foros macrorregionales, poblacionales y sectoriales. A través de estos espacios contribuyeron con sus perspectivas al contenido del documento.
De acuerdo con la viceministra Ospina, el PAN 1325 responderá por medio de 105 acciones a ocho objetivos principales, entre los que se destacan la participación activa, el acceso a la salud y el bienestar integral, el derecho a una vida libre de violencias, la justicia y reparación, la autonomía económica, la protección en situaciones de movilidad forzada y la incorporación del enfoque de género en la acción estatal.
De la misma forma se estipuló que la interpretación y seguimiento del PAN 1325 se realizarían teniendo como foco los derechos humanos, derechos de la mujer, el enfoque de género, la interseccionalidad, las etnias, la diversidad territorial, el antirracismo, las discapacidades, los diversos grupos etarios y la orientación sexual, expresión e identidad de género.
Estas 105 acciones quedaron bajo la responsabilidad de 33 entidades, con metas claras, indicadores, presupuestos y fuentes de financiación establecidos desde la fecha actual hasta 2034. Durante los 10 años de implementación, un comité se encargará del seguimiento y monitoreo del plan.
Sin embargo, este documento, a pesar de ser una “deuda” con las mujeres del país, no es la única que se ha creado y aprobado para que mitiguen estas violencias, incluyendo el Acuerdo de Paz de 2016.
Es importante destacar que al ser Colombia un país en conflicto, los retos para implementar normas como el PAN 1325 son significativamente mayores. Beatriz Quintero, fundadora e integrante de la Red Nacional de Mujeres, organización que ha seguido de cerca el proceso de construcción del plan, señala que ahora el escenario presenta más actores armados, con ocho o nueve ejes de conflicto, generando mayor inseguridad en los territorios, donde “en vez de tener una gobernanza democrática hay una criminal”.
La rendición de cuentas para las mujeres en el conflicto
Para abordar la violencia contra las mujeres, Colombia ha creado leyes, como la de prevención de la violencia de género de 2008, la Ley de Víctimas y la inclusión de más de 100 medidas de género en los seis capítulos del Acuerdo de Paz.
“A pesar de estos desarrollos, los riesgos para las mujeres persisten, incluyendo el impacto diferenciado en los confinamientos, desplazamientos, la violencia sexual y otras violencias basadas en género. Es necesario poner fin a esta violencia a través del concurso de todas las instituciones y compromisos y acciones concretas”, aseguró Ruiz.
De igual manera, lo confirmó Luz Piedad Caicedo, codirectora de la Corporación Humanas, que estuvo en los espacios y procesos para la formulación del PAN 1325. Comentó que la alta cantidad de feminicidios ocurridos este año evidencia la crisis de la Ley 1257 y de las políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres, señalando además una “gran dificultad en el cumplimiento de los compromisos”.
“Llevamos dos largos años de gobierno, y el propio Estado está reconociendo que se requiere un trabajo más profundo y una respuesta más rápida porque no se ha logrado la celeridad en la interpretación de lo que quedó acordado, y solamente por hablar del Acuerdo de Paz”, aseveró Caicedo.
Teniendo en cuenta este panorama, la pregunta que surge es: ¿este plan cumple las necesidades de las mujeres y tendrá éxito en su implementación? Al estar en la etapa del lanzamiento del plan es muy pronto dar una respuesta, pero la Misión de Verificación de la ONU asegura que la ejecución efectiva dependerá de la aprobación y el compromiso activo de las entidades gubernamentales a niveles nacional y local, la sociedad civil y la comunidad internacional.
La sensación que este plan les deja a organizaciones que formaron parte del proceso de formulación no es del todo bueno, aunque reconocen la importancia del “exhaustivo” trabajo por parte de este Gobierno para gestionar este proyecto, también observan falencias en su resultado.
