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“Por generaciones hemos luchado para abrir caminos y ocupar cada vez más espacios de poder, representación y decisión. Estamos trabajando para fortalecer liderazgos femeninos y diversos, para inspirar y hacer posible que más mujeres participen en política y con garantías”, comentó la senadora María José Pizarro.
Solo el 12,29 % del total de los cargos en la rama Ejecutiva colombiana están ocupados por mujeres, lo que representa un total de 4.232 ciudadanas en cargos políticos administrativos, excluyendo los puestos de empresas de economía mixta o por acciones del Estado, mientras que en el Senado las mujeres representan el 30 %.
Según ONU Mujeres, en Latinoamérica y el Caribe aún falta mucho para lograr una representación política que verdaderamente refleje la diversidad y la identidad de las mujeres, incluyendo a las indígenas, jóvenes, con discapacidad, con diversidad sexual, afrodescendientes y de áreas rurales, entre otras.
Colombia no es la excepción. Según la Registraduría Nacional, en 2024 el 75,5 % de los cargos en corporaciones como gobernaciones, alcaldías, concejos, asambleas y juntas administrativas locales están ocupados por hombres. En el gabinete ministerial el 55,56 % de los puestos están en manos del género masculino.
En cuanto a las diversidades sexuales, las cifras también revelan una disparidad para el género femenino. Según datos recopilados en el balance electoral y legislativo sobre la participación política de las mujeres en Colombia, en las candidaturas de 2023 por parte de la comunidad LGBTIQ+, solo hubo 74 candidatas mujeres, distribuidas de la siguiente manera: tres a la alcaldía, siete a asambleas, 52 a concejos y 12 a juntas administrativas locales.
De estas, solo dos fueron elegidas: una mujer trans y una mujer bisexual. Este resultado evidencia una notable desproporción en comparación con los otros candidatos, ya que en el contexto de las diversas identidades de género y orientaciones sexuales el 90 % de los elegidos fueron hombres, lo que representa 20 colombianos.
Sin embargo, una parte significativa de la población femenina del país enfrenta una desigualdad política aún más aguda. Las mujeres con deficiencias físicas, mentales, sensoriales o intelectuales se enfrentan a desafíos adicionales, según la magistrada Alba Lucía Velásquez del Consejo Nacional Electoral (CNE). “Tenemos muy claro que las mujeres son sometidas a una doble y sistemática discriminación por el género y las discapacidades. (...) Estamos frente a una democracia que privilegia el cuerpo, donde se cree que si no es perfecto no sirve, y tampoco para ser un candidato”, manifestó Velásquez.
Dicha situación afecta a 114.807 colombianas, lo que significa que esta población es mayoría dentro de la misma muestra. La Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2022 estima que hay 2.551.137 personas con discapacidad, lo que equivale al 5,1 % de la población total. De esta comunidad las mujeres con discapacidad constituyen el 51,3 % del grupo total.
Una demostración reciente de este problema fueron las elecciones territoriales del 2023, en las que únicamente 12 mujeres con discapacidades se postularon a cargos públicos. Solo una resultó elegida, en comparación con los pares hombres, que fueron 47. Así lo muestra un estudio realizado por Velásquez.
Se forja un camino para una ley igualitaria
Con el fin de asegurar la igualdad en las listas de candidaturas para corporaciones públicas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó, con el acompañamiento de Efraín Cepeda, el 18 de agosto, un proyecto de ley que propone que al menos el 50 % de los puestos en corporaciones públicas sean ocupados por ciudadanas.
El Artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 establece que las cuotas de género deben garantizar al menos un 30 % de representación femenina, dicho mandato es el que se busca modificar con esta iniciativa.
“Se invita a que esa participación sea el reflejo, no solamente de una igualdad material, sino que además se represente gran parte de la población en la política, ya que la mujer es un poco más del 50 % del total de los habitantes en Colombia”, afirmó César Lorduy magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El proyecto también busca que, en el caso de que las listas de candidaturas para corporaciones de elección popular o consultas no cumplan con el requisito de incluir al menos el 50 % de mujeres, se considere una causa para la revocatoria de inscripción, además de las sanciones disciplinarias o multas correspondientes.
Las mujeres con discapacidades también fueron incluidas en este proyecto, con el objetivo de que las organizaciones políticas y electorales garanticen que estas ciudadanas puedan ejercer sus derechos políticos y electorales mediante ajustes razonables.
Esta es la segunda vez en el año que se radica un proyecto de ley para garantizar la paridad de género en las listas electorales. El primero de ellos fue radicado el 8 de agosto por parte de la senadora María José Pizarro. Este tiene la intención de transformar el artículo 262 de la Constitución para asegurar que las listas cerradas de los partidos políticos tengan una variación de candidatos femeninos y masculinos en el Congreso, las asambleas y los concejos.
La senadora Pizarro le indicó a este diario: “Hoy quiero recordar que las mujeres somos el 51,2 % de la población colombiana y es inconcebible que no tengamos esa representatividad en las corporaciones públicas, es necesario que la cancha se equilibre y que las mujeres lleguemos a estos espacios donde se toman las decisiones”.