Estos defectos se basan en la redacción y la forma como están expresados los compromisos de algunas entidades gubernamentales, pues, aseguran, son poco comprensibles y abiertas a diversas interpretaciones.
Los tiempos tampoco han sido óptimos, pues la formulación del plan se inició hace un año y ocho meses, y debió estar listo en octubre de 2023; sin embargo, el proceso de consolidación de las propuestas y recolección de información en los foros significaba un reto en cuestiones de articulación y contestación para las diferentes partes que participaron en el proceso. De modo que la respuesta del Estado colombiano frente a la violencia contra las mujeres en las zonas afectadas por el conflicto armado tiene un largo camino que recorrer para llegar a cumplir con lo prometido.
Hay un permanente movimiento institucional, pero siempre hay una arquitectura institucional desarticulada".
Luz Piedad Caicedo, codirectora de la Corporación Humanas
En palabras de Luz Piedad Caicedo: “Tenemos tantos instrumentos, leyes, directrices, dependencias, políticas y normas sin gestión. Es decir, hay un permanente movimiento institucional, pero siempre hay una arquitectura institucional desarticulada”.
Desde la Red Nacional de Mujeres, Beatriz Quintero expresó un mensaje de optimismo, destacando que el plan genera una sensación positiva. No obstante, hizo un llamado de atención sobre la necesidad de que este implique un cambio real en la prevención de la violencia y en la participación de las mujeres, incluso dentro de la Política de Paz Total. Subrayó que este proceso de construcción de paz no debe quedar solo en el papel.
¿Qué ayudará a lograr su eficiencia y eficacia?
Para que tanto el PAN 1325 como los otros acuerdos gubernamentales existentes sean implementados y ejecutados se necesita un trabajo cooperativo entre las entidades del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional y el mismo pueblo colombiano.
Una herramienta necesaria es tener un mecanismo de monitoreo. Para este Plan de Acción crearon el Comité de Seguimiento y Monitoreo, integrado por el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Igualdad y Equidad y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El funcionamiento de este comité será a través de diálogos con las organizaciones de mujeres y feministas en los que se evaluarán de forma anual los avances y dificultades, además del planteamiento de acciones correctivas.
“Debemos, desde este mecanismo, hacer seguimiento de las 105 acciones y dinamizar ese proceso. Va a ser un reto muy importante que va a necesitar el compromiso de todos los sectores involucrados. Sabemos que una parte importante es llegar a tener un instrumento, pero la otra es que exista la voluntad política para implementarlo”, explicó Támara Ospina.
El jefe de la Misión de Verificación de la ONU esboza puntos claves para que la implementación del plan sea efectiva y se cumpla con los compromisos establecidos. Estos son el acceso a la información, la participación activa de la sociedad civil en el monitoreo del plan, la asignación de recursos adecuados y el compromiso político del Estado.
Por otro lado, Luz Piedad Caicedo asevera que se necesita una mayor articulación gubernamental, pues las entidades y los actores involucrados deben relacionarse y trabajar de la mano para que los esfuerzos estén enfocados en una misma meta.
La fundadora de la Red Nacional de Mujeres señala que, para garantizar el cumplimiento del plan, es fundamental reforzar el compromiso de reducir la violencia contra las mujeres. Esto implica fortalecer las capacidades para recibir denuncias, garantizar una adecuada investigación, brindar protección efectiva y destinar los recursos necesarios, asegurando que las denuncias se traduzcan en acciones concretas. Además, destaca la importancia de trabajar para disminuir la impunidad.
“Se espera que las medidas que se hagan tengan un efecto real y cambien la vida de las mujeres y las condiciones de vida de las comunidades. Es el primer paso, y está muy bien que se dé, pero con eso no cambian las cosas, falta la implementación y la evaluación, y que se cumplan”, comentó Quintero.
De este modo, las organizaciones de mujeres, la cooperación internacional y el pueblo colombiano esperan que el Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad cumpla con las necesidades de las mujeres y de todo el país.