Cabe resaltar que la Ley 1475, que entró en vigor hace 13 años, no asegura que ese 30 % se refleje en la ocupación de cargos, ya que la elección final depende de los votantes.
Por ello, ninguna corporación perteneciente a la rama Ejecutiva cuenta con mujeres ocupando la mitad de los puestos. Las ministras representan un 44,44 %, las gobernadoras un 18,8 %, las alcaldesas un 13,3 %, las ciudadanas en asambleas un 20,3 %, las concejalas un 19,7 %, y las mujeres en Juntas Administradoras Locales un 44,4 %.
La senadora aseguró que se necesitan medidas afirmativas para que la representación femenina sea mayor, “pues si las cosas siguen como van, la paridad parlamentaria no se logrará sino hasta después de 2063; y si no hacemos nada en términos de igualdad de género como sociedad, nos demoraremos 300 años en lograrla”, expresó Pizarro.
Los casos registrados en la plataforma de CNE revelan que la ley vigente, que promueve un margen de candidatura más igualitario en términos de género, provocó la revocación de cuatro inscripciones por presunta violación del artículo 28, que establece las reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos en los procesos electorales. Esta situación se dio en el contexto de las elecciones territoriales de 2023.
Obstaculización y violencia de la mujer en política
La dificultad para llegar a las listas de candidaturas o incluso ser instrumentalizadas para cumplir el requerimiento mínimo que exige la ley, es considerado como violencia política basada en género.
De acuerdo con ONU Mujeres en el informe “Violencia contra las mujeres en política: Hoja de ruta para prevenirla, monitorearla, sancionarla y erradicarla”, “la conformación estratégica en términos de género de las listas de candidatas/os se rige por una lógica patriarcal, que tiende a privilegiar la ubicación de varones en las posiciones con mayores posibilidades de elección”.
En las elecciones de 2023 las Asambleas Departamentales presentaron 304 listas para los 32 departamentos, de las que solo el 21 % las encabezaron mujeres, según el boletín presentado por la estrategia “Más mujeres, más democracia” del Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales de la Registraduría Nacional y ONU Mujeres.
Otro de los retos a los que se enfrenta el país es la instrumentalización de la mujer en la política. “Desde el CNE vemos la manipulación de la mujer como una forma de violencia política, es decir, aquella mujer que solamente es colocada en las listas para cumplir una obligación legal, pero que no tiene la más mínima posibilidad de ser elegida”, afirmó Lorduy.
La violencia política basada en género en América Latina y el Caribe, según ONU Mujeres, también se expresa en situaciones en las que ya se tiene una lista de candidaturas registrada, y algunas mujeres son forzadas a renunciar para ser reemplazadas por hombres. Esta práctica ocurre con frecuencia después de que las candidatas han sido elegidas.
Las mujeres que aspiran a ser candidatas también encuentran impedimentos a la hora de buscar financiamiento para sus campañas. El reporte del Aplicativo Cuentas Claras y el informe “Financiación de campañas: otro escenario de inequidad contra la mujer” demostró que las mujeres que participaron en las candidaturas de 2023 recibieron un 57,2 % menos de recursos, lo que se vio representado en $143.874 millones, en comparación con los hombres, que obtuvieron $527.571 millones.
Para las aspirantes en política con discapacidades la situación resulta aún más compleja debido a la falta de datos claros sobre cuántas personas de esta población se postulan en las listas. Según la magistrada del CNE, esta carencia de información impide una adecuada focalización del gasto público, pues sin el registro de estos ciudadanos, a los ojos de las autoridades, es como si no existieran.
En política, la discapacidad ha sido una característica que ha dificultado que ciudadanos sean elegidos o incluso que tengan la oportunidad de ser postulados. En las mujeres representa una dificultad adicional.
“Hay una deuda con las mujeres, porque fueron estadísticamente invisibilizadas. (...) Al hacer un sondeo en las instituciones más reconocidas, de personas con discapacidad, hay pocas mujeres en cargos de decisión y representación, y es necesario que esas mujeres lleguen a esos espacios”, manifestó Alba Lucía Velásquez, magistrada del CNE en el Foro Participación Política de Mujeres con Discapacidad.
Además, la magistrada destacó en este foro la necesidad de realizar y trabajar en procesos institucionales más allá del simple empoderamiento de las mujeres para cerrar esas brechas, pues las colombianas ya están tomando acción para transformar el panorama desigual; ahora necesitan más apoyo.
En este panorama, para María José Pizarro, el principal desafío es lograr la aprobación del proyecto de ley que presentó para conseguir la paridad de género en la política colombiana. No obstante, según la senadora, su implementación o puesta en marcha requiere enfrentar y eliminar los obstáculos actuales que impiden la participación de las mujeres en política.
Es crucial que los partidos, las instituciones y la sociedad en su conjunto hagan un cambio para que este proyecto pueda hacerse realidad. Así mismo, como bien lo expresaron Pizarro y Velásquez, desde el círculo familiar, social e interpersonal, sin importar el género, deben comprometerse a respaldar y a acompañar a las mujeres en su esfuerzo por participar e incidir en la política.
